SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
EN DERECHO COMPARADO: REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LOS MODELOS
GARANTISTAS LATINOAMERICANOS
JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN
COMPARATIVE LAW:
A SYSTEMATIC REVIEW OF LATIN AMERICAN
GUARANTEE-BASED MODELS
María del Rocío Huaccha Espinoza
Universidad Nacional de Trujillo - Perú

pág. 1856
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22331
Sistema de Justicia Penal Juvenil en Derecho Comparado: Revisión
Sistemática de los Modelos Garantistas Latinoamericanos
María del Rocío Huaccha Espinoza1
mhuacchae@unitru.edu.pe
https://orcid.org/0009-0009-0706-3526
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
El objetivo investigativo de este artículo de revisión sistemática es analizar el marco jurídico para
los adolescentes infractores en distintos sistemas penales juveniles en el derecho comparado
específicamente en países de América Latina. Se utilizó el método prisma para la selección de las
fuentes bibliográfica, así como un enfoque cualitativo de tipo descriptivo comparativo. La
información plasmada en el presente artículo fue introducida mediante un exhaustivo análisis
documental. Los marcos jurídicos que regulan el proceso diferenciado para los adolescentes
infractores varían a nivel internacional, puesto que no existe un sistema penal juvenil unificado.
Como hallazgo se obtuvo que el 75 % de los autores tienen un criterio unificado en que gran parte
de los marcos jurídicos analizados son similares y garantistas porque se alinean con la Convención
sobre los Derechos del Niño y otras regulaciones internacionales. Mientras que el 25% de los autores
coinciden en que algunos países aún enfrentan problemas estructurales en la implementación de
políticas penales juveniles.
Palabras clave: sistema penal juvenil, adolescente infractor, responsabilidad penal, derechos
humanos
1 Autor principal
Correspondencia: mhuacchae@unitru.edu.pe

pág. 1857
Juvenile Criminal Justice System in Comparative Law:
A Systematic Review of Latin American Guarantee-Based Models
ABSTRACT
The research objective of this systematic review article is to analyze the legal framework for juvenile
offenders in different juvenile justice systems in comparative law, specifically in Latin American
countries. The PRISMA method was used for selecting bibliographic sources, along with a qualitative,
descriptive-comparative approach. The information presented in this article was gathered through a
comprehensive documentary analysis. The legal frameworks that regulate the differentiated process for
juvenile offenders vary internationally, as there is no unified juvenile justice system. The findings
indicate that 75% of the authors agree that most of the legal frameworks analyzed are similar and
protective of rights because they align with the Convention on the Rights of the Child and other
international regulations. Meanwhile, 25% of the authors agree that some countries still face structural
problems in the implementation of juvenile justice policies.
Keywords: juvenile criminal justice system, juvenile offender, criminal responsibility, human rights
Artículo recibido 02 enero 2026
Aceptado para publicación: 30 enero 2026

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INTRODUCCIÓN
Un problema social que se incrementa considerablemente y preocupa a la sociedad contemporánea en
la delincuencia juvenil. La participación de adolescentes en actividades ilícitas genera una crisis a los
sistemas de justicia y afecta a la percepción de seguridad en la sociedad (Saldaña et al., 2025, p. 2).
El sistema penal juvenil está conformado por un marco jurídico regulatorio y entidades que conforman
el sistema de justicia con despachos especializados en materia de adolescentes infractores. (Defensoría
del pueblo, 2024).
La doctrina sobre la protección integral de los adolescentes sostiene que el encargado de tutelar las
conductas de los adolescentes infractores es el Estado, teniendo su fundamento en los derechos humanos
y el interés superior del adolescente, desplazando de esta forma a la doctrina de la situación irregular
que rigió en la mayoría de los países por casi un siglo (Ortega, 2022, p.142).
Actualmente, a pesar de existir normativas que regulan el tratamiento jurídico de los adolescentes
infractores, aún se carece de un sistema específico que atienda sus necesidades de forma integral, por
lo que se puede deducir que existen desafíos para lograr un tratamiento jurídico uniforme y eficaz a
nivel internacional (Celi, 2025). Al respecto Mero y Ureta (2024) señalan que la justicia penal juvenil
se origina como un sistema especializado en respuesta a una demanda de orden supranacional. (p.6).
Es por ello que la importancia de esta investigación se centra en la necesidad de comprender cómo los
sistemas legales abordan la responsabilidad penal juvenil. Así mismo, desde una perspectiva social, se
abarca la necesidad de identificar si los sistemas de justicia penal juvenil no solo sancionan, sino
también promuevan la reintegración social de los adolescentes infractores.
Con la constante creciente de la criminalidad juvenil, la política criminal ha demostrado ser poco
eficiente para lograr la prevención, rehabilitación, readaptación y reeducación (Torres, 2023). Aunado
a ello, el sistema penal juvenil presenta problemas, debido a que no se aplica la privación de la libertad
como última medida, teniendo como consecuencia el hacinamiento y segregación en los centros
juveniles de internamiento (Cortés, 2023).
Un dato alarmante sobre los adolescentes a los cuales se les ha encontrado responsabilidad penal, según
UNICEF, es que el 79,4% de los jóvenes se encuentran incluidos en programas de seguimiento “en

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territorio”; 2,4%, en establecimientos con libertad restringida; y 18,2% en establecimientos privados
totalmente de su libertad (Nebra, 2020, p.140).
En ese sentido, a nivel internacional se han implementado enfoques distintos en sus sistemas penales
juveniles como es el caso de Colombia, el marco jurídico se basa en la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño que considera factores como la edad, la relevancia de la reinserción y de que el
adolescente tenga una función constructiva y provechosa en la sociedad (Torres y Tirado, 2023, p.134)
Por su parte, en Brasil, a partir de 1990, los adolescentes comprendidos entre 12 y 18 años comenzaron
a ser considerados pasibles de responsabilidad de la comisión de una infracción, es decir, hay una
diferenciación respecto de la legislación penal para adultos, por lo que, en teoría, limita el poder
sancionador del Estado ante aquellas infracciones de la ley penal (Klein y Ghiringhelli, 2022, p.155).
En ese mismo sentido, en Argentina una medida o recurso a de última ratio dentro del sistema penal
juvenil en la restricción de la libertad, puesto que se reconoce a los adolescentes como una población
en etapa de crecimiento, especialmente vulnerable a los efectos del encierro y a la violación de sus
derechos (Nebra, 2020, p.141).
Adicionalmente, Cabrera y Ruíz (2020) precisan que en Ecuador y en gran parte de Latinoamérica, los
adolescentes son inimputables por no haber alcanzado la mayoría de edad, puesto que la Constitución
los reconoce como grupo vulnerable, por ende, no pueden ser juzgados por jueces penales comunes ni
se les puede imponer penas privativas de libertad por lo que en su lugar, se les aplica un sistema de
medidas socioeducativas, lo cual refuerza la necesidad de una justicia especializada (p.179).
Respecto al Perú, de acuerdo con Zapata (2022), el sistema penal juvenil tiene una tendencia garantista
con el menor infractor, dado que el Código del Niño y Adolescente del Perú ha sido adaptado para
alinearse con la CDN, considerada uno de los dispositivos legales supranacionales más avanzados en la
protección de los derechos de los adolescentes, sin embargo, contravienen todo dispositivo legal de
carácter internacional al querer disminuir la edad de la inimputabilidad (p.115).
Tal es así que existen programas de orientación para ayudar a los adolescentes infractores, y esto se ve
reflejado a nivel nacional en el reporte estadístico realizado por el Programa Nacional de Centros
Juveniles, donde se identificó que atendieron a 3,777 adolescentes, de los cuales, 1,790 pertenecían a
la población internada en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación; 1,593 participaban de los

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Servicios de Orientación al Adolescente y 394 adolescentes participaban en el Programa de Asistencia
y Seguimiento Posterior al Egreso, lo que representó el 47.4%, 42.2% y 10.4% de la población total
activa respectivamente (Programa Nacional de Centros Juveniles, 2024, p.5).
Sin embargo, pese a los programas de orientación, la percepción de inseguridad empeora. Ninguna
medida hasta el momento indica que podría frenarse la inseguridad o que podría mejorar la seguridad,
el crecimiento del desborde la inseguridad o el estado de zozobra en el que se encuentra la población
en general (IPSOS, 2024, párr. 6).
Según el último informe del INEI, en el departamento de La Libertad, la tasa de víctimas de delitos
aumentó al 25% en el año 2024. Esto significa que, una de cada cuatro personas adultas en esta región
ha sido víctima de algún delito (Valencia, 2024, párr. 1).
Una investigación que analiza a los adolescentes infractores y la justicia penal juvenil que se encargan
de sancionarlos dentro de Latinoamérica se va desarrollar en un contexto caracterizado por
desigualdades socioeconómicas lo que trae consigo altos índices de pobreza y limitadas oportunidades
de desarrollo. Por lo que, estas condiciones estructurales inciden en la formación de contextos de riesgo
social en los que muchos adolescentes infringen la ley penal y/o tienen conductas delictivas
reincidentes.
En virtud de la realidad problemática descrita, planteamos la pregunta de investigación consecuente:
¿Cuáles son los sistemas de justicia penal juvenil de los adolescentes infractores que si son garantista
de los derechos humanos en el derecho comparado de América Latina?
Para dar respuesta a este problema se proyecta como objetivo general:
▪ Analizar el marco jurídico de los adolescentes infractores en distintos sistemas penales juveniles
en el derecho comparado específicamente en América Latina.
En esa línea se planteó los siguientes objetivos específicos:
1. Comparar los sistemas penales juveniles a nivel internacional,
2. Identificar similitudes y diferencias en los sistemas penal juveniles a nivel internacional

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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente artículo de revisión sistemática se trata de una investigación básica porque se orientará a
incrementar el conocimiento teórico sin enfocarse en la aplicación práctica inmediata, la técnica
utilizada es de revisión sistemática documental teniendo como instrumento las fichas de lectura, su
diseño es de tipo no experimental con corte trasversal y descriptivo con un enfoque cualitativo puesto
que está orientado al objetivo principal de la investigación.
Adicionalmente, se aplicaron métodos de interpretación deductivos, inductivos y analíticos para realizar
un análisis comparativo de los diversos sistemas de justicia para adolescentes infractores en
Latinoamérica.
En cuanto a las consideraciones éticas, esta investigación utilizó fuentes de dominio público, respetando
y cumpliendo con los principios de integridad académica, validación y confiabilidad de las fuentes y un
adecuado uso las normas APA sétima edición.
Respecto de los criterios de selección se adoptó el proceso de revisión prisma, que facilitó la obtención
de los artículos científicos relevantes para este estudio, además, de haber sido extraídos de diferentes
fuentes de información confiables como Redalyc, ProQuest, Scopus, Scielo, Dialnet, Doaj. Durante la
búsqueda de información se introdujeron palabras clave en el buscador como: adolescentes infractores,
sistema penal juvenil, sistema penal adolescente.
Como criterios de inclusión para los artículos se aplicaron filtros como el del idioma (español y
portugués), año de publicación (2025-2020), relevancia para el tema de investigación. Finalmente, se
excluyeron los artículos que no cumplieron con el idioma, artículos duplicados en varias bases de datos,
artículos con una antigüedad mayor de 5 años y que no tenían similitud con el tema de investigación.
RESULTADOS
Para realizar el primer análisis en base al objetivo específico 1, la siguiente tabla muestra las principales
características y aspectos claves de los sistemas penales juveniles a nivel internacional específicamente
en América Latina entre 2020 y 2025 en base al criterio de los autores de los artículos seleccionados de
esta investigación.

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Tabla 1. Características de los sistemas penales juveniles a nivel internacional de América Latina
Autor - Año País Características principales
Ortega et al. (2022) Colombia Tiene un enfoque restaurativo, siendo excepcional la
privación de libertad.
Sandoval y Tirado (2024) Colombia Maneja sanciones con aspecto psicosocial para cumplir
con la finalidad educativa.
Gonzales (2021) Paraguay El derecho penal para adolescentes infractores comparte
principios con el sistema de justicia para adultos.
Velasco (2021) Colombia Su sistema penal juvenil especializado fue creado por la
ley 1098 que busca una justicia garantista.
Defensoría del pueblo (2024) Perú Tiene tendencia a ampliar la edad límite para la
inimputabilidad del adolescente.
Maldonado y Cabrera (2023) Ecuador Tienen ausencia de normativa sobre justicia restaurativa,
por lo que, ante esta deficiencia se aplica los estándares
internacionales ius cogens.
Carmona et al. (2023) Colombia Tiene un sistema diferenciado para adolescentes
infractores con un enfoque protector de sus derechos.
Gonzales-Laurino (2020) Uruguay Hay prevalencia de la privación de libertad como
medida socioeducativa privilegiada.
Maldonado et al. (2022) Ecuador Implementa medidas socioeducativas con un fin
resocializador.
Gómez (2020) México Se reconocen y protegen los derechos del adolescente
infractor y se les brinda un trato digno.
Montalvo et al. (2023) Colombia Las medidas socioeducativas que se imponen cumplan
con proteger, educar y restaurar los derechos de los
adolescentes.
Villalba y Morel (2020) Paraguay Un sistema penal juvenil no garantista de los derechos
que le asistente a los adolescentes infractores.
Nota: Elaboración de la autora.
Interpretación de los Resultados: La tabla sintetiza las características principales los sistemas penales
juveniles en América Latina presentan una orientación mayoritariamente garantista, centrada en el
interés superior del adolescente, la finalidad educativa de las sanciones y el uso excepcional de la
privación de libertad, especialmente en países como Colombia, Ecuador y México.
No obstante, la tabla también evidencia la persistencia de enfoques punitivos en países como Paraguay,
Uruguay y Perú, donde se observa una mayor asimilación al derecho penal de adultos, priorizando la
culpabilidad y las medidas privativas de libertad.

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Tabla 2. Principales conclusiones de los artículos analizados.
Autor - Año País Conclusión
Ortega et al. (2022) Colombia Busca una justicia transicional, cumplir con la resocialización
y reparar a las víctimas.
Sandoval y Tirado (2024) Colombia Busca mecanismos alternativos de solución de conflictos para
garantizar el cumplimiento de las reparaciones civiles.
Gonzales (2021) Paraguay El principio del interés superior del adolescente no puede ser
invocado para restringir garantías del derecho penal.
Velasco (2021) Colombia Se debe tutelar los derechos de los adolescentes con la finalidad
de trasladarse de un sistema tutelar a uno garantista.
Defensoría del pueblo(2024) Perú La Institución critica el endurecer penas porque no reduce
delitos; urge prevención y enfoque humanista.
Maldonado y Cabrera (2023) Ecuador Se requiere regular la justicia restaurativa en la normativa
interna del país.
Carmona et al. (2023) Colombia El propósito de la justicia restaurativa se delimita a buscar la
rehabilitación del menor y su reinserción.
Gonzales-Laurino (2020) Uruguay Las instituciones funcionan en los márgenes sociales; operando
a partir del aumento punitivo de la legislación.
Maldonado et al. (2022) Ecuador El Código de la Niñes y Adolescencia no presenta criterios de
aplicación de las medidas privativas y no privativas de libertad.
Gómez (2020) México Sistema unificado de justicia que tutela los derechos de los
adolescentes de manera integral y no diferenciada.
Montalvo et al. (2023) Colombia La reincidencia hace entender que no se está cumpliendo con
la finalidad educativa del sistema de justicia penal juvenil.
Villalba y Morel (2020) Paraguay Busca aplicar características del sistema penal para adultos
para los adolescentes infractores.
Nota: Elaboración de la autora
Interpretación de los Resultados: La tabla 2 permite colegir que existe un consenso doctrinal
mayoritario en torno a la necesidad de orientar la justicia penal juvenil hacia la resocialización del
adolescente, el respeto del interés superior del menor, la justicia restaurativa y la protección de los
derechos humanos, rechazando enfoques punitivos por su limitada eficacia preventiva. No obstante, la
tabla también evidencia la presencia de posturas minoritarias que justifican la aplicación de principios

pág. 1864
propios del derecho penal de adultos, lo que demuestra una controversia regional sobre el modelo de
justicia penal juvenil más adecuado a pesar de compartir sistemas legales similares.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos evidencian una tensión estructural en los sistemas penales juveniles
latinoamericanos entre dos modelos antagónicos: el modelo garantista-restaurativo y el modelo punitivo
con características del derecho penal adulto. Esta disputa constituye el eje central del debate
contemporáneo en materia de justicia penal juvenil.
En concordancia con el objetivo específico 1 de la investigación, haciendo una comparación entre los
sistemas penal juveniles a nivel internacional se identificó que ocho de los autores al hacer un análisis
de los marcos jurídicos que procesan a los adolescentes infractores de sus países respectivamente
consideran que estos adolescentes deben ser tratados con especial protección, priorizando la
reintegración, el interés superior del menor y el uso excepcional de la privación de libertad. Destacan
la importancia de normas internacionales y principios restaurativos. Gran parte de los autores coincide
en promover una justicia juvenil orientada a la resocialización, el interés superior del adolescente, la
justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos. Lo que es un claro indicador de su
compromiso con la justicia y la dignidad humana, no solo por las obligaciones que emanan del derecho
internacional, sino también por principios éticos y sociales que demandan regulaciones más racionales
y efectivas. Totalmente en contraposición a enfoques meramente punitivos o sancionadores. (Ortega et
al., 2022; Sandoval y Tirado, 2024; Velasco, 2021; Carmona et al., 2023; Montalvo et al., 2023;
Maldonado y Cabrera, 2023; Maldonado et al., 2022; Gómez, 2020).
Así mismo, se tiene 3 autores que al análisis de los marcos jurídicos regulatorios y propuestas
legislativas de sus países identifican la aplicación de principios del derecho penal para mayores de edad,
la culpabilidad y medidas privativas de libertad como mecanismo central, a pesar de que esta postura
podría generar críticas de la comunidad jurídica internacional. (Gonzales, 2021; Gonzales-Laurino,
2020; Defensoría del Pueblo, 2024)
Por otra parte, en concordancia con el objetivo específico 2 se pudo identificar que una similitud clave
entre países como Colombia, Ecuador y México es la incorporación de criterios y principios del derecho
internacional de los derechos del niño y adolescente, como el interés superior del menor y la finalidad

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educativa de las sanciones. Por el contrario, una diferencia notable es que mientras Colombia y Ecuador
poseen sistemas especializados con autoridades y procedimientos diferenciados del sistema penal para
mayores de edad, en Uruguay y Perú persisten prácticas punitivas que equiparan el tratamiento de
adolescentes con el de adultos, mediante reformas que endurecen las sanciones y disminuyen el límite
de la edad para la inimputabilidad, adicionalmente que Ecuador a pesar de tener un sistema penal
juvenil, no cuenta con la inclusión de la justicia restaurativa. se identificó que una similitud entre países
como Colombia, México y Ecuador es la mención e incorporación del principio del interés superior del
adolescente y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, imponiendo medidas socioeducativas
con fines de resocialización y buscando implementar mecanismos alternativos para no desamparar a las
víctimas y reparar económicamente el daño causado. Una diferencia clave radica en la integración
efectiva de la justicia restaurativa en países como Ecuador y Paraguay donde se promueve su
incorporación normativa y práctica. Adicionalmente, de entre estos países y Perú, el sistema de justicia
penal juvenil se basa en políticas más punitivas, que no garantizan ni tutelan la protección de los
derechos de los adolescentes.
La novedad científica del presente estudio radica en el análisis comparativo y actual en los últimos 5
años de los sistemas penales juveniles en América Latina, lo que permite identificar un déficit
estructural en algunos marcos jurídicos y las tendencias punitivas adoptadas estos Estados. Los
resultados evidencian que aún existe disputa entre la protección reforzada de los derechos del
adolescente y la aplicación de principios propios del derecho penal para adultos, siendo esta
problemática el principal aspecto controversial del estudio. Desde una perspectiva teórica, la
investigación refuerza criterios de manera efectiva para la justicia restaurativa. En la práctica, los
hallazgos aportan información relevante para la propuesta de políticas públicas y/o reformas normativas
en base a los estándares internacionales de derechos humanos, teniendo como línea de investigación la
rama del derecho penal y justicia juvenil.
CONCLUSIONES
Los principios y características generales que rigen el marco jurídico que regula el sistema penal juvenil
a nivel internacional ha tenido diferentes modificaciones a lo largo de los años. Se ha logrado un gran
avance dejando atrás la doctrina de situación irregular e incorporando la doctrina de la protección

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integral que regula la tutela del Estado sobre los menores de edad considerándolos sujetos plenos de
derechos. La presente revisión sistemática permitió realizar un análisis comparativo entre países como
Colombia, México, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay que sacando a relucir las diferentes
convergencias y divergencias en sus marcos jurídicos regulatorios, principios, medidas socioeducativas
y mecanismos de respuesta ante la infracción penal cometida por adolescentes.
Los hallazgos revelan que América Latina mantiene una tendencia predominante hacia la adopción de
modelos garantistas. Como respuesta al primer objetivo específico, la revisión sistemática reveló que el
75% de los autores coinciden en que la mayoría de los marcos jurídicos analizados, como los de
Colombia, Ecuador y México, se alinean con la Convención sobre los Derechos del Niño y otras
regulaciones internacionales, priorizando el interés superior del niño, las medidas socioeducativas con
un enfoque restaurativo y resocializador derivados de la CDN y las reglas de Beijing. Mientras que, el
25% de los autores demuestran que una minoría de los países de esta región aún enfrentan problemas
estructurales en la implementación de políticas penales juveniles. La reincidencia, el uso y abuso de la
privación de libertad, la falta de recursos para aplicar medidas restaurativas demuestra una brecha entre
la ley y la práctica.
En relación con el segundo objetivo específico, aún persisten notables diferencias en la implementación
práctica de un marco jurídico unificado. Países como Colombia, México y Ecuador han establecido
sistemas especializados y diferenciados del sistema penal adulto, lo que refleja un avance hacia modelos
más garantistas. Por otro lado, Uruguay y Perú presentan limitaciones estructurales que dificultan la
plena aplicación de estos principios, con una tendencia persistente hacia enfoques más punitivos y
menos restaurativos, lo que evidencia una brecha entre la normativa internacional y la realidad.
RECOMENDACIONES
Se debería armonizar y unificar los estándares normativos en los países de Latinoamérica que comparten
similitudes en sus sistemas judiciales, promoviendo una adopción más explícita y uniforme de las
Reglas de Beijing de manera copulativa con la Convención sobre los derechos del Niño.
Así mismo, fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa en todos los países de América Latina,
incorporándolos en la legislación interna y en un nuevo tratado internacional, así como fijar una edad
límite para la inimputabilidad de los adolescentes.

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Promover programas regionales de formación judicial especializada, dirigidos a los operadores de
justicia especializados con el objetivo de consolidar un mismo enfoque en la administración de justicia
penal juvenil.
Se puede impulsar cooperación internacional, en búsqueda de identificar buenas prácticas en la
resocialización y reinserción de los adolescentes infractores, así como en la disminución de los altos
índices de reincidencia, fomentando que se repliquen las buenas prácticas y modelos de programas
exitosos dentro de la región.
Por tanto, podría ser objeto de estudio en un futuro las medidas específicas a implementarse para tener
un sistema penal juvenil internacional unificado en respeto estricto de las regulaciones internacionales
en base a las recomendaciones brindadas.
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