LOS DELITOS DE CONTAMINACIÓN
RESPIRATORIA, VISUAL Y AUDITIVA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
DERECHOS INDIVIDUALES Y FALTA DE CAPACIDAD
PROFESIONAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN POLICIAL EN EL
DISTRITO DE LOS OLIVOS 2023-2024
Daira Huamán Portocarrero
Universidad Nacional Federico Villarreal - Perú
pág. 1
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17284
Derechos individuales y falta de capacidad profesional para ejercer la
función policial en el distrito de Los Olivos 2023-2024
Dra. Daira Huamán Portocarrero
1
huamandaira2025@hotmal.com
https://orcid.org/0009-0009-7402-4244
Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre los derechos individuales y la
falta de capacidad profesional en el ejercicio de la función policial en el distrito de Los Olivos,
durante el periodo 2023-2024. Se destaca que el respeto a los derechos fundamentales es esencial en
la labor policial; sin embargo, la carencia de capacitación puede ocasionar abusos de autoridad,
vulneración de derechos humanos y pérdida de confianza institucional. El estudio adoptó un enfoque
cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y explicativo, con un diseño no experimental. Se
empleó la encuesta como técnica y el cuestionario estructurado como instrumento. La población
estuvo conformada por 90 agentes policiales, y la muestra por 74 de ellos. Los resultados revelaron
que el 48 % reconoció la relevancia de los derechos individuales y el 62 % señaló que la falta de
capacidad profesional influye constantemente. Se concluye que existe una relación significativa entre
ambas variables.
Palabras claves: derechos individuales, capacidad profesional, función policial
1
Autor principal
Correspondencia: huamandaira2025@hotmal.com
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Derechos individuales y falta de capacidad profesional para ejercer
la función policial en el distrito de Los Olivos 2023-2024
ABSTRACT
The purpose of the research was to determine the relationship between individual rights and the lack
of professional capacity in the exercise of police function in the district of Los Olivos, during the
period 2023-2024. It is emphasized that respect for fundamental rights is essential in police work;
however, the lack of training can lead to abuses of authority, human rights violations and loss of
institutional trust. The study adopted a quantitative approach, of a basic type, descriptive and
explanatory level, with a non-experimental design. The survey was used as a technique and the
structured questionnaire as an instrument. The population was made up of 90 police officers, and the
sample was made up of 74 of them. The results revealed that 48% recognized the relevance of
individual rights and 62% indicated that the lack of professional capacity constantly influences. It is
concluded that there is a significant relationship between both variables.
Keywords: individual rights, professional capacity, police function
Artículo recibido 10 marzo 2025
Aceptado para publicación: 13 abril 2025
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INTRODUCCIÓN
En la investigación titulado, derechos individuales y falta capacidad profesional para ejercer la
función policial, se termina el ejercicio de la función policial, es fundamental para garantizar el orden
público, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales. Sin embargo, en muchas
ocasiones, la actuación policial se ve afectada por la falta de capacitación profesional, lo que puede
derivar en abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos o ineficacia en la aplicación de
la ley.
La policía debe actuar bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, pero la
deficiente formación en derechos humanos, uso de la fuerza y procedimientos legales genera
conflictos entre la autoridad y la ciudadanía. Esta situación afecta la confianza en la institución
policial y compromete la efectividad en la lucha contra el delito.
En este contexto, es fundamental analizar cómo la falta de capacidad profesional impacta en la
garantía de los derechos individuales, así como la necesidad de mejorar los procesos de formación,
supervisión y rendición de cuentas dentro de las fuerzas policiales, el respeto y la protección de los
derechos individuales son principios fundamentales en el ejercicio de la función policial. La policía,
como garante del orden público y la seguridad ciudadana, tiene la responsabilidad de actuar dentro
del marco legal, asegurando que sus intervenciones respeten la dignidad, la libertad y la integridad
de cada persona.
Sin embargo, el equilibrio entre seguridad y derechos humanos es un desafío constante. En muchas
ocasiones, el uso de la fuerza, las detenciones y los operativos policiales generan controversias sobre
posibles abusos de autoridad o vulneraciones de derechos fundamentales. La falta de capacitación
en derechos humanos, el desconocimiento de protocolos adecuados y la discrecionalidad en la toma
de decisiones pueden comprometer la legitimidad y confianza en la función policial. Por ello, es
esencial analizar la relación entre la labor policial y los derechos individuales, destacando la
importancia de la formación, supervisión y regulación para garantizar que la actuación de las fuerzas
del orden sea efectiva, justa y respetuosa con los principios democráticos.
El problema principal es la falta de capacidad profesional para ejercer la función policial, ya que esta
deficiencia es la causa subyacente que impacta directamente en la protección y respeto de los
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derechos individuales. La inadecuada formación, las limitaciones estructurales y la falta de recursos
impiden que los agentes policiales actúen de manera efectiva y conforme a los principios de legalidad
y derechos humanos. Como consecuencia, se generan intervenciones deficientes que pueden derivar
en abusos, arbitrariedades o ineficiencia en la respuesta policial, lo que a su vez afecta la confianza
ciudadana y la percepción de inseguridad.
El problema es la “vulneración de los derechos individuales” debido a la falta de capacidad
profesional policial, lo que genera abusos de autoridad, errores en la aplicación de la ley y
desconfianza ciudadana. La deficiencia en la formación policial puede llevar a detenciones
arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, afectando la seguridad y
el Estado de derecho. el problema de la capacidad profesional policial radica en la insuficiente
formación, entrenamiento y actualización de los agentes, lo que afecta su desempeño en la aplicación
de la ley, el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
Esta deficiencia puede generar abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, corrupción y falta de
confianza en la institución policial, el problema de la deficiencia en la formación policial nacional
es la preparación inadecuada de los agentes en aspectos técnicos, tácticos, legales y éticos, lo que
afecta su desempeño en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Esta carencia
puede generar abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, corrupción, fallas en la investigación
criminal y desconfianza en la institución policial.
El derecho individual del policía surge cuando los agentes no cuentan con garantías adecuadas para
ejercer su labor de manera segura y justa, enfrentando riesgos como abuso de autoridad por parte de
superiores, falta de condiciones laborales dignas, insuficiente protección legal y represalias por
denunciar actos de corrupción. Esta situación puede afectar su desempeño, su moral y su
compromiso con la seguridad ciudadana.
El problema de los derechos individuales de la policía por la preparación profesional radica en que
una formación deficiente puede limitar su conocimiento sobre sus propios derechos laborales,
legales y humanos. Esto puede llevar a condiciones de trabajo injustas, abuso de autoridad por parte
de superiores, falta de protección en el ejercicio de sus funciones y dificultades para hacer valer sus
derechos, afectando su desempeño y bienestar dentro de la institución.
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El problema en la “preparación del policía por parte de sus superiores” radica en la falta de
capacitación adecuada, actualización de conocimientos y supervisión efectiva. Esto puede generar
deficiencias en el desempeño policial, errores en la aplicación de la ley, abuso de autoridad y
vulneración de derechos ciudadanos. Además, la falta de liderazgo y control por parte de los
superiores puede fomentar la corrupción, la impunidad y la desmotivación dentro de la institución.
El problema del “policía que pierde sus derechos por falta de preparación para enfrentar una
investigación” radica en la ausencia de formación adecuada sobre procedimientos legales, derechos
laborales y mecanismos de defensa. Esto puede llevar a que los agentes sean sancionados
injustamente, se enfrenten a procesos disciplinarios sin el debido respaldo legal o sean vulnerables
a abusos por parte de sus superiores o del sistema judicial, afectando su estabilidad laboral y su
derecho a una defensa justa.
Los policías, como cualquier ciudadano, tienen derechos individuales que deben ser respetados tanto
por sus superiores como por la sociedad y el Estado. Estos derechos garantizan su bienestar, seguridad
y un ejercicio justo de sus funciones (…) Derechos individuales y falta de capacidad profesional para
ejercer la función policial en el distrito de los olivos 2023-2025.
Derechos Fundamentales. A pesar de su rol como agentes del orden, los policías conservan sus
derechos fundamentales, como: Derecho a la vida y la integridad personal Protección ante riesgos
innecesarios y condiciones laborales seguras. Derecho a la dignidad y al respeto. No pueden ser
sometidos a tratos degradantes o humillantes.
Este derecho del policía es: derecho a la libertad de expresión y opinión, pueden expresar sus ideas
sin represalias, siempre que no afecten el servicio. Derecho a la igualdad y no discriminación, no
pueden ser discriminados por género, raza, religión
u orientación política. Derechos laborales como trabajadores del Estado, los policías tienen derechos
laborales que garantizan condiciones justas de trabajo.
Derecho a una remuneración justa, salarios adecuados y pago puntual por su servicio. Derecho a la
jornada laboral regulada, horarios establecidos y pago de horas extras cuando corresponda. Derecho
a la seguridad social, acceso a salud, pensiones y prestaciones laborales. Derecho a la capacitación
y formación continua, programas de actualización para mejorar su desempeño.
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Derechos en procedimientos disciplinarios y judiciales, si un policía enfrenta una investigación o
sanción, debe contar con garantías legales. Derecho a la presunción de inocencia, no puede ser
sancionado sin pruebas claras. Derecho a la defensa y debido proceso, acceso a abogados y
mecanismos de apelación. Derecho a no ser obligado a declarar en su contra, no puede ser forzado
a auto incriminarse.
Durante su labor, los policías deben contar con derechos que protejan su integridad y su capacidad
de acción: Derecho a la legítima defensa, uso proporcional de la fuerza en situaciones de peligro,
derecho a equipos y condiciones seguras de trabajo, dotación de armas, chalecos antibalas y equipos
adecuados, derecho a asistencia psicológica y emocional, atención en casos de estrés, trauma o
impacto emocional.
Los policías tienen derechos fundamentales, laborales y jurídicos que deben ser respetados para
garantizar su bienestar y un servicio eficiente. La falta de reconocimiento de estos derechos puede
afectar su desempeño, exponerlos a abusos y reducir la confianza en la institución Causas del
problema. Las deficiencias en la dotación de equipos, la falta de inversión, la mala administración de
recursos y la distribución desigual del material de protección constituyen las principales causas del
problema. La ausencia de armas y chalecos antibalas en la Policía representa un grave riesgo para la
seguridad de los agentes, lo que compromete su integridad física y la eficacia en la lucha contra el
crimen. Sin estos implementos esenciales, los efectivos policiales enfrentan a delincuentes armados
en condiciones de desventaja, lo que limita su capacidad operativa y eleva las probabilidades de
sufrir lesiones o incluso la muerte durante sus intervenciones.
Consecuencias directas. Entre las consecuencias más notorias se encuentran la corrupción y el desvío
de fondos, la adquisición irregular de equipos de baja calidad, así como la pérdida o robo de
armamento y chalecos dentro de la propia institución. A ello se suma la falta de mantenimiento y
reposición de estos equipos, el uso de chalecos vencidos y armas deterioradas, y la falta de
renovación conforme a los estándares de seguridad. Además, el exceso de burocracia en los procesos
de adquisición genera demoras significativas en la entrega del material necesario.
Consecuencias indirectas. Estas deficiencias tienen efectos graves en la operatividad policial: los
agentes enfrentan mayores riesgos para su vida y una creciente vulnerabilidad ante ataques armados.
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Esto se traduce en un incremento de las bajas policiales y en la reticencia a intervenir en situaciones
peligrosas sin el equipo adecuado.
El desequilibrio en el poder de fuego entre delincuentes y policías favorece al crimen organizado.
Asimismo, se genera desmotivación y pérdida de confianza en la institución, ya que los efectivos
sienten que el Estado no garantiza su seguridad. Esto debilita su moral y compromiso, lo que
finalmente repercute en una mayor impunidad, incremento de la criminalidad y deterioro de la
seguridad ciudadana.
En los antecedentes internacionales tenemos: Moreno y León (2024), en su estudio titulado
“Propuesta Neuro-pedagógica IDEAR para la gestión emocional en un grupo de integrantes de la
Policía Nacional de Colombia, adscritos a la MEMOT”, abordaron las constantes interrogantes
surgidas sobre la forma en que los policías realizaban sus intervenciones. Estas dudas provenían, en
su mayoría, de la ciudadanía y se difundían tanto en redes sociales como en comentarios orales,
generando opiniones divididas sobre la legitimidad de las acciones policiales. Esta percepción
pública motivó un análisis profundo del comportamiento de los agentes y de los factores que podrían
influir en él.
Al contrastar las percepciones ciudadanas con experiencias individuales, se evidenció que la
estructura y contenido de la formación policial podían influir negativamente en la conducta de
algunos agentes. Esto planteó la necesidad de revisar los métodos pedagógicos empleados y los
temas tratados durante la capacitación, destacando la importancia de prácticas educativas más
actualizadas y enfocadas en habilidades socioemocionales.
El acceso a información que revelaba comportamientos inadecuados, especialmente relacionados
con dificultades en la regulación emocional, fortaleció la urgencia de intervenir en esta problemática.
Frente a ello, los autores desarrollaron una propuesta centrada en la mejora de la gestión emocional
dentro del entorno policial. Como conclusión, Moreno y León sostienen que la implementación de
estrategias neuro- pedagógicas como el modelo IDEAR puede contribuir significativamente a
fortalecer la regulación emocional de los agentes, mejorando así tanto su desempeño profesional
como la percepción ciudadana respecto a su labor.
Pauta (2017), en su investigación “Los partes policiales y los informes periciales ante la vulneración
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de la seguridad jurídica y la responsabilidad estatal”, analizó cómo la falta de conocimiento de las
normas jurídicas, la negligencia y actos de corrupción por parte de algunos miembros de la Policía
Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los Agentes Civiles de Tránsito del Municipio de
Cuenca, resultaron en la vulneración de derechos fundamentales. Entre los más afectados se
identificaron el debido proceso, la tutela procesal efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a
la prueba y la debida defensa.
El estudio evidenció una preocupante incoherencia entre los informes periciales elaborados por
peritos de criminalística y del SIAT, y los realizados por especialistas acreditados ante el Consejo
de la Judicatura. Estas discrepancias generaron errores en la interpretación penal, ocasionando
perjuicios a los ciudadanos y al Estado. Además, se determinó responsabilidad civil y penal de
fiscales que sustentaron acusaciones en documentos inconsistentes.
También se señaló la falta de preparación en áreas médicas específicas por parte de médicos legistas
y otros peritos, lo que contribuyó a situaciones de impunidad o condenas erróneas. Esta situación
reflejó una grave afectación a los derechos y garantías de personas involucradas en procesos penales.
Pauta, concluyó que el desconocimiento normativo y la corrupción institucional propiciaron
violaciones sistemáticas de derechos constitucionales, dejando en evidencia la necesidad urgente de
una reforma estructural en los procedimientos policiales, periciales y fiscales, para garantizar la
seguridad jurídica y la responsabilidad estatal.
Lohiol-Lorenc et al. (2023), en su investigación “Los vecinos y la policía: La evaluación del trabajo
policial desde la perspectiva de los habitantes de la periferia de la ciudad de Mar del Plata”,
analizaron cómo los ciudadanos perciben a la institución policial, enfocándose especialmente en la
evaluación del desempeño funcional de los agentes y sus acciones dentro del entorno cotidiano. Para
ello, el estudio se basó en los resultados de dos encuestas aplicadas en barrios populares de Mar del
Plata en 2021, complementadas con medio centenar de entrevistas a residentes de las mismas zonas.
A través de estas entrevistas, los habitantes compartieron sus experiencias y opiniones respecto a la
seguridad y su relación cotidiana con la policía. Los resultados reflejaron un nivel considerable de
desaprobación hacia el servicio policial, acompañado de un sentimiento moderado de desprotección.
Esta percepción estuvo alineada con hallazgos previos en investigaciones realizadas en otros países
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de América Latina.
Asimismo, se detectó una elevada demanda por una mayor presencia policial y una actuación que
respondiera a las expectativas ciudadanas. No obstante, la insatisfacción frente a esta falta de
respuesta generó valoraciones negativas tanto hacia la institución como hacia sus integrantes. Pese a
ello, los participantes también mostraron comprensión ante las dificultades que enfrenta la policía.
Lohiol-Lorenc, concluyeron que, aunque predomina una visión crítica hacia el accionar policial, esta
no ignora las limitaciones estructurales, legales y presupuestarias que condicionan su desempeño,
reconociendo la necesidad de reformas para mejorar la respuesta institucional.
En los antecedentes nacionales tenemos: Piérola (2017), en su estudio “La función de la policía en
el restablecimiento de la seguridad ciudadana en Lima”, destacó que la responsabilidad individual
es un valor esencial que impulsa la responsabilidad colectiva, especialmente en el ámbito público.
Bajo esta premisa, se requería la participación de diversos actores para responder a las necesidades
de seguridad de la comunidad limeña, dentro del marco legal vigente. En este contexto, los ciudadanos
actuaban bajo normas y leyes que estructuraban la convivencia social.
Según el artículo 166º de la Constitución Política del Perú, la Policía Nacional tenía como función
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, proteger a las personas, velar por el cumplimiento
de las leyes y combatir la delincuencia. Esta labor no solo implicaba el uso de la fuerza, sino también
una estrecha coordinación con otras instituciones estatales y municipales, como el Ministerio de
Transportes y la Municipalidad de Lima, para fortalecer estrategias de seguridad pública.
La investigación identificó que la falta de coordinación entre las instituciones dificultaba la
prevención del delito. Sin embargo, en los distritos donde existía integración entre la Policía y el
Serenazgo, se optimizó el uso de recursos y se mejoró la capacidad de respuesta. También se resaltó
el papel de las organizaciones vecinales como elementos clave en la seguridad local. Piérola,
concluyó que la construcción de una sociedad segura dependía tanto del cumplimiento normativo
como de la formación integral de ciudadanos y policías. Solo mediante la cooperación entre el Estado
y la ciudadanía se lograría una seguridad ciudadana efectiva y sostenible en Lima.
Tello (2022), en su tesis “El empleo de la inteligencia para el combate efectivo del delito de robo,
distrito de Surquillo, 2021”, analizó el impacto de la inteligencia policial en la lucha contra el robo
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en el distrito de Surquillo durante el año 2021. La investigación adoptó un enfoque cualitativo y el
diseño de teoría fundamentada, con entrevistas a siete agentes policiales especializados en
inteligencia y delitos de robo. Se identificaron subcategorías clave como la obtención de
información, el procesamiento de datos, la difusión de inteligencia policial, la identificación de zonas
con alta incidencia de robos y la captura de los responsables.
Los resultados indicaron que el uso de la inteligencia policial tuvo un impacto significativo en la
prevención, detección e interdicción de robos. Además, contribuyó a la creación, implementación y
evaluación de estrategias disuasivas, optimizando la eficiencia de las operaciones policiales
orientadas a reducir este delito.
Tello, concluyó que la inteligencia policial desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el
robo, permitiendo una mejora en las operaciones y estrategias preventivas. La investigación destacó
la importancia de fortalecer el uso de herramientas de inteligencia dentro de las instituciones
encargadas de la seguridad, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante actividades
delictivas y contribuir a la protección ciudadana.
Aguilar y Morales (2023), en su investigación “Protocolo de intervención policial para ejecutar la
defensa posesoria extrajudicial de inmuebles particulares en el distrito de Carabayllo desde el año
2018 al 2022”, analizaron la incidencia de los delitos de usurpación en Carabayllo, un distrito con
cuatro dependencias policiales. Se encontraron variaciones significativas en las denuncias de
usurpación entre 2018 y
2022, con un aumento notable en 2021 y 2022. Este incremento subraya la necesidad urgente de
mejorar las estrategias policiales en la zona.
La investigación mostró que Carabayllo registró 477 denuncias por usurpación, lo que lo posicionó
como el distrito con mayor incidencia de este delito en Lima Metropolitana, lo que resalta el impacto
socioeconómico de este problema. Se destacó la importancia de un protocolo de intervención policial
especializado para abordar la defensa posesoria extrajudicial, considerando las dificultades
encontradas en la respuesta policial ante la usurpación de inmuebles.
Se identificaron varias causas de la ineficacia policial, como la interpretación incorrecta de la
normativa, la falta de herramientas técnico-legales y la insuficiente difusión de las leyes dentro de
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la institución policial. A través de una metodología aplicada y un análisis de datos obtenidos mediante
entrevistas y revisión documental, se propuso un protocolo de intervención policial para mejorar la
gestión de los casos de usurpación en el distrito. Se recomendó, además, fortalecer la capacitación y
coordinación interinstitucional para garantizar una actuación efectiva en la restitución del derecho
posesorio de los afectados.
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos
individuales y en la necesidad de fortalecer la preparación profesional de los miembros de la policía
en el ejercicio de sus funciones. La labor policial representa un elemento esencial en la preservación
del orden público y la seguridad de la sociedad. No obstante, la insuficiencia en la capacitación, el
desconocimiento de la normativa y la carencia de protocolos adecuados pueden conducir a prácticas
que vulneren derechos fundamentales, lo que incide negativamente en la percepción y confianza
hacia la institución.
Es fundamental analizar las deficiencias en la formación policial y proponer estrategias para mejorar
su capacitación en aspectos jurídicos, éticos y operacionales. Esto permitirá optimizar su desempeño,
asegurando un equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos,
fortaleciendo así la legitimidad y eficiencia de la institución en su labor de garantizar el orden y la
justicia.
La investigación se fundamenta en enfoques teóricos que destacan la importancia del respeto a los
derechos individuales y la formación profesional del personal policial. Bajo el Estado de derecho,
las fuerzas del orden deben actuar conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y
respeto a los derechos humanos, siguiendo normativas tanto nacionales como internacionales. La
falta de formación normativa y ética genera abusos policiales y fallas operativas, lo que afecta a los
ciudadanos y debilita la percepción de justicia, creando desconfianza social.
La investigación tiene relevancia práctica, pues la escasa capacidad profesional de los agentes
policiales durante la fase preparatoria impacta negativamente en el proceso penal. Esta etapa es clave
para recopilar pruebas y sustentar cargos. Sin formación especializada, los policías cometen errores
que debilitan los casos, afectando la justicia. Las deficiencias incluyen informes inadecuados, errores
en evidencias y falta de coordinación con el fiscal. Además, el desconocimiento normativo vulnera
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derechos. Por ello, se proponen estrategias para mejorar su formación en investigación penal y
documentación procesal.
La investigación emplea un enfoque cuantitativo para analizar la relación entre el derecho policial y
la falta de capacitación profesional en la función investigativa. A través de encuestas y registros
oficiales, se identifican errores procesales, fallas en la recolección de pruebas y deficiencias
investigativas. El uso de datos numéricos permite detectar patrones en el desempeño policial,
brindando una base objetiva que sustenta las conclusiones del estudio y la formulación de estrategias
de mejora institucional.
Con un diseño descriptivo y explicativo, se caracterizan las deficiencias en la formación policial y
se establecen vínculos causales con la efectividad del proceso penal. El análisis cuantitativo, junto a
la revisión normativa, aporta validez al estudio y evidencia la necesidad de reformas estructurales.
Esta metodología permite comprender con mayor precisión el impacto de la capacitación en la labor
investigativa y fortalece las propuestas dirigidas a mejorar la preparación de los agentes encargados
de la investigación criminal.
Limitaciones de la investigación
La investigación sobre el derecho policial y la falta de capacidad profesional en la función
investigativa enfrentó limitaciones como la resistencia institucional a proporcionar información
sobre deficiencias y errores. Esta situación afectó la recolección de datos y la aplicación de encuestas.
También se restringió el acceso a registros oficiales por normas de confidencialidad, y algunas
respuestas carecieron de objetividad, lo cual comprometió parcialmente la fiabilidad de los datos
obtenidos durante el estudio.
Adicionalmente, el tiempo y los recursos limitados redujeron el tamaño de la muestra y dificultaron
el análisis profundo de normativas y protocolos. No obstante, para mitigar estos obstáculos, la
investigación aplicó estrategias como la triangulación de datos y la combinación de metodologías
cuantitativas. Estas medidas permitieron mantener la validez del estudio y asegurar un grado
aceptable de precisión en los resultados, a pesar de las restricciones enfrentadas durante el proceso
investigativo.
El cumplimiento de la misión de la Policía Nacional del Perú exige brindar un servicio eficiente y de
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alta calidad, lo que implica sistematizar procedimientos operativos dentro del marco de los derechos
humanos y la ética. Para ello, se conformó un equipo integrado por oficiales, suboficiales instructores
en derechos humanos y miembros del Ministerio del Interior, con el fin de elaborar un manual que
regule la intervención policial respetando los principios fundamentales de los derechos humanos.
Este manual busca proporcionar información doctrinaria y normativa sobre derechos humanos
vinculados a la función policial. También establece técnicas de intervención, mecanismos de
protección nacionales e internacionales, y lineamientos sobre el trato a víctimas y grupos vulnerables.
Incluye principios sobre conducta ética, investigación policial y privación de libertad, reforzando así
la actuación policial dentro de un enfoque de respeto a la dignidad humana y la legalidad, conforme
a lo señalado por (Pizarro, 2006).
El personal de la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio del uso de la fuerza, tiene derechos
fundamentales como la protección de su vida, integridad y dignidad, además del reconocimiento de su
autoridad. Puede rechazar órdenes que impliquen fuerza ilícita y tiene derecho a formación continua
conforme a estándares de derechos humanos. Asimismo, debe contar con el equipo necesario para
cumplir sus funciones de forma segura y adecuada, según lo establece el Decreto Legislativo N.º
1186.
También se garantiza atención médica estatal en caso de lesiones y apoyo psicológico frente a
situaciones que afecten su bienestar. Cuando el uso de la fuerza es legítimo, los agentes tienen
derecho a defensa legal y asesoramiento brindado por el Estado. Estas disposiciones buscan proteger
a los policías y asegurar que su actuación se enmarque en la legalidad y el respeto a los derechos
fundamentales, fortaleciendo su rol dentro del sistema democrático y del orden público. (Decreto
Legislativo N° 1186, el 16 de agosto de 2015)
La falta de preparación adecuada puede llevar a la comisión de abusos y violaciones de derechos
humanos. Policías mal entrenados pueden recurrir a la violencia innecesaria o no saber cómo manejar
situaciones delicadas, como el uso de la fuerza o la intervención en manifestaciones, lo que afecta
gravemente la relación entre la policía y la sociedad. (Ramírez, 2021).
La labor policial en zonas de alto riesgo como el BRAE enfrenta serios desafíos debido a la presencia
de organizaciones criminales y narcotráfico. La falta de preparación adecuada pone en peligro a los
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agentes, sus compañeros y a la comunidad. Por ello, es esencial garantizar su derecho a recibir
capacitación especializada y estrategias de protección personal, fortaleciendo así su seguridad y
eficacia en el cumplimiento del deber.
Estas medidas forman parte de la política de lucha contra la criminalidad impulsada por el Ministerio
del Interior, bajo la gestión de Juan José Santibáñez. Además, se ha asegurado la defensa legal para
los policías que hagan uso de su arma reglamentaria en la protección de la ciudadanía, reafirmando su
respaldo institucional. Esta garantía legal es clave para enfrentar el crimen organizado y proteger
tanto a los agentes del orden como a la población en contextos de violencia y riesgo constante.
(Ministerio del Interior, 6 de noviembre de 2024)
La protección personal es fundamental para los policías que operan en el BRAE, donde el crimen
organizado representa una amenaza constante. La falta de preparación en investigación criminal
incrementa los riesgos de ataques, emboscadas y secuestros. Sin capacitación adecuada en
operaciones tácticas y conocimiento del terreno, la eficacia de las operaciones disminuye
drásticamente. Además, la ausencia de estrategias integrales debilita la seguridad del personal,
permitiendo que las organizaciones criminales operen con mayor libertad y violencia.
El desconocimiento del entorno y la complejidad geográfica del BRAE aumentan la vulnerabilidad
policial. La falta de entrenamiento en zonas selváticas y en técnicas de inteligencia limita la capacidad
de reacción ante el crimen. A esto se suma el riesgo de infiltración y corrupción, pues los agentes
sin formación especializada son más propensos a presiones externas. Frente a este panorama, el
Ministerio del Interior subraya la necesidad urgente de fortalecer la preparación del personal
destinado a zonas de alto riesgo como parte de una política efectiva de seguridad. (Ministerio del
Interior del Perú. , 2023)
El derecho del policía a una formación adecuada es esencial para garantizar investigaciones
efectivas, el orden público y la confianza ciudadana. Esto requiere capacitación continua, acceso a
tecnología, protocolos claros y respaldo legal. La falta de estos elementos debilita la lucha contra el
crimen y reduce la eficacia institucional. La ONU destaca la necesidad de una actualización constante
para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia digital con profesionalismo y
legalidad.
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Una formación integral fortalece habilidades en recolección de pruebas, análisis forense,
interrogatorios legales y uso de tecnología especializada. También promueve el respeto a los derechos
humanos, evitando abusos en los procedimientos policiales. Estos conocimientos son fundamentales
para mantener la integridad de la investigación, prevenir errores y asegurar justicia. En este contexto,
la preparación adecuada no solo mejora el desempeño policial, sino que también refuerza el sistema
penal y la protección de los derechos fundamentales de la población. (Organización de las Naciones
Unidas., 2019)
Los riesgos psicológicos y emocionales en la labor policial, especialmente en investigaciones
delincuenciales, son significativos. La exposición continua a violencia extrema puede generar estrés,
ansiedad, insomnio y traumas. La falta de información y de apoyo psicológico adecuado agrava estas
condiciones, afectando la salud mental y reduciendo la capacidad operativa del personal. Este
impacto emocional no solo compromete el bienestar del agente, sino también su desempeño
profesional y la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el personal policial enfrenta escenarios altamente
estresantes, como enfrentamientos armados, homicidios, violencia doméstica y accidentes graves.
Estas experiencias pueden desencadenar trastornos como estrés postraumático y ansiedad
crónica. En ausencia de mecanismos de contención emocional y programas de salud mental
institucionalizados, el riesgo de deterioro psicológico aumenta. Por ello, resulta urgente implementar
estrategias de apoyo integral que garanticen tanto la estabilidad emocional como la efectividad del
trabajo policial. (Organización Mundial de la Salud, 2021)
Los policías tienen derecho a recibir condiciones laborales que les permitan desempeñar sus
funciones con la mayor seguridad posible. Esto implica el acceso a equipamiento adecuado,
infraestructura segura y protocolos de intervención que minimicen los riesgos en el ejercicio de su
labor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que las condiciones de trabajo
seguras y saludables son un derecho fundamental para los trabajadores, incluyendo a los miembros
de las fuerzas del orden. (Organización Internacional del Trabajo, 2020)
La ineficiencia policial en la prevención del crimen y la investigación con el Ministerio Público se
debe a múltiples factores, como la falta de capacitación, recursos y el uso limitado de tecnología. Es
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esencial mejorar la formación de los agentes, modernizar la inteligencia criminal y erradicar la
impunidad. Las políticas públicas orientadas a resolver estas deficiencias fortalecerán el desempeño
de las fuerzas de seguridad y contribuirán a un sistema policial más confiable.
La colaboración entre la policía y el Ministerio Público es clave para el éxito de las investigaciones
criminales. Sin embargo, las deficiencias en la formación y en la gestión de recursos generan retrasos
y afectan la resolución de casos. La falta de capacitación adecuada impide la correcta recolección de
pruebas y dificulta el trabajo conjunto con los fiscales, lo que retrasa los procesos judiciales y fomenta
la sensación de impunidad en la sociedad. (Pérez, 2020)
La falta de una comunicación efectiva entre la policía y el fiscal es otro factor determinante en la
ineficiencia de las investigaciones. Los procesos investigativos a menudo se ven frenados por la falta
de coordinación, lo que ocasiona demoras y la pérdida de pruebas clave. Según Hernández, "una
coordinación deficiente entre los agentes policiales y los fiscales puede ser perjudicial para el curso
de una investigación, retrasando la obtención de pruebas cruciales para la acusación". (Hernández,
2019)
La ineficiencia de la policía en la fase investigativa repercute en la administración de justicia. Los
casos se demoran, lo que puede derivar en el no esclarecimiento de los delitos o incluso en la
liberación de culpables debido a la falta de pruebas. Según Rodríguez, "los retrasos en las
investigaciones, causados por la ineficiencia policial, afectan directamente la capacidad del fiscal
para presentar cargos oportunamente". (Rodríguez, 2020).
García (2019). La ética en la función policial se refleja en el respeto a los derechos fundamentales
de los individuos durante las investigaciones. Los agentes deben actuar dentro del marco legal y
garantizar que las técnicas de investigación no vulneren derechos como la privacidad, la dignidad y
la presunción de inocencia. Según García, "la ética policial implica un compromiso con la justicia y
el respeto a los derechos humanos, lo que obliga a los agentes a tomar decisiones que no solo sean
legales, sino también moralmente correctas".
La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en la ética policial. Las
investigaciones deben ser realizadas con total claridad y sometidas a un escrutinio público adecuado,
lo que ayuda a evitar actos de corrupción y abuso de poder. Fernández sostiene que "una fuerza
pág. 17
policial ética debe garantizar que todas las acciones investigativas sean claras y verificables, con
mecanismos de control internos y externos que aseguren la justicia en el proceso" (Fernández, 2020).
Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo porque se busca medir de forma numérica la
relación entre las variables de la falta de capacidad profesional de los policías y el respeto o violación
de los derechos individuales en el distrito de Los Olivos. A través de encuestas, análisis de incidentes
reportados, y revisión de estadísticas oficiales se puede identificar patrones de conducta que
permitan establecer conclusiones sobre este fenómeno.
La investigación es descriptiva-correlacional. Se describirán los niveles de formación profesional de
los policías y se analizarán las correlaciones entre los incidentes que involucran la vulneración de
derechos individuales y la falta de capacitación profesional.
La población está conformada por un total de 90 ciudadanos en entre ellos son: policías, víctimas
que trabajan en el distrito de Los Olivos, así como los ciudadanos que han sido víctimas o testigos
de posibles violaciones a los derechos humanos. La población de este estudio está constituida por
individuos, ciudadanos, víctimas y agentes de la policía que desempeñan funciones en el distrito de
Los Olivos durante el periodo 2023-2024, así como los ciudadanos que residen en este
distrito experiencia con la policía local en relación a las posibles violaciones de sus derechos
individuales.
La muestra está compuesta por 74 individuos, seleccionados mediante muestreo aleatorio
estratificado para asegurar la representatividad de los datos. Los participantes incluyen 40
ciudadanos, 20 víctimas que han presentado denuncias por abuso policial y 14 agentes policiales que
han experimentado violaciones a sus derechos debido a la falta de preparación profesional y la
corrupción dentro de la institución policial. Se utilizarán encuestas para recopilar datos sobre el abuso
policial y el uso excesivo de la fuerza, permitiendo obtener información medible y comparable de la
muestra.
Según, López y Ramírez (2022) el uso de instrumentos cuantitativos en la evaluación de la función
policial es clave para detectar deficiencias en el respeto a los derechos individuales y en la
preparación profesional de los agentes. Estos datos permiten diseñar estrategias de mejora en la
formación, supervisión y rendición de cuentas, contribuyendo a un servicio policial más eficiente y
pág. 18
alineado con los principios de legalidad y derechos humanos.
Para analizar la relación entre los derechos individuales y la falta de capacidad profesional en la
policía, es necesario establecer procedimientos estructurados que permitan recopilar y evaluar datos
de manera objetiva. Estos deben asegurar la obtención de información verificable sobre el respeto a
los derechos y la capacitación de los agentes. Con los resultados, se pueden diseñar estrategias para
mejorar la formación policial y garantizar que las acciones se ajusten a los principios de legalidad y
derechos humanos.
Se aplicarán encuestas a una muestra representativa, con preguntas cerradas y escalas de medición
sobre el trato policial, discriminación y abuso de autoridad. Además, se realizará un análisis
estadístico para identificar tendencias de percepción en distintos sectores sociales. Estos datos
permitirán implementar controles más estrictos y estrategias de mejora en la formación policial, con
el fin de mejorar la eficacia de la policía en el cumplimiento de sus funciones.
RESULTADOS
Este informe analiza los resultados sobre la relación entre los derechos individuales y la falta de
capacidad profesional para ejercer la función policial en el distrito de Los Olivos, Perú, durante el
período 2023-2024. Se examinan datos sobre percepción
ciudadana, formación policial y casos documentados de vulneración de derechos individuales
(Defensoría del Pueblo, 2023)
Además, la "Ley de la Policía Nacional del Perú" subraya la importancia de la competencia
profesional en el ejercicio de la función policial, definiendo la insuficiencia profesional como la "falta
de capacidad profesional o técnica del personal para ejercer la función policial" aplicar los resultados
obtenidos en investigaciones sobre, la función policial es fundamental para garantizar la seguridad
y el respeto a los derechos individuales de los policías, la falta de formación adecuada y la deficiencia
en la capacidad profesional pueden comprometer estos derechos, generando conflictos entre la
ciudadanía y las fuerzas del orden. (Ministerio del Interior del Perú, 2023).
Contrastación de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman:
Tabla 1. Prueba de hipótesis general
Rho de Spearman
Derechos
Capacidad
pág. 19
Individuales
Profesional de la
Función Policial
Derechos Individuales
Coeficiente de correlación
1,000
,983**
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
Capacidad Profesional
de la Función Policial
Coeficiente de correlación
,983**
1,000
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
Se ha identificado una relación significativa entre las dos variables, lo que se respalda por el
coeficiente de correlación obtenido en el sistema estadístico descriptivo, que fue de 0,983. Esta
relación se considera significativa en las variables del estudio, dado que el nivel de significancia
bilateral fue de 0,002, un valor menor al valor p de 0,05, lo que sugiere que la relación es
estadísticamente es fuerte. Como resultado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa.
Tabla 2. Prueba de hipótesis especifica 1
Rho de Spearman
Los derechos
Individuales
Preparación profesional
de los Policías
Los
derecho
s Individuales
Coeficiente de correlación
1,000
,981**
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
Preparación
profesional
de los Policías
Coeficiente de correlación
,981**
1,000
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
Se ha identificado una relación significativa entre las dos variables, según lo muestra el coeficiente
de correlación del sistema estadístico descriptivo, que resultó ser de 0,981. Se determina que estas
variables influyen de manera significativa en el estudio, dado que el nivel de significancia bilateral
pág. 20
fue de 0,002, un valor inferior al valor p de 0,05, lo que indica que la relación es estadísticamente
fuerte. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
Tabla 3. Prueba de hipótesis especifica 2
Rho de Spearman
La falta de
capacidad
Profesional de la
Función Policial
La protección
personal de los
Policías
La falta de capacidad
Profesional de la Función
Policial
Coeficiente de correlación
1,000
,963**
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
La protección personal de
los Policías
Coeficiente de correlación
,963**
1,000
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
El coeficiente de Rho de Spearman, que tiene un valor de 0,963, muestra una influencia positiva.
Asimismo, el nivel de significancia es de 0,002, un valor inferior al umbral de 0,05, lo que confirma
que existe una relación significativa. Este hallazgo sugiere que la falta de capacidad profesional de
la función policial. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 4. Prueba de hipótesis especifica 3
Rho de Spearman
El derecho a la
seguridad
La capacitación
El derecho a la seguridad
Coeficiente de correlación
1,000
,973**
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
La capacitación
Coeficiente de correlación
,973**
1,000
Sig, (bilateral)
,002
N
74
74
Se ha evidenciado una correlación significativa, ya que el coeficiente Rho de Spearman es 0,973 y
el nivel de significancia es de 0,002, lo que está por debajo del 0,05. Esto indica que el derecho a la
seguridad y la capacitación. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
pág. 21
alternativa
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El análisis de los datos procesados muestra una relación significativa entre los derechos individuales
y la falta de capacidad profesional para ejercer la función policial en el Distrito de los Olivos (2023-
2024). La correlación obtenida fue de 0,983,
respaldada por un nivel de significancia bilateral de 0,002, lo que indica una relación
estadísticamente fuerte. Con base en estos resultados, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, lo que refuerza la validez de la conexión entre ambas variables.
Esta relación se apoya en investigaciones previas, como la de Moreno y León (2024), que destaca la
importancia de la formación continua en la Policía Nacional para mejorar las intervenciones
policiales. En su estudio, se identificaron interrogantes sobre cómo se ejecutaban estas
intervenciones, lo que generó opiniones divididas en la ciudadanía, especialmente a través de redes
sociales y comentarios orales. Esto refleja la necesidad de mejorar tanto la capacitación como la
transparencia en las acciones policiales.
En relación a la hipótesis específica 1, se ha encontrado una relación significativa entre los derechos
individuales y la preparación profesional de los policías en el Distrito de los Olivos (2023-2024). La
correlación obtenida de 0,981, junto con un nivel de significancia bilateral de 0,002, sugiere que
ambas variables están estrechamente relacionadas y que la relación es estadísticamente fuerte. Estos
resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, confirmando la
relevancia de la capacitación profesional en la protección de los derechos.
El estudio de Pauta (2017) respalda esta conclusión al señalar que la falta de conocimiento sobre las
normas jurídicas y los actos de corrupción en algunos miembros de la Policía Nacional de Ecuador
y otros organismos de seguridad han vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre
estos se incluyen el debido proceso, la tutela procesal efectiva y la presunción de inocencia, lo que
resalta la importancia de una formación adecuada en el ámbito policial.
En relación a la hipótesis 2, se ha confirmado que la falta de capacidad profesional en la función
policial está significativamente relacionada con la protección personal de los policías en el Distrito
de los Olivos (2023-2024). El valor de correlación obtenido de 0,963, junto con un nivel de
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significancia de 0,002, sugiere una influencia positiva y estadísticamente significativa entre ambas
variables. Estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa,
destacando la importancia de la capacitación en la protección personal de los efectivos policiales.
El estudio de Piérola (2017) subraya la relevancia de la responsabilidad individual en el
restablecimiento de la seguridad ciudadana, destacando cómo, al ser ejercida
correctamente, fomenta la responsabilidad colectiva, especialmente en el contexto de la función
policial. Este enfoque resalta la necesidad de que los policías actúen bajo normas y leyes para
cumplir con las demandas de seguridad de la comunidad.
En relación con la hipótesis específica 3, se ha encontrado una correlación significativa entre el
derecho a la seguridad y la formación profesional en el Distrito de los Olivos (2023-2024). El
coeficiente Rho de Spearman es 0,973, con un nivel de significancia de 0,002, lo que confirma una
relación fuerte y estadísticamente significativa. Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la
hipótesis alternativa, destacando la importancia de la capacitación en el ejercicio del derecho a la
seguridad.
El estudio de Aguilar y Morales (2023) sobre el protocolo de intervención policial en Carabayllo
revela una variabilidad significativa en las denuncias por usurpación entre 2018 y 2022, con un
aumento notable en 2021 y 2022. Estos datos destacan la necesidad de protocolos eficaces y personal
capacitado para enfrentar el incremento de delitos en zonas de alta incidencia, como Carabayllo, lo
que refuerza la relación entre la formación policial y la seguridad pública.
CONCLUSIONES
En relación al objetivo general, entre derechos individuales y autoridad policial. El ejercicio de la
función policial debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad, la
seguridad y la igualdad. Sin embargo, la Hipótesis general se relaciona significativamente con la
falta de capacitación, que puede generar abusos de autoridad o violaciones a estos derechos.
En relación al objetivo específico 1, los derechos Individuales y la preparación profesional y la
capacitación profesional es clave de una preparación deficiente en derechos humanos, técnicas de
intervención y resolución de conflictos puede derivar en el uso excesivo de la fuerza, detenciones
arbitrarias o discriminación, confirmando la Hipótesis Especifico uno los derechos Individuales se
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relacionan significativamente con la preparación profesional de los Policías.
En relación al objetivo específico 2, la falta de capacidad profesional de la función policial y la
protección personal de los policías, confirmando la hipótesis 2, la falta de capacidad Profesional de
la Función Policial se relacionan significativamente la protección personal, y la falta de
formación profesional y ética en los cuerpos
policiales puede facilitar conductas corruptas o negligentes, afectando la credibilidad y efectividad
de la seguridad pública.
En relación al objetivo específico 3, la necesidad de reformas y profesionalización como último
objetivo se determinar en qué medida se relaciona el derecho a la seguridad y la capacitación y
formación profesional, como última hipótesis, confirma la formación profesional, para garantizar
una policía eficiente y respetuosa de los derechos humanos, es necesario invertir en formación
continua, protocolos de actuación claros y estrategias de rendición de cuentas.
Recomendaciones
Se recomienda reforzar y ampliar los programas de capacitación continua para los agentes de policía,
abarcando no solo los aspectos técnicos relacionados con la seguridad, sino también el respeto a los
derechos humanos y la ética profesional. Dichos programas deberían incluir formación en derechos
individuales, trato respetuoso y protocolos de actuación que aseguren el respeto a los derechos de
los ciudadanos.
Se recomienda a las fuerzas policiales cuenten con protocolos claros y detallados que aseguren el
respeto y la protección de los derechos individuales durante el desempeño de sus funciones. Estos
protocolos deben incluir la prohibición de cualquier tipo de abuso, discriminación o trato inhumano
o degradante hacia las personas detenidas o bajo investigación.
Se recomienda promover la transparencia en las actividades de la policía, facilitando el acceso
público a los informes de desempeño y estadísticas sobre el respeto a los derechos humanos dentro
de las fuerzas policiales. Esta transparencia no solo favorece una mayor rendición de cuentas, sino
que también fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad.
Se recomienda garantizar que los agentes de la policía tengan la preparación profesional adecuada,
es esencial optimizar los procesos de reclutamiento y selección. Este proceso debe incluir la
pág. 24
evaluación de aspectos como la formación académica, las habilidades interpersonales, la empatía y
el respeto por los derechos humanos de los postulantes, asegurando así que quienes sean
seleccionados estén adecuadamente capacitados para cumplir con su labor en el servicio público.
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