pág. 6088
LOS PREJUICIOS DE CLASE Y GÉNERO:
BARRERAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
PARA MUJERES DE ESTRATOS 0, 1 Y 2 QUE
FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO
SOCIAL CLASS AND GENDER BIAS: OBSTACLES TO
ACCESSING JUSTICE FOR WOMEN FROM WORKING CLASSES
WHO WERE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE
Lady Naydú Cabrera Reyes
Universidad Externado de Colombia (pregrado), Universidad de los Andes (posgrado) y
Universidad Nacional de Colombia (posgrado). Colombia
pág. 6089
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17352
Los prejuicios de clase y género: barreras en el acceso a la justicia para
mujeres de estratos 0, 1 y 2 que fueron víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado colombiano
Lady Naydú Cabrera Reyes1
nayducreyes@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4940-3572
Universidad Externado de Colombia (pregrado), Universidad de
los Andes (posgrado) y Universidad Nacional de Colombia
(posgrado).
Colombia
RESUMEN
El objeto de la investigación fue indagar sobre la relación entre los prejuicios que existen en contra de
las víctimas de violencia sexual por su condición de mujeres, los prejuicios relacionados con la clase
social a la que pertenecen y los obstáculos para acceder a la justicia. Esta investigación presenta el
análisis estadístico descriptivo y cualitativo de 52 entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo durante
el segundo semestre del 2020 a mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado
en Colombia y que hacen parte de la organización “Red de Mujeres Víctimas y Profesionales”. Las
mujeres entrevistadas viven en los territorios de Antioquia, Cauca, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Meta
y Bogotá D.C. Asimismo, el texto se fundamenta en algunos conceptos marxistas, así como la revisión
de la propuesta filosófica de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas (2019), que se reflejan
en la experiencia de las mujeres por medio de los resultados de las entrevistas semiestructuradas. Los
hallazgos de esta investigación dan cuenta que las mujeres que pertenecen a clases populares y
trabajadoras que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, son discriminadas por los
operadores de justicia, lo que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a la misma.
Palabras clave: acceso a justicia, vioencia sexual, injusticia epistémica, prejuicios de género y clase
1 Autor principal
Correspondencia: nayducreyes@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17352
Los prejuicios de clase y género: barreras en el acceso a la justicia para
mujeres de estratos 0, 1 y 2 que fueron víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado colombiano
Lady Naydú Cabrera Reyes1
nayducreyes@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4940-3572
Universidad Externado de Colombia (pregrado), Universidad de
los Andes (posgrado) y Universidad Nacional de Colombia
(posgrado).
Colombia
RESUMEN
El objeto de la investigación fue indagar sobre la relación entre los prejuicios que existen en contra de
las víctimas de violencia sexual por su condición de mujeres, los prejuicios relacionados con la clase
social a la que pertenecen y los obstáculos para acceder a la justicia. Esta investigación presenta el
análisis estadístico descriptivo y cualitativo de 52 entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo durante
el segundo semestre del 2020 a mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado
en Colombia y que hacen parte de la organización “Red de Mujeres Víctimas y Profesionales”. Las
mujeres entrevistadas viven en los territorios de Antioquia, Cauca, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Meta
y Bogotá D.C. Asimismo, el texto se fundamenta en algunos conceptos marxistas, así como la revisión
de la propuesta filosófica de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas (2019), que se reflejan
en la experiencia de las mujeres por medio de los resultados de las entrevistas semiestructuradas. Los
hallazgos de esta investigación dan cuenta que las mujeres que pertenecen a clases populares y
trabajadoras que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, son discriminadas por los
operadores de justicia, lo que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a la misma.
Palabras clave: acceso a justicia, vioencia sexual, injusticia epistémica, prejuicios de género y clase
1 Autor principal
Correspondencia: nayducreyes@gmail.com
pág. 6090
Social class and gender bias: obstacles to accessing justice for women from
working classes who were victims of sexual violence
ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the relationship between prejudices against victims of
sexual violence due to their status as women, bias related to their social class, and obstacles to accessing
justice. This research presents a descriptive and qualitative statistical analysis of 52 semi-structured
interviews conducted during the second half of 2020 with women who were victims of sexual violence
during the armed conflict in Colombia and who are members of the organization "Red de Mujeres
Víctimas y Profesionales" (Network of Women Victims and Professionals). The women interviewed
live in the territories of Antioquia, Cauca, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Meta, and Bogotá D.C. The
text is also based on some Marxist concepts, as well as a review of Miranda Fricker's philosophical
proposal on epistemic injustices (2019), which are reflected in the women's experience through the
results of the semi-structured interviews. The findings of this research show that women belonging to
the working and popular classes who were victims of sexual violence during the armed conflict are
discriminated against by justice officials, which inevitably hinders their right to access justice.
Keywords: access to justice, sexual violence, epistemic injustice, gender and class bias
Artículo recibido 10 marzo 2025
Aceptado para publicación: 13 abril 2025
Social class and gender bias: obstacles to accessing justice for women from
working classes who were victims of sexual violence
ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the relationship between prejudices against victims of
sexual violence due to their status as women, bias related to their social class, and obstacles to accessing
justice. This research presents a descriptive and qualitative statistical analysis of 52 semi-structured
interviews conducted during the second half of 2020 with women who were victims of sexual violence
during the armed conflict in Colombia and who are members of the organization "Red de Mujeres
Víctimas y Profesionales" (Network of Women Victims and Professionals). The women interviewed
live in the territories of Antioquia, Cauca, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Meta, and Bogotá D.C. The
text is also based on some Marxist concepts, as well as a review of Miranda Fricker's philosophical
proposal on epistemic injustices (2019), which are reflected in the women's experience through the
results of the semi-structured interviews. The findings of this research show that women belonging to
the working and popular classes who were victims of sexual violence during the armed conflict are
discriminated against by justice officials, which inevitably hinders their right to access justice.
Keywords: access to justice, sexual violence, epistemic injustice, gender and class bias
Artículo recibido 10 marzo 2025
Aceptado para publicación: 13 abril 2025
pág. 6091
INTRODUCCIÓN
El objeto de la investigación es dar cuenta cómo los prejuicios de clase y género en contra de las víctimas
de violencia sexual impiden que se satisfaga su derecho a la justicia a la hora de denunciar ante las
autoridades respectivas. Las mujeres que pertenecen a clases populares y trabajadoras que fueron
víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, son discriminadas por los operadores de justicia, lo
que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a la misma. Esto, como lo demuestran las
entrevistas y conversaciones con víctimas y expertas en este estudio, tiene que ver con los prejuicios y
la estigmatización no solo por ser mujeres, sino, además, por vivir en estratos 0, 1 y 2 y ser víctimas de
un delito que, al estar relacionado con la sexualización de sus cuerpos, sigue siendo ocultado por
vergüenza, miedo y temas relacionados con la moral cristiana y la secularización de las instituciones.
Para lograr el resultado de mi investigación, se establecen algunos conceptos marxistas, así como la
revisión de la propuesta filosófica de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas que se reflejan
en la experiencia de las mujeres por medio de los resultados de las entrevistas semiestructuradas. El
concepto de Injusticia epistémica que abordo en la investigación será entendido como el rechazo de los
testimonios de las víctimas de violencia sexual y el desconocimiento de sus capacidades como sujetos
de conocimiento, lo que genera agravios relacionados con su dignidad humana y trascienden en otras
esferas prácticas del ejercicio de sus derechos (2019). En este caso, la generalización de la representación
de los intereses de las mujeres que pertenecen a clases sociales subalternas que no corresponden con sus
necesidades particulares. En ese sentido, el punto de partida será el análisis de los prejuicios relacionados
con las identidades y condiciones de quienes tratan de trasmitir información sobre sus propias
experiencias a oyentes sesgados por sus propias creencias.
Frente al trabajo de campo, fue necesario superar retos metodológicos, teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria2 y las dificultades que tienen las mujeres para hablar del tema en su entorno doméstico. Muchas
mujeres en Colombia conviven con sus agresores, muestra de ello es que en Colombia cada día 71
mujeres en promedio denuncian violencia sexual. La mayoría de estos casos ocurren en el domicilio de
la víctima 77%, y en la mayoría de los casos el agresor fue un familiar, un conocido o la pareja (2018).
2 El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19. En esta resolución se tomaron las medidas nacionales para enfrentar esta situación de salud pública.
INTRODUCCIÓN
El objeto de la investigación es dar cuenta cómo los prejuicios de clase y género en contra de las víctimas
de violencia sexual impiden que se satisfaga su derecho a la justicia a la hora de denunciar ante las
autoridades respectivas. Las mujeres que pertenecen a clases populares y trabajadoras que fueron
víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, son discriminadas por los operadores de justicia, lo
que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a la misma. Esto, como lo demuestran las
entrevistas y conversaciones con víctimas y expertas en este estudio, tiene que ver con los prejuicios y
la estigmatización no solo por ser mujeres, sino, además, por vivir en estratos 0, 1 y 2 y ser víctimas de
un delito que, al estar relacionado con la sexualización de sus cuerpos, sigue siendo ocultado por
vergüenza, miedo y temas relacionados con la moral cristiana y la secularización de las instituciones.
Para lograr el resultado de mi investigación, se establecen algunos conceptos marxistas, así como la
revisión de la propuesta filosófica de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas que se reflejan
en la experiencia de las mujeres por medio de los resultados de las entrevistas semiestructuradas. El
concepto de Injusticia epistémica que abordo en la investigación será entendido como el rechazo de los
testimonios de las víctimas de violencia sexual y el desconocimiento de sus capacidades como sujetos
de conocimiento, lo que genera agravios relacionados con su dignidad humana y trascienden en otras
esferas prácticas del ejercicio de sus derechos (2019). En este caso, la generalización de la representación
de los intereses de las mujeres que pertenecen a clases sociales subalternas que no corresponden con sus
necesidades particulares. En ese sentido, el punto de partida será el análisis de los prejuicios relacionados
con las identidades y condiciones de quienes tratan de trasmitir información sobre sus propias
experiencias a oyentes sesgados por sus propias creencias.
Frente al trabajo de campo, fue necesario superar retos metodológicos, teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria2 y las dificultades que tienen las mujeres para hablar del tema en su entorno doméstico. Muchas
mujeres en Colombia conviven con sus agresores, muestra de ello es que en Colombia cada día 71
mujeres en promedio denuncian violencia sexual. La mayoría de estos casos ocurren en el domicilio de
la víctima 77%, y en la mayoría de los casos el agresor fue un familiar, un conocido o la pareja (2018).
2 El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19. En esta resolución se tomaron las medidas nacionales para enfrentar esta situación de salud pública.
pág. 6092
Esto, sumado a la reserva que tienen muchas mujeres frente a sus casos con su núcleo familiar, hicieron
de esta investigación un desafío. No obstante, cumplir el objetivo de escucharlas, recoger sus propuestas
y evitar situaciones que las pusieran en riesgo, fue posible gracias al apoyo de las coordinadoras de la
Red en cada región, que hablaron con ellas previamente y propiciaron los espacios seguros de diálogo.
La metodología de investigación se desarrolló a partir del trabajo que hice por más de 7 años como parte
de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la paz en mi rol de profesional y luego,
de fiscal especializada. Esto me permitió construir relaciones de confianza con las víctimas de diferentes
delitos cometidos en el marco del conflicto armado, entre ellos, la violencia sexual. Esto no se ha
limitado a una esfera laboral, sino que ha trasciende a otras esferas de mi vida como la académica.
El eje central de este trabajo son las voces y propuestas de las víctimas ya que, además de hacer un
análisis de sus experiencias, se incide en la transformación de prácticas institucionales. Así, se contrastan
sus propuestas, experiencias y relatos con teorías afines, con el fin de demostrar las dificultades
sistemáticas y estructurales que han tenido que enfrentar en las instituciones formales de justicia. De
esta forma, busco visibilizar sus experiencias y problematizar las conductas de las y los operadores de
justicia para evitar que funcionarios y funcionarias incurran en conductas de discriminación y rechazo.
METODOLOGÍA
Mi investigación tiene como punto de partida el análisis de dos categorías: la clase y la lucha de las
mujeres en esa estructura de poder social. Para desarrollar mi propuesta metodológica llevé a cabo
entrevistas semiestructuradas que me permitieron recabar información acerca de las experiencias -al
intentar acudir a autoridades judiciales- de 52 mujeres víctimas de violencia sexual de estratos 0, 1 y 2
de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. El proceso de recolección de información no fue
funcional, es decir, no tuvo como fin único recolectar información útil para la investigación, sino que
acogió como paradigma el diálogo y la construcción de canales de confianza que permitieran dar
continuidad a propuestas para evitar situaciones discriminatorias en el nuevo modelo de Justicia
Transicional en Colombia.
La presentación de los resultados de las entrevistas incluye un análisis cualitativo de los relatos y
experiencias de las mujeres en el que se aborda la relación entre pertenecer a determinada clase social,
ser mujer y ser víctima de violencia sexual, como elemento determinante al momento de encontrar
Esto, sumado a la reserva que tienen muchas mujeres frente a sus casos con su núcleo familiar, hicieron
de esta investigación un desafío. No obstante, cumplir el objetivo de escucharlas, recoger sus propuestas
y evitar situaciones que las pusieran en riesgo, fue posible gracias al apoyo de las coordinadoras de la
Red en cada región, que hablaron con ellas previamente y propiciaron los espacios seguros de diálogo.
La metodología de investigación se desarrolló a partir del trabajo que hice por más de 7 años como parte
de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la paz en mi rol de profesional y luego,
de fiscal especializada. Esto me permitió construir relaciones de confianza con las víctimas de diferentes
delitos cometidos en el marco del conflicto armado, entre ellos, la violencia sexual. Esto no se ha
limitado a una esfera laboral, sino que ha trasciende a otras esferas de mi vida como la académica.
El eje central de este trabajo son las voces y propuestas de las víctimas ya que, además de hacer un
análisis de sus experiencias, se incide en la transformación de prácticas institucionales. Así, se contrastan
sus propuestas, experiencias y relatos con teorías afines, con el fin de demostrar las dificultades
sistemáticas y estructurales que han tenido que enfrentar en las instituciones formales de justicia. De
esta forma, busco visibilizar sus experiencias y problematizar las conductas de las y los operadores de
justicia para evitar que funcionarios y funcionarias incurran en conductas de discriminación y rechazo.
METODOLOGÍA
Mi investigación tiene como punto de partida el análisis de dos categorías: la clase y la lucha de las
mujeres en esa estructura de poder social. Para desarrollar mi propuesta metodológica llevé a cabo
entrevistas semiestructuradas que me permitieron recabar información acerca de las experiencias -al
intentar acudir a autoridades judiciales- de 52 mujeres víctimas de violencia sexual de estratos 0, 1 y 2
de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. El proceso de recolección de información no fue
funcional, es decir, no tuvo como fin único recolectar información útil para la investigación, sino que
acogió como paradigma el diálogo y la construcción de canales de confianza que permitieran dar
continuidad a propuestas para evitar situaciones discriminatorias en el nuevo modelo de Justicia
Transicional en Colombia.
La presentación de los resultados de las entrevistas incluye un análisis cualitativo de los relatos y
experiencias de las mujeres en el que se aborda la relación entre pertenecer a determinada clase social,
ser mujer y ser víctima de violencia sexual, como elemento determinante al momento de encontrar
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barreras en el acceso a la justicia. Con base en este análisis formulo acciones concretas dirigidas a la
transformación de las realidades de las mujeres víctimas de violencia sexual que pretenden acceder a la
justicia. Estos aportes parten del reconocimiento de fenómenos sociales en los que operan prejuicios
identitarios basados en la asociación de atributos inversamente relacionados con la competencia, la
sinceridad (o ambos). Tales asociaciones se efectúan frente a grupos históricamente discriminados como
las mujeres, las personas indígenas, las personas negras, la clase trabajadora o las personas con
orientación sexual o identidad de género diversa (Fricker, Injusticia Epistémica 2017).
Della Porta et. al (2013) dan pistas importantes acerca de los enfoques epistemológicos y metodológicos
que se deben tener en cuenta para hacer una investigación como la propuesta. Aunque no hay una única
fórmula, los autores dan cuenta de algunos componentes que confluyen en este tipo de investigación: (i)
la base ontológica, determinada por la existencia de una realidad objetiva; (ii) la base epistemológica,
referente a la posibilidad de acceder a esa realidad a través del conocimiento y (iii) la base metodológica,
que tiene que ver con las herramientas técnicas que permiten tener acceso a dicho conocimiento. La base
metodológica, se divide entre quienes prefieren instrumentos cuantitativos y quienes se sienten más
cómodos haciendo estudios cualitativos (2013, 33).
No obstante, las metodologías de la investigación cuantitativas y cualitativas no son excluyentes. Della
Porta et. al arguyen que combinarlas puede aumentar la fiabilidad de un estudio y dar mayor coherencia
a los resultados y conclusiones obtenidas: “La credibilidad de la narración de los resultados se verá
considerablemente reafirmada si se insertan pruebas cuantitativas sobre asociaciones concretas en el
relato básico de investigación” (2013, 490).
Con base en este tipo de aproximación, mi investigación combina elementos cuantitativos y elementos
cualitativos en el análisis de los resultados de las entrevistas. La información recolectada para mi
investigación tiene propiedades no cuantificables como las perspectivas y percepciones de las mujeres,
las formas de interpretar sus propias realidades, los contextos específicos en los que viven situaciones
de exclusión y los comportamientos de personas que ejercen funciones judiciales. En segunda instancia,
contar con 50 testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
con identidades y condiciones similares, permite identificar variables para un análisis de elementos
representativos.
barreras en el acceso a la justicia. Con base en este análisis formulo acciones concretas dirigidas a la
transformación de las realidades de las mujeres víctimas de violencia sexual que pretenden acceder a la
justicia. Estos aportes parten del reconocimiento de fenómenos sociales en los que operan prejuicios
identitarios basados en la asociación de atributos inversamente relacionados con la competencia, la
sinceridad (o ambos). Tales asociaciones se efectúan frente a grupos históricamente discriminados como
las mujeres, las personas indígenas, las personas negras, la clase trabajadora o las personas con
orientación sexual o identidad de género diversa (Fricker, Injusticia Epistémica 2017).
Della Porta et. al (2013) dan pistas importantes acerca de los enfoques epistemológicos y metodológicos
que se deben tener en cuenta para hacer una investigación como la propuesta. Aunque no hay una única
fórmula, los autores dan cuenta de algunos componentes que confluyen en este tipo de investigación: (i)
la base ontológica, determinada por la existencia de una realidad objetiva; (ii) la base epistemológica,
referente a la posibilidad de acceder a esa realidad a través del conocimiento y (iii) la base metodológica,
que tiene que ver con las herramientas técnicas que permiten tener acceso a dicho conocimiento. La base
metodológica, se divide entre quienes prefieren instrumentos cuantitativos y quienes se sienten más
cómodos haciendo estudios cualitativos (2013, 33).
No obstante, las metodologías de la investigación cuantitativas y cualitativas no son excluyentes. Della
Porta et. al arguyen que combinarlas puede aumentar la fiabilidad de un estudio y dar mayor coherencia
a los resultados y conclusiones obtenidas: “La credibilidad de la narración de los resultados se verá
considerablemente reafirmada si se insertan pruebas cuantitativas sobre asociaciones concretas en el
relato básico de investigación” (2013, 490).
Con base en este tipo de aproximación, mi investigación combina elementos cuantitativos y elementos
cualitativos en el análisis de los resultados de las entrevistas. La información recolectada para mi
investigación tiene propiedades no cuantificables como las perspectivas y percepciones de las mujeres,
las formas de interpretar sus propias realidades, los contextos específicos en los que viven situaciones
de exclusión y los comportamientos de personas que ejercen funciones judiciales. En segunda instancia,
contar con 50 testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
con identidades y condiciones similares, permite identificar variables para un análisis de elementos
representativos.
pág. 6094
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de mi investigación tienen coherencia con diversas fuentes teóricas que se reflejaran a lo
largo de este acápite. La mayoría de las mujeres que compartieron sus experiencias en este estudio, creen
que los hombres tienen privilegios que ellas no comparten. Estos beneficios se relacionan con las
desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Además, sus condiciones socioeconómicas han
exacerbado dichas cargas ya que han experimentado rechazo a través de actos implícitos y explícitos
por parte de quienes recibieron sus denuncias.
Asimismo, los resultados arrojan que la clase social influye en las oportunidades y valoraciones sociales,
que, en este caso se traducen en la subvaloración de derechos y maltrato institucional. Como se esbozará
mejor en el marco teórico, la clase social es directamente proporcional a la calidad de vida, teniendo en
cuenta que, como lo explica Rosa de Luxemburgo (2007) la sociedad se organiza de tal forma que se
satisfagan las necesidades de las clases dominantes. Ella y otros autores dan pistas ácronas de la forma
como se manifiesta el poder a partir de identidades y condiciones específicas de las personas.
Por otro lado, este análisis da cuenta de la relación que existe entre la filosofía de Fricker (2017) sobre
injusticias epistémicas basadas en prejuicios identitarios negativos y la percepción de las mujeres
entrevistadas. En este caso, la base teórica coincide con las experiencias vitales negativas de aquellas
mujeres que manifestaron sentirse “humilladas”, “maltratadas” y “discriminadas” por el lugar que se
les da en la escala social.
Análisis estadístico descriptivo
Frente a la pertenencia étnica el 40.4% de las víctimas entrevistadas no tienen ninguna pertenencia
étnica; el 33.7% son de extracción campesina y el 26,9% pertenece a pueblos afrocolombianos. Es decir,
21 mujeres no se identificaron con ninguna de las variables, mientras que 31 de ellas sí lo hicieron.
Ahora bien, 17 de las 31mujeres se identificaron como campesinas, mientras que 14 de ellas como
afrocolombianas. Estos resultados tienen relación con los territorios en los que se ubican las mujeres
entrevistadas: Antioquia, Cauca, Cesar, Bolívar, Cundinamarca, Meta y Bogotá D.C. La mayoría de
ellas se encontraban en zonas rurales o barrios de invasión, que son las zonas donde se vivió de forma
más aguda el conflicto armado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de mi investigación tienen coherencia con diversas fuentes teóricas que se reflejaran a lo
largo de este acápite. La mayoría de las mujeres que compartieron sus experiencias en este estudio, creen
que los hombres tienen privilegios que ellas no comparten. Estos beneficios se relacionan con las
desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Además, sus condiciones socioeconómicas han
exacerbado dichas cargas ya que han experimentado rechazo a través de actos implícitos y explícitos
por parte de quienes recibieron sus denuncias.
Asimismo, los resultados arrojan que la clase social influye en las oportunidades y valoraciones sociales,
que, en este caso se traducen en la subvaloración de derechos y maltrato institucional. Como se esbozará
mejor en el marco teórico, la clase social es directamente proporcional a la calidad de vida, teniendo en
cuenta que, como lo explica Rosa de Luxemburgo (2007) la sociedad se organiza de tal forma que se
satisfagan las necesidades de las clases dominantes. Ella y otros autores dan pistas ácronas de la forma
como se manifiesta el poder a partir de identidades y condiciones específicas de las personas.
Por otro lado, este análisis da cuenta de la relación que existe entre la filosofía de Fricker (2017) sobre
injusticias epistémicas basadas en prejuicios identitarios negativos y la percepción de las mujeres
entrevistadas. En este caso, la base teórica coincide con las experiencias vitales negativas de aquellas
mujeres que manifestaron sentirse “humilladas”, “maltratadas” y “discriminadas” por el lugar que se
les da en la escala social.
Análisis estadístico descriptivo
Frente a la pertenencia étnica el 40.4% de las víctimas entrevistadas no tienen ninguna pertenencia
étnica; el 33.7% son de extracción campesina y el 26,9% pertenece a pueblos afrocolombianos. Es decir,
21 mujeres no se identificaron con ninguna de las variables, mientras que 31 de ellas sí lo hicieron.
Ahora bien, 17 de las 31mujeres se identificaron como campesinas, mientras que 14 de ellas como
afrocolombianas. Estos resultados tienen relación con los territorios en los que se ubican las mujeres
entrevistadas: Antioquia, Cauca, Cesar, Bolívar, Cundinamarca, Meta y Bogotá D.C. La mayoría de
ellas se encontraban en zonas rurales o barrios de invasión, que son las zonas donde se vivió de forma
más aguda el conflicto armado.
pág. 6095
Como lo explica González (2014), los principales territorios de enfrentamiento entre grupos armados
son los rurales. Además, tienen los mayores índices de pobreza, economías ilícitas y falta de presencia
estatal. Es allí donde se ubican las mujeres de la Red entrevistadas, o en zonas urbanas periféricas.
Aunque esta no es una de las preguntas centrales del desarrollo de esta investigación, vale la pena resaltar
dos testimonios que demuestran que las mujeres, además de ser discriminadas por serlo y por pertenecer
a clases sociales desfavorecidas, son rechazadas por operadores de justicia en virtud de su pertenencia
étnica o identidad campesina. Ante la pregunta de si se habían sentido discriminadas por su forma de
hablar o vestir ellas respondieron:
“Sí, más que todo en la forma de hablar. Yo me he dado de cuenta que he sido discriminada porque
cuando yo empecé a mandar los documentos a la fiscalía, las declaraciones, pues yo nací en el campo,
yo soy campesina, yo el único estudio que tuve fue el bachiller, yo no soy una mujer preparada. La
misma Fiscalía de Agustín Codazzi me rechazó la ortografía, no me quisieron colaborar con los
documentos. Me he sentido rechazada por los funcionarios”.
“pues me he sentido discriminada por ser negra, porque cuando denuncié iba con mis tacones y mi
falda y me miraban como si no mereciera nada”.
Pertenencia étnica
Sobre las vulnerabilidades se determinó que el 80.8% de las mujeres entrevistadas no relaciona ninguna
discapacidad; mientras que el 19.2% tienen alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva. La
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU (2007) fue aprobada en
Colombia mediante la ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la
Sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. Allí se reconoce que, las mujeres y las niñas con discapacidad
Como lo explica González (2014), los principales territorios de enfrentamiento entre grupos armados
son los rurales. Además, tienen los mayores índices de pobreza, economías ilícitas y falta de presencia
estatal. Es allí donde se ubican las mujeres de la Red entrevistadas, o en zonas urbanas periféricas.
Aunque esta no es una de las preguntas centrales del desarrollo de esta investigación, vale la pena resaltar
dos testimonios que demuestran que las mujeres, además de ser discriminadas por serlo y por pertenecer
a clases sociales desfavorecidas, son rechazadas por operadores de justicia en virtud de su pertenencia
étnica o identidad campesina. Ante la pregunta de si se habían sentido discriminadas por su forma de
hablar o vestir ellas respondieron:
“Sí, más que todo en la forma de hablar. Yo me he dado de cuenta que he sido discriminada porque
cuando yo empecé a mandar los documentos a la fiscalía, las declaraciones, pues yo nací en el campo,
yo soy campesina, yo el único estudio que tuve fue el bachiller, yo no soy una mujer preparada. La
misma Fiscalía de Agustín Codazzi me rechazó la ortografía, no me quisieron colaborar con los
documentos. Me he sentido rechazada por los funcionarios”.
“pues me he sentido discriminada por ser negra, porque cuando denuncié iba con mis tacones y mi
falda y me miraban como si no mereciera nada”.
Pertenencia étnica
Sobre las vulnerabilidades se determinó que el 80.8% de las mujeres entrevistadas no relaciona ninguna
discapacidad; mientras que el 19.2% tienen alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva. La
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU (2007) fue aprobada en
Colombia mediante la ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la
Sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. Allí se reconoce que, las mujeres y las niñas con discapacidad
pág. 6096
están expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de ser víctimas de violencias, lesiones o
abuso, abandono, malos tratos o explotación.
Frente a esta gráfica, es importante destacar la posibilidad de subregistro, pues muchas mujeres víctimas
de violencia sexual no relacionan consecuencias como la incontinencia urinaria, las fístulas3 y las
mutilaciones genitales como condiciones discapacitantes. Prueba de ello es el trabajo que realiza el
Hospital Panzi en la República Democrática del Congo en cabeza del Dr. Mukwege:
“Panzi Hospital is a 334-bed hospital in Bukavu, South Kivu Province that provides general services
including OB/GYN, pediatrics, internal medicine, surgery, dentistry and nutrition. The hospital is
equipped with radiology services (including ultrasonography), general laboratory services, and an
endoscopy unit. Although offering a variety of services, the majority of patients at Panzi Hospital are
rape survivors being cared for under the hospital’s Victims of Sexual Violence Program. The Victims of
Sexual Violence Program provides rape survivors with free medical treatment and free psychological
and spiritual care in addition to socio-economic assistance”.
Discapacidad
Asimismo, es importante resaltar que, del total de entrevistas sistematizadas al momento, la mayoría de
las mujeres pertenecen al estrato 1 que corresponde al 50%, seguido por la pertenencia al estrato 2 con
un 29%; de igual manera, el 9% de las mujeres pertenecen al estrato 0; 8% al estrato 0 y 4% que
relacionaron vivir en zonas rurales. No obstante, es importante aclarar que la mayoría de las mujeres
3 En el 2019, el Dr. Denis Mukwege visitó Colombia. Tuve la fortuna de hacer parte del equipo que organizó, preparó y
acompañó su visita. Él es el premio Nobel de Paz 2018, es un médico ginecólogo cirujano d ela república democrática del
Congo que se encarga de operar y reconstruir los cuerpos de las mujeres que fueron violadas en el marco del conflicto armado
de su país. A pesar de que cientos de mujeres enfrentan este padecimiento en su salud por causa de la violación, en la mayoría
de las fuentes (incluyendo la OMS) Las fístulas son definidas así: “a severe medical condition in which a fistula (hole) develops
between either the rectum and vagina or between the bladder and vagina after severe or failed childbirth (Solbjørg 2009)”.
están expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de ser víctimas de violencias, lesiones o
abuso, abandono, malos tratos o explotación.
Frente a esta gráfica, es importante destacar la posibilidad de subregistro, pues muchas mujeres víctimas
de violencia sexual no relacionan consecuencias como la incontinencia urinaria, las fístulas3 y las
mutilaciones genitales como condiciones discapacitantes. Prueba de ello es el trabajo que realiza el
Hospital Panzi en la República Democrática del Congo en cabeza del Dr. Mukwege:
“Panzi Hospital is a 334-bed hospital in Bukavu, South Kivu Province that provides general services
including OB/GYN, pediatrics, internal medicine, surgery, dentistry and nutrition. The hospital is
equipped with radiology services (including ultrasonography), general laboratory services, and an
endoscopy unit. Although offering a variety of services, the majority of patients at Panzi Hospital are
rape survivors being cared for under the hospital’s Victims of Sexual Violence Program. The Victims of
Sexual Violence Program provides rape survivors with free medical treatment and free psychological
and spiritual care in addition to socio-economic assistance”.
Discapacidad
Asimismo, es importante resaltar que, del total de entrevistas sistematizadas al momento, la mayoría de
las mujeres pertenecen al estrato 1 que corresponde al 50%, seguido por la pertenencia al estrato 2 con
un 29%; de igual manera, el 9% de las mujeres pertenecen al estrato 0; 8% al estrato 0 y 4% que
relacionaron vivir en zonas rurales. No obstante, es importante aclarar que la mayoría de las mujeres
3 En el 2019, el Dr. Denis Mukwege visitó Colombia. Tuve la fortuna de hacer parte del equipo que organizó, preparó y
acompañó su visita. Él es el premio Nobel de Paz 2018, es un médico ginecólogo cirujano d ela república democrática del
Congo que se encarga de operar y reconstruir los cuerpos de las mujeres que fueron violadas en el marco del conflicto armado
de su país. A pesar de que cientos de mujeres enfrentan este padecimiento en su salud por causa de la violación, en la mayoría
de las fuentes (incluyendo la OMS) Las fístulas son definidas así: “a severe medical condition in which a fistula (hole) develops
between either the rectum and vagina or between the bladder and vagina after severe or failed childbirth (Solbjørg 2009)”.
pág. 6097
que relacionaron vivir en estrato 0, tienen condiciones de vida rural. Como lo explica un estudio de la
CEPAL la estratificación social es un indicador de desigualdad socioeconómica en sociedades
Latinoamericanas. La CEPAL asegura que:
“Este tipo de desigualdad, que se percibe de manera creciente como injusta, desemboca en una mayor
estratificación social, segregación residencial y conflicto, así como en la pérdida de confianza del
Estado (Trucco y Ullman, 2015). A su vez, las desigualdades en múltiples dimensiones, tales como el
nivel socioeconómico, el género, la etnia y la raza, el ciclo de vida y el territorio se encadenan, se
entrecruzan y se potencian entre sí”.
Esto también se refleja en la entrevista a la señora D. quien menciona lo siguiente:
“Yo vivo en un barrio periferia porque vivimos lejos del entorno social. Me he sentido discriminada.
Aquí en el barrio en el que yo vivo es un barrio subnormal las autoridades nos dicen que deberíamos
dar gracias de que nos pavimentaran, que porque ni teníamos derecho. Acá no hay agua potable, no
hay alcantarillado ni servicio de luz.”
Estrato social de la vivienda
La mayoría de las mujeres, con un total de 98.1% relacionaron haber denunciado ante alguna autoridad
judicial los delitos cometidos en su contra en el conflicto armado, en contraste con un 1.9% que
manifiestan no haber puesto sus casos en conocimiento de alguna autoridad judicial. Sin embargo, como
lo mencioné con anterioridad, un informe de la CPI da cuenta de los altos niveles de impunidad frente a
este delito, los cuales superan el 95% de los casos denunciados. Por ejemplo, testimonios como el de la
señora I. dan cuenta de esto:
que relacionaron vivir en estrato 0, tienen condiciones de vida rural. Como lo explica un estudio de la
CEPAL la estratificación social es un indicador de desigualdad socioeconómica en sociedades
Latinoamericanas. La CEPAL asegura que:
“Este tipo de desigualdad, que se percibe de manera creciente como injusta, desemboca en una mayor
estratificación social, segregación residencial y conflicto, así como en la pérdida de confianza del
Estado (Trucco y Ullman, 2015). A su vez, las desigualdades en múltiples dimensiones, tales como el
nivel socioeconómico, el género, la etnia y la raza, el ciclo de vida y el territorio se encadenan, se
entrecruzan y se potencian entre sí”.
Esto también se refleja en la entrevista a la señora D. quien menciona lo siguiente:
“Yo vivo en un barrio periferia porque vivimos lejos del entorno social. Me he sentido discriminada.
Aquí en el barrio en el que yo vivo es un barrio subnormal las autoridades nos dicen que deberíamos
dar gracias de que nos pavimentaran, que porque ni teníamos derecho. Acá no hay agua potable, no
hay alcantarillado ni servicio de luz.”
Estrato social de la vivienda
La mayoría de las mujeres, con un total de 98.1% relacionaron haber denunciado ante alguna autoridad
judicial los delitos cometidos en su contra en el conflicto armado, en contraste con un 1.9% que
manifiestan no haber puesto sus casos en conocimiento de alguna autoridad judicial. Sin embargo, como
lo mencioné con anterioridad, un informe de la CPI da cuenta de los altos niveles de impunidad frente a
este delito, los cuales superan el 95% de los casos denunciados. Por ejemplo, testimonios como el de la
señora I. dan cuenta de esto:
pág. 6098
“Por lo de mis hijos denuncie en la Fiscalía. Mi hijo murió en 1993. Yo denuncié y cuando yo iba como
a meter los papeles en la Unidad de Victimas, cuando fui a buscar la denuncia que yo había hecho, o
sea que me avalaran el certificado para poderlo meter como víctimas del conflicto, que me lo repararan,
no conseguía la denuncia que yo había hecho ahí, nadie pago nada, o sea, la muerte de mi hijo quedó
impune”.
Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas denunciaron sus casos, ninguna ha sido reparada, en
ninguno se ha dictado sentencia condenatoria y todos se encuentran en la impunidad. Incluso, a veces
las denuncias se pierden, se archivan sin notificarles a las víctimas o los expedientes desaparecen sin
razón aparente. Una de las entrevistas que sustenta lo anterior es la de E, ella compartió la siguiente
experiencia:
“La denuncia no se conseguía en ninguna parte. Entonces yo como madre insistente, entré a los
archivos, pedí permiso y entré a los archivos, no me querían avalar que estaba muerto, duré tres años
detrás de la certificación de muerte y nunca me la dieron, tres años metiendo derechos de peticiones,
yo llegué a Medicina Legal a pedir información, Medicina Legal me decía que ellos le daban era a las
autoridades competentes información, a mí no me podía dar información y la fiscal ya no mandaba a
buscar las pruebas en Medicina Legal para certificarme”.
¿Ha denunciado ante alguna autoridad judicial delitos cometidos contra usted en el conflicto
armado?
Sobre las denuncias, es importante mencionar que la mayoría de las mujeres perciben su experiencia
como mala. Esto, con un total de 64% que corresponde a 33 mujeres. Por otra parte, el 23% de las
mujeres, perciben la atención como regular y el 13% mencionaron que fue buena.
“Por lo de mis hijos denuncie en la Fiscalía. Mi hijo murió en 1993. Yo denuncié y cuando yo iba como
a meter los papeles en la Unidad de Victimas, cuando fui a buscar la denuncia que yo había hecho, o
sea que me avalaran el certificado para poderlo meter como víctimas del conflicto, que me lo repararan,
no conseguía la denuncia que yo había hecho ahí, nadie pago nada, o sea, la muerte de mi hijo quedó
impune”.
Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas denunciaron sus casos, ninguna ha sido reparada, en
ninguno se ha dictado sentencia condenatoria y todos se encuentran en la impunidad. Incluso, a veces
las denuncias se pierden, se archivan sin notificarles a las víctimas o los expedientes desaparecen sin
razón aparente. Una de las entrevistas que sustenta lo anterior es la de E, ella compartió la siguiente
experiencia:
“La denuncia no se conseguía en ninguna parte. Entonces yo como madre insistente, entré a los
archivos, pedí permiso y entré a los archivos, no me querían avalar que estaba muerto, duré tres años
detrás de la certificación de muerte y nunca me la dieron, tres años metiendo derechos de peticiones,
yo llegué a Medicina Legal a pedir información, Medicina Legal me decía que ellos le daban era a las
autoridades competentes información, a mí no me podía dar información y la fiscal ya no mandaba a
buscar las pruebas en Medicina Legal para certificarme”.
¿Ha denunciado ante alguna autoridad judicial delitos cometidos contra usted en el conflicto
armado?
Sobre las denuncias, es importante mencionar que la mayoría de las mujeres perciben su experiencia
como mala. Esto, con un total de 64% que corresponde a 33 mujeres. Por otra parte, el 23% de las
mujeres, perciben la atención como regular y el 13% mencionaron que fue buena.
pág. 6099
Valoración de la experiencia
Uno de los principales retos a los que se han enfrentado las mujeres de la Red de Mujeres Víctimas y
Profesionales entrevistadas según la muestra analizada es el de miedo y la falta de confianza en el
Estado. Este reto fue identificado por 43 de las 52 mujeres entrevistadas. Igualmente, una de las
situaciones que representa uno de los mayores obstáculos para acceder a la justicia, con un total de 40
mujeres, es el del maltrato por parte de funcionarios y funcionarias. Seguido está el exceso de trámites
y la dificultad en los procedimientos y después está la corrupción.
Retos identificados para acceder a la justicia
Ahora bien, en la siguiente gráfica se refleja que la mayoría de las mujeres entrevistadas creen que el
trato en las instituciones de justicia es diferente si se es hombre o si se es mujer. El 65.4% de las mujeres
piensa que el trato no es el mismo; mientras que el 34.6% piensan que sí. Es de aclarar, que algunas de
las mujeres que dijeron que era igual, no mencionaron cosas positivas, sino que, como se menciona en
esta entrevista anónima dijeron lo siguiente: “Como víctimas nos tratan igual. A todos nos tienen
abandonados, a hombres y mujeres nos discriminan igual”.
De manera coherente con la percepción generalizada de esta muestra representativa de mujeres, la
Comisión Interamericana de derechos humanos (2007) ha identificado patrones y comportamientos
Valoración de la experiencia
Uno de los principales retos a los que se han enfrentado las mujeres de la Red de Mujeres Víctimas y
Profesionales entrevistadas según la muestra analizada es el de miedo y la falta de confianza en el
Estado. Este reto fue identificado por 43 de las 52 mujeres entrevistadas. Igualmente, una de las
situaciones que representa uno de los mayores obstáculos para acceder a la justicia, con un total de 40
mujeres, es el del maltrato por parte de funcionarios y funcionarias. Seguido está el exceso de trámites
y la dificultad en los procedimientos y después está la corrupción.
Retos identificados para acceder a la justicia
Ahora bien, en la siguiente gráfica se refleja que la mayoría de las mujeres entrevistadas creen que el
trato en las instituciones de justicia es diferente si se es hombre o si se es mujer. El 65.4% de las mujeres
piensa que el trato no es el mismo; mientras que el 34.6% piensan que sí. Es de aclarar, que algunas de
las mujeres que dijeron que era igual, no mencionaron cosas positivas, sino que, como se menciona en
esta entrevista anónima dijeron lo siguiente: “Como víctimas nos tratan igual. A todos nos tienen
abandonados, a hombres y mujeres nos discriminan igual”.
De manera coherente con la percepción generalizada de esta muestra representativa de mujeres, la
Comisión Interamericana de derechos humanos (2007) ha identificado patrones y comportamientos
pág. 6100
socioculturales que causan rechazo y discriminación contra las mujeres. Estos actos se reflejan en la
respuesta de funcionarios y funcionarias ante las denuncias de violencia contra las mujeres.
¿Cree que el trato en las instituciones de justicia y a la hora de denunciar es el mismo para
hombres que para mujeres?
Frente a impactos discursivos como la forma de vestir o hablar el 50% de las mujeres se han sentido
discriminadas; por otro lado, 50% de ellas mencionó no sentirse rechazada por estas razones. Autores
como Mallon (2016) definen la amenaza de estereotipo, como el riesgo de que las actitudes de los sujetos
sean interpretadas como confirmaciones de estereotipos propios de los grupos a los que pertenecen.
Entonces, esta amenaza hace que se asocie el desarrollo de tareas de ciertos grupos a un desempeño
negativo, incluso antes de llevar adelante dicha labor. Adicionalmente, el autor menciona las identidades
de género, raza, etnicidad y estatus socioeconómico, como detonantes de este tipo de amenaza, que
puede llevar a situaciones de desigualdad.
Muestra de los obstáculos basados en la apariencia o la forma de hablar es el siguiente testimonio de la
señora D:
“Actualmente me siento discriminada porque yo soy de la mesa de víctimas del municipio y la JEP
mandó a pedir de cada municipio donde estén los PDET a dos miembros para una reunión. Entonces
salimos dos mujeres y nos dijeron que tenía que ser un hombre y una mujer y me dijeron que a mí no
me iban a dejar porque no tengo mi dentadura completa. El enlace de las víctimas de aquí del municipio
de Agustín Codazzi me dijo eso. Si yo no tengo la dentadura es porque tengo cáncer y no aguanto dos
procesos, primero tengo que salir de la quimio”.
socioculturales que causan rechazo y discriminación contra las mujeres. Estos actos se reflejan en la
respuesta de funcionarios y funcionarias ante las denuncias de violencia contra las mujeres.
¿Cree que el trato en las instituciones de justicia y a la hora de denunciar es el mismo para
hombres que para mujeres?
Frente a impactos discursivos como la forma de vestir o hablar el 50% de las mujeres se han sentido
discriminadas; por otro lado, 50% de ellas mencionó no sentirse rechazada por estas razones. Autores
como Mallon (2016) definen la amenaza de estereotipo, como el riesgo de que las actitudes de los sujetos
sean interpretadas como confirmaciones de estereotipos propios de los grupos a los que pertenecen.
Entonces, esta amenaza hace que se asocie el desarrollo de tareas de ciertos grupos a un desempeño
negativo, incluso antes de llevar adelante dicha labor. Adicionalmente, el autor menciona las identidades
de género, raza, etnicidad y estatus socioeconómico, como detonantes de este tipo de amenaza, que
puede llevar a situaciones de desigualdad.
Muestra de los obstáculos basados en la apariencia o la forma de hablar es el siguiente testimonio de la
señora D:
“Actualmente me siento discriminada porque yo soy de la mesa de víctimas del municipio y la JEP
mandó a pedir de cada municipio donde estén los PDET a dos miembros para una reunión. Entonces
salimos dos mujeres y nos dijeron que tenía que ser un hombre y una mujer y me dijeron que a mí no
me iban a dejar porque no tengo mi dentadura completa. El enlace de las víctimas de aquí del municipio
de Agustín Codazzi me dijo eso. Si yo no tengo la dentadura es porque tengo cáncer y no aguanto dos
procesos, primero tengo que salir de la quimio”.
pág. 6101
¿Se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia por su forma de vestir
o hablar?
Frente al rechazo institucional relacionado con prejuicios de clase las percepciones de la mayoría de las
víctimas es que han sido discriminadas por funcionarios o funcionarias luego de dar información sobre
su oficio, estrato e ingresos económicos. El 40.4% de ellas no lo ha sentido igual. Como menciona
Insulza (2013) uno de los factores que más influye en la desigualdad social es la pobreza y no solo por
la falta de ingresos económicos de las personas, sino, además, por la falta de recursos que tienen para
acceder a conocimiento que resulte útil para el ejercicio de sus derechos.
A. E, entonces coordinadora nacional de la Red, hizo alusión a temas que resultan útiles para analizar
esta gráfica. Ella mencionó lo siguiente:
“La desigualdad y la pobreza tienen que ver con los riesgos que tenemos las mujeres de ser víctimas de
violencia sexual, también con el trato indigno que nos dan algunos funcionarios, siempre nos ven a las
mujeres populares y a las mujeres de los estratos más bajos como la carnada más fácil, nuestro estatus
social es diferente, con nosotras todo es merecido, todo nos lo ganamos nosotras cuando no es así.
Siempre se ha creído que a las mujeres populares nos violan porque nos lo buscamos”.
La señora C. por su parte, menciona lo siguiente:
“Debería haber una cláusula que diga que donde se llegue a tener una queja de un funcionario que no
da el trato merecido a las personas por ser víctimas, o por ser pobre o por ir mal vestidas. Porque es
que, si a veces uno va mal vestido, no es porque yo me quiera ir mal vestida es porque no tengo la
comodidad de andar todos los días estrenando y entaconada. Ahora otra cosa el taconcito para las
¿Se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia por su forma de vestir
o hablar?
Frente al rechazo institucional relacionado con prejuicios de clase las percepciones de la mayoría de las
víctimas es que han sido discriminadas por funcionarios o funcionarias luego de dar información sobre
su oficio, estrato e ingresos económicos. El 40.4% de ellas no lo ha sentido igual. Como menciona
Insulza (2013) uno de los factores que más influye en la desigualdad social es la pobreza y no solo por
la falta de ingresos económicos de las personas, sino, además, por la falta de recursos que tienen para
acceder a conocimiento que resulte útil para el ejercicio de sus derechos.
A. E, entonces coordinadora nacional de la Red, hizo alusión a temas que resultan útiles para analizar
esta gráfica. Ella mencionó lo siguiente:
“La desigualdad y la pobreza tienen que ver con los riesgos que tenemos las mujeres de ser víctimas de
violencia sexual, también con el trato indigno que nos dan algunos funcionarios, siempre nos ven a las
mujeres populares y a las mujeres de los estratos más bajos como la carnada más fácil, nuestro estatus
social es diferente, con nosotras todo es merecido, todo nos lo ganamos nosotras cuando no es así.
Siempre se ha creído que a las mujeres populares nos violan porque nos lo buscamos”.
La señora C. por su parte, menciona lo siguiente:
“Debería haber una cláusula que diga que donde se llegue a tener una queja de un funcionario que no
da el trato merecido a las personas por ser víctimas, o por ser pobre o por ir mal vestidas. Porque es
que, si a veces uno va mal vestido, no es porque yo me quiera ir mal vestida es porque no tengo la
comodidad de andar todos los días estrenando y entaconada. Ahora otra cosa el taconcito para las
pág. 6102
personitas ya mayorcitas no es muy cómodo. Entonces, ¿por qué tenemos que aguantar que los
funcionarios nos juzguen por nuestra clase social?”
¿Se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia luego de dar
información sobre su residencia, oficio o ingresos económicos?
Frente a las actitudes negativas de funcionarios y funcionarias 45 de las 52 víctimas escogieron la falta
de interés por lo que está narrando la víctima y por tanto una omisión en la investigación y diligencia
para tramitar estos casos. La segunda actitud nociva que eligieron 40 de las 52 víctimas fue la falta de
credibilidad en el testimonio de la víctima, tema al que dedique un capítulo de esta investigación. En
tercer lugar, 40 de las 52 víctimas identificaron el maltrato verbal explícito de las personas responsables
de garantizar justicia en contra de las víctimas. Por último, 18 de las 52 víctimas escogieron el problema
de la corrupción como práctica recurrente de operadores y operadoras de justicia.
Actitudes negativas más recurrentes de funcionarias y funcionarios
personitas ya mayorcitas no es muy cómodo. Entonces, ¿por qué tenemos que aguantar que los
funcionarios nos juzguen por nuestra clase social?”
¿Se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia luego de dar
información sobre su residencia, oficio o ingresos económicos?
Frente a las actitudes negativas de funcionarios y funcionarias 45 de las 52 víctimas escogieron la falta
de interés por lo que está narrando la víctima y por tanto una omisión en la investigación y diligencia
para tramitar estos casos. La segunda actitud nociva que eligieron 40 de las 52 víctimas fue la falta de
credibilidad en el testimonio de la víctima, tema al que dedique un capítulo de esta investigación. En
tercer lugar, 40 de las 52 víctimas identificaron el maltrato verbal explícito de las personas responsables
de garantizar justicia en contra de las víctimas. Por último, 18 de las 52 víctimas escogieron el problema
de la corrupción como práctica recurrente de operadores y operadoras de justicia.
Actitudes negativas más recurrentes de funcionarias y funcionarios
pág. 6103
Análisis Cualitativo de la información
¿Por qué considera que esa experiencia fue buena, mala o regular?
Buena: solo 7 de 52 mujeres consideró su experiencia como buena. Una de ellas explicó que su
experiencia era buena ya que le habían recibido la denuncia, sin embargo, cuando indagué en si se
había sentido discriminada, ella mencionó que sí, teniendo en cuenta su condición de mujer rural. Otra
de las mujeres entrevistadas dijo que a ella le había ido bien, sin embargo, mencionó que era
consciente de que la mayoría de sus compañeras no habían tenido la misma suerte, por lo que
mencionó que su caso era una excepción a la regla.
Mala o regular: 45 de las 52 mujeres entrevistadas mencionaron que su experiencia había sido entre
regular y mala. Las razones más recurrentes fueron la omisión por parte de los funcionarios para
investigar los casos, la falta de comunicación e información sobre sus casos y la decisión arbitraria y
unilateral de las personas que administran justicia de considerar las denuncias como improcedentes o
irrelevantes. Para dar cuenta de esto, le mostraré a los lectores tres fragmentos de las conversaciones
con las ´victimas:
1. Señora A.: “Negativa con la fiscalía cuando fui a denunciar violencia sexual porque la
funcionaria que me atendió, las preguntas que me hizo me revictimizaron, me sentí muy vulnerada de
mis derechos porque ella me preguntó por ejemplo cuánto se había demorado cada victimario en la
violación y cuando le dije que fui víctimas de violencia sexual por el grupo metro de los paramilitares
ella me decía que no, que ese grupo ya no existía. No me creyó. Nosotras las víctimas de Violencia
sexual siempre tendremos el reto de tener que demostrar que fuimos víctimas, demostrar que lo que
decimos es verdad. Tenemos el reto de enfrentarnos ante la justicia para que le crean a uno que uno
ha sido violado”.
2. Señora M: “Por vergüenza y miedo uno no denuncia, pero al fin denuncié. A mí no me ha
beneficiado en nada, no me dan respuesta y hasta creo que por eso serán las amenazas. En la Unidad
de Víctimas en Soacha la coordinadora de ahí le dijo al que me había dejado entrar que por qué dejaba
entrar esas vacas. No puedo hablar por este teléfono han hecho muchas cosas. Una vez una psicóloga
se paró y no me atendió”.
Análisis Cualitativo de la información
¿Por qué considera que esa experiencia fue buena, mala o regular?
Buena: solo 7 de 52 mujeres consideró su experiencia como buena. Una de ellas explicó que su
experiencia era buena ya que le habían recibido la denuncia, sin embargo, cuando indagué en si se
había sentido discriminada, ella mencionó que sí, teniendo en cuenta su condición de mujer rural. Otra
de las mujeres entrevistadas dijo que a ella le había ido bien, sin embargo, mencionó que era
consciente de que la mayoría de sus compañeras no habían tenido la misma suerte, por lo que
mencionó que su caso era una excepción a la regla.
Mala o regular: 45 de las 52 mujeres entrevistadas mencionaron que su experiencia había sido entre
regular y mala. Las razones más recurrentes fueron la omisión por parte de los funcionarios para
investigar los casos, la falta de comunicación e información sobre sus casos y la decisión arbitraria y
unilateral de las personas que administran justicia de considerar las denuncias como improcedentes o
irrelevantes. Para dar cuenta de esto, le mostraré a los lectores tres fragmentos de las conversaciones
con las ´victimas:
1. Señora A.: “Negativa con la fiscalía cuando fui a denunciar violencia sexual porque la
funcionaria que me atendió, las preguntas que me hizo me revictimizaron, me sentí muy vulnerada de
mis derechos porque ella me preguntó por ejemplo cuánto se había demorado cada victimario en la
violación y cuando le dije que fui víctimas de violencia sexual por el grupo metro de los paramilitares
ella me decía que no, que ese grupo ya no existía. No me creyó. Nosotras las víctimas de Violencia
sexual siempre tendremos el reto de tener que demostrar que fuimos víctimas, demostrar que lo que
decimos es verdad. Tenemos el reto de enfrentarnos ante la justicia para que le crean a uno que uno
ha sido violado”.
2. Señora M: “Por vergüenza y miedo uno no denuncia, pero al fin denuncié. A mí no me ha
beneficiado en nada, no me dan respuesta y hasta creo que por eso serán las amenazas. En la Unidad
de Víctimas en Soacha la coordinadora de ahí le dijo al que me había dejado entrar que por qué dejaba
entrar esas vacas. No puedo hablar por este teléfono han hecho muchas cosas. Una vez una psicóloga
se paró y no me atendió”.
pág. 6104
3. Señora E: “Después de haber denunciado mi declaración no aparecía por ninguna parte. El
trato no estuvo muy bien porque los funcionarios expresan duda. Cuando ya no aparecía mi
declaración, parecía como que no me creían que me había pasado. Me sentí discriminada, me sentí
mal, uno se siente victimizado porque toca volver a empezar el proceso y volver a recordar la
situación. En cambio, cuando la declaración fue grupal fue diferente”.
¿Por qué cree que el trato en las instituciones de justicia y a la hora de denunciar es igual/diferente
para hombres que para mujeres?
Más de la mitad de las mujeres entrevistadas perciben que los hombres reciben un mejor trato por
parte de operadores de justicia al momento de interponer una denuncia. Dominique Vidale-Plaza,
directora de proyectos de la Fundación Mukwege compartió conmigo el siguiente concepto:
“I think there has been even research done about how women are disbelieved when denouncing sexual
violence to authorities and how they may be failed by the justice system in their country. This is true
around the world, I have learned. Adolescent girls, women from rural and indigenous communities,
or religious and ethnic minorities, might be especially stigmatised or mistreated when they come to
police stations or in front of judges and lawyers.
I think this is because of many reasons, like gender and cultural norms for example. Language
difficulties has also been noted as a limiting factor for women in front of justice institutions. There
are many challenges facing all survivors of sexual violence who seek justice in any form, but many
survivors say that this is an important part of healing. Women and girls may not also have the
financial marge to facilitate a smooth experience with the justice system, even though everyone should
be treated equally and fairly in front of the law, regardless of sex”.
Por otro lado, mujeres como la señora “Deal” mencionó lo siguiente en la entrevista:
“Yo pienso que el trato no es igual porque por el simple hecho de ser mujer y si el funcionario es hombre
peor para uno. Es diferente cuando denuncia un hombre. Una vez que fui a hacer la denuncia en la
fiscalía me decían que si yo había provocado al hombre. Qué va a querer uno que le hagan daño, que
le hagan daño esas personas desalmadas. Lo lógico es que me hagan las preguntas pertinentes. Me
preguntaron si yo lo seduje”.
3. Señora E: “Después de haber denunciado mi declaración no aparecía por ninguna parte. El
trato no estuvo muy bien porque los funcionarios expresan duda. Cuando ya no aparecía mi
declaración, parecía como que no me creían que me había pasado. Me sentí discriminada, me sentí
mal, uno se siente victimizado porque toca volver a empezar el proceso y volver a recordar la
situación. En cambio, cuando la declaración fue grupal fue diferente”.
¿Por qué cree que el trato en las instituciones de justicia y a la hora de denunciar es igual/diferente
para hombres que para mujeres?
Más de la mitad de las mujeres entrevistadas perciben que los hombres reciben un mejor trato por
parte de operadores de justicia al momento de interponer una denuncia. Dominique Vidale-Plaza,
directora de proyectos de la Fundación Mukwege compartió conmigo el siguiente concepto:
“I think there has been even research done about how women are disbelieved when denouncing sexual
violence to authorities and how they may be failed by the justice system in their country. This is true
around the world, I have learned. Adolescent girls, women from rural and indigenous communities,
or religious and ethnic minorities, might be especially stigmatised or mistreated when they come to
police stations or in front of judges and lawyers.
I think this is because of many reasons, like gender and cultural norms for example. Language
difficulties has also been noted as a limiting factor for women in front of justice institutions. There
are many challenges facing all survivors of sexual violence who seek justice in any form, but many
survivors say that this is an important part of healing. Women and girls may not also have the
financial marge to facilitate a smooth experience with the justice system, even though everyone should
be treated equally and fairly in front of the law, regardless of sex”.
Por otro lado, mujeres como la señora “Deal” mencionó lo siguiente en la entrevista:
“Yo pienso que el trato no es igual porque por el simple hecho de ser mujer y si el funcionario es hombre
peor para uno. Es diferente cuando denuncia un hombre. Una vez que fui a hacer la denuncia en la
fiscalía me decían que si yo había provocado al hombre. Qué va a querer uno que le hagan daño, que
le hagan daño esas personas desalmadas. Lo lógico es que me hagan las preguntas pertinentes. Me
preguntaron si yo lo seduje”.
pág. 6105
¿Por qué menciona que se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia
del Estado por su forma de vestir o hablar?
Como lo mencioné antes, el acento, la forma de hablar y la forma de vestir hacen parte de lo que
Fricker (2017) llama los impactos discursivos, que son esas primeras percepciones de quien recibe un
testimonio frente a la persona que trasmite dicho conocimiento. Para obtener respuestas más
concretas, tuve la oportunidad de preguntarle a Fricker vía email qué opinaba frente a esos prejuicios
que se configuran con base en la apariencia o el acento, ella me respondió lo siguiente:
“In general, I would observe that many formal institutions and processes are very intimidating to people
who are not used to them. An important part of this is the use of formal language and professionalized
modes of dress and conduct. Efforts need to be made to offer 'bridges' to the institutions of justice for
those living in the villages and others who might find the procedures intimidating”
En los resultados de esta investigación 50% de las mujeres se sintieron discriminadas por estas razones,
mientras que el otro 50% no. Varias de las mujeres que dijeron que sí, hicieron referencia a que esa
discriminación tenía que ver con su raza o su etnia. Por ejemplo, la señora E. mencionó:
“Si porque yo siempre use los shorts, con blusita muy coqueta, y ya después fue todo lo contrario, me
cambio mi modo de ser. Cuando llegué aquí a Cartagena, yo llegué con tres hijos, y cuando fui a
buscar trabajo, a mí me discriminaron por ser negra, y aquí en Cartagena eso es común, a pesar que
aquí llegaron los primeros negros, aquí son muy discriminadores”.
Otras de las mujeres mencionaron sentirse discriminadas explícitamente por su acento o forma de
vestir. Por ejemplo, estos dos testimonios hicieron referencia a esto, en los siguientes términos:
1. Señora B: “Cuando estaba dando la declaración estaba nerviosa, lo que hizo que se me olvidaran
las palabras o las pronunciara mal, me decían " hable bien, o cállese si no va a hablar bien".
2. Señora “Terija”: “Yo lo he sentido, a mí a veces me tocaba ir a otros territorios a denunciar y a
uno lo miran mal por llegar con el pantalón con barro lo miran como el guerrillero o izquierdista.
Si una mujer campesina va a reclamar sus derechos dicen que uno va asesorado de la guerrilla”.
¿Por qué menciona que se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia
del Estado por su forma de vestir o hablar?
Como lo mencioné antes, el acento, la forma de hablar y la forma de vestir hacen parte de lo que
Fricker (2017) llama los impactos discursivos, que son esas primeras percepciones de quien recibe un
testimonio frente a la persona que trasmite dicho conocimiento. Para obtener respuestas más
concretas, tuve la oportunidad de preguntarle a Fricker vía email qué opinaba frente a esos prejuicios
que se configuran con base en la apariencia o el acento, ella me respondió lo siguiente:
“In general, I would observe that many formal institutions and processes are very intimidating to people
who are not used to them. An important part of this is the use of formal language and professionalized
modes of dress and conduct. Efforts need to be made to offer 'bridges' to the institutions of justice for
those living in the villages and others who might find the procedures intimidating”
En los resultados de esta investigación 50% de las mujeres se sintieron discriminadas por estas razones,
mientras que el otro 50% no. Varias de las mujeres que dijeron que sí, hicieron referencia a que esa
discriminación tenía que ver con su raza o su etnia. Por ejemplo, la señora E. mencionó:
“Si porque yo siempre use los shorts, con blusita muy coqueta, y ya después fue todo lo contrario, me
cambio mi modo de ser. Cuando llegué aquí a Cartagena, yo llegué con tres hijos, y cuando fui a
buscar trabajo, a mí me discriminaron por ser negra, y aquí en Cartagena eso es común, a pesar que
aquí llegaron los primeros negros, aquí son muy discriminadores”.
Otras de las mujeres mencionaron sentirse discriminadas explícitamente por su acento o forma de
vestir. Por ejemplo, estos dos testimonios hicieron referencia a esto, en los siguientes términos:
1. Señora B: “Cuando estaba dando la declaración estaba nerviosa, lo que hizo que se me olvidaran
las palabras o las pronunciara mal, me decían " hable bien, o cállese si no va a hablar bien".
2. Señora “Terija”: “Yo lo he sentido, a mí a veces me tocaba ir a otros territorios a denunciar y a
uno lo miran mal por llegar con el pantalón con barro lo miran como el guerrillero o izquierdista.
Si una mujer campesina va a reclamar sus derechos dicen que uno va asesorado de la guerrilla”.
pág. 6106
¿Por qué se menciona que se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia
del Estado luego de dar información sobre su lugar de residencia, oficio o ingresos económicos?
Esta es una de las preguntas centrales del desarrollo de mi investigación pues la percepción de las
mujeres respalda mi marco teórico y es coherente con la tesis que fundamenta este trabajo. Como lo
mencionan Begala y Lista (2001), la pobreza no se limita a la falta de recursos materiales, sino que
impacta en la cultura y se refleja en las creencias y valoraciones negativas de los operadores de justicia
frente a aquellas personas que pertenecen a clases sociales populares. Asimismo, Fricker opinó acerca
de este tema en los siguientes términos: “My impression is that access to justice can be extremely
difficult. A first obstacle is literacy -- the only way a victim of a crime who has not had the opportunity
to learn to read and write is to have assistance from someone willing to transcribe her report. This
should be arranged wherever necessary in order to improve access to justice.”
Por otro lado, la percepción de la mayoría de las mujeres víctimas entrevistadas es que el trato de las
y los operadores de la justicia es menos garantista para quienes residen en zonas periféricas, rurales y
marginales, para quienes desempeñan labores como vendedoras ambulantes, empleadas domésticas y
amas de casa y para quienes viven en situación de pobreza. De hecho, el 59.6% de las mujeres
coinciden en haberse sentido discriminadas en las instituciones de justicia del Estado, luego de dar
información acerca de su oficio, ingresos y lugar de residencia. Así lo demuestra, por ejemplo, el
relato de la señora J:
“Yo me he dado de cuenta porque cuando yo empecé a mandar los documentos a la fiscalía, las
declaraciones, pues yo nací en el campo, yo soy campesina, yo el único estudio que tuve fue el
bachiller, yo no soy una mujer preparada. La misma Fiscalía y Agustín Codazzi cuando mandé un
documento allá el fiscal me rechazó la ortografía, no me quiso colaborar con los documentos. Me he
sentido rechazada por los funcionarios. en una cita con la secretaria de Gobierno tenemos que ir
bien encopetadas, bien entaconadas o de la misma clase alta y estrato de ella o si no nos atiende.
Hemos sido rechazadas, no nos han querido escuchar, nos ignoran, no nos han querido atender,
somos vulneradas, no nos creen, no nos escuchan”.
¿Por qué se menciona que se ha sentido discriminada o rechazada en alguna institución de justicia
del Estado luego de dar información sobre su lugar de residencia, oficio o ingresos económicos?
Esta es una de las preguntas centrales del desarrollo de mi investigación pues la percepción de las
mujeres respalda mi marco teórico y es coherente con la tesis que fundamenta este trabajo. Como lo
mencionan Begala y Lista (2001), la pobreza no se limita a la falta de recursos materiales, sino que
impacta en la cultura y se refleja en las creencias y valoraciones negativas de los operadores de justicia
frente a aquellas personas que pertenecen a clases sociales populares. Asimismo, Fricker opinó acerca
de este tema en los siguientes términos: “My impression is that access to justice can be extremely
difficult. A first obstacle is literacy -- the only way a victim of a crime who has not had the opportunity
to learn to read and write is to have assistance from someone willing to transcribe her report. This
should be arranged wherever necessary in order to improve access to justice.”
Por otro lado, la percepción de la mayoría de las mujeres víctimas entrevistadas es que el trato de las
y los operadores de la justicia es menos garantista para quienes residen en zonas periféricas, rurales y
marginales, para quienes desempeñan labores como vendedoras ambulantes, empleadas domésticas y
amas de casa y para quienes viven en situación de pobreza. De hecho, el 59.6% de las mujeres
coinciden en haberse sentido discriminadas en las instituciones de justicia del Estado, luego de dar
información acerca de su oficio, ingresos y lugar de residencia. Así lo demuestra, por ejemplo, el
relato de la señora J:
“Yo me he dado de cuenta porque cuando yo empecé a mandar los documentos a la fiscalía, las
declaraciones, pues yo nací en el campo, yo soy campesina, yo el único estudio que tuve fue el
bachiller, yo no soy una mujer preparada. La misma Fiscalía y Agustín Codazzi cuando mandé un
documento allá el fiscal me rechazó la ortografía, no me quiso colaborar con los documentos. Me he
sentido rechazada por los funcionarios. en una cita con la secretaria de Gobierno tenemos que ir
bien encopetadas, bien entaconadas o de la misma clase alta y estrato de ella o si no nos atiende.
Hemos sido rechazadas, no nos han querido escuchar, nos ignoran, no nos han querido atender,
somos vulneradas, no nos creen, no nos escuchan”.
pág. 6107
Así, tanto expertas como víctimas coinciden con que el trato no es el mismo para personas con
situaciones socioeconómicas opuestas. En ese sentido, el Estado no está cumpliendo con sus
obligaciones para que este derecho y servicio público sea garantizado de forma real y efectiva.
¿Qué daños o consecuencias ha tenido esta discriminación en su vida y en la satisfacción de su
derecho en el acceso a la justicia?
Frente a esta pregunta, muchas de las víctimas entrevistadas expresaron frustración y congoja, y, como
lo mencioné con anterioridad, incluso mencionaron haber sentido que las violaron dos veces. En las
consecuencias y daños, la mayoría de ellas manifestaron daños psicológicos y hasta intentos de
suicidio. En otros casos, relacionaron la discriminación de operadores de justicia con consecuencias
económicas que les dificultaron continuar con sus proyectos de vida. También fue recurrente la
desconfianza en la justicia y en las instituciones del Estado como uno de los impactos en sus vidas.
Por último, es importante resaltar que las mujeres víctimas de violencia sexual entrevistadas dijeron
sentirse humilladas y avergonzadas por el mal manejo de la información y el incumplimiento de las
obligaciones de los funcionarios de garantizar sus derechos a la privacidad y a la confidencialidad.
A continuación, expongo algunas de las respuestas compartidas:
1. Señora M: “Vivo deprimida, por fuera estoy bien, pero por dentro estoy deprimida tampoco me
dan razón por mi hijo desaparecido”.
2. Señora Z: “En mi caso me quedaron daños psicológicos, porque no tuve la atención necesaria
para llevar mi vida nuevamente y nadie me acompañó en mi proceso. esto solo lo pude lograr
cuando la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales me brindó la ayuda que necesitaba y me
orientó para denunciar mi caso como se debía y a tener la asistencia psicológica que necesitaba”.
3. Señora C: “Yo traté de suicidarme y Elcy me rescató, menos mal ella me ayudó. Yo estoy que tiro
la toalla. Daños psicológicos, le quita a uno la moral de hacer algo en la vida”.
4. Señora A: “Uno de los impactos más fuertes es que uno empieza a pensar que denunciar no tiene
sentido, uno se empieza a preguntar ¿para qué denuncio si aquí no pasa nada? Después de tantos
años sin hablar acude uno a la persona que supuestamente uno pensaba era la encargada de
apoyarla y no hay resultados. Y como lo que uno ha aprendido lo ha aprendido en la calle, llega
Así, tanto expertas como víctimas coinciden con que el trato no es el mismo para personas con
situaciones socioeconómicas opuestas. En ese sentido, el Estado no está cumpliendo con sus
obligaciones para que este derecho y servicio público sea garantizado de forma real y efectiva.
¿Qué daños o consecuencias ha tenido esta discriminación en su vida y en la satisfacción de su
derecho en el acceso a la justicia?
Frente a esta pregunta, muchas de las víctimas entrevistadas expresaron frustración y congoja, y, como
lo mencioné con anterioridad, incluso mencionaron haber sentido que las violaron dos veces. En las
consecuencias y daños, la mayoría de ellas manifestaron daños psicológicos y hasta intentos de
suicidio. En otros casos, relacionaron la discriminación de operadores de justicia con consecuencias
económicas que les dificultaron continuar con sus proyectos de vida. También fue recurrente la
desconfianza en la justicia y en las instituciones del Estado como uno de los impactos en sus vidas.
Por último, es importante resaltar que las mujeres víctimas de violencia sexual entrevistadas dijeron
sentirse humilladas y avergonzadas por el mal manejo de la información y el incumplimiento de las
obligaciones de los funcionarios de garantizar sus derechos a la privacidad y a la confidencialidad.
A continuación, expongo algunas de las respuestas compartidas:
1. Señora M: “Vivo deprimida, por fuera estoy bien, pero por dentro estoy deprimida tampoco me
dan razón por mi hijo desaparecido”.
2. Señora Z: “En mi caso me quedaron daños psicológicos, porque no tuve la atención necesaria
para llevar mi vida nuevamente y nadie me acompañó en mi proceso. esto solo lo pude lograr
cuando la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales me brindó la ayuda que necesitaba y me
orientó para denunciar mi caso como se debía y a tener la asistencia psicológica que necesitaba”.
3. Señora C: “Yo traté de suicidarme y Elcy me rescató, menos mal ella me ayudó. Yo estoy que tiro
la toalla. Daños psicológicos, le quita a uno la moral de hacer algo en la vida”.
4. Señora A: “Uno de los impactos más fuertes es que uno empieza a pensar que denunciar no tiene
sentido, uno se empieza a preguntar ¿para qué denuncio si aquí no pasa nada? Después de tantos
años sin hablar acude uno a la persona que supuestamente uno pensaba era la encargada de
apoyarla y no hay resultados. Y como lo que uno ha aprendido lo ha aprendido en la calle, llega
pág. 6108
la sensación de querer vengarse. Sobre todo, lo digo por la fiscalía porque con la defensoría yo
no tengo por qué quejarme, mucho menos con la Unidad de Investigación y Acusación”
5. Anónimo: “Que ya no confío en la justicia, porque fui discriminada por los funcionarios que me
atendieron el día que fui a contar mi hecho y eso hizo que no quisiera volver a preguntar por el
proceso”.
Para sustentar las percepciones de discriminación de las mujeres de la Red de Mujeres Víctimas
Profesionales basada en sus condiciones económicas, es necesario abordar la noción de clase desde el
marxismo. En ese sentido, ahondaré brevemente en este concepto a la luz de los resultados obtenidos en
mi investigación. Como lo explica Rojas (2011) Marx murió antes de escribir el capítulo del Capital que
explicaría al detalle la categoría de clase social. Sin embargo, esta reflexión cobra sentido al analizar
diversos fragmentos de sus obras. En apartes de El Capital se puede vislumbrar que la clase social está
definida por la posición de una persona frente a los medios de producción, esto, en términos de poseerlos
o no. Por ejemplo, el siguiente fragmento de esta obra da cuenta de ello:
“No obstante, sabemos por experiencia que una circulación mercantil de desarrollo relativamente
endeble basta para que surjan todas esas formas. No ocurre lo mismo con el capital. Sus condiciones
históricas de existencia no están dadas, en absoluto, con la circulación mercantil y la dineraria. Surge
tan sólo cuando el poseedor de medios de producción y medios de subsistencia encuentra en el mercado
al trabajador libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y esta condición histórica entraña una
historia universal (1946, 207)”.
Horkheimer (2003) también abordó la categoría de clase tan presente en la obra de Marx y desarrolló
conceptos útiles para su comprensión. El pensador alemán plantea una teoría crítica en la que define la
clase social como la forma en la que se escinde una sociedad (2003). Su teoría crítica plantea que
categorías marxistas como la clase, la plusvalía o la explotación “son momentos de una totalidad
conceptual cuyo sentido ha de ser buscado, no en la reproducción de la sociedad actual, sino en su
transformación en una sociedad justa (2003)”.
Horkheimer profundiza en el concepto de clase desarrollado por Marx y parte también desde el indicador
de quien posee o no los medios de producción. No obstante, para Horkheimer, la variable de clase va
más allá, ya que incide en el aparato jurídico, político e ideológico que rige una sociedad. Su teoría
la sensación de querer vengarse. Sobre todo, lo digo por la fiscalía porque con la defensoría yo
no tengo por qué quejarme, mucho menos con la Unidad de Investigación y Acusación”
5. Anónimo: “Que ya no confío en la justicia, porque fui discriminada por los funcionarios que me
atendieron el día que fui a contar mi hecho y eso hizo que no quisiera volver a preguntar por el
proceso”.
Para sustentar las percepciones de discriminación de las mujeres de la Red de Mujeres Víctimas
Profesionales basada en sus condiciones económicas, es necesario abordar la noción de clase desde el
marxismo. En ese sentido, ahondaré brevemente en este concepto a la luz de los resultados obtenidos en
mi investigación. Como lo explica Rojas (2011) Marx murió antes de escribir el capítulo del Capital que
explicaría al detalle la categoría de clase social. Sin embargo, esta reflexión cobra sentido al analizar
diversos fragmentos de sus obras. En apartes de El Capital se puede vislumbrar que la clase social está
definida por la posición de una persona frente a los medios de producción, esto, en términos de poseerlos
o no. Por ejemplo, el siguiente fragmento de esta obra da cuenta de ello:
“No obstante, sabemos por experiencia que una circulación mercantil de desarrollo relativamente
endeble basta para que surjan todas esas formas. No ocurre lo mismo con el capital. Sus condiciones
históricas de existencia no están dadas, en absoluto, con la circulación mercantil y la dineraria. Surge
tan sólo cuando el poseedor de medios de producción y medios de subsistencia encuentra en el mercado
al trabajador libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y esta condición histórica entraña una
historia universal (1946, 207)”.
Horkheimer (2003) también abordó la categoría de clase tan presente en la obra de Marx y desarrolló
conceptos útiles para su comprensión. El pensador alemán plantea una teoría crítica en la que define la
clase social como la forma en la que se escinde una sociedad (2003). Su teoría crítica plantea que
categorías marxistas como la clase, la plusvalía o la explotación “son momentos de una totalidad
conceptual cuyo sentido ha de ser buscado, no en la reproducción de la sociedad actual, sino en su
transformación en una sociedad justa (2003)”.
Horkheimer profundiza en el concepto de clase desarrollado por Marx y parte también desde el indicador
de quien posee o no los medios de producción. No obstante, para Horkheimer, la variable de clase va
más allá, ya que incide en el aparato jurídico, político e ideológico que rige una sociedad. Su teoría
pág. 6109
crítica pone especial atención en el elemento ideológico que caracteriza a ciertas clases sociales, sin
desconocer el carácter individual de los sujetos que las conforman.
Las mujeres entrevistadas estaban desempleadas en varios de los casos y las que no, tenían trabajos
como empleadas domésticas, vendedoras ambulantes y otros trabajos enmarcados en la informalidad.
Así lo demuestran testimonios como el de la señora María que narró lo siguiente: “Yo soy ama de casa.
A veces trabajo por días como empleada doméstica en casas de familia, pero hay veces que le resulta a
uno y otras veces no.” Así, las mujeres de la Red no solo están desempeñando trabajos domésticos no
pagos en sus propias casas, sino que las que están empleadas no tienen estabilidad económica y mucho
menos son dueñas de los medios de producción.
En ese sentido, mi trabajo de investigación está lejos de analizar la clase desde una perspectiva
exclusivamente económica, por el contrario, le doy un papel protagónico a la cultura, a las prácticas
sociales y a las manifestaciones humanas que inciden en el curso de los acontecimientos de la vida de
otros individuos. Como lo explica Bolívar Echeverría (2010), para Marx, las clases dominantes ejercen
procesos de totalización del saber, es decir, un dominio de las ideas desde las clases dominantes. Según
el filósofo ecuatoriano:
“la cultura del Estado capitalista transnacional improvisa formas e identidades cuyo mensaje
estructural es una oda ininterrumpida a la omnipotencia del capital y un exhorto permanente a la
aceptación de la impotencia del sujeto humano (Echeverría 2006, 22)”.
Las 52 entrevistas realizadas a mujeres de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales dan cuenta de
los impactos no solo económicos sino culturales, sociales y epistémicos que tienen que soportar mujeres
que pertenecen a clases sociales trabajadoras o populares. Como menciona Zillah Einstein (1980), el
patriarcado capitalista ha acentuado las relaciones de poder sociales, productivas y reproductivas que
afectan a toda mujer y se complejizan por cuestiones de clase.
Fricker (2017) hace un análisis del poder social en el intercambio testimonial donde la clase social y los
prejuicios asociados a esta juegan un papel fundamental. Este poder social es definido por Fricker como
el que da lugar a la influencia de los agentes sociales en el curso de los acontecimientos, lo que influye
en la credibilidad que se le da a un testimonio, según el rol y la posición que tenga la persona dentro de
la escala sociedad. Las mujeres entrevistadas en el marco de esta investigación han tenido que enfrentar
crítica pone especial atención en el elemento ideológico que caracteriza a ciertas clases sociales, sin
desconocer el carácter individual de los sujetos que las conforman.
Las mujeres entrevistadas estaban desempleadas en varios de los casos y las que no, tenían trabajos
como empleadas domésticas, vendedoras ambulantes y otros trabajos enmarcados en la informalidad.
Así lo demuestran testimonios como el de la señora María que narró lo siguiente: “Yo soy ama de casa.
A veces trabajo por días como empleada doméstica en casas de familia, pero hay veces que le resulta a
uno y otras veces no.” Así, las mujeres de la Red no solo están desempeñando trabajos domésticos no
pagos en sus propias casas, sino que las que están empleadas no tienen estabilidad económica y mucho
menos son dueñas de los medios de producción.
En ese sentido, mi trabajo de investigación está lejos de analizar la clase desde una perspectiva
exclusivamente económica, por el contrario, le doy un papel protagónico a la cultura, a las prácticas
sociales y a las manifestaciones humanas que inciden en el curso de los acontecimientos de la vida de
otros individuos. Como lo explica Bolívar Echeverría (2010), para Marx, las clases dominantes ejercen
procesos de totalización del saber, es decir, un dominio de las ideas desde las clases dominantes. Según
el filósofo ecuatoriano:
“la cultura del Estado capitalista transnacional improvisa formas e identidades cuyo mensaje
estructural es una oda ininterrumpida a la omnipotencia del capital y un exhorto permanente a la
aceptación de la impotencia del sujeto humano (Echeverría 2006, 22)”.
Las 52 entrevistas realizadas a mujeres de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales dan cuenta de
los impactos no solo económicos sino culturales, sociales y epistémicos que tienen que soportar mujeres
que pertenecen a clases sociales trabajadoras o populares. Como menciona Zillah Einstein (1980), el
patriarcado capitalista ha acentuado las relaciones de poder sociales, productivas y reproductivas que
afectan a toda mujer y se complejizan por cuestiones de clase.
Fricker (2017) hace un análisis del poder social en el intercambio testimonial donde la clase social y los
prejuicios asociados a esta juegan un papel fundamental. Este poder social es definido por Fricker como
el que da lugar a la influencia de los agentes sociales en el curso de los acontecimientos, lo que influye
en la credibilidad que se le da a un testimonio, según el rol y la posición que tenga la persona dentro de
la escala sociedad. Las mujeres entrevistadas en el marco de esta investigación han tenido que enfrentar
pág. 6110
ese poder social, que se concretiza en el hecho de que las funcionarias y funcionarios se encuentran en
una posición que les permite incidir en la posibilidad que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual
en acceder a la justicia.
Uno de los elementos de la injusticia testimonial identificado por Fricker (2017), es el de la credibilidad.
En las interacciones entre funcionarios y funcionarias y mujeres víctimas existen impactos discursivos
inmediatos como el acento, el cual contiene una carga social influyente en la percepción de quien está
siendo el receptor de una experiencia determinada. Esta carga hace referencia a indicadores de clase,
regionales e incluso de los niveles educativos de la persona hablante, en este caso, las emisoras del
testimonio: las víctimas de violencia sexual. Por otro lado, porta una carga epistémica que se ve reflejada
en la dosis de credibilidad. En este sentido, la credibilidad es un bien que es preferible tener abundancia,
ya que, por lo general, su déficit conlleva una desventaja (Fricker, Injusticia Epistémica 2017). Esta
premisa, teniendo en cuenta el reconocimiento de la capacidad de un individuo como sujeto de
conocimiento, sin la cual, se vería desacreditado en un ejercicio de interlocución.
En consecuencia, la credibilidad podría considerarse como un bien escaso, en la medida que la misma
sociedad lo limita para determinado grupo de personas desde el imaginario colectivo. Sin ir más allá, la
injusticia recae en el déficit de credibilidad que puede tener lugar en el intercambio testimonial, esta
injusticia, si nos remitimos a Cicerón, puede ser, ir en contravía del principio de “Dar a cada uno lo que
es suyo”, cuya interpretación debe ir en dirección a las garantías de los derechos de los individuos desde
lo público (Hoffe 2015).
Otro elemento importante de la injusticia testimonial es el prejuicio, teniendo en cuenta que un déficit
de credibilidad producto de un error no culpable que lleve a un juicio equivocado sobre el decir de una
víctima, no es más que una equivocación epistémica, un déficit de credibilidad provisional que, por lo
tanto, no se configuraría como injusticia testimonial. Así, la injusticia testimonial resulta de algo
éticamente reprochable durante el juicio del oyente, que en este caso es el prejuicio, -las mujeres son
irracionales, los negros son inferiores intelectualmente, la clase trabajadora es moralmente inferior a la
clase alta- (Fricker, Injusticia Epistémica 2017).
En ese sentido, los prejuicios tienden a exagerar o reducir la credibilidad otorgada a quien emite un
testimonio, lo que puede llegar incluso a desconocer un dato sustentado en evidencias (Fricker, Injusticia
ese poder social, que se concretiza en el hecho de que las funcionarias y funcionarios se encuentran en
una posición que les permite incidir en la posibilidad que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual
en acceder a la justicia.
Uno de los elementos de la injusticia testimonial identificado por Fricker (2017), es el de la credibilidad.
En las interacciones entre funcionarios y funcionarias y mujeres víctimas existen impactos discursivos
inmediatos como el acento, el cual contiene una carga social influyente en la percepción de quien está
siendo el receptor de una experiencia determinada. Esta carga hace referencia a indicadores de clase,
regionales e incluso de los niveles educativos de la persona hablante, en este caso, las emisoras del
testimonio: las víctimas de violencia sexual. Por otro lado, porta una carga epistémica que se ve reflejada
en la dosis de credibilidad. En este sentido, la credibilidad es un bien que es preferible tener abundancia,
ya que, por lo general, su déficit conlleva una desventaja (Fricker, Injusticia Epistémica 2017). Esta
premisa, teniendo en cuenta el reconocimiento de la capacidad de un individuo como sujeto de
conocimiento, sin la cual, se vería desacreditado en un ejercicio de interlocución.
En consecuencia, la credibilidad podría considerarse como un bien escaso, en la medida que la misma
sociedad lo limita para determinado grupo de personas desde el imaginario colectivo. Sin ir más allá, la
injusticia recae en el déficit de credibilidad que puede tener lugar en el intercambio testimonial, esta
injusticia, si nos remitimos a Cicerón, puede ser, ir en contravía del principio de “Dar a cada uno lo que
es suyo”, cuya interpretación debe ir en dirección a las garantías de los derechos de los individuos desde
lo público (Hoffe 2015).
Otro elemento importante de la injusticia testimonial es el prejuicio, teniendo en cuenta que un déficit
de credibilidad producto de un error no culpable que lleve a un juicio equivocado sobre el decir de una
víctima, no es más que una equivocación epistémica, un déficit de credibilidad provisional que, por lo
tanto, no se configuraría como injusticia testimonial. Así, la injusticia testimonial resulta de algo
éticamente reprochable durante el juicio del oyente, que en este caso es el prejuicio, -las mujeres son
irracionales, los negros son inferiores intelectualmente, la clase trabajadora es moralmente inferior a la
clase alta- (Fricker, Injusticia Epistémica 2017).
En ese sentido, los prejuicios tienden a exagerar o reducir la credibilidad otorgada a quien emite un
testimonio, lo que puede llegar incluso a desconocer un dato sustentado en evidencias (Fricker, Injusticia
pág. 6111
Epistémica 2017). De ahí que, los prejuicios entendidos como un problema social que expresan rechazo
hacia determinado grupo (Allport 1954), influyan en las desventajas causadas a una persona
desacreditada como sujeto de conocimiento mientras es emisor de sus propias experiencias.
Ahora bien, para ahondar en la injusticia testimonial de género en contra de las mujeres que han sido
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y que pertenecen a una clase social
excluida, pensemos en la señora Elvia, indígena del Cauca, víctima de violencia sexual por parte de un
guerrillero y posteriormente de un comandante del ejército, desplazada de su territorio y en la actualidad
trabajadora sexual en el barrio Santa Fe. Se dirige a la Fiscalía a denunciar y el funcionario, al escuchar
su relato le pregunta el por qué se encontraba en la noche fuera de su casa y sin la compañía de su
marido, además, devalúa su testimonio, ya que al haber sido víctima dos veces “algo debía estar
haciendo”, “tal vez ella se lo ha buscado”. Al final, el servidor, al enterarse del oficio de Elvia, decide
desechar su testimonio y pone el expediente debajo de una pila de papeles pues a su juicio, las prostitutas
no pueden ser víctimas de este tipo de delitos.
CONCLUSIONES
-Esta investigación articuló parte de la teoría marxista-feminista con las experiencias vitales de más de
50 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Esto, en el entendido que la discriminación y el
rechazo que ellas experimentaron al intentar acceder a la justicia tiene un sustento histórico relacionado
con estructuras de poder y la subordinación de las clases sociales populares o subalternas. La muestra
escogida es representativa en tanto refleja la realidad de mujeres que se ubican en siete territorios del
país. Asimismo, es importante recordar la dificultad que implica hacer entrevistas telefónicas a mujeres
que fueron víctimas de un delito complejo como el de violencia sexual. Como se mencionó con
anterioridad, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la mayoría de las mujeres que denuncian
violencia sexual conviven con el agresor. Además, en muchos de los casos las personas que conviven
con las víctimas no tienen conocimiento sobre sus experiencias y procesos.
-El eje articulador de mi investigación fue partir de las experiencias vitales y las percepciones de las
víctimas. Esto me permitió contrastar elementos teóricos con los relatos de mujeres que fueron víctimas
de violencia sexual en el conflicto armado y que, además, viven en condiciones económicas
desfavorables. El resultado, además del cuerpo de este documento, es un anexo con propuestas que será
Epistémica 2017). De ahí que, los prejuicios entendidos como un problema social que expresan rechazo
hacia determinado grupo (Allport 1954), influyan en las desventajas causadas a una persona
desacreditada como sujeto de conocimiento mientras es emisor de sus propias experiencias.
Ahora bien, para ahondar en la injusticia testimonial de género en contra de las mujeres que han sido
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y que pertenecen a una clase social
excluida, pensemos en la señora Elvia, indígena del Cauca, víctima de violencia sexual por parte de un
guerrillero y posteriormente de un comandante del ejército, desplazada de su territorio y en la actualidad
trabajadora sexual en el barrio Santa Fe. Se dirige a la Fiscalía a denunciar y el funcionario, al escuchar
su relato le pregunta el por qué se encontraba en la noche fuera de su casa y sin la compañía de su
marido, además, devalúa su testimonio, ya que al haber sido víctima dos veces “algo debía estar
haciendo”, “tal vez ella se lo ha buscado”. Al final, el servidor, al enterarse del oficio de Elvia, decide
desechar su testimonio y pone el expediente debajo de una pila de papeles pues a su juicio, las prostitutas
no pueden ser víctimas de este tipo de delitos.
CONCLUSIONES
-Esta investigación articuló parte de la teoría marxista-feminista con las experiencias vitales de más de
50 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Esto, en el entendido que la discriminación y el
rechazo que ellas experimentaron al intentar acceder a la justicia tiene un sustento histórico relacionado
con estructuras de poder y la subordinación de las clases sociales populares o subalternas. La muestra
escogida es representativa en tanto refleja la realidad de mujeres que se ubican en siete territorios del
país. Asimismo, es importante recordar la dificultad que implica hacer entrevistas telefónicas a mujeres
que fueron víctimas de un delito complejo como el de violencia sexual. Como se mencionó con
anterioridad, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la mayoría de las mujeres que denuncian
violencia sexual conviven con el agresor. Además, en muchos de los casos las personas que conviven
con las víctimas no tienen conocimiento sobre sus experiencias y procesos.
-El eje articulador de mi investigación fue partir de las experiencias vitales y las percepciones de las
víctimas. Esto me permitió contrastar elementos teóricos con los relatos de mujeres que fueron víctimas
de violencia sexual en el conflicto armado y que, además, viven en condiciones económicas
desfavorables. El resultado, además del cuerpo de este documento, es un anexo con propuestas que será
pág. 6112
presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de prevenir y transformar prácticas
institucionales perjudiciales para las víctimas. En ese sentido, mi investigación da cuenta del carácter
estructural e histórico de las discriminaciones que experimentan las mujeres en las siete regiones del
país escogidas.
-La propuesta filosófica de Miranda Fricker es consecuente con las interpretaciones que hacen las
mujeres de la Red acerca de sus desafortunadas experiencias en las instituciones de justicia. Las
denuncias hacen parte del sistema discursivo social en el que circula información, en este caso, sobre
violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado. Entonces, los testimonios de las
víctimas entran a ser valorados en contextos donde las creencias y las ideas sociales juegan un papel
fundamental. Por tal razón, muchas funcionarias y funcionarios hacen juicios de credibilidad que niegan
la importancia y la veracidad de los testimonios de las víctimas. Estos comportamientos de los y las
operadoras judiciales causan agravios en la vida de las mujeres denunciantes, uno de ellos es la
imposibilidad de obtener justicia.
-Gracias a las fuentes consultadas y al sustento empírico del trabajo de campo, demuestro la relación
que existe entre el estrato social de las mujeres (0,1 y 2), su oficio (vendedoras ambulantes, amas de
casa, empleadas domésticas, entre otros) y en general sus ingresos económicos con las actitudes de
rechazo, maltrato y omisión por parte de las personas que trabajan en las instituciones de justicia del
Estado. Así, las percepciones subjetivas de las víctimas son coherentes con los supuestos marxistas-
feministas de las y los autores escogidos para dar contenido a este estudio.
-La forma de vestir y hablar de las mujeres de la Red tuvo relación con el mal trato que recibieron por
operadores y operadoras de justicia. Esto se debe a que la estética, el acento y otras particularidades
observables a primera vista son indicadores de factores como: la clase social, el nivel de estudio, el
estatus, la región y otros relacionados con las identidades y condiciones de las personas. En ese sentido,
las personas que atendieron a las mujeres de la Red tuvieron en cuenta estas nimiedades para subordinar
exigencias jurídicas a ideas prejuiciosas personales.
-Ser mujer, ser víctima de violencia sexual, la pertenencia étnica y racial, las condiciones de
discapacidad y otras características de las mujeres generan vulnerabilidades acentuadas a la hora de
intentar ejercer un derecho fundamental como el de la justicia. Las mujeres que pertenecen a clases
presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de prevenir y transformar prácticas
institucionales perjudiciales para las víctimas. En ese sentido, mi investigación da cuenta del carácter
estructural e histórico de las discriminaciones que experimentan las mujeres en las siete regiones del
país escogidas.
-La propuesta filosófica de Miranda Fricker es consecuente con las interpretaciones que hacen las
mujeres de la Red acerca de sus desafortunadas experiencias en las instituciones de justicia. Las
denuncias hacen parte del sistema discursivo social en el que circula información, en este caso, sobre
violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado. Entonces, los testimonios de las
víctimas entran a ser valorados en contextos donde las creencias y las ideas sociales juegan un papel
fundamental. Por tal razón, muchas funcionarias y funcionarios hacen juicios de credibilidad que niegan
la importancia y la veracidad de los testimonios de las víctimas. Estos comportamientos de los y las
operadoras judiciales causan agravios en la vida de las mujeres denunciantes, uno de ellos es la
imposibilidad de obtener justicia.
-Gracias a las fuentes consultadas y al sustento empírico del trabajo de campo, demuestro la relación
que existe entre el estrato social de las mujeres (0,1 y 2), su oficio (vendedoras ambulantes, amas de
casa, empleadas domésticas, entre otros) y en general sus ingresos económicos con las actitudes de
rechazo, maltrato y omisión por parte de las personas que trabajan en las instituciones de justicia del
Estado. Así, las percepciones subjetivas de las víctimas son coherentes con los supuestos marxistas-
feministas de las y los autores escogidos para dar contenido a este estudio.
-La forma de vestir y hablar de las mujeres de la Red tuvo relación con el mal trato que recibieron por
operadores y operadoras de justicia. Esto se debe a que la estética, el acento y otras particularidades
observables a primera vista son indicadores de factores como: la clase social, el nivel de estudio, el
estatus, la región y otros relacionados con las identidades y condiciones de las personas. En ese sentido,
las personas que atendieron a las mujeres de la Red tuvieron en cuenta estas nimiedades para subordinar
exigencias jurídicas a ideas prejuiciosas personales.
-Ser mujer, ser víctima de violencia sexual, la pertenencia étnica y racial, las condiciones de
discapacidad y otras características de las mujeres generan vulnerabilidades acentuadas a la hora de
intentar ejercer un derecho fundamental como el de la justicia. Las mujeres que pertenecen a clases
pág. 6113
populares y trabajadoras que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, son
discriminadas por los operadores de justicia, lo que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a
la misma. Esto, como lo demuestran las entrevistas y conversaciones con víctimas y expertas en este
estudio, tiene que ver con los prejuicios y la estigmatización no solo por ser mujeres, sino, además, por
vivir en estratos 0, 1 y 2 y ser víctimas de un delito que, al estar relacionado con la sexualización de sus
cuerpos, sigue siendo ocultado por vergüenza, miedo y temas relacionados con la moral cristiana y la
secularización de las instituciones.
-La hipótesis de investigación fue sustentada a través de los resultados arrojados en el trabajo de campo.
Quedó demostrado que los prejuicios contra las mujeres por el hecho de serlo y los prejuicios
relacionados con la clase social influyen en las decisiones de los y las operadores de justicia, lo que
causa obstáculos y barreras en el acceso a la justicia. Esto se refleja en los altos niveles de impunidad y
en las manifestaciones de frustración y desconfianza que se repitieron a lo largo del diálogo con las
mujeres de la Red.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Begala, Silvana, y Carlos Lista. «Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia :
condicionamientos objetivos ysubjetivos.» Anuario (no. 5 1999-2000), 2001: 405-430.
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http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm (último acceso: 22 de octubre de
2020).
Della Porta, Donatella, y Keating Michel. Enfoque y metodologías de las ciencias sociales. Una
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Einsenstein, Zillah. Patriarcado capitalista y feminismo socialista. Siglo XXI, 1980.
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discriminadas por los operadores de justicia, lo que inevitablemente obstaculiza su derecho a acceder a
la misma. Esto, como lo demuestran las entrevistas y conversaciones con víctimas y expertas en este
estudio, tiene que ver con los prejuicios y la estigmatización no solo por ser mujeres, sino, además, por
vivir en estratos 0, 1 y 2 y ser víctimas de un delito que, al estar relacionado con la sexualización de sus
cuerpos, sigue siendo ocultado por vergüenza, miedo y temas relacionados con la moral cristiana y la
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-La hipótesis de investigación fue sustentada a través de los resultados arrojados en el trabajo de campo.
Quedó demostrado que los prejuicios contra las mujeres por el hecho de serlo y los prejuicios
relacionados con la clase social influyen en las decisiones de los y las operadores de justicia, lo que
causa obstáculos y barreras en el acceso a la justicia. Esto se refleja en los altos niveles de impunidad y
en las manifestaciones de frustración y desconfianza que se repitieron a lo largo del diálogo con las
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