COMPARACIÓN DE JUICIO POLÍTICO EN
ARGENTINA Y ECUADOR: PROCEDIMIENTOS
Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL
COMPARISON OF IMPEACHMENT PROCEEDINGS IN
ARGENTINA AND ECUADOR: PROCEDURES AND
INSTITUTIONAL STABILITY
Oscar Javier Sarmiento Llamuca
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Indoamérica
Abg. David Gonzalo Villalva
Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Económicas
Derecho de la Universidad Indoamérica
pág. 4401
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10843
Comparación de Juicio Político en Argentina y Ecuador: Procedimientos y
Estabilidad Institucional
Oscar Javier Sarmiento Llamuca1
osarmiento@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9015-8896
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas
de la Universidad Indoamérica
Abg. David Gonzalo Villalva
davidvillalva@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4168-5344
Abogado de los Juzgados y Tribunales del
Ecuador
Docente de la Facultad de Jurisprudencia
Ciencias Políticas y Económicas
Derecho de la Universidad Indoamérica
RESUMEN
En Argentina y Ecuador, la organización estatal se fundamenta en la división de poderes, asegurando
autonomía entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar estabilidad. La participación
ciudadana es crucial como mecanismo de influencia y supervisión de la gestión pública. En ambas
naciones, el juicio político puede dirigirse a altos funcionarios, como presidente, vicepresidente,
ministros. En el caso específico de Argentina, los jueces también pueden ser sometidos a juicio político.
El proceso inicia con una solicitud respaldada por al menos una cuarta parte de la Asamblea Nacional,
enfocándose en violaciones a la Constitución y leyes federales en Argentina, y señalando violaciones a
la Constitución Ecuatoriana como delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado,
enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u
homicidio por razones políticas o de conciencia. La investigación tiene como objetivo analizar y
comparar los procedimientos de juicio político en ambos países, identificando similitudes y diferencias.
Buscamos evaluar el impacto en la estabilidad institucional, examinando su influencia en las relaciones
entre los poderes ejecutivo y legislativo, así como en la confianza ciudadana en las instituciones
políticas. Finalmente concluimos, que Ecuador y Argentina reconocen la participación ciudadana
fundamental para la democracia. Ecuador destaca el papel activo de los ciudadanos a través del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que Argentina enfatiza la participación como
derecho humano clave, contribuyendo a la apertura gubernamental. Respecto al juicio político, ambos
reconocen su importancia como mecanismo de control, aunque con procesos distintos. Convergen en la
necesidad de garantizar transparencia, rendición de cuentas y preservación de la integridad institucional
en el ejercicio del poder político, reflejando una compleja interacción entre los poderes públicos y la
ciudadanía.
Palabras Clave: organización estatal, presidencialistas, gubernamental, federal, integridad institucional
1
Autor Principal
Correspondencia: osarmiento@indoamerica.edu.ec
pág. 4402
Comparison of Impeachment Proceedings in Argentina and Ecuador:
Procedures and Institutional Stability
ABSTRACT
In Argentina and Ecuador, the state organization is based on the separation of powers, ensuring
autonomy among the Executive, Legislative, and Judicial branches to ensure stability. Citizen
participation is crucial as a mechanism of influence and oversight of public administration. In both
nations, impeachment can target high-ranking officials such as the president, vice president, ministers,
and judges. The process begins with a request supported by at least one-fourth of the National Assembly,
focusing on violations of the Constitution and federal laws in Argentina and pointing out violations of
the Constitution and mismanagement of public funds in Ecuador. The research aims to analyze and
compare the impeachment procedures in both countries, identifying similarities and differences. We
seek to assess the impact on institutional stability, examining its influence on the relations between the
executive and legislative branches, as well as citizens' trust in political institutions. In conclusion,
Ecuador and Argentina acknowledge citizen participation as fundamental to democracy. Ecuador
highlights citizens' active role through the Council of Citizen Participation and Social Control, while
Argentina emphasizes participation as a key human right, contributing to governmental openness.
Regarding impeachment, both recognize its importance as a control mechanism, albeit with different
processes. They converge on the need to ensure transparency, accountability, and the preservation of
institutional integrity in the exercise of political power, reflecting a complex interaction between public
powers and the citizenry
Keywords: state organization, presidential systems, governmental, federal, institutional integrity
Artículo recibido 20 marzo 2024
Aceptado para publicación: 25 abril 2024
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INTRODUCCIÓN
Para comprender a fondo la comparación de los procedimientos de juicio político en Argentina y
Ecuador y su impacto en la estabilidad institucional, es esencial explorar la naturaleza jurídica del
término juicio político y su evolución a lo largo de la historia. El juicio político tuvo su origen en el
siglo XIV en Inglaterra bajo el término de impeachment, este proceso legal acusatorio ha evolucionado
hasta convertirse en una herramienta esencial para supervisar las acciones de los funcionarios públicos
y asegurar la rendición de cuentas.
En palabras de (García, 2022), reconocido experto en el tema, el impeachment se presenta como un
juicio político diseñado para revocar a altos cargos políticos, especialmente cuando se han cometido
delitos graves o existen indicios de su perpetración. Este mecanismo, con mayor notoriedad cuando se
dirige contra presidentes de la república, adquiere relevancia no solo por su impacto mediático sino
también por la necesidad de abordar transgresiones serias que afectan la estabilidad institucional y la
confianza en el sistema democrático. En este contexto, la investigación se enfoca en dos países
representativos de América Latina, Argentina y Ecuador. Ambos han experimentado momentos
significativos de juicio político que han influido en la estabilidad de sus instituciones democráticas.
A través de un enfoque interdisciplinario que incorpora aspectos del derecho constitucional, la ciencia
política y la historia política, este estudio busca analizar las similitudes y diferencias en los procesos de
juicio político en ambos países y su impacto en la estabilidad institucional. El derecho a la estabilidad
se postula como fundamental para el marco legal en sociedades democráticas, facilitando acciones y
debates que enriquecen la evolución social. En la cuarta revolución industrial y en un mundo en
constante transformación, la estabilidad se vuelve aún más crucial. La posición de (Luis, 2018) destaca
la importancia de la estabilidad como un valor esencial para la cohesión democrática de un país. En este
contexto, la estabilidad se presenta como un factor determinante para el éxito político y para el
funcionamiento saludable de una democracia.
El juicio político, como mecanismo para encauzar o desestabilizar la estabilidad, emerge como un
elemento crucial en este análisis. En Argentina, con una tradición recurrente de juicio político, y en
Ecuador, donde la herramienta ha sido utilizada en momentos de inestabilidad política, la
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implementación y las consecuencias de estos procesos pueden variar ampliamente según el contexto
político y la interpretación de las leyes y la Constitución.
Para comprender a fondo esta comparación, es esencial examinar tanto los aspectos legales como los
políticos de los procesos de juicio político en ambos países. La independencia de las instituciones
involucradas, especialmente el poder judicial y el Congreso, surge como una cuestión crucial que puede
afectar la imparcialidad y la justicia en estos procedimientos. La experiencia de Argentina y Ecuador en
este sentido revela desafíos y debates en torno a la independencia de estas instituciones y la posible
influencia política en los procesos de juicio político.
METODOLOGÍA
En el ámbito político, los procesos de juicio político representan uno de los aspectos más significativos
y complejos de la dinámica institucional de un país. En contextos como los de Ecuador y Argentina,
donde la política y el derecho se entrelazan en un escenario de constantes transformaciones, comprender
los entresijos de estos procesos resulta fundamental para analizar la estabilidad y el funcionamiento de
las instituciones democráticas. Para esta investigación, se ha optado por el uso de una metodología
cualitativa y descriptiva para abordar el estudio de los procesos de juicio político en Ecuador y Argentina
el cual se basa en consideraciones fundamentales que implican la complejidad inherente y la
multidimensionalidad de estos procesos.
Según (Sanchez Silva, 2005) la metodología cualitativa se caracteriza por su capacidad para explorar y
comprender los significados, interpretaciones y experiencias de los individuos y grupos involucrados.
Dado que estos fenómenos son influenciados por factores sociales, culturales, históricos y políticos,
resulta fundamental adoptar un enfoque que permita capturar la complejidad y la diversidad de
perspectivas. En este sentido, esta metodología proporciona herramientas y técnicas flexibles para
recopilar y analizar datos, como análisis de documentos, observación participante y grupos focales.
Por otro lado, (Sabino, 1992) manifiesta que la metodología descriptiva complementa la aproximación
cualitativa al proporcionar un marco sistemático y detallado para presentar y analizar los hallazgos. La
descripción minuciosa de los eventos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de juicio
político permite una comprensión clara y completa de los fenómenos estudiados. Además, la
metodología descriptiva facilita la identificación de patrones, tendencias y relaciones dentro de los datos
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cualitativos recopilados, contribuyendo a la generación de conclusiones fundamentadas y la formulación
de recomendaciones pertinentes.
Estas metodologías empleadas en este estudio se fundamentan en la exploración detallada y el análisis
comparativo de los procedimientos de juicio político en Argentina y Ecuador, así como en su impacto
en la estabilidad institucional. Se utilizó un enfoque interdisciplinario que incorpora aspectos del
derecho constitucional, la ciencia política y la historia política para comprender la complejidad de los
sistemas políticos y jurídicos de ambos países.
El estudio se basó en una revisión exhaustiva de la literatura académica y legal relevante, así como en
el análisis de documentos oficiales, legislación constitucional y casos judiciales pertinentes relacionados
con el juicio político en Argentina y Ecuador. Se dio prioridad a fuentes primarias y secundarias
confiables y actualizadas, incluyendo leyes, reglamentos, informes de organismos gubernamentales y
opiniones de expertos en el campo. Se llevó a cabo un análisis comparativo de los procedimientos de
juicio político en ambos países, centrándose en aspectos clave como el inicio del proceso, los criterios
de juicio, las instancias judiciales involucradas, y las posibles sanciones y repercusiones para los
acusados. Se identificaron similitudes y diferencias en los sistemas legales y políticos de Argentina y
Ecuador, así como en su enfoque hacia la estabilidad institucional y la participación ciudadana. La
información recopilada a través de la revisión de la literatura se analizó de manera sistemática y se
interpretó a la luz de los objetivos del estudio y del marco teórico previamente establecido. Se prestó
especial atención a las relaciones causales y a las implicaciones prácticas de los hallazgos obtenidos,
con el fin de proporcionar una comprensión sólida y fundamentada de los temas investigados.
DESARROLLO
Organización del Estado y división de poder
El Estado como una " estructura económica, jurídica y política de control, tanto a nivel nacional como
internacional, con sus propios medios de influencia, que organiza la cooperación social y territorial
mediante un sistema legítimo de orden.". (Heller, 1942)
Dentro del contexto de su organización como una república, Ecuador adopta un modelo de gobierno
descentralizado en el cual la soberanía proviene directamente del pueblo. La concepción de la autoridad
basada en la voluntad popular sostiene que el pueblo es la fuente de todo poder político. Esta voluntad
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se manifiesta a través de los órganos del poder público, elegidos por el pueblo en elecciones libres y
periódicas. Además, la Constitución reconoce diversas formas de participación directa del pueblo en los
asuntos públicos, como el referéndum, la iniciativa popular y el plebiscito. La actual estructura del
Estado ecuatoriano, establecida por la Constitución de Montecristi en 2008, se caracteriza por ser
pentapartita, lo que significa que está compuesta por cinco funciones : Legislativo Ejecutivo, Judicial y
de Justicias Indígenas, de Transparencia y Control Social, y Electoral. (Constitucion de la Republica.,
2008)
Esta innovadora estructura marca un hito en la historia política del país, contrastando con la tradicional
división tripartita que caracterizó al poder estatal ecuatoriano desde la fundación de la República en
1830. En aquella época, las funciones del Estado se limitaban a la ejecutiva, legislativa y judicial,
conformando el esquema clásico que prevaleció a lo largo de los años. Este cambio estructural,
establecido por la Constitución de Montecristi, refleja un avance hacia un modelo más inclusivo y
participativo, donde se reconocen y fortalecen diversas dimensiones de la función estatal. La inclusión
de entidades adicionales a los órganos convencionales del poder público, como la Jurisdicción Indígena,
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el Consejo Nacional Electoral, demuestra la
relevancia atribuida a la diversidad y la participación ciudadana en tanto en la toma de decisiones como
en la administración gubernamental.
En cambio, la estructura de la República Argentina se define como un Estado Federal compuesto por 23
provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desempeñando el rol de Capital Federal. Su
sistema político es democrático y presidencialista, adoptando una modalidad de gobierno representativo,
republicano y federal. La representatividad se manifiesta en la elección de representantes mediante
sufragio universal, mientras que la república se sustenta en la división de poderes y la presencia de una
Constitución escrita. La estructura federal se refleja en la autonomía de las provincias, cada una con su
Constitución, administración de justicia propia y elección de gobernantes sin intervención del Gobierno
federal. (Asociacion Argentina de Aministración Pública., s/f)
El Gobierno Nacional está conformado por tres poderes institucionales que operan de manera
independiente y equilibrada. El Poder Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente de la Nación
elegido por voto popular, se compone del vicepresidente y el Jefe de Gabinete de Ministros, junto a 20
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Ministros secretarios nombrados por el Presidente (Art. 87). El Poder Legislativo Nacional (Art. 44),
representado por el Congreso de la Nación, se estructura mediante la Cámara de Diputados y la Cámara
de Senadores. El Poder Judicial, operando de manera colegiada según el Artículo 108, incluye instancias
como la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Magistratura.(Constitucion Nacional de
Argentina., 1994.)
Durante la Reforma de la Constitución Nacional de Argentina en 1994, la inclusión del Ministerio
Público como un cuarto poder en Argentina se sustenta en su función crucial de salvaguardar la legalidad
y los intereses generales de la sociedad. Según lo establece el Artículo 120, está dirigido por un Defensor
y un Procurador General de la Nación. Este organismo independiente tiene como objetivo principal
preservar la legalidad y los intereses generales de la sociedad, trabajando en coordinación con las demás
autoridades de la República. En resumen, la estructura gubernamental de Argentina refleja un sistema
político complejo y descentralizado, fundamentado en principios democráticos, republicanos y
federales, con el propósito de asegurar la participación ciudadana y la autonomía de las diferentes
jurisdicciones (Constitución Nacional de Argentina, 1994).
La organización gubernamental de la República Argentina, tal como se expone en el texto, exhibe un
diseño político intrincado que incorpora principios fundamentales de democracia, república y
federalismo. La autonomía de las provincias, la elección de representantes mediante sufragio universal
y la separación de poderes son elementos esenciales destinados a promover la participación ciudadana
y preservar el Estado de Derecho. La inclusión del Ministerio Público como un cuarto poder subraya el
compromiso argentino con la legalidad y la defensa de los intereses generales. Esta estructura
descentralizada tiene como objetivo equilibrar la toma de decisiones, asegurando la representación de
diversas jurisdicciones y fomentando la autonomía a nivel local.
Según (Romero Romero, 2021) El poder engloba aspectos cruciales como la energía y la competencia.
La energía se relaciona con la capacidad intrínseca de hacerse obedecer, respaldada por la voz de mando
y la autoridad para aplicar medidas coercitivas en caso contrario. Se establece que el Estado tiene la
facultad de influir de cierta manera en las acciones de los individuos, siempre y cuando se mantenga
dentro de los parámetros de lo legítimo y legal. Para lograr el bien común, el Estado cuenta con diversos
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órganos encargados de administrar adecuadamente las funciones necesarias. La organización política y
jurídica establecida debe regular múltiples aspectos para alcanzar la paz y armonía en la sociedad.
El poder, más allá de su definición política y jurídica, tiene también dimensiones sociológicas. Se
destaca su capacidad para llevar a cabo la voluntad de un individuo o grupo, independientemente de la
resistencia de otros. El ejercicio del poder puede manifestarse mediante diversos medios, ya sean físicos,
morales, psicológicos o intelectuales. La importancia del poder radica en garantizar la gobernabilidad
de las autoridades, permitiéndoles tomar decisiones que afectan a toda la sociedad. (Romero Romero,
2021)
Estabilidad Institucional
La estabilidad institucional, pilar esencial de la cohesión nacional, se refiere a la habilidad inherente de
las instituciones para sostener un funcionamiento coherente y predecible. Este principio implica
establecer un marco normativo que no solo inspire confianza, sino que también garantice la continuidad
en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. En calidad de una institución estable, se destaca no
solo por enfrentar con solidez crisis y cambios bruscos, sino también por catalizar activamente el
desarrollo sostenible, fortaleciendo así la confianza de la sociedad en las estructuras políticas y sociales
de la nación.
Dentro del mandato del ex presidente de la República del Ecuador Rafael Correa dejó un legado
significativo al consolidar una etapa de estabilidad en Ecuador, marcando un punto de inflexión tras
siete cambios presidenciales entre 1996 y su elección en 2006. En 2012, el país experimentó un notorio
crecimiento económico y mejoras sociales, logrando avances sustanciales en la reducción de la pobreza
y la desigualdad. A pesar de estos logros, surgieron preocupaciones acerca de la sostenibilidad a largo
plazo de las políticas estatales. Ecuador continúa siendo uno de los países con mayor inestabilidad
ministerial, reflejado por 479 cambios ministeriales entre 1979 y principios de 2013, con una duración
promedio de apenas 386 días por ministro. Estos datos confirman la constante inestabilidad en la política
ecuatoriana, incluso durante la presidencia de Correa, y sugieren que la estabilidad sigue siendo un
desafío significativo en el panorama político actual del país. (Polga-Hecimovich, 2013)
En 1983, tras medio siglo de inestabilidad, Argentina logró restablecer la democracia. A lo largo de este
periodo, ha enfrentado tres rebeliones militares, tres ataques terroristas, dos episodios de hiperinflación,
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un colapso monetario y diversas renuncias presidenciales. Sin embargo, a pesar de los desafíos
económicos significativos, el país ha mantenido un bajo nivel de violencia política, evidenciando una
notable estabilidad democrática y paz social. (Polga-Hecimovich, 2013)
Los casos de Ecuador y Argentina, abordados en el análisis, exhiben realidades políticas diversas en
América Latina. En Ecuador, se observa un periodo de estabilidad, crecimiento económico y mejoras
sociales, aunque persisten inquietudes sobre su sostenibilidad a largo plazo. La continua inestabilidad
ministerial sugiere que la estabilidad política sigue siendo un desafío en el país. Por otro lado, Argentina
ha superado desafíos importantes para mantener una notable estabilidad democrática desde la
restauración de la democracia en 1983. A pesar de enfrentar crisis económicas y eventos políticos
significativos, destaca la baja incidencia de violencia política, lo que subraya la capacidad del país para
preservar la paz social.
El caso del juicio político contra Guillermo Lasso y la posterior disolución de la Asamblea Nacional
plantea un análisis profundo desde el punto de vista constitucional y político. La disolución de la
Asamblea Nacional por parte del presidente Lasso mediante el uso del artículo 148 de la Constitución
Nacional, conocido como "muerte cruzada", genera interrogantes sobre el respeto a los principios
democráticos y la separación de poderes. El uso de esta medida extrema en medio de un proceso de
juicio político suscita debate sobre la legalidad y legitimidad de la acción del presidente.
La procedencia del juicio político contra autoridades en funciones es un mecanismo fundamental para
la rendición de cuentas y el control del poder. Sin embargo, el proceso debe ser conducido con apego a
la Constitución y las leyes, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes
involucradas. La disolución de la Asamblea Nacional y la obstrucción del proceso de juicio político
plantean preocupaciones sobre la concentración excesiva de poder en la figura del presidente. El
hiperpresidencialismo se refiere a una situación en la que el presidente acumula un poder
desproporcionado en relación con los otros poderes del Estado, lo que puede poner en riesgo el equilibrio
y la separación de poderes.
Estos casos ilustran la complejidad de la estabilidad política en la región, donde los logros pueden
coexistir con desafíos persistentes. Mientras Ecuador busca consolidar la estabilidad lograda durante el
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mandato de Correa, Argentina demuestra que es posible mantener una democracia estable a pesar de las
adversidades históricas.
Participación Ciudadana.
En el tejido social de una comunidad, es la participación ciudadana que emerge como un pilar
fundamental que fortalece la democracia y la cohesión social. Este concepto va más allá de la mera
presencia física en la vida política; implica el compromiso activo y consciente de los individuos en la
toma de decisiones que afectan su entorno.
La participación ciudadana en el ámbito político y la administración pública conlleva la activa
implicación de los ciudadanos tanto en la toma de decisiones como en la gestión de los recursos públicos.
Este derecho, fundamental en una democracia, se ejerce mediante mecanismos democráticos que
posibilitan la expresión de la voz del pueblo ante el Estado. La participación ciudadana guarda una
estrecha relación con la supervisión de la gestión pública y la asunción de responsabilidades en las
decisiones políticas. Cuanto más proactiva sea la ciudadanía, mayor será su capacidad de influencia en
el ejercicio del poder político y su responsabilidad en las decisiones adoptadas. La organización, la
información y el compromiso desempeñan un papel crucial para lograr una participación ciudadana
efectiva, en contraposición al abstencionismo y al tradicional desinterés político. (Equipo editorial,
Etecé. , 2022)
La participación ciudadana en Ecuador, según lo expresado por el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social se afirma como un derecho fundamental que otorga a individuos y grupos la capacidad
de ejercer una influencia significativa en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos
públicos. Este derecho no se limita únicamente a la participación activa de la ciudadanía en la
supervisión de las instituciones estatales y sociales, sino que también implica la vigilancia de sus
representantes, desempeñando un papel esencial en la constante construcción del poder
ciudadano.(Klingman, s.f.)
El fortalecimiento de la democracia plena requiere una participación activa de la ciudadanía, respaldada
por organizaciones sociales independientes y una mayor cohesión social. La Reforma Democrática del
Estado, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución, busca promover la participación
ciudadana mediante la transición hacia modelos de gestión pública más abiertos y la implementación de
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mecanismos permanentes de participación pública. Estos mecanismos buscan aumentar la capacidad de
influencia y control social sobre las acciones estatales, institucionalizando diversos niveles de
participación y fortaleciendo la capacidad de organización colectiva de la sociedad. La meta es ampliar
los márgenes de poder ciudadano para involucrarse efectivamente en la acción pública.(Secretaria
Nacional de Planificacion y Desarrollo. )
En Argentina, la participación ciudadana desempeña un papel fundamental en el marco democrático. La
Comisión inicia un proceso formal que puede abarcar la convocatoria de testigos, la solicitud de
información a jueces federales, la obtención de autorización judicial para la intervención de
conversaciones telefónicas y la toma de declaración al propio imputado. Al concluir la investigación, la
Comisión emite un informe, requiriendo la aprobación de la mitad más uno de los órganos presentes
para decidir si se desestima el caso o se inicia el juicio político. (Tarricone, 2023)
Este proceso demuestra el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, reflejando la
importancia asignada a la participación ciudadana en el control y supervisión de la gestión
gubernamental. La participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la formulación de
políticas no solo constituye un derecho humano fundamental, sino también una responsabilidad esencial
de los Estados contemporáneos que aspiran a ser más transparentes y accesibles. La institucionalización
de mecanismos de participación juega un papel crucial en fortalecer la utilización de la información
pública, generando un mayor conocimiento y confianza en las instituciones gubernamentales por parte
de la ciudadanía. Estos mecanismos involucran a diversos actores y grupos sociales, facilitando la
construcción conjunta de evidencia sobre las problemáticas abordadas e identificando nuevas demandas
en todas las fases del ciclo de políticas públicas, que comprenden la planificación y diseño, la
implementación, así como el seguimiento y la evaluación. (Participacion Ciudadana, 2023)
Por ello podemos decir que la participación ciudadana constituye un pilar fundamental en la edificación
y consolidación de sociedades democráticas, transcendiendo la mera presencia en la esfera política. Se
trata de un compromiso activo y consciente por parte de los individuos en la toma de decisiones que
inciden directamente en su entorno. Este aporte del texto subraya la importancia de la participación
ciudadana como elemento sustancial para la vitalidad y robustez de las estructuras democráticas,
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destacando su papel trascendental en la configuración de políticas y procesos que afectan la realidad
colectiva.
Juicio Político
Antecedentes
El Juicio Político tiene sus raíces en el Parlamento Inglés, donde la acusación más frecuente era la
comisión de traición o felonía, término con connotaciones políticas más que jurídicas. Su
conceptualización teórica se gestó en Francia, mientras que su aplicación práctica se consolidó con la
Constitución estadounidense de 1787.
El Dr. (Durán Ponce, 2017) manifiesta que el juicio político se presenta como un proceso constitucional
diseñado para implementar de manera efectiva el principio de responsabilidad de los servidores
públicos, especialmente aquellos que ocupan las posiciones más elevadas de autoridad. Este
procedimiento tiene una naturaleza mixta, fusionando aspectos políticos y jurídicos, y se diferencia
claramente de un proceso penal. Su objetivo fundamental radica en examinar la conducta de los
funcionarios públicos de alto rango, con la finalidad de esclarecer su responsabilidad política y aplicar
las sanciones correspondientes.
En su esencia, el Juicio Político aspira a discernir la responsabilidad política de estos funcionarios,
desempeñando un papel crucial en el estímulo de la transparencia y la exigencia de responsabilidades
en el ejercicio de sus funciones.
Para (Michelena & Vazquez, 2010) El juicio político es un procedimiento de destitución que impide que
el funcionario se mantenga en su cargo hasta el final del mandato. Se le denomina "político" porque su
objetivo principal es la separación del cargo, no la imposición de castigos. De ahí que el juicio político
cumple su objetivo al lograr la destitución del funcionario o su salida del cargo. La destitución constituye
la finalidad primordial del proceso y es viable mientras el funcionario aún ostenta el cargo. En caso de
que se aplique la inhabilitación, esta se considera como un componente adicional que se implementa
una vez completada la remoción.
Según (Zaffaroni & Risso, 2008) el concepto de juicio político tiene sus raíces en el impeachment
británico, donde el Parlamento tenía el poder de acusar a ministros y funcionarios. Esta práctica se
trasladó a la Constitución estadounidense y ha influido en otras constituciones del continente. De igual
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forma para (Zuñiga, 2013) la definición de juicio político se origina en la época medieval, destacándose
juicios políticos contra Richard Lyons y Lord William Latimer. En Estados Unidos, solo tres presidentes
han enfrentado juicio político: A. Johnson (1867), Richard Nixon (1974) y Bill Clinton (1998).
Según (Silvia Irarrazaval, 2017) es importante diferenciar entre acusación constitucional y juicio
político, aunque ambas compartan un origen común en la monarquía inglesa. La acusación
constitucional se atribuye a regímenes presidencialistas, mientras que el juicio político corresponde a
regímenes parlamentarios. Sin embargo, esta distinción no siempre es relevante, ya que la terminología
puede variar según el país. En términos académicos, la acusación constitucional debería incluir
elementos como un procedimiento para perseguir responsabilidades, delitos cometidos por funcionarios
superiores de Estado, establecimiento y determinación constitucional, y la comisión de la infracción en
el ejercicio de sus funciones. En cambio, el juicio político se utiliza en regímenes parlamentarios sin
necesidad de que se haya violado la ley, basándose en razones políticas y de confianza. En resumen, la
denominación de estas instituciones jurídicas a menudo tiene explicaciones históricas y puede variar
según el contexto y la constitución de cada país.
Sujetos de Juicio Político
En el ámbito jurídico, el juicio político se erige como una herramienta crucial para preservar la
integridad de las instituciones gubernamentales y garantizar los principios democráticos. Este enfoque
no solo se centra en la identificación y análisis de los sujetos del juicio político, es decir, aquellos
individuos que desempeñan roles destacados en el escenario político, sino que también se sumerge en
la exploración detallada de los procedimientos, las causas y las consecuencias inherentes a este proceso.
Al examinar a los sujetos del juicio político, se busca comprender la intersección entre la responsabilidad
individual y la estabilidad institucional, ofreciendo así una visión integral de este significativo
instrumento legal.
La (Constitucion de la Republica., 2008), en su artículo 129, menciona como los primeros individuos
que pueden ser sujetos de un enjuiciamiento político al Presidente y Vicepresidente de la República.
Luego, en el artículo 131, amplía esta categorización para incluir a los Ministros de Estado y a otras
autoridades que trabajan en los distintos órganos del poder público. Este marco constitucional subraya
la relevancia de rendir cuentas y la responsabilidad que tienen los altos funcionarios del Estado, lo que
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demuestra la amplitud de los actores que pueden estar sujetos a este proceso de evaluación legal. No
solo define de manera precisa quiénes pueden ser sometidos al juicio político, sino que también refuerza
los principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder.
En este momento, es imperativo categorizar a los individuos susceptibles de enfrentar un juicio político,
ya sea en función del papel que desempeñan en el Estado o del procedimiento al que se someterán. Por
consiguiente, se ha procedido a organizar a los sujetos pasivos en tres grupos principales: aquellos
vinculados con la Función Ejecutiva, individuos que forman parte de los órganos del poder público y
aquellos relacionados con el órgano jurisdiccional.
Función ejecutiva
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de la (Constitucion de la Republica., 2008), los
individuos susceptibles de ser sometidos a un juicio político abarcan al Presidente, Vicepresidente y
Ministros de Estado. En el contexto de un sistema presidencial republicano, donde el Presidente detenta
la titularidad exclusiva de la Función Ejecutiva y tiene la capacidad de tomar decisiones finales (Art.
141 CRE), se ha asignado a los Ministros la responsabilidad de representar directa e inmediatamente al
Primer Mandatario, considerando la gravedad que implica someter al Presidente a un enjuiciamiento
político por todas sus actuaciones en dicha función (Oyarte, 2016)
Es relevante señalar que, a diferencia de los Ministros, el Vicepresidente de la República no es designado
ni destituido libremente por el Jefe de Estado. Aunque desempeña funciones asignadas por el Presidente,
también asume responsabilidad propia en la comisión de infracciones que se configuran como causales
para el juicio político. Esta distinción resalta la naturaleza específica de la posición del Vicepresidente,
quien no opera como un funcionario de confianza directa del Jefe de Estado, sino que ejerce funciones
autónomas dentro de los límites constitucionales y legales establecidos. (Pacheco Pinos, 2019)
Órgano jurisdiccional
Históricamente, los jueces que integraban las instancias judiciales más elevadas, como la Corte Suprema
de Justicia y el Tribunal Constitucional, solían ser susceptibles de enjuiciamiento político. Sin embargo,
es fundamental destacar que este escenario cambió con la entrada en vigencia de la Constitución de
2008. La normativa actual excluye explícitamente a los jueces de las anteriores cortes de justicia
mencionadas, limitando la categoría de sujetos pasivos del juicio político a los integrantes del Tribunal
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Contencioso Electoral. Esta modificación refleja una transformación significativa en la percepción y
tratamiento de la independencia judicial, marcando un quiebre con las prácticas históricas y delineando
un enfoque más específico en relación con los actores susceptibles de enjuiciamiento político en el
contexto ecuatoriano actual.
Órganos del poder público
El artículo 131 de la Carta Magna especifica que el “El proceso de juicio político puede ser instaurado
en contra de los líderes de diversos órganos del poder público. Esta categoría incluye a la Procuraduría
General, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Defensoría Pública
General, así como a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. También se encuentran comprendidas en esta clasificación las
Superintendencias del Estado.” (Constitucion de la Republica., 2008)
Desde un punto de vista legal y constitucional, esta disposición destaca la relevancia de la
responsabilidad y la obligación de rendir cuentas por parte de los funcionarios y líderes de instituciones
fundamentales en el desempeño de sus responsabilidades. La inclusión de las Superintendencias en la
categoría de sujetos pasivos destaca la necesidad de que estas entidades, encargadas de supervisar y
controlar diversas áreas, también sean susceptibles de ser sometidas a juicio político en caso de acciones
o decisiones que ameriten dicho proceso.
En el marco del sistema legal argentino, es fundamental abordar el tema de los sujetos de juicio político,
una herramienta crucial para la rendición de cuentas y la preservación de la integridad institucional.
En el ámbito argentino, se contempla la posibilidad de llevar a cabo un juicio político contra diversos
funcionarios de alto rango. Esta categoría abarca tanto a senadores y diputados del Congreso de la Unión
como a ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de
Despacho, el Fiscal General de la República, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, entre otras
autoridades destacadas. Este proceso se extiende además a ejecutivos de las entidades federativas,
diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, así como a miembros
de órganos constitucionales autónomos y directores generales de organismos descentralizados. (Juicio
Politico., s.f) Es crucial destacar que el juicio político se limita a casos de violaciones significativas a la
Constitución y a las leyes federales, así como a la gestión indebida de fondos y recursos federales. Este
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marco legal tiene como objetivo garantizar la transparencia y responsabilidad en el desempeño de
funciones públicas. En este contexto, la resolución del juicio político tiene un carácter declarativo y se
comunica a las Legislaturas Locales, las cuales, en el ejercicio de sus atribuciones, actúan conforme a
lo que corresponda.
Juicio político Ecuador
Conforme a la interpretación de la Corte Constitucional de Ecuador, el juicio político dirigido al
Presidente y Vicepresidente se caracteriza como un "enjuiciamiento agravado". Para iniciar dicho
proceso, se requiere el respaldo de un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional, y su destitución
exige el voto de al menos dos terceras partes de sus integrantes. Es esencial destacar que las causales
que habilitan este tipo de enjuiciamiento están de manera taxativa detalladas en la legislación vigente.
En efecto, la (Constitucion de la Republica., 2008) ofrece dos vías jurídicas para ejercer el control
político. La primera consiste en un control político directo, ejemplificado por la revocatoria del mandato.
La segunda se manifiesta de manera indirecta a través de la función Legislativa. Este diseño legal busca
garantizar un proceso riguroso y transparente en la aplicación del juicio político, enfocándose en
causales específicas y estableciendo requisitos de respaldo y votación que reflejen un consenso
significativo en la Asamblea Nacional.
Requisitos
El control político puede manifestarse de dos maneras fundamentales: directa e indirecta. En la primera
modalidad, los ciudadanos ejercen un control directo que abarca a todas las autoridades elegidas
mediante votación popular, incluyendo incluso a las más altas figuras del Poder Ejecutivo, como el
Presidente y Vicepresidente de la República.
En cuanto a la segunda modalidad, conocida como control indirecto, este se lleva a cabo a través de la
Función Legislativa, tal como establece la Constitución en los artículos 129 y 131, denominándolo,
control de la acción de gobierno. Este enfoque busca supervisar la gestión gubernamental mediante
mecanismos legislativos, garantizando así una evaluación exhaustiva y equilibrada de las acciones del
Gobierno en el ejercicio de sus funciones. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018)
En el Art. 129 de la Carta Magna establece que: “La Asamblea tiene la potestad de iniciar el proceso
de enjuiciamiento político del o la Presidente, así como del o la Vicepresidente de la República, siempre
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que al menos una tercera parte de sus miembros así lo solicite. Este procedimiento puede ser activado
en los siguientes casos: a. Por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado. b. En situaciones
en las que se hayan perpetrado delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. c.
Cuando se presenten acusaciones vinculadas a delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de
personas, secuestro u homicidio motivado por razones políticas o de conciencia”.(Constitucion de la
Republica., 2008)
Para dar inicio al proceso de juicio político, se necesitará la aprobación de la Corte Constitucional, y no
será necesario llevar a cabo un proceso de enjuiciamiento penal previo. Dentro de un período de setenta
y dos horas, una vez completado el procedimiento establecido por la ley, la Asamblea Nacional tomará
una decisión fundamentada basada en las pruebas de descargo proporcionadas por el o la presidente de
la República. Para llevar a cabo la censura y destitución, se requerirá el respaldo favorable de al menos
las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si la censura revela la existencia de
posibles implicaciones penales, el asunto se remitirá al tribunal correspondiente. (Constitucion de la
Republica., 2008)
En el Art. 131 establece que: “La Asamblea Nacional tiene la capacidad de iniciar el procedimiento de
enjuiciamiento político, si al menos una cuarta parte de sus miembros lo solicita, en situaciones de
incumplimiento de las funciones designadas por la Constitución y la ley. Este proceso es aplicable a las
ministras o ministros de Estado, o a la máxima autoridad de la Procuraduría General, Defensoría
Pública General, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, así como a los miembros del
Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, , Fiscalía General del Estado, Consejo
de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otras autoridades
determinadas por la Constitución, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de
finalizado su mandato.” (Constitucion de la Republica., 2008)
Para proceder con la censura y destitución, será necesario obtener el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de los integrantes de la Asamblea, a excepción de las ministras o ministros de Estado y los
miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, para quienes se requerirá el respaldo
de al menos las dos terceras partes. La censura conllevará a la inmediata destitución de la autoridad en
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cuestión. En el caso de que los motivos detrás de la censura sugieran posibles delitos penales, se ordenará
que el asunto sea remitido a la autoridad competente.(Constitucion de la Republica., 2008)
Es importante destacar que la Asamblea tiene la facultad de iniciar el enjuiciamiento político a solicitud
de al menos una cuarta parte de sus miembros. Este proceso se fundamenta en el incumplimiento de las
funciones asignadas por la Constitución y la ley a diversas autoridades, entre las que se incluyen
ministros de Estado, la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General
del Estado, Fiscalía General del Estado, entre otras.
El artículo 131 de la Constitución Ecuatoriana, establece de manera clara que para llevar a cabo la
censura y destitución, es necesario obtener el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los integrantes
de la Asamblea. No obstante, cabe resaltar la excepción aplicable a las ministras o ministros de Estado
y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, para quienes se requiere el
respaldo de al menos las dos terceras partes de la Asamblea.
Procedencia
El procedimiento para iniciar un juicio político se inicia con la presentación de una solicitud por parte
de uno o varios asambleístas. Es esencial destacar que esta solicitud debe contar con las firmas de, al
menos, una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, lo cual actualmente equivale a un
mínimo de 35 firmas. La entrega del formulario, que contiene la solicitud, se realiza al Presidente del
Legislativo. En este formulario, es fundamental que los asambleístas que presentan la solicitud declaren
la autenticidad de las firmas, asegurando que corresponden a los titulares respectivos. (GK, 2022)
Posteriormente, el o la presidente de la Asamblea notifica al Consejo de Administración Legislativa,
CAL, sobre la solicitud de enjuiciamiento político. El CAL tiene un plazo máximo de tres días para
verificar el cumplimiento de los requisitos, requiriendo la aprobación de la mayoría de sus miembros,
cuatro de un total de siete, para aprobar el trámite. Si el CAL no califica la solicitud, el proceso se
desestima; de lo contrario, continúa. (GK, 2022)
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el CAL califica la solicitud, el trámite se envía a la
Comisión de Fiscalización y Control Político. La Comisión tiene cinco días para revisar y verificar que
la solicitud cumple con los requisitos constitucionales para los juicios políticos. Si no cumple, la
solicitud se archiva; de lo contrario, la Comisión notifica al funcionario sobre el inicio del juicio. El
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funcionario tiene quince días para ejercer su derecho a la defensa, presentando pruebas de descargo de
forma oral o escrita. Simultáneamente, la Comisión notifica a los interpelantes para que presenten sus
pruebas en el mismo plazo. (GK, 2022)
Al término de los quince días, la Comisión emite un informe en cinco días, detallando las razones para
recomendar o archivar el juicio político. En caso necesario, la Comisión puede solicitar al presidente de
la Asamblea una prórroga de hasta cinco días. Si el informe recomienda el juicio político, el presidente
de la Asamblea dispone su difusión. Cuarenta y ocho horas después, el Presidente de la Asamblea lo
incorpora en el orden del día del Pleno, teniendo un plazo de cinco días para hacerlo. (GK, 2022)
En el Pleno de la Asamblea Nacional, durante el proceso de juicio político, el funcionario bajo
enjuiciamiento tiene el derecho fundamental de ejercer su defensa. Para llevar a cabo la censura y
destitución, se requiere el respaldo del voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea, es decir, 70 votos. Es necesario subrayar que en situaciones específicas, como los juicios
políticos dirigidos a ministros de Estado y integrantes de la Función Electoral y del Consejo de la
Judicatura, se necesitan votos favorables de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, lo
que equivale a 92 votos. Este requisito más elevado refleja la importancia asignada a decisiones críticas
que involucran a funcionarios de alto rango, asegurando un proceso riguroso y respaldado por un amplio
consenso. (GK, 2022)
El procedimiento detallado para el enjuiciamiento político en Ecuador, según lo establecido en el
artículo 131 de la (Constitucion de la Republica., 2008), refleja un marco legal riguroso y estructurado
para abordar posibles incumplimientos de funciones por parte de diversas autoridades. Este proceso,
iniciado por la presentación de una solicitud respaldada por al menos una cuarta parte de los miembros
de la Asamblea, demuestra un enfoque democrático que requiere un respaldo significativo antes de
proceder con el juicio político.
El proceso de juicio político en Ecuador, según lo delineado en el artículo 131 de la Constitución de
2008, muestra un enfoque meticuloso y estructurado para abordar posibles incumplimientos de
funciones por parte de diversas autoridades. La inclusión de requisitos específicos, como la obtención
de firmas respaldadas por al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, refleja
la importancia de un respaldo sustancial antes de iniciar el proceso.
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La distinción entre el control político directo e indirecto proporciona un enfoque equilibrado para
evaluar la gestión gubernamental, ya sea a través de la participación ciudadana directa o de la Función
Legislativa. Este diseño legal busca garantizar que el juicio político sea un proceso riguroso y
transparente, enfocándose en causales específicas y estableciendo requisitos de respaldo y votación que
reflejen un consenso significativo en la Asamblea Nacional.
Juicio Político Argentina
El juicio político constituye un proceso legal destinado a la destitución de las más altas autoridades del
país. La Constitución nacional establece de manera precisa los funcionarios que pueden ser sometidos a
este escrutinio, abarcando al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros del gabinete nacional
y jueces de la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad de llevar a cabo este procedimiento de
carácter público recae en el Congreso, al cual se le confía la tarea fundamental de resguardar la
integridad institucional. Este proceso, definido por la ley fundamental del país, garantiza una rendición
de cuentas efectiva y contribuye a preservar la estabilidad y legitimidad del sistema democrático.
Este proceso, regido por las disposiciones constitucionales, se presenta como un mecanismo crucial para
preservar la integridad y asegurar el cumplimiento de los deberes inherentes a las más altas esferas
gubernamentales. La normativa establece con claridad los cargos susceptibles de investigación,
garantizando de esta manera la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones
públicas de vital importancia.
En consecuencia, el Congreso, como entidad investida de la autoridad constitucional, asume la
responsabilidad de llevar a cabo este juicio político, asegurando la observancia de los principios legales
y la protección de los intereses fundamentales de la nación. La solemnidad y seriedad inherentes a este
proceso subrayan su importancia en el marco del sistema jurídico, destacando su papel crucial en la
preservación de la integridad de las instituciones gubernamentales y la salvaguarda del orden
constitucional.
Requisitos
En la República Argentina, el juicio político emerge como un instrumento legal de trascendental
importancia, destinado a la evaluación y posible destitución de las máximas autoridades del país. Este
proceso, enmarcado dentro de la rigurosidad de la Constitución nacional, establece requisitos precisos
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y procedimientos detallados para llevar a cabo una indagación exhaustiva y justa. Este proceso,
meticulosamente delineado por la Constitución Nacional, encuentra sus cimientos en los artículos 53,
59 y 60, que establecen requisitos precisos y delinean procedimientos detallados.
En el Art. 53, establece que “Se llevará a cabo un juicio político en contra del presidente,
vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema
en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, ya sea por mal desempeño o por delito
en el ejercicio de sus funciones. También procederá en casos de crímenes comunes, después de que la
Asamblea haya conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa, con la aprobación
de la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” (Constitucion Nacional de Argentina.,
1994.)
De igual manera en el Art. 59 manifiesta que “Al Senado le corresponde juzgar en juicio público a los
acusados por la Cámara de Diputados, siendo necesario que sus integrantes realicen un juramento
para este acto. En el caso de que el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado lo dirigirá el
presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino con la mayoría de dos tercios
de los miembros presentes.” (Constitucion Nacional de Argentina., 1994.)
En el Art. 60 establece que “El fallo no tendrá otro efecto que destituir al acusado, incluso declararle
incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Sin embargo, la parte
condenada quedará sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales
ordinarios..” (Constitucion Nacional de Argentina., 1994.)
Estos artículos delinean claramente el proceso y las consecuencias del juicio político. En conjunto, estos
artículos demuestran un sistema legal que busca equilibrar la responsabilidad de las más altas
autoridades con la garantía de un procedimiento justo y transparente, consecuentemente estos artículos
reflejan un sistema de juicio político que busca equilibrar la responsabilidad de los funcionarios con
medidas que garanticen la justicia y la protección de los derechos legales de los acusados, al tiempo que
preservan la integridad institucional y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
Procedencia
La dinámica del juicio político en Argentina se desenvuelve como un proceso meticuloso y detallado,
en el cual la Cámara de Diputados juega un papel fundamental. La acusación, que precisa de una mayoría
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de dos tercios de los presentes, es presentada ante el Senado, el cual asume la responsabilidad de juzgar
al acusado. No obstante, previo a llegar a esta etapa, la solicitud de juicio político debe pasar por la
Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
En esta comisión, se realiza una evaluación de las denuncias para determinar su aceptación. Solo cuando
se considera que una denuncia es aceptable, la Comisión inicia un proceso formal que puede incluir la
convocatoria de testigos, el requerimiento de información a jueces federales, la autorización judicial
para la intervención de conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Al concluir la
investigación, la Comisión emite un dictamen, requiriendo la aprobación de la mitad más uno de los
miembros presentes para decidir si se desestima o se inicia el juicio político en la Cámara de Diputados.
(Tarricone, 2023)
En caso de que los dos tercios de la Cámara baja aprueben el dictamen, la misma Cámara designa uno
o dos diputados para presentar la acusación ante el Senado. En la Cámara alta, la destitución o absolución
del acusado se decide por dos tercios de los presentes. Cabe destacar que si el Presidente de la Nación
es el acusado, la Constitución establece que el Senado será presidido por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia durante este proceso. Es importante señalar que en la actualidad, el Frente de Todos
no cuenta con los dos tercios necesarios en ninguna de las dos cámaras, ni siquiera alcanza el quórum
mínimo para iniciar sesiones. (Tarricone, 2023)
El sistema de juicio político en Argentina, según se describe en el texto, demuestra un enfoque riguroso
y detallado para abordar posibles irregularidades o mal desempeño por parte de las máximas autoridades.
La participación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, con requisitos específicos de
votación, busca garantizar un proceso justo y equitativo. La necesidad de una mayoría de dos tercios en
varias etapas del proceso subraya la importancia de obtener un consenso significativo antes de proceder
con la destitución. Además, la inclusión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados
para evaluar la admisibilidad de las denuncias agrega un nivel adicional de revisión y evaluación antes
de avanzar en el proceso.
DISCUSIÓN
El análisis comparativo de los procedimientos de juicio político en Argentina y Ecuador revela una serie
de similitudes y diferencias significativas que reflejan las distintas tradiciones jurídicas y políticas de
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ambos países. A pesar de compartir un sistema presidencialista y un compromiso con la democracia
representativa, Argentina y Ecuador presentan enfoques distintos hacia el juicio político y la estabilidad
institucional. Dado este enfoque se revela una serie de desafíos y oportunidades para el fortalecimiento
de la democracia y el Estado de derecho en ambos países. Se observa que, si bien estos procedimientos
son mecanismos importantes para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y
preservar la integridad institucional, también enfrentan desafíos significativos en su implementación y
efectividad.
Uno de los principales desafíos identificados es la politización de los procesos de juicio político, que a
menudo pueden ser utilizados como herramientas para perseguir objetivos políticos o partidistas en lugar
de salvaguardar el interés público y la legalidad. Esta politización puede socavar la imparcialidad y la
transparencia de los procedimientos, debilitando así su legitimidad y efectividad en la promoción del
Estado de derecho y la justicia.
También, se observa una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de
los procesos de juicio político para garantizar su integridad y transparencia. Esto incluye la promoción
de una mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la independencia judicial para garantizar
la imparcialidad y la imparcialidad en la aplicación de la ley.
En Argentina, el juicio político se ha utilizado históricamente como un mecanismo de control y rendición
de cuentas para altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente, ministros y jueces. El proceso
de juicio político en Argentina se rige por disposiciones constitucionales y legales específicas, que
establecen los pasos a seguir y los criterios de evaluación para determinar la responsabilidad política de
los acusados. La independencia del Poder Judicial y la participación activa de la sociedad civil son
elementos clave en el proceso de juicio político argentino, que busca garantizar la transparencia y la
imparcialidad en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
En Ecuador, el juicio político se ha utilizado también como un instrumento de control y supervisión de
altos funcionarios del gobierno, aunque con un enfoque más centrado en la gestión de fondos públicos
y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proceso de juicio político en
Ecuador está regulado por disposiciones constitucionales y legales específicas, que establecen los
procedimientos y criterios para determinar la responsabilidad política de los acusados. La participación
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ciudadana y la transparencia en la administración pública son aspectos fundamentales en el proceso de
juicio político ecuatoriano, que busca fortalecer la rendición de cuentas y la integridad institucional del
Estado.
Si bien los procesos de juicio político representan una herramienta importante para promover la
rendición de cuentas y la justicia, su efectividad y legitimidad dependen en gran medida de la integridad
y la transparencia con las que se llevan a cabo. Es fundamental abordar los desafíos identificados y
fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar la efectividad y legitimidad de estos
procedimientos en la promoción de la democracia y el Estado de derecho en Ecuador, Argentina y más
allá.
CONCLUSIONES
El juicio político en Ecuador se configura como un mecanismo esencial para preservar la integridad de
las instituciones gubernamentales y garantizar la aplicación de principios democráticos. Este proceso
incluye a una amplia gama de sujetos pasivos, desde el Presidente y Vicepresidente hasta ministros y
autoridades de los órganos del poder público. La particulidad de las causales, que van desde delitos
contra la seguridad del Estado hasta actos de corrupción, subraya la seriedad con la que se aborda este
procedimiento. La rigurosidad del proceso, que exige el respaldo sustancial de la Asamblea y un alto
porcentaje de votos para la destitución, refleja la intención de asegurar que el juicio político sea un
recurso excepcional respaldado por consenso.
En Argentina, el juicio político se extiende a una diversidad de funcionarios, abarcando desde
legisladores hasta jueces y ejecutivos, con un enfoque en violaciones graves a la Constitución y leyes
federales. El proceso, aunque declarativo, se comunica a las Legislaturas Locales, brindando un
elemento descentralizado a la toma de decisiones. Este enfoque amplio resalta la importancia que se le
da a la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno.
Ambos países reconocen la participación ciudadana como un pilar fundamental de la democracia.
Ecuador, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, destaca el papel activo de
los ciudadanos en la toma de decisiones y la fiscalización de instituciones. Argentina, por su parte,
enfatiza la participación como un derecho humano clave, contribuyendo a la apertura y transparencia de
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las instituciones gubernamentales. Esta convergencia refleja la importancia universal de involucrar a la
ciudadanía en el proceso político.
Se reconoce la importancia del juicio político como mecanismo de control, cada una con sus
peculiaridades y procesos específicos, pero convergiendo en la necesidad de garantizar la transparencia,
rendición de cuentas y preservación de la integridad institucional en el ejercicio del poder político. Estos
sistemas reflejan la compleja interacción entre los poderes públicos y la ciudadanía, buscando un
equilibrio entre la responsabilidad de los funcionarios y la salvaguarda de los principios democráticos.
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