DE LA JURISPRUDENCIA A LA
TRANSFORMACIÓN NORMATIVA:
IMPACTO DE LAS DECISIONES DE LA
CORTE IDH EN LA CONSOLIDACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR
FROM JURISPRUDENCE TO NORMATIVE
TRANSFORMATION: THE IMPACT OF IACTHR
RULINGS ON THE CONSOLIDATION OF
HUMAN RIGHTS IN ECUADOR
Cristian Fabián Méndez Cevallos
Investigador Independiente

pág. 2859
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17100
De la Jurisprudencia a la Transformación Normativa: Impacto de las
Decisiones de la Corte IDH en la Consolidación de los Derechos Humanos
en Ecuador
Cristian Fabián Méndez Cevallos1
crist1an.-m@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0002-4752-5798
Investigador Independiente
RESUMEN
Este artículo examina de manera crítica el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en la transformación normativa del Ecuador y en la consolidación del
sistema interno más robusto de protección de los derechos humanos. Se emplea una metodología
cualitativa, de tipo descriptivo y explicativo, basada en el análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial
de casos emblemáticos en los que el Estado ecuatoriano ha sido declarado responsable
internacionalmente. A través de esta revisión, se constatan avances en la adopción del control de
convencionalidad, la recepción normativa de estándares internacionales y el reconocimiento del carácter
vinculante de las decisiones de la Corte. Sin embargo, también se identifican debilidades estructurales
persistentes que dificultan la ejecución efectiva de las reparaciones ordenadas: entre ellas, la falta de
procedimientos internos claros, la limitada articulación institucional, los vacíos en la coordinación
intergubernamental y una insuficiente voluntad política sostenida. Se analizan el papel de la Secretaría
de Derechos Humanos como ente coordinador de las medidas de cumplimiento y la Corte
Constitucional como órgano competente para activar la garantía de la acción por incumplimiento. A
partir de los hallazgos, se proponen acciones específicas orientadas al fortalecimiento del marco
institucional, la capacitación de operadores jurídicos y la creación de mecanismos de monitoreo
efectivos. En definitiva, se concluye que la implementación de las sentencias de la Corte IDH en
Ecuador requiere superar tensiones entre soberanía estatal y derecho internacional, mediante una praxis
comprometida con la efectividad de los derechos humanos como eje del constitucionalismo
contemporáneo.
Palabras clave: Corte IDH, jurisprudencia interamericana, implementación de sentencias, control de
convencionalidad, derechos humanos
1 Autor principal
Correspondencia: crist1an.-m@hotmail.com

pág. 2860
From Jurisprudence to Normative Transformation: The Impact of
IACtHR Rulings on the Consolidation of Human Rights in Ecuador
ABSTRACT
This article critically examines the impact of the Inter-American Court of Human Rights’ (IACtHR)
jurisprudence on Ecuador’s normative transformation and the consolidation of a stronger domestic
human rights protection system. A qualitative, descriptive-explanatory methodology is employed, based
on doctrinal, legal, and jurisprudential analysis of emblematic cases in which Ecuador was held
internationally responsible. The study confirms meaningful advances, such as the incorporation of
conventionality control, the internalization of international standards, and the acknowledgment of the
binding nature of the Court’s decisions. However, it also highlights structural deficiencies that hinder
full compliance with reparations, including the lack of clear internal procedures, weak institutional
coordination, insufficient intergovernmental articulation, and limited sustained political will. The role
of the Secretariat of Human Rights as the coordinating administrative body, and the Constitutional
Court as the entity empowered to activate the non-compliance action, are examined as key domestic
mechanisms. Based on the findings, the article proposes specific actions to strengthen institutional
frameworks, train legal operators, and develop effective monitoring tools. It concludes that the
implementation of IACtHR judgments in Ecuador remains constrained by tensions between state
sovereignty and international human rights law. Overcoming these challenges requires a genuine
political and legal commitment to the primacy of human rights, capable of bridging the gap between
international rulings and national enforcement. Ultimately, the article contributes to advancing a
dialogue between domestic constitutionalism and the Inter-American system, rooted in the effective
realization of human dignity and justice.
Keywords: inter-American jurisprudence, implementation of rulings, conventionality control, human
rights
Artículo recibido 03 marzo 2025
Aceptado para publicación: 25 marzo 2025

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INTRODUCCIÓN
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido un factor
determinante en la transformación de los ordenamientos jurídicos de los Estados parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En Ecuador, sus decisiones han impulsado cambios
normativos, reinterpretaciones jurisprudenciales y la adecuación de políticas públicas para garantizar la
protección efectiva de los derechos humanos. No obstante, el impacto real de estos fallos enfrenta
múltiples desafíos relacionados con la implementación efectiva de las medidas de reparación ordenadas
y la consolidación del control de convencionalidad dentro del sistema jurídico nacional.
El problema central que aborda este estudio radica en la brecha existente entre la obligatoriedad de las
sentencias de la Corte IDH y su efectiva implementación en el derecho ecuatoriano. A pesar de los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado, el cumplimiento de estas decisiones sigue siendo
parcial e irregular, evidenciando tensiones entre el derecho internacional de los derechos humanos y la
soberanía estatal. El presente trabajo busca analizar el impacto normativo de la jurisprudencia
interamericana en Ecuador, identificando los obstáculos jurídicos, políticos e institucionales que limitan
su aplicación efectiva.
La relevancia de este estudio radica en la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos
en Ecuador mediante la armonización del derecho interno con los estándares interamericanos. La Corte
IDH ha desarrollado principios clave, como el control de convencionalidad, que obliga a los jueces
nacionales a interpretar las normas internas conforme a los tratados de derechos humanos. Sin embargo,
su aplicación aún enfrenta resistencias dentro del sistema judicial ecuatoriano. Este trabajo aporta una
visión crítica sobre la efectividad de las decisiones de la Corte IDH y propone estrategias para mejorar
su implementación, con base en el análisis de casos emblemáticos y el estudio de los mecanismos
existentes para el cumplimiento de las sentencias internacionales.
El marco teórico de la investigación se sustenta en el derecho internacional de los derechos humanos,
el derecho constitucional y el control de convencionalidad, analizados desde la perspectiva de autores
como Cassese (2018), Koskenniemi (2018) y Kolb (2019), quienes han abordado la interacción entre
los sistemas jurídicos nacionales y el derecho internacional.

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Además, se revisan estudios previos sobre el impacto de la jurisprudencia interamericana en Ecuador y
otros países de la región, evidenciando tanto avances como limitaciones en la ejecución de las sentencias
de la Corte IDH.
El contexto en el que se desarrolla la investigación es el sistema jurídico ecuatoriano y su interacción
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde la ratificación de la CADH y el
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1984, Ecuador ha sido objeto de
diversas sentencias que han ordenado reformas legislativas, medidas de reparación y garantías de no
repetición en casos de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la implementación de
estas decisiones ha sido desigual, reflejando una falta de articulación entre las instituciones nacionales
y los mecanismos de supervisión internacional.
El objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH en la
transformación normativa ecuatoriana, identificando los principales obstáculos para su implementación
y proponiendo estrategias para fortalecer la efectividad de sus decisiones. Específicamente, se pretende
analizar el desarrollo del control de convencionalidad en Ecuador y su aplicación en la práctica judicial,
también examinar los cambios normativos derivados de sentencias emblemáticas de la Corte IDH y
finalmente identificar los factores políticos e institucionales que han dificultado la ejecución de las
sentencias interamericanas en el país.
Este estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo y descriptivo-explicativo, basado en el análisis
de la jurisprudencia interamericana, la normativa ecuatoriana y la doctrina especializada en derecho
internacional de los derechos humanos. La importancia de esta investigación radica en su contribución
al debate sobre la eficacia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la
necesidad de consolidar mecanismos efectivos de implementación de sus decisiones en el ámbito
nacional.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, dado que se centra en el análisis de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y su impacto en la transformación
normativa de Ecuador. La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, pues no solo se limita a
describir las decisiones de la Corte IDH, sino que también busca explicar su influencia en la evolución

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del derecho ecuatoriano, considerando los obstáculos jurídicos, políticos e institucionales que han
afectado su implementación.
En cuanto al diseño de la investigación, este es no experimental y transversal, ya que se basa en el
análisis de documentos jurídicos y normativos sin manipulación de variables. Desde un punto de vista
epistemológico, el estudio se inscribe en un enfoque hermenéutico-interpretativo, ya que busca
comprender y analizar las decisiones de la Corte IDH y su aplicación en el derecho ecuatoriano
mediante la interpretación de normativas, sentencias y doctrinas especializadas.
Dado que la investigación se enmarca en el análisis documental, la población del estudio está constituida
por la totalidad de las sentencias emitidas por la Corte IDH contra Ecuador. Sin embargo, se
seleccionaron de manera intencionada aquellos casos emblemáticos que han generado transformaciones
normativas significativas. Los principales casos analizados en este estudio incluyen Suárez Rosero vs.
Ecuador (1997), Tibi vs. Ecuador (2004) y Albán Cornejo vs. Ecuador (2007), entre otros fallos
relevantes de la Corte IDH.
Para la recolección de información, se utilizó la revisión documental como técnica principal, analizando
fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen las sentencias de la Corte IDH, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la normativa ecuatoriana vinculada a derechos
humanos. Como fuentes secundarias, se consultaron artículos académicos, informes de organismos
internacionales y textos doctrinales especializados en derecho internacional y constitucional.
El diseño metodológico empleado en esta investigación permitió realizar un análisis detallado del
impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH en Ecuador, combinando un enfoque descriptivo-
explicativo con técnicas de análisis documental. La revisión de sentencias emblemáticas permitió
identificar los avances y desafíos en la implementación de los estándares interamericanos, ofreciendo
una base teórica sólida para futuras investigaciones en el campo del derecho internacional y
constitucional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.- La Corte IDH y su Rol en el Sistema Interamericano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano judicial fundamental dentro
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cuya función principal es la

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interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Su
creación responde a la necesidad de contar con un mecanismo supranacional que garantice la protección
de los derechos fundamentales en los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) (Ferrer Mac-Gregor & Beltrán, 2021). La jurisprudencia de la Corte ha desempeñado un papel
crucial en la consolidación de estándares internacionales de derechos humanos y en la armonización de
las legislaciones nacionales con el derecho interamericano.
En este sentido, la Corte IDH ha evolucionado más allá de su función adjudicativa para convertirse en
un tribunal con un impacto transformador en los ordenamientos jurídicos de los países miembros. Su
labor no se limita a emitir sentencias en casos contenciosos, sino que también incluye la emisión de
opiniones consultivas, que han servido como guías interpretativas para la adecuación de normativas
internas conforme a la CADH (García Ramírez, 2019). Este rol expansivo ha permitido que su
jurisprudencia sea considerada una referencia obligatoria en la interpretación de derechos humanos,
influyendo en la evolución de los sistemas jurídicos nacionales.
El impacto de la Corte IDH ha sido especialmente significativo en la protección de grupos en situación
de vulnerabilidad, tales como comunidades indígenas, mujeres, niños y personas privadas de libertad.
En este sentido, la doctrina del control de convencionalidad, desarrollada por la propia Corte, ha
generado un cambio en la forma en que los jueces nacionales deben aplicar el derecho internacional en
sus decisiones, asegurando que las disposiciones de la CADH tengan primacía sobre las normas
nacionales incompatibles (Abramovich, 2020). Este principio ha consolidado la Corte IDH como un
tribunal de vanguardia en la protección de los derechos fundamentales, promoviendo la convergencia
entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
El análisis de su impacto permite advertir que la Corte no solo ha establecido precedentes jurídicos,
sino que también ha generado cambios estructurales dentro de los Estados parte. La ejecución de sus
sentencias ha implicado reformas legislativas, el desarrollo de políticas públicas y la adopción de
medidas de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos (Huneeus, 2019). Sin embargo,
uno de los desafíos más importantes que enfrenta la Corte es la resistencia de ciertos Estados a
implementar sus decisiones de manera efectiva, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los
mecanismos de supervisión y cumplimiento dentro del sistema interamericano.

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Desde un punto de vista crítico, la Corte IDH ha sido clave en la consolidación del derecho
interamericano de los derechos humanos, pero enfrenta limitaciones en su capacidad coercitiva. A
diferencia de los sistemas europeos, en los que existe una mayor integración institucional, la Corte
depende en gran medida de la voluntad política de los Estados para la ejecución de sus decisiones
(Burgorgue-Larsen, 2021). Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema
interamericano y la necesidad de establecer mecanismos que refuercen la obligatoriedad de sus fallos.
Otro aspecto relevante es la influencia de la Corte en la interpretación dinámica y evolutiva de los
derechos humanos. A través de su jurisprudencia, ha adoptado una postura proactiva que le ha permitido
ampliar la protección de derechos más allá del texto original de la CADH. Esto se ha evidenciado en
casos como el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, así como en la protección
del medio ambiente en el marco de los derechos humanos (Vannuchi, 2022). No obstante, esta
expansión ha generado críticas por parte de ciertos sectores que consideran que la Corte podría estar
excediendo sus competencias al actuar como un legislador supranacional.
Desde una perspectiva pragmática, la Corte IDH cumple una función esencial en la promoción y
consolidación de los derechos humanos en la región, pero su efectividad depende en gran medida de la
capacidad de los Estados para implementar sus decisiones. En este contexto, es imprescindible
fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento, así como fomentar una cultura de respeto a las
normas internacionales dentro de las estructuras jurídicas nacionales. La articulación entre la Corte y
los tribunales internos debe ser reforzada para garantizar que sus decisiones no sean meramente
declarativas, sino que se traduzcan en cambios tangibles dentro de los sistemas nacionales de justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado hasta convertirse en un pilar esencial
dentro del sistema interamericano, no solo como tribunal de justicia, sino como un motor de
transformación normativa y de consolidación de estándares en materia de derechos humanos. Su
impacto se manifiesta tanto en la generación de cambios legislativos como en la protección efectiva de
sectores vulnerables. No obstante, su éxito depende en gran medida del compromiso de los Estados en
la implementación de sus fallos y de la existencia de mecanismos que garanticen su cumplimiento
efectivo.

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A futuro, es fundamental fortalecer la cooperación entre la Corte y los sistemas nacionales de justicia
para consolidar un modelo regional de protección de los derechos humanos que sea más efectivo y
eficiente.
2. Naturaleza jurídica de las decisiones de la Corte IDH y su relación con el ordenamiento
jurídico ecuatoriano
Otro tema importante si se habla del Impacto de las decisiones de la Corte IDH en la consolidación de
los derechos humanos en el orenamiento jurídico ecuatoriano es el papel o impacto de la jurisprudencia
de la Corte IDH en el desarrollo los sistemas jurídicos nacionales, particularmente en Ecuador, es un
tema de gran relevancia en el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos
humanos. La naturaleza jurídica de sus decisiones y la manera en que estas se integran en los
ordenamientos jurídicos internos ha sido objeto de amplio debate tanto en el ámbito académico como
en la práctica judicialsobre todo porque las decisiones de la Corte IDH tienen una naturaleza obligatoria
y vinculante para los Estados que han reconocido su competencia contenciosa, lo que implica que estos
deben cumplir con sus sentencias y garantizar su ejecución efectiva en el derecho interno. Este carácter
obligatorio ha sido reafirmado por diversos autores del derecho internacional. Como sostiene Robert
Kolb (2019):
"El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales deriva de la
aceptación expresa de su jurisdicción por los Estados. No se trata de una simple
recomendación, sino de un pronunciamiento que obliga jurídicamente a los sujetos de
derecho internacional, exigiendo su plena observancia y ejecución" (p. 112).
Desde esta perspectiva, el Estado ecuatoriano, al haber ratificado la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH) y aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1984, asume
la obligación de cumplir con sus fallos. No obstante, en la práctica, la obligatoriedad de estas decisiones
no se traduce automáticamente en su aplicación efectiva. En Ecuador, el cumplimiento de las sentencias
de la Corte IDH enfrenta resistencias tanto políticas como jurídicas, generando tensiones entre la
primacía del derecho internacional y la autonomía del ordenamiento jurídico interno.
Uno de los elementos centrales en el análisis de la naturaleza jurídica de las decisiones de la Corte IDH
es su alcance normativo. Luigi Condorelli (2020) resalta que:

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"Las decisiones de los tribunales internacionales no solo imponen una obligación jurídica
de cumplimiento a los Estados, sino que también operan como fuente material del derecho,
influyendo en la evolución de las normas y principios fundamentales del orden jurídico
interno" (p. 87).
Este planteamiento es particularmente relevante en el caso ecuatoriano, donde la Corte Constitucional
ha interpretado en diversas ocasiones que la jurisprudencia de la Corte IDH tiene un valor interpretativo
fundamental en la aplicación de los derechos humanos. Sin embargo, la aplicación de estas decisiones
no siempre es uniforme ni inmediata, lo que evidencia un choque entre el derecho internacional y las
estructuras normativas nacionales.
Aunado a ello en el caso ecuatoriano particularmente, la relación entre la jurisprudencia de la Corte
IDH y el ordenamiento jurídico interno se encuentra normativamente respaldada por el bloque de
constitucionalidad, concepto que permite integrar las normas internacionales de derechos humanos en
el derecho interno con una jerarquía supralegal o incluso constitucional. La Constitución ecuatoriana
de 2008 establece en su artículo 424 que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por el Estado prevalecen sobre las normas internas cuando garantizan un mayor nivel de protección.
En esta línea, autores como Antonio Cassese (2018) argumentan que:
"El derecho internacional de los derechos humanos impone una transformación estructural
en los sistemas jurídicos nacionales, ya que obliga a los Estados a adaptar sus
ordenamientos internos para cumplir con los estándares supranacionales. La resistencia a
este proceso es en gran medida un fenómeno político más que jurídico" (p. 156).
En Ecuador, este fenómeno se evidencia en la falta de mecanismos eficaces para la implementación
automática de las decisiones de la Corte IDH. Si bien existen avances en la incorporación de estándares
interamericanos en fallos de la Corte Constitucional, aún se presentan retos significativos en la
ejecución de medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, especialmente en casos de violaciones
graves a los derechos humanos.
El reconocimiento de la jurisprudencia interamericana como criterio interpretativo obligatorio en
Ecuador también ha sido respaldado por la Corte Constitucional. No obstante, la aplicación efectiva de

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estos precedentes enfrenta obstáculos institucionales, como la falta de capacitación de jueces y
operadores jurídicos en el derecho interamericano. En palabras de Pierre-Marie Dupuy (2021):
"La recepción del derecho internacional en los sistemas jurídicos nacionales es un proceso
que depende tanto de la estructura normativa del Estado como de la voluntad política de
sus instituciones. En muchos casos, la inercia burocrática y la resistencia del poder judicial
son factores que dificultan la implementación efectiva de los estándares internacionales"
(p. 219).
Desde esta óptica, la consolidación de la jurisprudencia de la Corte IDH en Ecuador requiere no solo
reformas normativas, sino también un cambio estructural en la formación y capacitación de los
operadores de justicia. La ausencia de una política clara de armonización entre el derecho internacional
de los derechos humanos y el derecho interno sigue siendo uno de los principales desafíos para la
eficacia de las decisiones de la Corte IDH en el país.
Por lo anterior es evidente que las decisiones de la Corte IDH poseen una naturaleza obligatoria y su
cumplimiento por parte de los Estados parte es una exigencia derivada del derecho internacional de los
derechos humanos. Sin embargo, en Ecuador, su integración en el ordenamiento jurídico interno no está
exenta de dificultades. A pesar del reconocimiento constitucional del derecho internacional de los
derechos humanos, persisten desafíos en la aplicación efectiva de la jurisprudencia interamericana,
evidenciando tensiones entre el derecho internacional y la autonomía estatal. Superar estas dificultades
implica fortalecer los mecanismos de implementación y promover una cultura jurídica que reconozca
la supremacía de los derechos humanos en el ámbito normativo y jurisdiccional.
3.- Transformaciones normativas derivadas de la jurisprudencia de la Corte IDH
Por otro lado, es importante examinar el impacto de las decisiones de la Corte IDH especialmente en
los ordenamientos jurídicos internos, esto no se limita a la resolución de casos individuales, sino que
tiene un efecto estructural en la evolución del derecho interno de los Estados parte. En el caso de
Ecuador, la jurisprudencia de la Corte IDH ha desempeñado un papel fundamental en la modificación
de normativas internas y en la evolución de la práctica judicial. A través del análisis de casos
emblemáticos, es posible identificar cambios significativos en la legislación y en la interpretación de
los derechos humanos, lo que ha generado una transformación progresiva en la protección de estos.

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Esto definitivamente hay que demostrarlo analizando casos emblemáticos y su repercusión en la
normativa interna del país
3.1. Análisis de casos emblemáticos y su repercusión normativa
La Corte IDH ha dictado varias sentencias en contra del Estado ecuatoriano, estableciendo estándares
que han obligado a modificar normativas y prácticas judiciales. A continuación, se analizan algunos de
los casos más relevantes y su impacto en el derecho interno.
Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (1997): Garantías procesales y detención arbitraria
En este caso, la Corte IDH determinó que Ecuador había violado el derecho a la libertad personal de
Nicolás Suárez Rosero, quien fue detenido en condiciones arbitrarias y sin acceso a un juicio justo
(Corte IDH, 1997). Al respecto, Robert Alexy (2019) sostiene que:
"El principio de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales implica que
ninguna privación de libertad puede ser arbitraria ni desproporcionada; en caso contrario,
se estaría erosionando la legitimidad del sistema jurídico" (p. 132).
Este fallo generó importantes cambios en la legislación ecuatoriana sobre detención preventiva. En
2008, la Constitución estableció límites estrictos para la prisión preventiva, asegurando que no exceda
un año en casos penales ordinarios y seis meses en delitos menos graves (art. 77, numeral 9). Además,
la Corte Constitucional de Ecuador ha reforzado el control de la privación de libertad, alineándose con
el criterio de la Corte IDH sobre el carácter excepcional de la detención preventiva.
Caso Tibi vs. Ecuador (2004): Protección contra la tortura y tratos crueles
El caso Tibi es un precedente fundamental en la lucha contra la tortura en Ecuador. En este fallo, la
Corte IDH condenó al Estado ecuatoriano por la detención arbitraria y tortura de un ciudadano francés,
estableciendo que los malos tratos en centros de detención violaban la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Corte IDH, 2004). Sobre este punto, Luigi Ferrajoli (2020) argumenta que: "La
prohibición de la tortura es una norma imperativa del derecho internacional (ius cogens) que no admite
excepciones ni relativización por parte de los Estados. (p. 89).
A raíz de este fallo, Ecuador reformó su Código Penal en 2014, tipificando la tortura como un delito
autónomo con penas más severas y estableciendo mecanismos más estrictos para la investigación de
casos de violencia institucional.

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Sin embargo, a pesar de estas reformas, organismos internacionales han señalado que persisten prácticas
de abuso en centros de detención, lo que demuestra que las transformaciones normativas no siempre se
traducen en cambios efectivos en la realidad.
Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador (2007): Responsabilidad estatal en la protección de la
vida
En este caso, la Corte IDH estableció que Ecuador incumplió su obligación de garantizar la vida de
Carlos Santiago Albán Cornejo, quien murió en circunstancias sospechosas en un hospital privado sin
que el Estado investigara adecuadamente los hechos (Corte IDH, 2007). Como señala Martti
Koskenniemi (2018):"El derecho a la vida impone a los Estados una obligación positiva de prevención
y una obligación negativa de no interferencia; cuando fallan en la primera, se configura una
responsabilidad internacional" (p. 147).
El impacto normativo de esta sentencia se reflejó en la reforma de la legislación sobre responsabilidad
médica en Ecuador, estableciendo protocolos más rigurosos para la supervisión estatal en centros de
salud privados. No obstante, aún persisten desafíos en la garantía efectiva de este derecho,
particularmente en áreas rurales donde el acceso a la justicia es limitado.
Otro elemento que sin duda se debe analizar son los cambios en la legislación y en la práctica judicial,
pues las sentencias de la Corte IDH han generado reformas normativas en Ecuador, pero su influencia
también se ha extendido al ámbito de la interpretación judicial. A continuación, se identifican algunos
cambios relevantes en ambas dimensiones. Las decisiones de la Corte IDH han impulsado
modificaciones en diversas áreas del derecho ecuatoriano, entre ellas se encuentra la inclusión en el
Código Orgánico Integral Penal (2014) de normas más estrictas sobre tortura, detención arbitraria y
derechos de las personas privadas de libertad, en concordancia con los fallos de la Corte IDH. También
la Ley de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (2013), donde ya se
puede hablar de creación de mecanismos para la reparación integral de víctimas de violaciones de
derechos humanos, como lo ha ordenado la Corte IDH en casos contra Ecuador.
Además de lo anterior se ha experimentado un fortalecimiento del control de convencionalidad en la
Corte Constitucional ecuatoriana, lo que ha llevado a una mayor aplicación de estándares
interamericanos en decisiones dentro del contexto jurídico nacional.

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En virtud de ello otro de los cambios más significativos en la práctica judicial ecuatoriana ha sido la
incorporación del control de convencionalidad, un principio desarrollado por la Corte IDH en el caso
Almonacid Arellano vs. Chile (2006). En este sentido, Pierre-Marie Dupuy (2021) afirma:
"El control de convencionalidad implica que los jueces nacionales deben interpretar y
aplicar las normas internas en conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos, evitando contradicciones con los tratados internacionales" (p. 193).
En Ecuador, la Corte Constitucional ha asumido un rol proactivo en este sentido, exigiendo que los
jueces ordinarios apliquen de manera directa la jurisprudencia interamericana en casos de derechos
humanos. Sin embargo, en la práctica, persisten resistencias institucionales y falta de capacitación en el
uso del control de convencionalidad, lo que limita su implementación efectiva.
Lo anterior nos lleva concluir que la jurisprudencia de la Corte IDH ha impulsado profundas
transformaciones normativas y judiciales en Ecuador. A través de casos emblemáticos, se han generado
reformas legislativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos, así como cambios
en la interpretación judicial que refuerzan la aplicación del derecho internacional. No obstante, el
impacto de estas decisiones no es automático, ya que enfrenta resistencias tanto en la estructura
normativa como en la cultura jurídica nacional. Para garantizar una implementación efectiva de la
jurisprudencia interamericana, es fundamental seguir fortaleciendo la capacitación de jueces, fiscales y
abogados, así como desarrollar mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano.
4.Obstáculos jurídicos, políticos e institucionales en la implementación de las sentencias de la
Corte IDH
Si dudas la implementación de sentencias de la Corte IDH depende en gran medida de la capacidad de
los Estados para adecuar sus normativas y estructuras institucionales a los estándares interamericanos.
Sin embargo, en Ecuador, este proceso se ve obstaculizado por diversas razones. Uno de los principales
desafíos en la implementación de las sentencias de la Corte IDH es la existencia de conflictos entre el
derecho internacional de los derechos humanos y las normativas internas de los Estados. En Ecuador,
aunque la Constitución de 2008 establece la prevalencia de los tratados internacionales de derechos
humanos (artículo 424), la aplicación directa de las sentencias de la Corte IDH no siempre es uniforme.

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Como sostiene Martti Koskenniemi (2018):"El derecho internacional opera en una constante tensión
con la soberanía estatal, ya que los Estados siguen manteniendo el control sobre la aplicación y
ejecución de las normas internacionales en el ámbito interno" (p. 76).
Este fenómeno se observa en la jurisprudencia ecuatoriana, donde los jueces nacionales han interpretado
las sentencias de la Corte IDH de manera divergente. En algunos casos, han reconocido su carácter
vinculante; en otros, han aplicado el derecho interno sin atender a los estándares interamericanos. Esto
evidencia que, aunque Ecuador ha reconocido la competencia de la Corte IDH, en la práctica, aún
existen vacíos en la integración efectiva de sus decisiones en el ordenamiento jurídico interno.
En tal sentido también se pueden citar obstáculos políticos como resistencia del poder estatal y falta de
voluntad política, pues más allá de las dificultades jurídicas, la falta de voluntad política es uno de los
principales factores que limitan el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Como señala Luigi
Condorelli (2020):
"El derecho internacional de los derechos humanos solo puede ser efectivo cuando los
actores estatales están dispuestos a asumir los compromisos derivados de sus obligaciones
internacionales. Sin esta voluntad política, las normas se convierten en meras
declaraciones de principios sin impacto real" (p. 142).
Específicamente en Ecuador, la resistencia política al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH
ha sido evidente en varios casos emblemáticos. Por ejemplo, tras el fallo en el caso Tibi vs. Ecuador
(2004), que condenó al Estado por tortura y detención arbitraria, las reformas normativas fueron
implementadas con retraso y sin garantizar una efectiva reparación a la víctima. Esta tendencia refleja
que, en muchas ocasiones, el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH depende de la coyuntura
política y de la presión que ejerzan organismos internacionales y la sociedad civil.
Con respecto a los obstáculos institucionales se centrar esencialmente en deficiencias en los
mecanismos de cumplimiento. Es decir, falta de estructuras adecuadas para ejecutar las decisiones de
la Corte IDH constituye otro de los principales desafíos en Ecuador. Como explica Pierre-Marie Dupuy
(2021):

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"El cumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales requiere la existencia
de instituciones nacionales capaces de integrar y ejecutar eficazmente estas resoluciones
dentro de su ordenamiento jurídico" (p. 219).
Es por ello que la ejecución de las sentencias de la Corte IDH se enfrenta a la falta de coordinación
entre los poderes del Estado. Aunque la Corte Constitucional ha reconocido la obligatoriedad de estos
fallos, la implementación efectiva de medidas de reparación y reformas normativas depende de
entidades como el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La ausencia de mecanismos claros de
articulación interinstitucional retrasa o incluso impide la materialización de las órdenes del tribunal
interamericano. Sin embargo, a pesar de los obstáculos mencionados, existen mecanismos destinados a
garantizar la implementación de las sentencias de la Corte IDH en Ecuador. No obstante, su efectividad
varía en función de la voluntad política, la capacidad institucional y la presión social e internacional.
Uno de los mecanismos más relevantes en la implementación de las sentencias de la Corte IDH es el
control de convencionalidad, desarrollado por la propia Corte IDH en el caso Almonacid Arellano vs.
Chile (2006). Como sostiene Robert Kolb (2019):
"El control de convencionalidad impone a los jueces nacionales la obligación de interpretar
y aplicar las normas internas en conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos, evitando contradicciones con los tratados internacionales" (p. 112).
Por su parte la Corte Constitucional ha impulsado la aplicación del control de convencionalidad,
exigiendo que todos los jueces del país interpreten las normas internas a la luz de los estándares
interamericanos. No obstante, este mecanismo aún enfrenta barreras, como la falta de capacitación de
jueces y la resistencia de ciertos tribunales a aplicar directamente la jurisprudencia de la Corte IDH.
Otro mecanismo clave para garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH es el sistema
de seguimiento implementado por el tribunal interamericano. La Corte IDH realiza audiencias de
supervisión de cumplimiento y emite resoluciones específicas para evaluar los avances en la
implementación de sus fallos. Como explica Antonio Cassese (2018):
"El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
depende, en gran medida, de la presión ejercida por los organismos internacionales y la
sociedad civil para exigir la implementación efectiva de las decisiones judiciales" (p. 156).

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Es así como, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han desempeñado un
papel crucial en la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Sin embargo, la
efectividad de estos mecanismos sigue siendo limitada, ya que el Estado no siempre responde con
celeridad a los requerimientos del tribunal interamericano.
Lo analizado permite concluir que sin dudas el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH en
Ecuador enfrenta múltiples desafíos jurídicos, políticos e institucionales. Aunque existen avances en la
incorporación del derecho interamericano en la jurisprudencia nacional, persisten resistencias en la
aplicación efectiva de estas decisiones. La falta de voluntad política, las deficiencias institucionales y
la ausencia de mecanismos de articulación interinstitucional son factores que obstaculizan la
implementación plena de las obligaciones internacionales del Estado. Para mejorar la efectividad de
estos mecanismos, es fundamental fortalecer el control de convencionalidad, garantizar la capacitación
de jueces y operadores de justicia, y promover una mayor vigilancia por parte de la sociedad civil y los
organismos internacionales.
5. Evaluación del impacto real de la jurisprudencia interamericana y propuestas para mejorar la
ejecución de las sentencias en Ecuador
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha generado avances
significativos en la protección de los derechos humanos en América Latina. Sin embargo, su impacto
real en los Estados parte, como Ecuador, sigue siendo un tema de debate. Si bien la normativa interna
ha sido progresivamente reformada para alinearse con los estándares interamericanos, la
implementación efectiva de las sentencias de la Corte IDH sigue enfrentando desafíos estructurales,
políticos e institucionales. Evaluar el impacto de esta jurisprudencia y formular propuestas concretas
para mejorar su ejecución es fundamental para consolidar el Estado de derecho y garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales en Ecuador.
Como señala Helmut Aust (2021):
"La jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos no solo crea
obligaciones jurídicas, sino que también transforma las dinámicas institucionales dentro
de los Estados, impulsando cambios en la manera en que se interpretan y aplican los
derechos fundamentales" (p. 98).

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En Ecuador, este impacto se ha reflejado en varias decisiones de la Corte Constitucional, que ha
reconocido el carácter vinculante de las sentencias de la Corte IDH y ha reforzado su aplicación en el
ámbito interno. Sin embargo, la falta de uniformidad en la aplicación del control de convencionalidad
entre jueces ordinarios sigue limitando el alcance real de estas transformaciones.
Si bien se ha avanzado en la adopción de reformas normativas derivadas de la jurisprudencia
interamericana, el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas en las sentencias de la Corte
IDH sigue siendo desigual. Como indica Christina Binder (2020):"El cumplimiento efectivo de las
sentencias de los tribunales internacionales depende no solo de la capacidad normativa del Estado, sino
también de la existencia de mecanismos internos adecuados que garanticen la implementación de las
medidas ordenadas" (p. 177).
En varios casos, Ecuador ha adoptado medidas legislativas para cumplir con las órdenes de la Corte
IDH, como en el caso Albán Cornejo vs. Ecuador (2007), que llevó a una reforma en la supervisión de
la atención médica en hospitales privados. No obstante, en otros casos, las medidas de reparación han
sido implementadas de manera parcial o con demoras significativas, como en el caso Zambrano Vélez
y otros vs. Ecuador (2007), donde la reparación a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no ha sido
plenamente efectiva.
La falta de mecanismos internos sólidos de supervisión y seguimiento ha permitido que muchas medidas
ordenadas por la Corte IDH queden en un plano declarativo sin una implementación real. Así también
La implementación de la jurisprudencia interamericana en Ecuador enfrenta barreras institucionales y
políticas que limitan su efectividad. Como argumenta Dinah Shelton (2019):
"El cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos
es un proceso político tanto como jurídico, ya que requiere la cooperación activa de
múltiples actores estatales, incluyendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial" (p. 249).
En Ecuador, la falta de coordinación entre las distintas ramas del poder público ha generado obstáculos
en la implementación efectiva de las sentencias de la Corte IDH. En algunos casos, el Poder Ejecutivo
ha demorado la ejecución de medidas de reparación, mientras que el Legislativo no siempre ha
priorizado las reformas necesarias para adecuar la legislación nacional a los estándares interamericanos.

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Para superar los desafíos identificados, es fundamental implementar reformas estructurales que
garanticen el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte IDH en Ecuador. Se podría pensar en
la creación de un mecanismo de monitoreo interinstitucional., teniendo en cuenta que una de las
principales deficiencias en Ecuador es la falta de un órgano especializado que supervise el cumplimiento
de las sentencias de la Corte IDH. Como sugiere André Nollkaemper (2022):"El establecimiento de
mecanismos de supervisión dentro de los Estados es esencial para garantizar que las decisiones” (p.
231).
Se podría pensar en la creación de un Comité de Cumplimiento de Sentencias Internacionales,
compuesto por representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil, que tenga la
facultad de emitir informes periódicos sobre el estado de implementación de las sentencias de la Corte
IDH y proponga soluciones concretas para los casos en los que haya demoras o incumplimientos.
Se podría también fomentar el fortalecimiento del control de convencionalidad a través de la
incorporación del control de convencionalidad en la formación judicial para que los jueces de todos los
niveles conozcan y apliquen los estándares interamericanos de manera uniforme.
También se consideraría contar con mayor participación de la sociedad civil en la supervisión del
cumplimiento, toda vez que las organizaciones de derechos humanos han jugado un papel clave en la
implementación de la jurisprudencia interamericana. Como señala Jo M. Pasqualucci (2021):"El rol de
la sociedad civil es crucial para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos, ya que actúan como un contrapeso frente a la inacción gubernamental"
(p. 189).
En este sentido, se propone que las organizaciones de la sociedad civil tengan un acceso más amplio a
los procesos de supervisión del cumplimiento de sentencias y que se creen espacios de diálogo con el
Estado para facilitar la implementación de medidas de reparación.
En conclusión, el impacto real de la jurisprudencia de la Corte IDH en Ecuador ha sido significativo en
términos normativos y jurisprudenciales, pero su ejecución efectiva sigue enfrentando importantes
desafíos. La resistencia política, las deficiencias institucionales y la falta de mecanismos de supervisión
han limitado el alcance de las sentencias interamericanas en el país.

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Para mejorar la implementación de estas decisiones, es fundamental fortalecer el control de
convencionalidad, crear un órgano de supervisión interinstitucional y promover una mayor
participación de la sociedad civil en el seguimiento de las medidas de reparación. Solo mediante un
compromiso coordinado entre los distintos actores estatales e internacionales se podrá garantizar la
plena efectividad de la jurisprudencia interamericana en Ecuador.
CONCLUSIONES
Luego del análisis se puede concluir que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha desempeñado un papel crucial en la transformación normativa de los Estados parte,
particularmente en Ecuador, al consolidar estándares internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, el impacto de sus decisiones no ha sido uniforme, ya que su implementación efectiva sigue
enfrentando resistencias jurídicas, políticas e institucionales. Si bien el marco normativo ecuatoriano ha
evolucionado significativamente para adecuarse a los principios interamericanos, la ejecución de las
sentencias de la Corte IDH todavía presenta deficiencias en cuanto a su aplicación efectiva. La
existencia de mecanismos como el control de convencionalidad y la jerarquización de los tratados
internacionales en el orden interno han favorecido la progresiva integración de estos estándares, pero la
falta de capacitación de los operadores jurídicos y la persistente tensión entre la soberanía estatal y el
derecho internacional limitan su plena materialización.
En tal sentido desde un punto de vista analítico, la ejecución de las sentencias de la Corte IDH en
Ecuador se ve afectada por la falta de coordinación interinstitucional y la inercia burocrática, lo que
evidencia que los problemas en la implementación de las decisiones internacionales no son
exclusivamente jurídicos, sino también estructurales. La resistencia política, manifestada en la falta de
voluntad de los poderes del Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de las reparaciones
ordenadas por la Corte IDH, revela que el grado de eficacia de sus sentencias no depende únicamente
del reconocimiento formal de su obligatoriedad, sino de la existencia de mecanismos internos que
aseguren su materialización. En este sentido, la creación de un comité interinstitucional para el
monitoreo del cumplimiento, junto con la consolidación del control de convencionalidad en la práctica
judicial ordinaria, se presentan como estrategias indispensables para mejorar la ejecución de las
decisiones del tribunal interamericano en el país.

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A pesar de los avances normativos y jurisprudenciales derivados de la influencia de la Corte IDH, aún
quedan interrogantes sin resolver sobre la efectividad de sus mecanismos de supervisión y el impacto
real de sus sentencias en la garantía de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto la implementación de
estas decisiones responde a una verdadera transformación estructural y no solo a modificaciones
normativas formales? ¿Cuáles son los factores clave que pueden fortalecer la efectividad del control de
convencionalidad en los jueces de primera y segunda instancia? Estas cuestiones requieren mayor
exploración y abren la puerta a futuras investigaciones que analicen con mayor profundidad la relación
entre la Corte IDH, el sistema judicial ecuatoriano y la dinámica política interna, con el fin de lograr un
modelo más efectivo y vinculante para la protección de los derechos humanos en la región.
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