JUSTICIA EN DEUDA: DESAFÍOS DEL
ACCESO LEGAL PARA MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR EN MÉXICO
JUSTICE IN DEBT: CHALLENGES OF LEGAL ACCESS FOR
WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN MEXICO
David Armando Herrera Peñafiel
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo - México
pág. 8097
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20148
Justicia en deuda: desafíos del acceso legal para mujeres víctimas de
violencia familiar en México
David Armando Herrera Peñafiel1
he336928@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-3089-9810
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El estudio analiza las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el acceso efectivo a la
justicia de mujeres en situación de violencia familiar en México. La investigación se centra en identificar
los factores que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, pese a la existencia de marcos
normativos nacionales e internacionales. Se planteó la hipótesis de que estas barreras se derivan de la
falta de perspectiva de género en la atención jurídica, la revictimización institucional y la deficiente
aplicación de la ley. Los resultados evidenciaron que, aunque el marco legal es sólido, su
implementación es insuficiente, persistiendo prácticas institucionales discriminatorias, retrasos en los
procesos y estigmas culturales que dificultan el acceso a la justicia. La investigación concluye que es
necesario fortalecer políticas públicas y protocolos institucionales con perspectiva de género, para
garantizar un acceso real, efectivo y sensible a la justicia de las mujeres víctimas de violencia familiar.
Palabras clave: violencia familiar, acceso a la justicia, derechos humanos, perspectiva de género,
barreras institucionales
1 Autor principal
Correspondencia: he336928@uaeh.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20148
Justicia en deuda: desafíos del acceso legal para mujeres víctimas de
violencia familiar en México
David Armando Herrera Peñafiel1
he336928@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-3089-9810
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El estudio analiza las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el acceso efectivo a la
justicia de mujeres en situación de violencia familiar en México. La investigación se centra en identificar
los factores que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, pese a la existencia de marcos
normativos nacionales e internacionales. Se planteó la hipótesis de que estas barreras se derivan de la
falta de perspectiva de género en la atención jurídica, la revictimización institucional y la deficiente
aplicación de la ley. Los resultados evidenciaron que, aunque el marco legal es sólido, su
implementación es insuficiente, persistiendo prácticas institucionales discriminatorias, retrasos en los
procesos y estigmas culturales que dificultan el acceso a la justicia. La investigación concluye que es
necesario fortalecer políticas públicas y protocolos institucionales con perspectiva de género, para
garantizar un acceso real, efectivo y sensible a la justicia de las mujeres víctimas de violencia familiar.
Palabras clave: violencia familiar, acceso a la justicia, derechos humanos, perspectiva de género,
barreras institucionales
1 Autor principal
Correspondencia: he336928@uaeh.edu.mx
pág. 8098
Justice in Debt: Challenges of Legal Access for Women Victims of Domestic
Violence in Mexico
ABSTRACT
The study analyzes the social, cultural, and institutional barriers that limit the effective access to justice
for women in situations of domestic violence in Mexico. The research focuses on identifying the factors
that hinder the full exercise of their rights, despite the existence of national and international legal
frameworks. The hypothesis proposed that these barriers stem from the lack of a gender perspective in
legal services, institutional revictimization, and poor enforcement of the law. The findings revealed that,
although the legal framework is solid, its implementation is insufficient. Discriminatory institutional
practices persist, along with delays in legal processes and cultural stigmas that impede access to justice.
The study concludes that it is necessary to strengthen public policies and institutional protocols with a
gender perspective, in order to ensure real, effective, and gender-sensitive access to justice for women
victims of domestic violence.
Keywords: domestic violence, access to justice, human rights, gender perspective, institutional barriers
Artículo recibido 15 Septiembre 2025
Aceptado para publicación: 15 Octubre 2025
Justice in Debt: Challenges of Legal Access for Women Victims of Domestic
Violence in Mexico
ABSTRACT
The study analyzes the social, cultural, and institutional barriers that limit the effective access to justice
for women in situations of domestic violence in Mexico. The research focuses on identifying the factors
that hinder the full exercise of their rights, despite the existence of national and international legal
frameworks. The hypothesis proposed that these barriers stem from the lack of a gender perspective in
legal services, institutional revictimization, and poor enforcement of the law. The findings revealed that,
although the legal framework is solid, its implementation is insufficient. Discriminatory institutional
practices persist, along with delays in legal processes and cultural stigmas that impede access to justice.
The study concludes that it is necessary to strengthen public policies and institutional protocols with a
gender perspective, in order to ensure real, effective, and gender-sensitive access to justice for women
victims of domestic violence.
Keywords: domestic violence, access to justice, human rights, gender perspective, institutional barriers
Artículo recibido 15 Septiembre 2025
Aceptado para publicación: 15 Octubre 2025
pág. 8099
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia es un pilar esencial en los Estados democráticos de derecho, ya que garantiza la
protección efectiva de los derechos humanos reconocidos tanto en el ámbito nacional como
internacional. No obstante, para las mujeres en situación de violencia familiar, este acceso se ve limitado
por barreras estructurales, culturales, jurídicas e institucionales que impiden la materialización del
principio de igualdad ante la ley.
La violencia familiar, reconocida por organismos internacionales como una de las formas más
extendidas de violencia de género, vulnera no solo la integridad física y emocional de las mujeres, sino
también su derecho a una vida libre de violencia, a mecanismos de protección adecuados y, en
consecuencia, a un desarrollo pleno dentro de la sociedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,
INEGI 2021), en México, el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de
violencia a lo largo de su vida, y el 39.9 % declaró haberla sufrido por parte de su pareja. Estas cifras
reflejan la magnitud del problema y evidencian la necesidad de analizar si los mecanismos de acceso a
la justicia responden de manera adecuada a las exigencias de protección y reparación de las víctimas.
A pesar de que México cuenta con un marco normativo sólido, como la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y las reformas constitucionales en materia de
derechos humanos de 2011, la implementación de estas normas presenta deficiencias importantes.
Persisten fallas en la capacitación con perspectiva de género de los operadores del sistema judicial, así
como en la articulación de medidas de protección inmediata y en la coordinación interinstitucional.
La relevancia de este estudio radica en que, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de
género, busca examinar los retos que enfrentan las mujeres en situación de violencia familiar al intentar
acceder a la justicia. Esta problemática, además de afectar a nivel individual, tiene implicaciones
sociales y jurídicas de amplio alcance, ya que perpetúa desigualdades estructurales, reproduce
estereotipos discriminatorios y debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de
garantizar los derechos fundamentales.
Diversos estudios recientes han documentado la persistencia de barreras institucionales y culturales que
dificultan el acceso efectivo a la justicia. Por ejemplo, Ríos Correa (2024) señala que, a pesar de las
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia es un pilar esencial en los Estados democráticos de derecho, ya que garantiza la
protección efectiva de los derechos humanos reconocidos tanto en el ámbito nacional como
internacional. No obstante, para las mujeres en situación de violencia familiar, este acceso se ve limitado
por barreras estructurales, culturales, jurídicas e institucionales que impiden la materialización del
principio de igualdad ante la ley.
La violencia familiar, reconocida por organismos internacionales como una de las formas más
extendidas de violencia de género, vulnera no solo la integridad física y emocional de las mujeres, sino
también su derecho a una vida libre de violencia, a mecanismos de protección adecuados y, en
consecuencia, a un desarrollo pleno dentro de la sociedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,
INEGI 2021), en México, el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de
violencia a lo largo de su vida, y el 39.9 % declaró haberla sufrido por parte de su pareja. Estas cifras
reflejan la magnitud del problema y evidencian la necesidad de analizar si los mecanismos de acceso a
la justicia responden de manera adecuada a las exigencias de protección y reparación de las víctimas.
A pesar de que México cuenta con un marco normativo sólido, como la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y las reformas constitucionales en materia de
derechos humanos de 2011, la implementación de estas normas presenta deficiencias importantes.
Persisten fallas en la capacitación con perspectiva de género de los operadores del sistema judicial, así
como en la articulación de medidas de protección inmediata y en la coordinación interinstitucional.
La relevancia de este estudio radica en que, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de
género, busca examinar los retos que enfrentan las mujeres en situación de violencia familiar al intentar
acceder a la justicia. Esta problemática, además de afectar a nivel individual, tiene implicaciones
sociales y jurídicas de amplio alcance, ya que perpetúa desigualdades estructurales, reproduce
estereotipos discriminatorios y debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de
garantizar los derechos fundamentales.
Diversos estudios recientes han documentado la persistencia de barreras institucionales y culturales que
dificultan el acceso efectivo a la justicia. Por ejemplo, Ríos Correa (2024) señala que, a pesar de las
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reformas orientadas a garantizar la igualdad, las estructuras judiciales y policiales continúan
reproduciendo prácticas de revictimización, desatención y discriminación de género. Asimismo,
Gallegos Salazar (2020) destaca que la existencia de protocolos con enfoque de género no asegura su
implementación, debido a la falta de capacitación continua y a la resistencia cultural dentro de las
instituciones.
Contexto Internacional del Acceso a la Justicia
A nivel internacional, informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2021) y el Comité de la CEDAW de la ONU (2022) advierten que, incluso en países con marcos legales
avanzados, los Estados enfrentan dificultades para garantizar a las mujeres víctimas de violencia
recursos judiciales efectivos, seguros y oportunos. Estos documentos enfatizan que los sistemas
judiciales deben combinar la sanción de los agresores con una protección integral a las víctimas, que
incluya asistencia legal, apoyo psicológico y medidas de seguridad durante los procesos judiciales.
Barreras entre Normativa y Realidad en México
En el contexto nacional, la literatura jurídica reciente resalta una brecha entre lo normado y su aplicación
práctica. Silva y Martínez (2019) señalan que los retrasos procesales, la falta de seguimiento de los casos
y la escasa coordinación interinstitucional generan desconfianza en el sistema de justicia y fomentan la
impunidad.
Factores sociales y culturales que perpetúan la desigualdad
A diferencia de otros estudios que se enfocan principalmente en el análisis normativo, esta investigación
adopta una mirada integral que articula factores institucionales, sociales y culturales para comprender
cómo afectan al acceso a la justicia. El objetivo es identificar no solo los vacíos en la aplicación de la
ley, sino también las prácticas institucionales que perpetúan la revictimización. De este modo, el estudio
busca aportar recomendaciones prácticas para fortalecer la atención a las mujeres desde un enfoque de
género y derechos humanos.
A partir del análisis del problema y de los antecedentes expuestos, esta investigación se orienta a
comprender cómo las barreras institucionales, sociales y culturales inciden en el acceso a la justicia de
mujeres en situación de violencia familiar en México. La pregunta central que guía el estudio es la
siguiente:
reformas orientadas a garantizar la igualdad, las estructuras judiciales y policiales continúan
reproduciendo prácticas de revictimización, desatención y discriminación de género. Asimismo,
Gallegos Salazar (2020) destaca que la existencia de protocolos con enfoque de género no asegura su
implementación, debido a la falta de capacitación continua y a la resistencia cultural dentro de las
instituciones.
Contexto Internacional del Acceso a la Justicia
A nivel internacional, informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2021) y el Comité de la CEDAW de la ONU (2022) advierten que, incluso en países con marcos legales
avanzados, los Estados enfrentan dificultades para garantizar a las mujeres víctimas de violencia
recursos judiciales efectivos, seguros y oportunos. Estos documentos enfatizan que los sistemas
judiciales deben combinar la sanción de los agresores con una protección integral a las víctimas, que
incluya asistencia legal, apoyo psicológico y medidas de seguridad durante los procesos judiciales.
Barreras entre Normativa y Realidad en México
En el contexto nacional, la literatura jurídica reciente resalta una brecha entre lo normado y su aplicación
práctica. Silva y Martínez (2019) señalan que los retrasos procesales, la falta de seguimiento de los casos
y la escasa coordinación interinstitucional generan desconfianza en el sistema de justicia y fomentan la
impunidad.
Factores sociales y culturales que perpetúan la desigualdad
A diferencia de otros estudios que se enfocan principalmente en el análisis normativo, esta investigación
adopta una mirada integral que articula factores institucionales, sociales y culturales para comprender
cómo afectan al acceso a la justicia. El objetivo es identificar no solo los vacíos en la aplicación de la
ley, sino también las prácticas institucionales que perpetúan la revictimización. De este modo, el estudio
busca aportar recomendaciones prácticas para fortalecer la atención a las mujeres desde un enfoque de
género y derechos humanos.
A partir del análisis del problema y de los antecedentes expuestos, esta investigación se orienta a
comprender cómo las barreras institucionales, sociales y culturales inciden en el acceso a la justicia de
mujeres en situación de violencia familiar en México. La pregunta central que guía el estudio es la
siguiente:
pág. 8101
¿Cuáles son los principales factores que dificultan el camino efectivo hacia la justicia de las
mujeres víctimas de violencia familiar y cómo pueden ser superados mediante una perspectiva
de derechos humanos y enfoque de género?
Con el fin de responder a esta interrogante, se definieron las siguientes variables de estudio: Variable
independiente: Factores que limitan el acceso a la justicia. Se incluyen:
Institucionales: Falta de capacitación con perspectiva de género, burocracia, deficiencia en protocolos y
revictimización.
Sociales y culturales: Estereotipos de género, discriminación estructural, presión social y dependencia
económica.
Normativos: Brechas entre el marco legal vigente y su aplicación efectiva, tanto a nivel nacional como
internacional.
Variable dependiente: Acceso efectivo a la justicia, entendido como la posibilidad de ejercer derechos
en condiciones de igualdad, con seguridad, acompañamiento integral y sin revictimización. Este
concepto se analiza desde una perspectiva de género y derechos humanos, considerando la
disponibilidad de recursos jurídicos, la eficacia procesal y la protección integral de las víctimas.
El planteamiento de estas variables permite estructurar el análisis de forma sistemática, facilitando la
identificación de las barreras existentes y de las estrategias para superarlas. Esta delimitación es clave
para generar evidencia útil tanto para la academia como para la formulación de políticas públicas.
Los objetivos de la investigación se orientan a analizar las dificultades que enfrentan las mujeres
víctimas de violencia familiar en su búsqueda de justicia. El objetivo general es identificar las principales
barreras que enfrentan dentro del contexto mexicano, con el propósito de reconocer áreas de mejora en
los mecanismos institucionales de atención y protección. Para ello, se establecieron los siguientes
objetivos específicos:
1. Identificar los factores sociales, económicos, culturales e institucionales que limitan el acceso a
la justicia.
2. Describir el funcionamiento de los mecanismos legales y administrativos disponibles, evaluando
su accesibilidad y efectividad.
3. Proponer recomendaciones que fortalezcan el acceso a la justicia desde un enfoque de género y
¿Cuáles son los principales factores que dificultan el camino efectivo hacia la justicia de las
mujeres víctimas de violencia familiar y cómo pueden ser superados mediante una perspectiva
de derechos humanos y enfoque de género?
Con el fin de responder a esta interrogante, se definieron las siguientes variables de estudio: Variable
independiente: Factores que limitan el acceso a la justicia. Se incluyen:
Institucionales: Falta de capacitación con perspectiva de género, burocracia, deficiencia en protocolos y
revictimización.
Sociales y culturales: Estereotipos de género, discriminación estructural, presión social y dependencia
económica.
Normativos: Brechas entre el marco legal vigente y su aplicación efectiva, tanto a nivel nacional como
internacional.
Variable dependiente: Acceso efectivo a la justicia, entendido como la posibilidad de ejercer derechos
en condiciones de igualdad, con seguridad, acompañamiento integral y sin revictimización. Este
concepto se analiza desde una perspectiva de género y derechos humanos, considerando la
disponibilidad de recursos jurídicos, la eficacia procesal y la protección integral de las víctimas.
El planteamiento de estas variables permite estructurar el análisis de forma sistemática, facilitando la
identificación de las barreras existentes y de las estrategias para superarlas. Esta delimitación es clave
para generar evidencia útil tanto para la academia como para la formulación de políticas públicas.
Los objetivos de la investigación se orientan a analizar las dificultades que enfrentan las mujeres
víctimas de violencia familiar en su búsqueda de justicia. El objetivo general es identificar las principales
barreras que enfrentan dentro del contexto mexicano, con el propósito de reconocer áreas de mejora en
los mecanismos institucionales de atención y protección. Para ello, se establecieron los siguientes
objetivos específicos:
1. Identificar los factores sociales, económicos, culturales e institucionales que limitan el acceso a
la justicia.
2. Describir el funcionamiento de los mecanismos legales y administrativos disponibles, evaluando
su accesibilidad y efectividad.
3. Proponer recomendaciones que fortalezcan el acceso a la justicia desde un enfoque de género y
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de derechos humanos.
Con base en lo anterior, la hipótesis del estudio plantea que las mujeres en situación de violencia familiar
enfrentan barreras sociales, institucionales y culturales que restringen su acceso efectivo a la justicia.
Esta limitación se debe, principalmente, a la ausencia de perspectiva de género en la atención jurídica,
a la revictimización institucional y a una deficiente aplicación del marco legal vigente.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, por considerarse el más adecuado para
analizar fenómenos sociales y jurídicos complejos como el acceso a la justicia de las mujeres en
situación de violencia familiar. Este enfoque permitió comprender en profundidad las experiencias y
percepciones de las víctimas, así como las condiciones institucionales enfrentadas durante los procesos
legales (Molano et al., 2021).
En cuanto al tipo y diseño de investigación, el estudio se enmarcó en un nivel descriptivo–exploratorio,
dado que buscó identificar, describir y comprender los obstáculos que enfrentan las mujeres al ejercer
sus derechos. Se empleó el método de estudio de caso, considerado pertinente para examinar situaciones
particulares con un nivel de detalle y contextualización que otras metodologías no permiten (Canta y
Quesada, 2021). El diseño fue no experimental y transversal, con un enfoque fenomenológico–
constructivista, ya que se indagó sobre experiencias vividas en un tiempo determinado y se interpretaron
desde la perspectiva de las participantes.
La población de referencia estuvo conformada por mujeres que han experimentado violencia familiar y
que habían iniciado un proceso legal en una localidad de la región centro del país. La muestra fue de
carácter no probabilístico por conveniencia, en virtud de que el propósito de la investigación no consistió
en generalizar los resultados de manera estadística, sino en obtener un análisis profundo de las
experiencias vividas. Las participantes fueron seleccionadas con base en su disposición a compartir sus
testimonios y siempre bajo consentimiento informado.
Se establecieron criterios de inclusión que contemplaron a mujeres mayores de edad, con experiencia
en procesos legales relacionados con violencia familiar y que aceptaron participar firmando el
consentimiento informado. Por otra parte, los criterios de exclusión se aplicaron a mujeres que se
encontraban en procesos judiciales en curso, a fin de evitar riesgos de revictimización o posibles
de derechos humanos.
Con base en lo anterior, la hipótesis del estudio plantea que las mujeres en situación de violencia familiar
enfrentan barreras sociales, institucionales y culturales que restringen su acceso efectivo a la justicia.
Esta limitación se debe, principalmente, a la ausencia de perspectiva de género en la atención jurídica,
a la revictimización institucional y a una deficiente aplicación del marco legal vigente.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, por considerarse el más adecuado para
analizar fenómenos sociales y jurídicos complejos como el acceso a la justicia de las mujeres en
situación de violencia familiar. Este enfoque permitió comprender en profundidad las experiencias y
percepciones de las víctimas, así como las condiciones institucionales enfrentadas durante los procesos
legales (Molano et al., 2021).
En cuanto al tipo y diseño de investigación, el estudio se enmarcó en un nivel descriptivo–exploratorio,
dado que buscó identificar, describir y comprender los obstáculos que enfrentan las mujeres al ejercer
sus derechos. Se empleó el método de estudio de caso, considerado pertinente para examinar situaciones
particulares con un nivel de detalle y contextualización que otras metodologías no permiten (Canta y
Quesada, 2021). El diseño fue no experimental y transversal, con un enfoque fenomenológico–
constructivista, ya que se indagó sobre experiencias vividas en un tiempo determinado y se interpretaron
desde la perspectiva de las participantes.
La población de referencia estuvo conformada por mujeres que han experimentado violencia familiar y
que habían iniciado un proceso legal en una localidad de la región centro del país. La muestra fue de
carácter no probabilístico por conveniencia, en virtud de que el propósito de la investigación no consistió
en generalizar los resultados de manera estadística, sino en obtener un análisis profundo de las
experiencias vividas. Las participantes fueron seleccionadas con base en su disposición a compartir sus
testimonios y siempre bajo consentimiento informado.
Se establecieron criterios de inclusión que contemplaron a mujeres mayores de edad, con experiencia
en procesos legales relacionados con violencia familiar y que aceptaron participar firmando el
consentimiento informado. Por otra parte, los criterios de exclusión se aplicaron a mujeres que se
encontraban en procesos judiciales en curso, a fin de evitar riesgos de revictimización o posibles
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afectaciones legales, así como a quienes no otorgaron su consentimiento para participar.
En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se emplearon entrevistas
semiestructuradas como instrumento principal. Estas se llevaron a cabo mediante una guía de entrevista
diseñada previamente y validada por expertos, lo que permitió explorar factores emergentes y adaptarse
a cada caso particular (Ibarra-Sáiz et al., 2023). Las entrevistas se realizaron en un entorno seguro y
confidencial, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la protección de la
identidad de las participantes y la no revictimización. Asimismo, se realizó una revisión documental de
fuentes secundarias tales como estadísticas, diagnósticos oficiales, legislación nacional, tratados
internacionales ratificados por México y jurisprudencia en materia de violencia de género. En particular,
se recurrió a información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre los años 2020 y 2025.
En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio se apegó a los principios de respeto, justicia y
beneficencia. Para ello, se obtuvo el consentimiento informado de todas las participantes, se garantizó
la confidencialidad de los datos y el anonimato en la presentación de resultados. Además, el proyecto
fue revisado y aprobado por un comité de ética en investigación, asegurando el cumplimiento de los
estándares éticos y la protección de las participantes.
El procedimiento de análisis se llevó a cabo a través de un proceso de triangulación de fuentes, lo cual
permitió contrastar la información obtenida en las entrevistas con los datos estadísticos y con el marco
normativo nacional e internacional. Este marco incluyó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de Belém do Pará. Este procedimiento
permitió construir un análisis jurídico–sociológico integral, sustentado en evidencia empírica y
normativa.
Finalmente, se reconocen algunas limitaciones del estudio. Entre ellas se encuentra que el carácter no
probabilístico de la muestra impide la generalización estadística de los resultados. Asimismo, la
investigación se circunscribió a una localidad específica, lo que limita la representatividad a nivel
nacional. Por otra parte, la sensibilidad de la temática pudo influir en el grado de apertura de algunas
afectaciones legales, así como a quienes no otorgaron su consentimiento para participar.
En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se emplearon entrevistas
semiestructuradas como instrumento principal. Estas se llevaron a cabo mediante una guía de entrevista
diseñada previamente y validada por expertos, lo que permitió explorar factores emergentes y adaptarse
a cada caso particular (Ibarra-Sáiz et al., 2023). Las entrevistas se realizaron en un entorno seguro y
confidencial, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la protección de la
identidad de las participantes y la no revictimización. Asimismo, se realizó una revisión documental de
fuentes secundarias tales como estadísticas, diagnósticos oficiales, legislación nacional, tratados
internacionales ratificados por México y jurisprudencia en materia de violencia de género. En particular,
se recurrió a información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre los años 2020 y 2025.
En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio se apegó a los principios de respeto, justicia y
beneficencia. Para ello, se obtuvo el consentimiento informado de todas las participantes, se garantizó
la confidencialidad de los datos y el anonimato en la presentación de resultados. Además, el proyecto
fue revisado y aprobado por un comité de ética en investigación, asegurando el cumplimiento de los
estándares éticos y la protección de las participantes.
El procedimiento de análisis se llevó a cabo a través de un proceso de triangulación de fuentes, lo cual
permitió contrastar la información obtenida en las entrevistas con los datos estadísticos y con el marco
normativo nacional e internacional. Este marco incluyó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de Belém do Pará. Este procedimiento
permitió construir un análisis jurídico–sociológico integral, sustentado en evidencia empírica y
normativa.
Finalmente, se reconocen algunas limitaciones del estudio. Entre ellas se encuentra que el carácter no
probabilístico de la muestra impide la generalización estadística de los resultados. Asimismo, la
investigación se circunscribió a una localidad específica, lo que limita la representatividad a nivel
nacional. Por otra parte, la sensibilidad de la temática pudo influir en el grado de apertura de algunas
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participantes al momento de compartir sus experiencias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se identificaron diversos hallazgos que evidencian la importancia y la vigencia del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, analizado desde un enfoque de derechos humanos
y de género. Este derecho, reconocido tanto en el ámbito internacional como nacional, constituye un eje
fundamental para la protección de las mujeres frente a situaciones de violencia y para la garantía del
acceso efectivo a la justicia. El análisis permitió visibilizar las obligaciones del Estado en materia de
prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como las
limitaciones y retos que persisten en la implementación de los marcos legales y en la actuación de las
instituciones encargadas de su cumplimiento.
Con el fin de dar claridad y orden a los hallazgos, los principales resultados se organizaron en tres ejes:
marco normativo internacional, marco normativo nacional y jurisprudencia relevante.
En primer lugar, respecto al marco normativo internacional, se identificó que instrumentos como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y
la Convención Interamericana de Belém do Pará establecen obligaciones claras para los Estados parte,
entre ellas la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales destinadas a garantizar la
protección de las mujeres frente a la violencia. Estos instrumentos, además, han servido como
fundamento para la incorporación progresiva de políticas públicas con perspectiva de género en el
ámbito nacional. No obstante, se evidenció que la distancia entre los compromisos internacionales
asumidos por México y su materialización efectiva en la práctica institucional sigue siendo significativa,
lo cual representa un reto para la armonización normativa y la eficacia de los mecanismos de protección.
En segundo lugar, en el marco normativo nacional, se reconoció la existencia de avances normativos
relevantes, entre ellos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley
General de Víctimas y diversas reformas al Código Penal Federal y a los códigos locales en materia de
violencia familiar. Estos instrumentos han permitido delinear competencias institucionales y generar
mecanismos de atención a víctimas, tales como las órdenes de protección y los centros de justicia para
las mujeres. Sin embargo, las entrevistas y la revisión documental reflejaron que la implementación de
estas normas enfrenta limitaciones significativas: falta de recursos, deficiencias en la capacitación de
participantes al momento de compartir sus experiencias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se identificaron diversos hallazgos que evidencian la importancia y la vigencia del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, analizado desde un enfoque de derechos humanos
y de género. Este derecho, reconocido tanto en el ámbito internacional como nacional, constituye un eje
fundamental para la protección de las mujeres frente a situaciones de violencia y para la garantía del
acceso efectivo a la justicia. El análisis permitió visibilizar las obligaciones del Estado en materia de
prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como las
limitaciones y retos que persisten en la implementación de los marcos legales y en la actuación de las
instituciones encargadas de su cumplimiento.
Con el fin de dar claridad y orden a los hallazgos, los principales resultados se organizaron en tres ejes:
marco normativo internacional, marco normativo nacional y jurisprudencia relevante.
En primer lugar, respecto al marco normativo internacional, se identificó que instrumentos como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y
la Convención Interamericana de Belém do Pará establecen obligaciones claras para los Estados parte,
entre ellas la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales destinadas a garantizar la
protección de las mujeres frente a la violencia. Estos instrumentos, además, han servido como
fundamento para la incorporación progresiva de políticas públicas con perspectiva de género en el
ámbito nacional. No obstante, se evidenció que la distancia entre los compromisos internacionales
asumidos por México y su materialización efectiva en la práctica institucional sigue siendo significativa,
lo cual representa un reto para la armonización normativa y la eficacia de los mecanismos de protección.
En segundo lugar, en el marco normativo nacional, se reconoció la existencia de avances normativos
relevantes, entre ellos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley
General de Víctimas y diversas reformas al Código Penal Federal y a los códigos locales en materia de
violencia familiar. Estos instrumentos han permitido delinear competencias institucionales y generar
mecanismos de atención a víctimas, tales como las órdenes de protección y los centros de justicia para
las mujeres. Sin embargo, las entrevistas y la revisión documental reflejaron que la implementación de
estas normas enfrenta limitaciones significativas: falta de recursos, deficiencias en la capacitación de
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servidores públicos, revictimización durante los procesos y disparidades en el acceso a la justicia
dependiendo del contexto socioeconómico y geográfico de las mujeres. Estos hallazgos coinciden con
diagnósticos de organismos nacionales e internacionales, lo que confirma la persistencia de brechas
estructurales en el cumplimiento de la normatividad.
En tercer lugar, en relación con la jurisprudencia relevante, se identificaron precedentes judiciales que
han fortalecido la interpretación de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género. Entre
ellos destacan criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, los cuales han marcado pautas para el reconocimiento del deber reforzado del
Estado en materia de prevención y sanción de la violencia de género. Estos fallos reflejan una evolución
hacia la incorporación de estándares internacionales en la práctica jurisdiccional. No obstante, los
testimonios de las participantes revelaron que tales avances jurisprudenciales no siempre se traducen en
una transformación efectiva de las prácticas cotidianas en las agencias del Ministerio Público, tribunales
locales y demás instancias responsables de la procuración de justicia.
En síntesis, los resultados demuestran que, si bien México cuenta con un marco jurídico robusto y con
avances en materia de políticas públicas y criterios jurisprudenciales, persisten brechas entre la norma
y la práctica, lo que limita el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Esta situación confirma lo
señalado en investigaciones previas, pero también aporta evidencia empírica novedosa al mostrar cómo
esas limitaciones se viven de manera concreta en los procesos legales emprendidos por mujeres víctimas
de violencia familiar.
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos subrayan la pertinencia del enfoque de derechos humanos
y de género, al tiempo que ponen de relieve tensiones entre la progresividad normativa y la efectividad
institucional. En términos prácticos, los resultados ofrecen insumos valiosos para fortalecer las políticas
públicas y los mecanismos de capacitación institucional, orientados a garantizar una atención más eficaz,
sensible y respetuosa de los derechos de las mujeres. Asimismo, aportan elementos de discusión para la
línea de investigación sobre violencia de género y acceso a la justicia, resaltando la necesidad de
continuar con estudios interdisciplinarios que vinculen el análisis jurídico con las experiencias sociales
de las víctimas.
servidores públicos, revictimización durante los procesos y disparidades en el acceso a la justicia
dependiendo del contexto socioeconómico y geográfico de las mujeres. Estos hallazgos coinciden con
diagnósticos de organismos nacionales e internacionales, lo que confirma la persistencia de brechas
estructurales en el cumplimiento de la normatividad.
En tercer lugar, en relación con la jurisprudencia relevante, se identificaron precedentes judiciales que
han fortalecido la interpretación de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género. Entre
ellos destacan criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, los cuales han marcado pautas para el reconocimiento del deber reforzado del
Estado en materia de prevención y sanción de la violencia de género. Estos fallos reflejan una evolución
hacia la incorporación de estándares internacionales en la práctica jurisdiccional. No obstante, los
testimonios de las participantes revelaron que tales avances jurisprudenciales no siempre se traducen en
una transformación efectiva de las prácticas cotidianas en las agencias del Ministerio Público, tribunales
locales y demás instancias responsables de la procuración de justicia.
En síntesis, los resultados demuestran que, si bien México cuenta con un marco jurídico robusto y con
avances en materia de políticas públicas y criterios jurisprudenciales, persisten brechas entre la norma
y la práctica, lo que limita el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Esta situación confirma lo
señalado en investigaciones previas, pero también aporta evidencia empírica novedosa al mostrar cómo
esas limitaciones se viven de manera concreta en los procesos legales emprendidos por mujeres víctimas
de violencia familiar.
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos subrayan la pertinencia del enfoque de derechos humanos
y de género, al tiempo que ponen de relieve tensiones entre la progresividad normativa y la efectividad
institucional. En términos prácticos, los resultados ofrecen insumos valiosos para fortalecer las políticas
públicas y los mecanismos de capacitación institucional, orientados a garantizar una atención más eficaz,
sensible y respetuosa de los derechos de las mujeres. Asimismo, aportan elementos de discusión para la
línea de investigación sobre violencia de género y acceso a la justicia, resaltando la necesidad de
continuar con estudios interdisciplinarios que vinculen el análisis jurídico con las experiencias sociales
de las víctimas.
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CONCLUSIONES
La investigación realizada confirma que el acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia
familiar continúa siendo un reto pendiente dentro de los sistemas jurídicos y sociales. Los resultados
obtenidos muestran que, si bien existe un marco normativo robusto a nivel nacional e internacional que
reconoce los derechos de las mujeres, en la práctica subsisten limitaciones que impiden su
materialización efectiva. Estas limitaciones no se reducen al plano legal, sino que se extienden a factores
de orden social, institucional y cultural, lo que refleja la complejidad multidimensional del problema y
la necesidad de un abordaje integral.
El aporte central de esta investigación radica en visibilizar que las barreras que enfrentan las mujeres no
se deben únicamente a la carencia de recursos institucionales, sino también a la ausencia de una
verdadera perspectiva de género en la atención jurídica y en la impartición de justicia. La revictimización
constatada dentro de los propios espacios destinados a brindar protección revela fallas estructurales en
los protocolos de actuación y una insuficiente capacitación de los operadores jurídicos. Este hallazgo
coincide con antecedentes de organismos internacionales que han advertido sobre la falta de sensibilidad
institucional frente a las víctimas, pero aporta evidencia empírica actualizada que da cuenta de cómo
estas deficiencias persisten en contextos locales concretos.
Asimismo, los resultados ponen de relieve el peso de los estigmas culturales y de las concepciones
tradicionales de género, que continúan normalizando la violencia e inhibiendo la disposición de las
víctimas a denunciar y a exigir justicia. En este sentido, el acceso a la justicia debe entenderse no sólo
como la existencia de vías legales formales, sino como un derecho humano cuyo cumplimiento requiere
la transformación de patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad. Esto implica reconocer que
las soluciones no se limitan a reformas legales, sino que deben acompañarse de políticas públicas
orientadas a la prevención, la sensibilización social y la erradicación de la discriminación estructural.
El valor de los resultados se encuentra en demostrar que el acceso a la justicia no se garantiza únicamente
mediante la promulgación de leyes, sino mediante la eficacia de su aplicación y la sensibilidad
institucional en la atención de los casos. De esta manera, la investigación contribuye al debate académico
y social al subrayar la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección, garantizar la formación
continua de operadores jurídicos con perspectiva de género e impulsar la coordinación interinstitucional
CONCLUSIONES
La investigación realizada confirma que el acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia
familiar continúa siendo un reto pendiente dentro de los sistemas jurídicos y sociales. Los resultados
obtenidos muestran que, si bien existe un marco normativo robusto a nivel nacional e internacional que
reconoce los derechos de las mujeres, en la práctica subsisten limitaciones que impiden su
materialización efectiva. Estas limitaciones no se reducen al plano legal, sino que se extienden a factores
de orden social, institucional y cultural, lo que refleja la complejidad multidimensional del problema y
la necesidad de un abordaje integral.
El aporte central de esta investigación radica en visibilizar que las barreras que enfrentan las mujeres no
se deben únicamente a la carencia de recursos institucionales, sino también a la ausencia de una
verdadera perspectiva de género en la atención jurídica y en la impartición de justicia. La revictimización
constatada dentro de los propios espacios destinados a brindar protección revela fallas estructurales en
los protocolos de actuación y una insuficiente capacitación de los operadores jurídicos. Este hallazgo
coincide con antecedentes de organismos internacionales que han advertido sobre la falta de sensibilidad
institucional frente a las víctimas, pero aporta evidencia empírica actualizada que da cuenta de cómo
estas deficiencias persisten en contextos locales concretos.
Asimismo, los resultados ponen de relieve el peso de los estigmas culturales y de las concepciones
tradicionales de género, que continúan normalizando la violencia e inhibiendo la disposición de las
víctimas a denunciar y a exigir justicia. En este sentido, el acceso a la justicia debe entenderse no sólo
como la existencia de vías legales formales, sino como un derecho humano cuyo cumplimiento requiere
la transformación de patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad. Esto implica reconocer que
las soluciones no se limitan a reformas legales, sino que deben acompañarse de políticas públicas
orientadas a la prevención, la sensibilización social y la erradicación de la discriminación estructural.
El valor de los resultados se encuentra en demostrar que el acceso a la justicia no se garantiza únicamente
mediante la promulgación de leyes, sino mediante la eficacia de su aplicación y la sensibilidad
institucional en la atención de los casos. De esta manera, la investigación contribuye al debate académico
y social al subrayar la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección, garantizar la formación
continua de operadores jurídicos con perspectiva de género e impulsar la coordinación interinstitucional
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para evitar vacíos en la atención a las víctimas.
Finalmente, los hallazgos abren nuevas interrogantes que invitan a continuar la reflexión: ¿qué
estrategias podrían resultar más efectivas para superar la resistencia cultural frente a la igualdad de
género?, ¿de qué manera puede evaluarse el impacto real de la capacitación con perspectiva de género
en el sistema de justicia?, ¿qué mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas permitirían garantizar
que los estándares internacionales de protección a las mujeres se traduzcan en prácticas cotidianas dentro
de las instituciones? Estas preguntas marcan una agenda de investigación futura, necesaria para
profundizar en las soluciones y para avanzar hacia la consolidación del acceso a la justicia como un
derecho plenamente exigible y garantizado para todas las mujeres.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Batris de la Cruz, A. R. C., & Pérez Baxin, O. (2022). El acceso a la justicia como un derecho humano
en la construcción del estado de derecho. REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis,
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00122019000300277
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Gallegos Salazar. (2020). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW) y su impacto en el ámbito legislativo del derecho chileno [Tesis de
Licenciatura]. Universidad de Chile.
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176707/Convencion-sobre-laeliminacion-de-todas-
las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer-CEDAW-y-suimpacto-en-el-
ambito.pdf?sequence=1
Iriarte Rivas. (2020). La sustancialidad de la Convención Belém do Pará para la superación de la
discriminación estructural y la violencia contra la mujer fundada en el género. Anuario de
Derechos Humanos, pp. 171-185.
para evitar vacíos en la atención a las víctimas.
Finalmente, los hallazgos abren nuevas interrogantes que invitan a continuar la reflexión: ¿qué
estrategias podrían resultar más efectivas para superar la resistencia cultural frente a la igualdad de
género?, ¿de qué manera puede evaluarse el impacto real de la capacitación con perspectiva de género
en el sistema de justicia?, ¿qué mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas permitirían garantizar
que los estándares internacionales de protección a las mujeres se traduzcan en prácticas cotidianas dentro
de las instituciones? Estas preguntas marcan una agenda de investigación futura, necesaria para
profundizar en las soluciones y para avanzar hacia la consolidación del acceso a la justicia como un
derecho plenamente exigible y garantizado para todas las mujeres.
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[Tesis de Grado]. Universidad Privada de Tacna.
http://hdl.handle.net/20.500.12969/894
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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