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frecuencia carecen de un marco conceptual que articule los indicadores entre sí y los vincule con
protocolos institucionales claros de intervención. Y, esto limita su impacto operativo.
Por eso, el modelo MIET-EMP se sitúa precisamente en este punto de tensión. En lugar de solo listar
indicadores sueltos, sugiere una serie de ideas que ayudan a entender cómo se forma el riesgo académico
desde el principio del curso y cómo se puede tratar con respuestas institucionales específicas. Dicho de
otra manera, un eje central de esta secuencia es la autonomía del aprendizaje, entendida como la
capacidad del estudiante para planificar, monitorear y regular su propio proceso formativo.
Desde la teoría de la autorregulación, se ha señalado que las dificultades en estos procesos incrementan
la probabilidad de rezago académico, especialmente en contextos educativos que exigen altos niveles
de independencia del estudiante (Barry Zimmerman, 2002; Paul Pintrich, 2000). Zimmerman (2002)
describe la autorregulación como un proceso cíclico que involucra planificación, ejecución y
autoevaluación del aprendizaje (p. 67), lo que permite comprender cómo pequeñas fallas iniciales
pueden escalar si no se interviene oportunamente. Estas dificultades se intensifican en modalidades a
distancia e híbridas, donde una mayor responsabilidad sobre el aprendizaje recae en el estudiante, y se
agravan en la educación técnica superior debido a la carga práctica de los cursos y a la frecuente
combinación de estudio, trabajo y responsabilidades familiares.
Tal es el caso, la literatura reciente sobre educación en entornos virtuales ha mostrado señales tempranas
de riesgo académico, incluyendo la desorganización al principio, la baja participación, las entregas
tardías y la desconexión gradual del entorno de aprendizaje (Siemon et al., 2020; Baticulon et al., 2021).
Estas conductas no surgen de repente, sino que son señales tempranas de un proceso acumulativo de
rezago que se puede controlar si se actúa a tiempo y de manera organizada.
En este contexto, el enfoque elegido se centra en entender el riesgo académico desde una perspectiva
institucional y de procesos, en lugar de basarse solo en variables individuales de motivación o en
predicciones algorítmicas que no consideran el contexto. Esta decisión teórica busca crear un sistema
de alerta temprana que funcione en situaciones reales de educación técnica superior. Esto implica que
la prevención de riesgos debe incluir señales tempranas, criterios educativos y respuestas concretas de
las instituciones, en lugar de solo mejorar modelos predictivos por separado.