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INTRODUCCIÓN
La educación es un derecho fundamental y un factor determinante para el desarrollo social, económico
y cultural de las naciones (UNESCO, 2023); sin embargo en Ecuador, a pesar de los esfuerzos por
garantizar el acceso y la calidad educativa en todos los niveles, persisten brechas significativas entre
los contextos rurales y urbanos, mismas que se reflejan en múltiples dimensiones: acceso a la
infraestructura, disponibilidad de recursos didácticos, preparación docente, conectividad digital y
rendimiento académico de los estudiantes (Cruz Flores, 2024). Esta situación plantea un desafío crítico
para el sistema educativo nacional, que debe avanzar hacia una equidad efectiva y sostenible.
El contexto rural en Ecuador presenta condiciones particulares que limitan el ejercicio pleno del derecho
a la educación, ya que las escuelas rurales, especialmente en zonas geográficamente dispersas o de
difícil acceso, suelen operar con recursos limitados, escaso personal docente, y sin acceso a tecnologías
de la información y la comunicación (Cruz Guimaraes, 2022). A esto se suman factores socioculturales
como la migración, el trabajo infantil o el escaso involucramiento familiar en el proceso educativo que
no solo afectan la permanencia escolar, sino también el nivel de aprendizaje y la calidad de la educación
recibida.
En contraste, el ámbito urbano, aunque presenta mejores condiciones materiales y mayor acceso a
servicios educativos, no está exento de problemáticas, considerando que la alta concentración de
estudiantes, la heterogeneidad social, y las brechas digitales dentro de los propios sectores urbanos
evidencian que la desigualdad educativa no es un fenómeno exclusivo del campo (Saavedra Muñoz,
2023). No obstante, en términos generales, los estudiantes urbanos tienden a obtener mejores resultados
en pruebas estandarizadas y a acceder con mayor facilidad a educación media y superior, perpetuando
así un círculo de oportunidades educativas inequitativas.
Numerosos estudios nacionales e internacionales han evidenciado que la desigualdad en el acceso y la
calidad educativa incide directamente en las oportunidades futuras de los estudiantes (UNICEF, 2024);
las cuales, para el caso ecuatoriano, han sido visibilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), el Ministerio de Educación y organismos multilaterales como la UNESCO y el Banco
Mundial. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de estos diagnósticos, las políticas públicas aún
enfrentan dificultades para implementar soluciones estructurales adaptadas a las realidades locales.