pág. 18098
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
ANÁLISIS FORENSE A LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE ACTIVOS
APPLICATION OF FORENSIC ANALYSIS TECHNIQUES TO
THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING
Efraín Roberto Becerra Paguay
Universidad Central del Ecuador
Irene del Rosario Santafé Enderica
Universidad Central del Ecuador
Gabriela Irene Becerra Santafé
Universidad De Las Américas
pág. 18099
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22749
Aplicación de las técnicas de análisis forense a la prevención del lavado de
activos.
Efraín Roberto Becerra Paguay1
efrainbecerra@hotmail.es
https://orcid.org/0009-0005-5747-0948
Universidad Central del Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ecuador
Irene del Rosario Santafé Enderica
iresantafe@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4238-0267
Universidad Central del Ecuador
Ecuador
Gabriela Irene Becerra Santafé
gabuchis1998@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0008-4631-3359
Universidad De Las Américas
Ecuador
RESUMEN
El lavado de activos representa una importante amenaza no solo para la integridad de los sistemas
financieros, sino también para la estabilidad económica de los países. Ante este problema, el análisis
forense surge como una herramienta esencial tanto en la detección como en la prevención de operaciones
sospechosas. El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación de técnicas forenses en la
prevención del lavado de activos, evidenciando su capacidad en la identificación de esquemas ilícitos,
así como en el reforzamiento de los mecanismos de cumplimiento normativo. Mediante una metodología
cualitativa fundamentada en una revisión bibliográfica y documental, además del estudio de casos
relevantes relacionados con el lavado de activos como Tierra Santa, Zaragoza, Lava Jato, se
identificaron las principales técnicas aplicadas como el análisis del flujo de efectivo con la ayuda de la
auditoría forense, al igual que la revisión de pruebas digitales a través de la informática forense. Los
hallazgos demuestran que su efectiva aplicación puede aportar de manera significativa al mejoramiento
del rastreo de activos ilícitos, fortalecer las evidencias judiciales, así como anticipar situaciones de
riesgo, al diseñar eficaces estrategias de prevención e implementarlas en los modelos de gestión de
riesgos.
Palabras claves: análisis forense, lavado de activos, prevención, técnicas de análisis, organizaciones
criminales.
1 Autor principal
Correspondencia: efrainbecerra@hotmail.es
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22749
Aplicación de las técnicas de análisis forense a la prevención del lavado de
activos.
Efraín Roberto Becerra Paguay1
efrainbecerra@hotmail.es
https://orcid.org/0009-0005-5747-0948
Universidad Central del Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ecuador
Irene del Rosario Santafé Enderica
iresantafe@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4238-0267
Universidad Central del Ecuador
Ecuador
Gabriela Irene Becerra Santafé
gabuchis1998@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0008-4631-3359
Universidad De Las Américas
Ecuador
RESUMEN
El lavado de activos representa una importante amenaza no solo para la integridad de los sistemas
financieros, sino también para la estabilidad económica de los países. Ante este problema, el análisis
forense surge como una herramienta esencial tanto en la detección como en la prevención de operaciones
sospechosas. El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación de técnicas forenses en la
prevención del lavado de activos, evidenciando su capacidad en la identificación de esquemas ilícitos,
así como en el reforzamiento de los mecanismos de cumplimiento normativo. Mediante una metodología
cualitativa fundamentada en una revisión bibliográfica y documental, además del estudio de casos
relevantes relacionados con el lavado de activos como Tierra Santa, Zaragoza, Lava Jato, se
identificaron las principales técnicas aplicadas como el análisis del flujo de efectivo con la ayuda de la
auditoría forense, al igual que la revisión de pruebas digitales a través de la informática forense. Los
hallazgos demuestran que su efectiva aplicación puede aportar de manera significativa al mejoramiento
del rastreo de activos ilícitos, fortalecer las evidencias judiciales, así como anticipar situaciones de
riesgo, al diseñar eficaces estrategias de prevención e implementarlas en los modelos de gestión de
riesgos.
Palabras claves: análisis forense, lavado de activos, prevención, técnicas de análisis, organizaciones
criminales.
1 Autor principal
Correspondencia: efrainbecerra@hotmail.es
pág. 18100
Application of forensic analysis techniques to the prevention of money
laundering
ABSTRACT
Money laundering represents a significant threat not only to the integrity of financial systems but also
to the economic stability of countries. Faced with this problem, forensic analysis emerges as an essential
tool for both the detection and prevention of suspicious transactions. This article analyzes the application
of forensic techniques in the prevention of money laundering, demonstrating their potential for
identifying illicit schemes and strengthening regulatory compliance mechanisms. Using a qualitative
methodology based on a literature and documentary review, in addition to the study of relevant cases
related to money laundering, such as Tierra Santa, Zaragoza, and Lava Jato, the main techniques applied
were identified, such as cash flow analysis with the help of forensic auditing, as well as the review of
digital evidence through computer forensics. The findings demonstrate that its effective application can
significantly contribute to improving the tracking of illicit assets, strengthening judicial evidence, and
anticipating risk situations by designing effective prevention strategies and implementing them in risk
management models.
Keywords: forensic analysis, money laundering, prevention, analytical techniques, criminal
organizations.
Artículo recibido 09 agosto 2025
Aceptado para publicación: 13 septiembre 2025
Application of forensic analysis techniques to the prevention of money
laundering
ABSTRACT
Money laundering represents a significant threat not only to the integrity of financial systems but also
to the economic stability of countries. Faced with this problem, forensic analysis emerges as an essential
tool for both the detection and prevention of suspicious transactions. This article analyzes the application
of forensic techniques in the prevention of money laundering, demonstrating their potential for
identifying illicit schemes and strengthening regulatory compliance mechanisms. Using a qualitative
methodology based on a literature and documentary review, in addition to the study of relevant cases
related to money laundering, such as Tierra Santa, Zaragoza, and Lava Jato, the main techniques applied
were identified, such as cash flow analysis with the help of forensic auditing, as well as the review of
digital evidence through computer forensics. The findings demonstrate that its effective application can
significantly contribute to improving the tracking of illicit assets, strengthening judicial evidence, and
anticipating risk situations by designing effective prevention strategies and implementing them in risk
management models.
Keywords: forensic analysis, money laundering, prevention, analytical techniques, criminal
organizations.
Artículo recibido 09 agosto 2025
Aceptado para publicación: 13 septiembre 2025
pág. 18101
INTRODUCCIÓN
Una actividad que es considerada la mayor amenaza para la integridad de los sistemas financieros a
nivel mundial es el lavado de activos o también denominado blanqueo de capitales, esta es una práctica
a través de la cual los delincuentes buscan asignar un aspecto de legalidad a aquellos recursos que son
obtenidos ilícitamente, mediante operaciones ilegales como extorsión, corrupción, narcotráfico, entre
otros. En los últimos años, está ha presentado una considerable evolución tanto en complejidad como
en sofisticación, desafiando los tradicionales mecanismos de supervisión y control.
A nivel mundial las instituciones financieras se han visto afectadas severamente por el lavado de activos,
sin que se logren divisar medidas de corrección para brindar solución a la problemática, dado que pese
a los esfuerzos que han realizado las autoridades en las diferentes posiciones tanto nacionales como
internacionales, los denominados delincuentes de cuello blanco siguen hallando en los sistemas
financieros, vulnerabilidades que les posibilita continuar cada vez más con dicha práctica.
La crecida sofisticación de las técnicas empleadas por los criminales en el blanqueo de capitales, ha
representado para las tradicionales estrategias de prevención un importante desafío, para este caso el
análisis forense se sitúa como una eficaz herramienta para la detección de irregulares patrones, así como
el rastreo de sospechosos flujos financieros, su interdisciplinario enfoque que mezcla los conocimientos
jurídicos, contables, criminológicos e informáticos, lo hace un valioso recurso para prever el
afianzamiento de los delitos financieros.
Del mismo modo, la aplicación de técnicas de análisis forense, surge como herramienta esencial e
indispensable cada vez más, para reforzar los procesos de prevención del lavado de activos, pese a que
tradicionalmente se han asociado las disciplinas forenses a la indagación de delitos realizados, estas
brindan un enfoque tanto proactivo como robusto, dado que al analizar de forma minuciosa
transacciones electrónicas, registros financieros, conductas atípicas y comunicaciones, estas técnicas
permiten reconocer anomalías, ocultas conexiones, así como inusuales patrones, los cuales son indicios
de prácticas de blanqueo de capitales. El valor de las técnicas de análisis forense reside en la capacidad
de rehacer incidentes financieros, detectar no solo el origen sino también el destino de los fondos ilícitos,
además de determinar la intención criminal, suministrando así evidencias accionables y sólidas.
INTRODUCCIÓN
Una actividad que es considerada la mayor amenaza para la integridad de los sistemas financieros a
nivel mundial es el lavado de activos o también denominado blanqueo de capitales, esta es una práctica
a través de la cual los delincuentes buscan asignar un aspecto de legalidad a aquellos recursos que son
obtenidos ilícitamente, mediante operaciones ilegales como extorsión, corrupción, narcotráfico, entre
otros. En los últimos años, está ha presentado una considerable evolución tanto en complejidad como
en sofisticación, desafiando los tradicionales mecanismos de supervisión y control.
A nivel mundial las instituciones financieras se han visto afectadas severamente por el lavado de activos,
sin que se logren divisar medidas de corrección para brindar solución a la problemática, dado que pese
a los esfuerzos que han realizado las autoridades en las diferentes posiciones tanto nacionales como
internacionales, los denominados delincuentes de cuello blanco siguen hallando en los sistemas
financieros, vulnerabilidades que les posibilita continuar cada vez más con dicha práctica.
La crecida sofisticación de las técnicas empleadas por los criminales en el blanqueo de capitales, ha
representado para las tradicionales estrategias de prevención un importante desafío, para este caso el
análisis forense se sitúa como una eficaz herramienta para la detección de irregulares patrones, así como
el rastreo de sospechosos flujos financieros, su interdisciplinario enfoque que mezcla los conocimientos
jurídicos, contables, criminológicos e informáticos, lo hace un valioso recurso para prever el
afianzamiento de los delitos financieros.
Del mismo modo, la aplicación de técnicas de análisis forense, surge como herramienta esencial e
indispensable cada vez más, para reforzar los procesos de prevención del lavado de activos, pese a que
tradicionalmente se han asociado las disciplinas forenses a la indagación de delitos realizados, estas
brindan un enfoque tanto proactivo como robusto, dado que al analizar de forma minuciosa
transacciones electrónicas, registros financieros, conductas atípicas y comunicaciones, estas técnicas
permiten reconocer anomalías, ocultas conexiones, así como inusuales patrones, los cuales son indicios
de prácticas de blanqueo de capitales. El valor de las técnicas de análisis forense reside en la capacidad
de rehacer incidentes financieros, detectar no solo el origen sino también el destino de los fondos ilícitos,
además de determinar la intención criminal, suministrando así evidencias accionables y sólidas.
pág. 18102
DESARROLLO
Numerosos países consideran el lavado de activos como una conducta criminal, que posee la cualidad
de ser difícil tanto de detectar como de comprobar, además es la actividad que genera a las
organizaciones criminales una alta rentabilidad. De acuerdo con la United Nations Office on Drugs and
Crime [UNODC] (2022) este delito busca otorgar una apariencia lícita a todos aquellos recursos
procedentes de actividades criminales, posibilitando su integración al sistema financiero como fondos
legítimos. Por su parte GAFILAT (2024) señala al blanqueo de activos como un proceso mediante el
cual se encubre el origen del capital ilícito a través de instrumentos empresariales, financieros o
comerciales, con el objetivo de incorporarlos nuevamente a la economía formal.
Debido a que los fondos obtenidos mediante actividades criminales, no pueden ser declarados
legalmente, es como inexistente. En este contexto, Guerrero Luzuriaga et al. (2019) afirman que por esta
razón los delincuentes recurren a invertir en actividades comerciales o sectores vulnerables como Pymes,
emprendimientos, negocios familiares e inmobiliarias que no cuentan con capital propio con la finalidad
de ocultar su procedencia ilegal. Esta es una práctica histórica que se remonta a algunos siglos atrás,
conforme a lo expresado por Sarmiento Jara (2020), el blanqueo de dinero se popularizó en Estados
Unidos, entre los años 1920 y 1930, con figuras como Al Capone, quien mezclaba las ganancias
obtenidas mediante juegos ilegales, prostitución, además del contrabando de alcohol, con los ingresos
de negocios que manejaban efectivo en grandes cantidades, como bares y lavanderías, para mantenerse
indetectables.
De acuerdo con Quishpe Taday (2025) durante la década de 1980 surgió un marco legal internacional
que tipificó el lavado de activos como delito a nivel mundial en respuesta al crecimiento del narcotráfico,
así como de distintas redes de delincuencia organizada transnacional. En el año 1989, se conformó el
denominado Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el cual estableció normas orientadas
tanto a la prevención como al combate de este delito, impulsando a los países a aplicar rigurosas
legislaciones que posibiliten el rastreo, identificación y sanción de las operaciones relacionadas con el
blanqueo de capitales, protegiendo de esta manera la integridad del sistema financiero a nivel global.
Cáceres et al. (2010) señalan que en la actualidad debido la globalización, así como a la expansión de
los sistemas financieros, las organizaciones criminales emplean mecanismos sofisticados como
DESARROLLO
Numerosos países consideran el lavado de activos como una conducta criminal, que posee la cualidad
de ser difícil tanto de detectar como de comprobar, además es la actividad que genera a las
organizaciones criminales una alta rentabilidad. De acuerdo con la United Nations Office on Drugs and
Crime [UNODC] (2022) este delito busca otorgar una apariencia lícita a todos aquellos recursos
procedentes de actividades criminales, posibilitando su integración al sistema financiero como fondos
legítimos. Por su parte GAFILAT (2024) señala al blanqueo de activos como un proceso mediante el
cual se encubre el origen del capital ilícito a través de instrumentos empresariales, financieros o
comerciales, con el objetivo de incorporarlos nuevamente a la economía formal.
Debido a que los fondos obtenidos mediante actividades criminales, no pueden ser declarados
legalmente, es como inexistente. En este contexto, Guerrero Luzuriaga et al. (2019) afirman que por esta
razón los delincuentes recurren a invertir en actividades comerciales o sectores vulnerables como Pymes,
emprendimientos, negocios familiares e inmobiliarias que no cuentan con capital propio con la finalidad
de ocultar su procedencia ilegal. Esta es una práctica histórica que se remonta a algunos siglos atrás,
conforme a lo expresado por Sarmiento Jara (2020), el blanqueo de dinero se popularizó en Estados
Unidos, entre los años 1920 y 1930, con figuras como Al Capone, quien mezclaba las ganancias
obtenidas mediante juegos ilegales, prostitución, además del contrabando de alcohol, con los ingresos
de negocios que manejaban efectivo en grandes cantidades, como bares y lavanderías, para mantenerse
indetectables.
De acuerdo con Quishpe Taday (2025) durante la década de 1980 surgió un marco legal internacional
que tipificó el lavado de activos como delito a nivel mundial en respuesta al crecimiento del narcotráfico,
así como de distintas redes de delincuencia organizada transnacional. En el año 1989, se conformó el
denominado Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el cual estableció normas orientadas
tanto a la prevención como al combate de este delito, impulsando a los países a aplicar rigurosas
legislaciones que posibiliten el rastreo, identificación y sanción de las operaciones relacionadas con el
blanqueo de capitales, protegiendo de esta manera la integridad del sistema financiero a nivel global.
Cáceres et al. (2010) señalan que en la actualidad debido la globalización, así como a la expansión de
los sistemas financieros, las organizaciones criminales emplean mecanismos sofisticados como
pág. 18103
instrumentos financieros complejos, transferencias electrónicas o títulos endosables de valor, para lo
cual recurren a abogados, contadores, al igual que a expertos en tecnología y finanzas que facilitan la
integración de los fondos ilícitos en la economía legal. Este avance ha obligado a los gobiernos a
instaurar marcos legislativos orientados no solo a la prevención, sino también a la sanción de delitos
como el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. De acuerdo con la UNODC (2017) la
delincuencia organizada transfronteriza, representa un complejo desafío, debido a que las víctimas, los
productos del delito, así como los criminales pueden estar situados en jurisdicciones distintas, por lo que
el enfoque unilateral de la aplicación de las leyes resulta insuficiente, resultando crucial la colaboración
internacional para combatir eficazmente estos crímenes.
Pese a que la globalización ha generado importantes ventajas para la sociedad, ha sido también
aprovechada por los delincuentes para expandir sus actividades delictivas, lo cual ha motivado a los
países a firmar convenios y tratados internacionales orientados a prevenir, controlar y sancionar el
lavado de activos, así como el crimen organizado, estableciendo de esta forma un compromiso conjunto
contra estas amenazas. La Declaración de Basilea elaborado en 1988, surgió con el objetivo de prever
que las entidades financieras fueran empleadas para la transferencia o depósito de dinero ilícito.
Conforme a lo expresado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016) esta proporciona una
serie de recomendaciones orientadas no solo al fortalecimiento de la gestión de riesgos, sino también a
fomentar la transparencia en el sector financiero. Entre sus principales lineamientos resaltan la
comprensión de los negocios, la verificación de la identidad de los clientes, además de la cooperación
entre las autoridades y las instituciones bancarias. La Declaración de Basilea procura afianzar un sistema
financiero mucho más seguro y transparente, en el cual las entidades financieras desempeñen un rol
crucial en la prevención tanto del lavado de activos como del financiamiento del terrorismo.
La Convención de Viena adoptada en 1988 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entro en
vigencia en el año 1991, constituye un instrumento clave tanto en la prevención como en la sanción del
lavado de activos. De acuerdo con la UNODC (2019) este convenio define esta actividad como la
transferencia o conversión de bienes, provenientes de actividades delictivas, con el propósito de ocultar
su procedencia ilícita o eludir las consecuencias legales de sus prácticas. Esta convención promovió la
incorporación de normas nacionales que sancionen la legitimación de capitales ilegales, fomentando
instrumentos financieros complejos, transferencias electrónicas o títulos endosables de valor, para lo
cual recurren a abogados, contadores, al igual que a expertos en tecnología y finanzas que facilitan la
integración de los fondos ilícitos en la economía legal. Este avance ha obligado a los gobiernos a
instaurar marcos legislativos orientados no solo a la prevención, sino también a la sanción de delitos
como el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. De acuerdo con la UNODC (2017) la
delincuencia organizada transfronteriza, representa un complejo desafío, debido a que las víctimas, los
productos del delito, así como los criminales pueden estar situados en jurisdicciones distintas, por lo que
el enfoque unilateral de la aplicación de las leyes resulta insuficiente, resultando crucial la colaboración
internacional para combatir eficazmente estos crímenes.
Pese a que la globalización ha generado importantes ventajas para la sociedad, ha sido también
aprovechada por los delincuentes para expandir sus actividades delictivas, lo cual ha motivado a los
países a firmar convenios y tratados internacionales orientados a prevenir, controlar y sancionar el
lavado de activos, así como el crimen organizado, estableciendo de esta forma un compromiso conjunto
contra estas amenazas. La Declaración de Basilea elaborado en 1988, surgió con el objetivo de prever
que las entidades financieras fueran empleadas para la transferencia o depósito de dinero ilícito.
Conforme a lo expresado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016) esta proporciona una
serie de recomendaciones orientadas no solo al fortalecimiento de la gestión de riesgos, sino también a
fomentar la transparencia en el sector financiero. Entre sus principales lineamientos resaltan la
comprensión de los negocios, la verificación de la identidad de los clientes, además de la cooperación
entre las autoridades y las instituciones bancarias. La Declaración de Basilea procura afianzar un sistema
financiero mucho más seguro y transparente, en el cual las entidades financieras desempeñen un rol
crucial en la prevención tanto del lavado de activos como del financiamiento del terrorismo.
La Convención de Viena adoptada en 1988 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entro en
vigencia en el año 1991, constituye un instrumento clave tanto en la prevención como en la sanción del
lavado de activos. De acuerdo con la UNODC (2019) este convenio define esta actividad como la
transferencia o conversión de bienes, provenientes de actividades delictivas, con el propósito de ocultar
su procedencia ilícita o eludir las consecuencias legales de sus prácticas. Esta convención promovió la
incorporación de normas nacionales que sancionen la legitimación de capitales ilegales, fomentando
pág. 18104
medidas como la supresión del secreto bancario, el decomiso de bienes, además de la colaboración
judicial internacional.
La Convención de Palermo adoptada en el año 2000 por las Naciones Unidas con la finalidad de
combatir el crimen organizado transnacional. De acuerdo con la UNODC (2021) esta convención
persigue dos principales objetivos, la eliminación de las divergencias normativas entre legislaciones
nacionales, impulsando la cooperación internacional y combatir la corrupción al interior de las naciones
con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, La Convención de Mérida también conocida como
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, establece que los países miembros deben
elaborar además de aplicar normas internas para la prevención, control y sanción del lavado de activos.
Según Angulo Gaona (2017) este instrumento obliga a los Estados a supervisar las instituciones
financieras tanto privadas como públicas cuando estas brinden servicios relacionados con la
transferencia de bienes o dinero, promoviendo la cooperación mundial el intercambio de información y
la investigación conjunta de delitos vinculados al lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF en inglés), fundado en 1989 e integrado
por 40 países miembros, según Daniels Pinto (2023) lidera la creación de estándares globales que
permiten identificar, perseguir, además de sancionar ingresos ilegales relacionados con delitos como el
tráfico de armas, narcotráfico, estafas cibernéticas, así como otras actividades criminales. Este
organismo ha establecido que el lavado de activos se desarrolla en tres etapas: la primera es la colocación
que es la introducción del dinero ilícito en el sistema financiero. De acuerdo con Cisneros Corrales
(2018) los grupos criminales recurren a terceras personas naturales o jurídicas, del país de origen o de
un tercero, mediante diferentes esquemas. En esta etapa se suelen manejar considerables cantidades de
efectivo, no obstante, Caraballo Herrera (2020) señala que el empleo de plataformas digitales como
bitcoin últimamente ha adquirido importancia debido al anonimato que estas ofrecen, así como por la
escasa regulación.
La segunda es la conversión que es la etapa en la que las ganancias ilícitas introducidas previamente en
el sistema financiero son sometidas a diferentes transacciones, con la finalidad de desvincularlas de su
procedencia ilegal. Conforme a lo manifestado por King Mantilla (2022) las organizaciones criminales
emplean métodos como testaferros y empresas fantasmas, administrando los fondos a través de paraísos
medidas como la supresión del secreto bancario, el decomiso de bienes, además de la colaboración
judicial internacional.
La Convención de Palermo adoptada en el año 2000 por las Naciones Unidas con la finalidad de
combatir el crimen organizado transnacional. De acuerdo con la UNODC (2021) esta convención
persigue dos principales objetivos, la eliminación de las divergencias normativas entre legislaciones
nacionales, impulsando la cooperación internacional y combatir la corrupción al interior de las naciones
con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, La Convención de Mérida también conocida como
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, establece que los países miembros deben
elaborar además de aplicar normas internas para la prevención, control y sanción del lavado de activos.
Según Angulo Gaona (2017) este instrumento obliga a los Estados a supervisar las instituciones
financieras tanto privadas como públicas cuando estas brinden servicios relacionados con la
transferencia de bienes o dinero, promoviendo la cooperación mundial el intercambio de información y
la investigación conjunta de delitos vinculados al lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF en inglés), fundado en 1989 e integrado
por 40 países miembros, según Daniels Pinto (2023) lidera la creación de estándares globales que
permiten identificar, perseguir, además de sancionar ingresos ilegales relacionados con delitos como el
tráfico de armas, narcotráfico, estafas cibernéticas, así como otras actividades criminales. Este
organismo ha establecido que el lavado de activos se desarrolla en tres etapas: la primera es la colocación
que es la introducción del dinero ilícito en el sistema financiero. De acuerdo con Cisneros Corrales
(2018) los grupos criminales recurren a terceras personas naturales o jurídicas, del país de origen o de
un tercero, mediante diferentes esquemas. En esta etapa se suelen manejar considerables cantidades de
efectivo, no obstante, Caraballo Herrera (2020) señala que el empleo de plataformas digitales como
bitcoin últimamente ha adquirido importancia debido al anonimato que estas ofrecen, así como por la
escasa regulación.
La segunda es la conversión que es la etapa en la que las ganancias ilícitas introducidas previamente en
el sistema financiero son sometidas a diferentes transacciones, con la finalidad de desvincularlas de su
procedencia ilegal. Conforme a lo manifestado por King Mantilla (2022) las organizaciones criminales
emplean métodos como testaferros y empresas fantasmas, administrando los fondos a través de paraísos
pág. 18105
fiscales para ocultar su origen. La Integración es la última etapa del proceso, en la que el dinero lavado
es reintroducido al sistema financiero legal, con apariencia de licitud, permitiéndole a los delincuentes
utilizarlo sin generar sospechas. Barragán Pacheco (2022) señala que esta fase suele desarrollarse
mediante la reinversión al mercado legal, por medio de la compra de propiedades, inversiones
financieras o cualquier otro activo que otorgue una imagen lícita.
La comprensión de cada etapa resulta esencial para fortalecer las estrategias orientadas tanto a la
detección, como a la prevención del lavado de activos en los distintos países, dado que cada una muestra
vulnerabilidades específicas. Además, este delito adopta diferentes tipologías, que constantemente
evolucionan con los avances tecnológicos, así como con las políticas de control. El GAFI, como
organismo intergubernamental líder en el combate contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo, periódicamente publica informes relacionados con las tipologías orientado no solo a los
países, sino también al sector financiero con el propósito de que pueden identificar, así como combatir
estos delitos.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Perú (2020) entre las tipologías más
comunes se encuentra el Pitufeo que fracciona enormes cantidades de dinero en depósitos pequeños,
realizados por diversas personas o por un único pitufo, con el propósito de evadir controles; las empresas
fachadas que simulan actividades comerciales legítimas, para mezclar u ocultar la procedencia ilícita
de los fondos; el lavado basado en el comercio que manipula operaciones de exportación e importación
mediante la sobrefacturación, los envíos fantasmas, o una falsa facturación. Destacan también la
Inversión en bienes raíces para legitimar fondos mediante la reventa de propiedades, el uso de casinos,
juegos de azar y loterías para convertir el dinero ilegal en cheques o aparentes premios, además de los
créditos ficticios para aparentar préstamos que justifiquen los ingresos.
Otras modalidades son el Testaferrato que emplea terceras personas para ocultar la identidad del
propietario real de los fondos; las Transferencias electrónicas que posibilitan mover tanto dentro como
fuera del país enormes cantidades de dinero de forma rápida; el Contrabando de dinero en efectivo que
traslada físicamente el dinero en las fronteras, por medio de contenedores de carga, maletas, vehículos
o mulas de dinero; el Uso de activos virtuales y criptomoneda aprovechando el pseudonimato,
descentralización y rapidez para ocultar el rastro de los fondos ilícitos.
fiscales para ocultar su origen. La Integración es la última etapa del proceso, en la que el dinero lavado
es reintroducido al sistema financiero legal, con apariencia de licitud, permitiéndole a los delincuentes
utilizarlo sin generar sospechas. Barragán Pacheco (2022) señala que esta fase suele desarrollarse
mediante la reinversión al mercado legal, por medio de la compra de propiedades, inversiones
financieras o cualquier otro activo que otorgue una imagen lícita.
La comprensión de cada etapa resulta esencial para fortalecer las estrategias orientadas tanto a la
detección, como a la prevención del lavado de activos en los distintos países, dado que cada una muestra
vulnerabilidades específicas. Además, este delito adopta diferentes tipologías, que constantemente
evolucionan con los avances tecnológicos, así como con las políticas de control. El GAFI, como
organismo intergubernamental líder en el combate contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo, periódicamente publica informes relacionados con las tipologías orientado no solo a los
países, sino también al sector financiero con el propósito de que pueden identificar, así como combatir
estos delitos.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Perú (2020) entre las tipologías más
comunes se encuentra el Pitufeo que fracciona enormes cantidades de dinero en depósitos pequeños,
realizados por diversas personas o por un único pitufo, con el propósito de evadir controles; las empresas
fachadas que simulan actividades comerciales legítimas, para mezclar u ocultar la procedencia ilícita
de los fondos; el lavado basado en el comercio que manipula operaciones de exportación e importación
mediante la sobrefacturación, los envíos fantasmas, o una falsa facturación. Destacan también la
Inversión en bienes raíces para legitimar fondos mediante la reventa de propiedades, el uso de casinos,
juegos de azar y loterías para convertir el dinero ilegal en cheques o aparentes premios, además de los
créditos ficticios para aparentar préstamos que justifiquen los ingresos.
Otras modalidades son el Testaferrato que emplea terceras personas para ocultar la identidad del
propietario real de los fondos; las Transferencias electrónicas que posibilitan mover tanto dentro como
fuera del país enormes cantidades de dinero de forma rápida; el Contrabando de dinero en efectivo que
traslada físicamente el dinero en las fronteras, por medio de contenedores de carga, maletas, vehículos
o mulas de dinero; el Uso de activos virtuales y criptomoneda aprovechando el pseudonimato,
descentralización y rapidez para ocultar el rastro de los fondos ilícitos.
pág. 18106
El lavado de activos combina diferentes tipologías, lo cual no solo incrementa su complejidad sino
también dificulta su detección, afectando a nivel mundial los entornos económicos, sociales, políticos,
además de la reputación tanto de empresas como de instituciones financieras. Económicamente, produce
distorsiones en el mercado debido según Núñez Lira et al. (2020) a que las organizaciones criminales
buscan legalizar su dinero, vendiendo productos o servicios a un precio inferior al costo real. Por su
parte Mogrovejo Andrade et al. (2023) señalan que esta actividad ilícita crea una ventaja competitiva
para aquellos negocios financiados con dinero ilegal, limitando la participación de nuevos y legítimos
competidores. D
el mismo modo, de acuerdo con Betancurt Patiño & Valderrama Díaz (2012) este delito genera
volatilidad financiera, al mover enormes cantidades de dinero ilegal tanto dentro como fuera del sistema
financiero, repercutiendo en los flujos de divisas, así como en los tipos de cambios y tasas de interés,
además, causa Pérdida de ingresos fiscales debido a la evasión de impuestos, dado que los grupos
criminales priorizan la protección de su capital, sobre la generación de ganancias para el Estado.
En lo que respecta al ámbito social, el lavado de activos fortalece la delincuencia organizada,
promoviendo la expansión de delitos como contrabando, extorsión, narcotráfico y corrupción. Conforme
a lo expresado por Jiménez (2024) la corrupción implica el abuso tanto de confianza como del poder
público, con el propósito de obtener beneficios ilegales, a través de sobornos, malversación de fondos,
manipulación de contratos gubernamentales. El Financial Crime Academy (2025) señala por su parte,
que las repercusiones sociales afectan especialmente a las poblaciones vulnerables, al desviar recursos
que podrían ser asignados a proyectos sociales, lo que incrementa la delincuencia, disminuye la
confianza de la ciudadanía, e incluso agrava la disparidad económica y social existente.
En el aspecto político, el lavado de activos genera un corrosivo impacto, al asociarse con la corrupción
desacreditando la legitimidad del sistema judicial, así como de las instituciones gubernamentales y los
partidos políticos. De acuerdo con Gómez Mendiola (2021) esta actividad deteriora las entidades
públicas, además deroga el estado de derecho, favoreciendo un entorno que posibilita el libre
movimiento de fondos ilegales, reforzando el poder de los grupos criminales, que pueden financiar
operaciones que amenacen la seguridad del país, como el tráfico de armas, desestabilización política o
terrorismo. Del mismo modo, genera efectos devastadores en la reputación de las empresas e
El lavado de activos combina diferentes tipologías, lo cual no solo incrementa su complejidad sino
también dificulta su detección, afectando a nivel mundial los entornos económicos, sociales, políticos,
además de la reputación tanto de empresas como de instituciones financieras. Económicamente, produce
distorsiones en el mercado debido según Núñez Lira et al. (2020) a que las organizaciones criminales
buscan legalizar su dinero, vendiendo productos o servicios a un precio inferior al costo real. Por su
parte Mogrovejo Andrade et al. (2023) señalan que esta actividad ilícita crea una ventaja competitiva
para aquellos negocios financiados con dinero ilegal, limitando la participación de nuevos y legítimos
competidores. D
el mismo modo, de acuerdo con Betancurt Patiño & Valderrama Díaz (2012) este delito genera
volatilidad financiera, al mover enormes cantidades de dinero ilegal tanto dentro como fuera del sistema
financiero, repercutiendo en los flujos de divisas, así como en los tipos de cambios y tasas de interés,
además, causa Pérdida de ingresos fiscales debido a la evasión de impuestos, dado que los grupos
criminales priorizan la protección de su capital, sobre la generación de ganancias para el Estado.
En lo que respecta al ámbito social, el lavado de activos fortalece la delincuencia organizada,
promoviendo la expansión de delitos como contrabando, extorsión, narcotráfico y corrupción. Conforme
a lo expresado por Jiménez (2024) la corrupción implica el abuso tanto de confianza como del poder
público, con el propósito de obtener beneficios ilegales, a través de sobornos, malversación de fondos,
manipulación de contratos gubernamentales. El Financial Crime Academy (2025) señala por su parte,
que las repercusiones sociales afectan especialmente a las poblaciones vulnerables, al desviar recursos
que podrían ser asignados a proyectos sociales, lo que incrementa la delincuencia, disminuye la
confianza de la ciudadanía, e incluso agrava la disparidad económica y social existente.
En el aspecto político, el lavado de activos genera un corrosivo impacto, al asociarse con la corrupción
desacreditando la legitimidad del sistema judicial, así como de las instituciones gubernamentales y los
partidos políticos. De acuerdo con Gómez Mendiola (2021) esta actividad deteriora las entidades
públicas, además deroga el estado de derecho, favoreciendo un entorno que posibilita el libre
movimiento de fondos ilegales, reforzando el poder de los grupos criminales, que pueden financiar
operaciones que amenacen la seguridad del país, como el tráfico de armas, desestabilización política o
terrorismo. Del mismo modo, genera efectos devastadores en la reputación de las empresas e
pág. 18107
instituciones financieras, afectando la imagen corporativa, así como la confianza de los clientes, lo cual
según Garzón (2025) puede conllevar a restricciones regulatorias, el desvío de recursos, además de
limitaciones operativas, que les impida licitar en contratos, transferir dinero o exportar.
Debido a la amenaza que representa este delito tanto para la estabilidad económica mundial, como para
la integridad de los sistemas financieros, es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención,
control, así como de cooperación interinstitucional, Ante esto la prevención del lavado de activos (PLA)
ha pasado de ser solamente una obligación regulatoria, a transformarse en una estrategia fundamental
para salvaguardar los sistemas financieros. Según Hooper (2022) este es un conjunto de regulaciones,
políticas y leyes orientadas no solo a supervisar, sino también a prever crímenes financieros. Por su parte
de Chacón (2024) manifiesta que su implementación busca asegurar el cumplimiento de las normativas,
conservar una sólida reputación, reducir riesgos, además de reportar cualquier transacción sospechosa.
A nivel internacional, el Financial Action Task Force (FATF) (2024) señala que las 40 recomendaciones
del GAFI, conforman un marco regulatorio mundial aplicado por más de 200 naciones, con medidas
represivas y preventivas, tanto para el sector público como para el privado, fundamentadas en las normas
de la ONU, así como de otros organismos internacionales, fomentando la transparencia, además de la
cooperación global. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (2018) manifiesta que El GAFI
emitió en 1990 sus primeras recomendaciones con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales
proveniente del narcotráfico, no obstante, tras los atentados suscitados el 11 de septiembre de 2001,
expandió su alcance al financiamiento del terrorismo, consolidando en 2012 las 40 recomendaciones,
que hoy en día constituyen un referente mundialmente reconocido.
Conforme a lo expuesto por el Financial Action Task Force (FATF) (2024) las secciones de las
recomendaciones del GAFI constituyen la base para un integral sistema de prevención del lavado de
activos, así como para controlar el financiamiento del terrorismo. La sección Políticas y coordinación
ALA/CFT obliga a los países a desarrollar, e implementar políticas, y acciones coordinadas para reforzar
la lucha contra estos delitos. La sección Lavado de activos y decomiso aborda los mecanismos para
prevenir, detectar e incautar activos ilícitos. La sección Financiamiento del terrorismo y proliferación
de armas dispone la tipificación penal de estas conductas aplicando sanciones específicas con la
finalidad de impedir el flujo de recursos hacia las organizaciones terroristas. La sección medidas
instituciones financieras, afectando la imagen corporativa, así como la confianza de los clientes, lo cual
según Garzón (2025) puede conllevar a restricciones regulatorias, el desvío de recursos, además de
limitaciones operativas, que les impida licitar en contratos, transferir dinero o exportar.
Debido a la amenaza que representa este delito tanto para la estabilidad económica mundial, como para
la integridad de los sistemas financieros, es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención,
control, así como de cooperación interinstitucional, Ante esto la prevención del lavado de activos (PLA)
ha pasado de ser solamente una obligación regulatoria, a transformarse en una estrategia fundamental
para salvaguardar los sistemas financieros. Según Hooper (2022) este es un conjunto de regulaciones,
políticas y leyes orientadas no solo a supervisar, sino también a prever crímenes financieros. Por su parte
de Chacón (2024) manifiesta que su implementación busca asegurar el cumplimiento de las normativas,
conservar una sólida reputación, reducir riesgos, además de reportar cualquier transacción sospechosa.
A nivel internacional, el Financial Action Task Force (FATF) (2024) señala que las 40 recomendaciones
del GAFI, conforman un marco regulatorio mundial aplicado por más de 200 naciones, con medidas
represivas y preventivas, tanto para el sector público como para el privado, fundamentadas en las normas
de la ONU, así como de otros organismos internacionales, fomentando la transparencia, además de la
cooperación global. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (2018) manifiesta que El GAFI
emitió en 1990 sus primeras recomendaciones con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales
proveniente del narcotráfico, no obstante, tras los atentados suscitados el 11 de septiembre de 2001,
expandió su alcance al financiamiento del terrorismo, consolidando en 2012 las 40 recomendaciones,
que hoy en día constituyen un referente mundialmente reconocido.
Conforme a lo expuesto por el Financial Action Task Force (FATF) (2024) las secciones de las
recomendaciones del GAFI constituyen la base para un integral sistema de prevención del lavado de
activos, así como para controlar el financiamiento del terrorismo. La sección Políticas y coordinación
ALA/CFT obliga a los países a desarrollar, e implementar políticas, y acciones coordinadas para reforzar
la lucha contra estos delitos. La sección Lavado de activos y decomiso aborda los mecanismos para
prevenir, detectar e incautar activos ilícitos. La sección Financiamiento del terrorismo y proliferación
de armas dispone la tipificación penal de estas conductas aplicando sanciones específicas con la
finalidad de impedir el flujo de recursos hacia las organizaciones terroristas. La sección medidas
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preventivas comprende la Debida diligencia del cliente, Mantenimiento de registros, así como
controles para operaciones de alto riesgo, asignando obligaciones no solo para las instituciones
financieras, sino también para las profesiones no financieras designadas (APNFD).
La sección Transparencia y titularidad real de personas jurídicas, destaca la importancia de identificar
a los beneficiarios reales no solo de las empresas, sino incluso de los fideicomisos, con el propósito de
evitar su uso en operaciones ilícitas. La sección Facultades y responsabilidades de las autoridades
competentes, dispone que los países deben conferir las atribuciones necesarias para el rastreo,
congelamiento e incautación de fondos con procedencia ilegal. Por último, la sección cooperación
internacional fomenta la colaboración entre naciones para reforzar la efectividad de las políticas
orientadas al antilavado, así como contra la financiación del terrorismo, afianzando una coordinada
respuesta global ante estas amenazas.
Las cuarenta recomendaciones del GAFI representan un estándar internacional que constantemente se
actualiza con el propósito de adaptarse a las nuevas amenazas y tipologías tanto del lavado de activos
como del financiamiento del terrorismo; su implementación es evaluado por el GAFI junto a sus
organismos regionales, promoviendo el mejoramiento continuo de los sistemas antilavado de activos.
Dada a la creciente complejidad de esta actividad, los programas de prevención se han transformado en
estrategias integrales que se fundamentan en cinco pilares claves que son:
El Enfoque basado en riesgo (EBR) según el FATF (2018) requiere que las instituciones financieras
identifiquen, evalúen, y disminuyan los riesgos inherentes tanto al lavado de dinero como al
financiamiento del terrorismo, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad. La Debida diligencia
del cliente (DDC/ Know Yor Customer KYC) implica la identificación y verificación del cliente, así
como de la procedencia de sus fondos, La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2023) señala que
este posibilita detectar al igual que reportar conductas inusuales a la UIF, garantizando la transparencia
del sistema financiero. El Reporte de transacciones sospechosas (ROS) permite detectar operaciones
que se apartan del patrón normal. Según el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) (2018) este
constituye un clave instrumento tanto para identificar prácticas ilegales, como para reforzar la detección
y el combate del blanqueo de capitales, sin alertar al usuario.
preventivas comprende la Debida diligencia del cliente, Mantenimiento de registros, así como
controles para operaciones de alto riesgo, asignando obligaciones no solo para las instituciones
financieras, sino también para las profesiones no financieras designadas (APNFD).
La sección Transparencia y titularidad real de personas jurídicas, destaca la importancia de identificar
a los beneficiarios reales no solo de las empresas, sino incluso de los fideicomisos, con el propósito de
evitar su uso en operaciones ilícitas. La sección Facultades y responsabilidades de las autoridades
competentes, dispone que los países deben conferir las atribuciones necesarias para el rastreo,
congelamiento e incautación de fondos con procedencia ilegal. Por último, la sección cooperación
internacional fomenta la colaboración entre naciones para reforzar la efectividad de las políticas
orientadas al antilavado, así como contra la financiación del terrorismo, afianzando una coordinada
respuesta global ante estas amenazas.
Las cuarenta recomendaciones del GAFI representan un estándar internacional que constantemente se
actualiza con el propósito de adaptarse a las nuevas amenazas y tipologías tanto del lavado de activos
como del financiamiento del terrorismo; su implementación es evaluado por el GAFI junto a sus
organismos regionales, promoviendo el mejoramiento continuo de los sistemas antilavado de activos.
Dada a la creciente complejidad de esta actividad, los programas de prevención se han transformado en
estrategias integrales que se fundamentan en cinco pilares claves que son:
El Enfoque basado en riesgo (EBR) según el FATF (2018) requiere que las instituciones financieras
identifiquen, evalúen, y disminuyan los riesgos inherentes tanto al lavado de dinero como al
financiamiento del terrorismo, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad. La Debida diligencia
del cliente (DDC/ Know Yor Customer KYC) implica la identificación y verificación del cliente, así
como de la procedencia de sus fondos, La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2023) señala que
este posibilita detectar al igual que reportar conductas inusuales a la UIF, garantizando la transparencia
del sistema financiero. El Reporte de transacciones sospechosas (ROS) permite detectar operaciones
que se apartan del patrón normal. Según el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) (2018) este
constituye un clave instrumento tanto para identificar prácticas ilegales, como para reforzar la detección
y el combate del blanqueo de capitales, sin alertar al usuario.
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Los Controles internos y programas de cumplimiento antilavado de activos liderados por un Oficial
de cumplimiento el cual Reyes & Rodríguez (2020) definen como aquella persona natural, encargada de
supervisar la correcta implementación, y adecuado funcionamiento del SPLAFT, aseguran la adecuada
implementación de Políticas y procedimientos que orienten al personal en las medidas de prevención de
lavado de activos. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2023) estos
son primordiales no solo para prevenir, sino también para detectar actividades ilegales. Las auditorías
externas e internas son fundamentales para evaluar periódicamente el programa antilavado de activos
Según Delgado Loor (2023) son esenciales para asegurar el cumplimiento tanto de los requerimientos
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al igual que con los lineamientos
internacionales del GAFI, fortaleciendo de este modo la integridad del sistema financiero mundial.
El Mantenimiento de registros es fundamental para la reconstrucción de operaciones, identificación de
riesgos además de la colaboración en investigaciones. Conforme a lo manifestado por Harris (2025)
sirven como una importante fuente de información aportando al cumplimiento de las responsabilidades
legales, además de fortalecer la transparencia y seguridad del sistema financiero. La Capacitación y
concientización es esencial para formar y concientizar acerca de los riesgos, así como de las medidas
para eludir este delito. Bindra (2022) señala que este pilar fomenta una cultura institucional de
cumplimiento, asegurando que todos comprendan su papel en la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo. Los cinco pilares interconectados crean un sistema de defensa, su
efectividad depende de una adecuada implementación, así como de un constante monitoreo.
En un ámbito financiero cada vez más digitalizado, el análisis forense se ha transformado en una esencial
herramienta, para la detección de operaciones ilícitas. De acuerdo con Arnedo Blanco (2015) este
análisis implementa técnicas científicas para recolectar, preservar, además de examinar evidencias. Su
alcance comprende desde el análisis forense digital, la auditoría forense, hasta el análisis de datos,
basado en big data e inteligencia artificial para hallar patrones ocultos en volúmenes inmensos de
información. Dado que la fiabilidad de las pruebas recopiladas es clave para garantizar tanto la validez
como la fuerza legal de la investigación, los principios del análisis forense, resultan fundamentales,
debido a que aseguran que estas sean tanto confiables como admisibles en los procesos legales.
Los Controles internos y programas de cumplimiento antilavado de activos liderados por un Oficial
de cumplimiento el cual Reyes & Rodríguez (2020) definen como aquella persona natural, encargada de
supervisar la correcta implementación, y adecuado funcionamiento del SPLAFT, aseguran la adecuada
implementación de Políticas y procedimientos que orienten al personal en las medidas de prevención de
lavado de activos. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2023) estos
son primordiales no solo para prevenir, sino también para detectar actividades ilegales. Las auditorías
externas e internas son fundamentales para evaluar periódicamente el programa antilavado de activos
Según Delgado Loor (2023) son esenciales para asegurar el cumplimiento tanto de los requerimientos
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al igual que con los lineamientos
internacionales del GAFI, fortaleciendo de este modo la integridad del sistema financiero mundial.
El Mantenimiento de registros es fundamental para la reconstrucción de operaciones, identificación de
riesgos además de la colaboración en investigaciones. Conforme a lo manifestado por Harris (2025)
sirven como una importante fuente de información aportando al cumplimiento de las responsabilidades
legales, además de fortalecer la transparencia y seguridad del sistema financiero. La Capacitación y
concientización es esencial para formar y concientizar acerca de los riesgos, así como de las medidas
para eludir este delito. Bindra (2022) señala que este pilar fomenta una cultura institucional de
cumplimiento, asegurando que todos comprendan su papel en la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo. Los cinco pilares interconectados crean un sistema de defensa, su
efectividad depende de una adecuada implementación, así como de un constante monitoreo.
En un ámbito financiero cada vez más digitalizado, el análisis forense se ha transformado en una esencial
herramienta, para la detección de operaciones ilícitas. De acuerdo con Arnedo Blanco (2015) este
análisis implementa técnicas científicas para recolectar, preservar, además de examinar evidencias. Su
alcance comprende desde el análisis forense digital, la auditoría forense, hasta el análisis de datos,
basado en big data e inteligencia artificial para hallar patrones ocultos en volúmenes inmensos de
información. Dado que la fiabilidad de las pruebas recopiladas es clave para garantizar tanto la validez
como la fuerza legal de la investigación, los principios del análisis forense, resultan fundamentales,
debido a que aseguran que estas sean tanto confiables como admisibles en los procesos legales.
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El Principio de preservación de las evidencias demanda tanto proteger como preservar las evidencias
en su original estado, evitando toda alteración o destrucción. Paus & Micucci (2023) señalan que su
propósito es conservar la autenticidad e integridad de las pruebas desde su recopilación, hasta su
presentación en juicios, por lo que los análisis se deben realizar sobre copias exactas. El Principio de
cadena de custodia conlleva documentar detalladamente cada acceso a las evidencias. Según Brito-
Febles & Muñoz-Alfonso (2023) es un proceso de control aplicado con la finalidad de impedir daños,
alteraciones, destrucción, o cualquier tipo de acción que afecte su estado original. Por su parte Granda
Tonato (2015) señala que esta, se desarrolla en cuatro etapas, identificar, preservar, analizar y presentar
las pruebas, esperando la aceptación de los jueces en los procesos legales.
El Principio de imparcialidad u objetividad exige que los analistas se basen solamente en las evidencias
halladas y analizadas, no en prejuicios previos o suposiciones De acuerdo con Orellana-Urgilés &
Durán-Ramírez (2024) garantiza la fiabilidad, así como la credibilidad de los resultados, evitando sesgos
que pueden causar la invalidación del trabajo investigativo. El Principio de replicabilidad y
verificabilidad demanda que los métodos empleados, sean claros además de documentados,
posibilitando que otro experto pueda replicarlo, obteniendo las mismas conclusiones. Amador (2020)
señala que este aporta validez científica al análisis forense, al permitir que cada una de las conclusiones
sean examinadas y verificadas de forma independiente.
El Principio de identificación de acuerdo con Dhawan (2021) busca garantizar que las evidencias
analizadas son las mismas que las recolectadas, en especial, en aquellos casos que cuentan con una
enorme cantidad de información o datos cifrados. El Principio de reconstrucción de hechos busca
reconstruir la secuencia de los eventos que condujeron al delito partiendo de las pruebas recopiladas y
analizadas. Según López et al. (2017) consiste en realizar una reconstrucción que acerque a conocer de
forma precisa, las actividades que pudieron conllevar al hecho ilícito, aportando una coherente narrativa,
respaldada por las evidencias. Finalmente, el Principio de conocimiento transdisciplinario, que
conforme a lo expresado por Aguirre Sala (2017) implica la necesidad de incorporar conocimientos de
distintas disciplinas como derecho, banca, contabilidad, informática, entre otras, para efectuar un
efectivo y completo análisis, permitiendo una integral comprensión del caso. Cabe señalar que la
aplicación rigurosa de estos principios, garantiza que el análisis forense sea transparente, objetivo
El Principio de preservación de las evidencias demanda tanto proteger como preservar las evidencias
en su original estado, evitando toda alteración o destrucción. Paus & Micucci (2023) señalan que su
propósito es conservar la autenticidad e integridad de las pruebas desde su recopilación, hasta su
presentación en juicios, por lo que los análisis se deben realizar sobre copias exactas. El Principio de
cadena de custodia conlleva documentar detalladamente cada acceso a las evidencias. Según Brito-
Febles & Muñoz-Alfonso (2023) es un proceso de control aplicado con la finalidad de impedir daños,
alteraciones, destrucción, o cualquier tipo de acción que afecte su estado original. Por su parte Granda
Tonato (2015) señala que esta, se desarrolla en cuatro etapas, identificar, preservar, analizar y presentar
las pruebas, esperando la aceptación de los jueces en los procesos legales.
El Principio de imparcialidad u objetividad exige que los analistas se basen solamente en las evidencias
halladas y analizadas, no en prejuicios previos o suposiciones De acuerdo con Orellana-Urgilés &
Durán-Ramírez (2024) garantiza la fiabilidad, así como la credibilidad de los resultados, evitando sesgos
que pueden causar la invalidación del trabajo investigativo. El Principio de replicabilidad y
verificabilidad demanda que los métodos empleados, sean claros además de documentados,
posibilitando que otro experto pueda replicarlo, obteniendo las mismas conclusiones. Amador (2020)
señala que este aporta validez científica al análisis forense, al permitir que cada una de las conclusiones
sean examinadas y verificadas de forma independiente.
El Principio de identificación de acuerdo con Dhawan (2021) busca garantizar que las evidencias
analizadas son las mismas que las recolectadas, en especial, en aquellos casos que cuentan con una
enorme cantidad de información o datos cifrados. El Principio de reconstrucción de hechos busca
reconstruir la secuencia de los eventos que condujeron al delito partiendo de las pruebas recopiladas y
analizadas. Según López et al. (2017) consiste en realizar una reconstrucción que acerque a conocer de
forma precisa, las actividades que pudieron conllevar al hecho ilícito, aportando una coherente narrativa,
respaldada por las evidencias. Finalmente, el Principio de conocimiento transdisciplinario, que
conforme a lo expresado por Aguirre Sala (2017) implica la necesidad de incorporar conocimientos de
distintas disciplinas como derecho, banca, contabilidad, informática, entre otras, para efectuar un
efectivo y completo análisis, permitiendo una integral comprensión del caso. Cabe señalar que la
aplicación rigurosa de estos principios, garantiza que el análisis forense sea transparente, objetivo
pág. 18111
además de replicable, ignorar cualquiera de estos, puede ocasionar la invalidación de las pruebas, así
como poner en riesgo la integridad de la investigación.
El lavado de activos es una conducta criminal que afecta considerablemente la estabilidad económica e
integridad financiera de los países, impulsando la delincuencia organizada y el terrorismo. Según
Echeverría-Espinoza & Álvarez-Vera (2024) dado a la insuficiencia de los métodos tradicionales, surgen
las técnicas de análisis forense como poderosas herramientas para la prevención del lavado de activos
debido a que permiten identificar complejos patrones, además de reconstruir prácticas sospechosas.
El análisis forense integra la rigurosidad tanto de la contabilidad como de la auditoría, con avanzadas
tecnologías de análisis de datos posibilitando una profunda examinación de los registros, así como del
comportamiento financiero, para detectar y anticipar riesgos. Sus técnicas se agrupan en tres principales
categorías. Las Técnicas de contabilidad y auditoría forense incluyen el Análisis de transacciones y
flujos de efectivo empleada para analizar los movimientos de dinero para identificar patrones irregulares
De acuerdo con la Asociación Interamericana de Contabilidad (2024) este es útil para rastrear tanto el
origen como el destino del dinero ilícito. El Análisis de estados financieros y ratios según Rodríguez
(2025) permite identificar posibles riesgos u oportunidades, mediante el establecimiento de patrones y
tendencias irregulares.
La revisión detallada de documentos conlleva una exhaustiva revisión de documentos para detectar
manipulaciones, falsificaciones e inconsistencias. Akoyo Aswani (2025) señala que su finalidad es
garantizar su cumplimiento, coherencia, integridad y precisión tanto con los requisitos como con los
estándares aplicables. Se incluye también la Entrevista forense, la cual conforme a lo manifestado por
Bautista Boche et al. (2017) es una técnica investigativa que recaba información clave no solo de testigos
sino incluso de personas vinculadas a los hechos.
Las Técnicas de análisis forense digital y de datos o Data Forensics aprovechan según Ekundayo
(2024) el aprendizaje automático o ML, y el análisis de datos, Big Data, para detectar anomalías,
patrones ocultos, además de complejas correlaciones que podrían no ser descubiertas por los métodos
tradicionales. En este grupo se encuentra el Análisis forense digital o Computer Forensics el cual
conforme a lo señalado por Tapia (2022) es una disciplina que integra los conocimientos sobre
informática con la ciencia forense, para procesar, documentar y extraer información digital,
además de replicable, ignorar cualquiera de estos, puede ocasionar la invalidación de las pruebas, así
como poner en riesgo la integridad de la investigación.
El lavado de activos es una conducta criminal que afecta considerablemente la estabilidad económica e
integridad financiera de los países, impulsando la delincuencia organizada y el terrorismo. Según
Echeverría-Espinoza & Álvarez-Vera (2024) dado a la insuficiencia de los métodos tradicionales, surgen
las técnicas de análisis forense como poderosas herramientas para la prevención del lavado de activos
debido a que permiten identificar complejos patrones, además de reconstruir prácticas sospechosas.
El análisis forense integra la rigurosidad tanto de la contabilidad como de la auditoría, con avanzadas
tecnologías de análisis de datos posibilitando una profunda examinación de los registros, así como del
comportamiento financiero, para detectar y anticipar riesgos. Sus técnicas se agrupan en tres principales
categorías. Las Técnicas de contabilidad y auditoría forense incluyen el Análisis de transacciones y
flujos de efectivo empleada para analizar los movimientos de dinero para identificar patrones irregulares
De acuerdo con la Asociación Interamericana de Contabilidad (2024) este es útil para rastrear tanto el
origen como el destino del dinero ilícito. El Análisis de estados financieros y ratios según Rodríguez
(2025) permite identificar posibles riesgos u oportunidades, mediante el establecimiento de patrones y
tendencias irregulares.
La revisión detallada de documentos conlleva una exhaustiva revisión de documentos para detectar
manipulaciones, falsificaciones e inconsistencias. Akoyo Aswani (2025) señala que su finalidad es
garantizar su cumplimiento, coherencia, integridad y precisión tanto con los requisitos como con los
estándares aplicables. Se incluye también la Entrevista forense, la cual conforme a lo manifestado por
Bautista Boche et al. (2017) es una técnica investigativa que recaba información clave no solo de testigos
sino incluso de personas vinculadas a los hechos.
Las Técnicas de análisis forense digital y de datos o Data Forensics aprovechan según Ekundayo
(2024) el aprendizaje automático o ML, y el análisis de datos, Big Data, para detectar anomalías,
patrones ocultos, además de complejas correlaciones que podrían no ser descubiertas por los métodos
tradicionales. En este grupo se encuentra el Análisis forense digital o Computer Forensics el cual
conforme a lo señalado por Tapia (2022) es una disciplina que integra los conocimientos sobre
informática con la ciencia forense, para procesar, documentar y extraer información digital,
pág. 18112
contribuyendo al descubrimiento de la verdad, así como a la construcción de casos sólidos,
fundamentados en evidencias digitales.
La visualización de datos forenses consiste en la transformación de una compleja información en
gráficos interactivos como mapas de flujos o diagramas de red, Banerjee (2024) señala que su
importancia radica en que ayuda a entender relaciones, patrones y tendencias que resultan difíciles de
identificar con datos primarios; y el Análisis de blockchain orientado a la examinación, interpretación y
extracción de información relevante, de los datos registrados. De acuerdo con Salisu & Filipov (2023)
su principal objetivo es la comprensión del flujo de fondos, la identificación de actividades que se
consideren sospechosas, así como el rastreo tanto del origen como del destino de los activos digitales.
Las Técnicas de investigación proactivas enfocadas en el Perfilamiento de clientes y transacciones el
cual acorde a lo expuesto por Pareja (2024) analiza la coherencia de las operaciones financieras con el
perfil del usuario; mientras que el Análisis de riesgos geográficos identifica jurisdicciones, sectores
económicos o países que cuentan con un riesgo alto de lavado de activos, Stoyanov (2025) señala que
contribuye a la mitigación de factores que podrían repercutir en la integridad de la investigación. La
implementación estratégica del análisis forense refuerza la detección temprana del riesgo, fomenta el
cumplimiento de las normativas, promoviendo el cambio de un enfoque reactivo a uno preventivo y
predictivo, afianzándose como un esencial aliado en la lucha contra el lavado de activos, dado que
posibilita descifrar estructuras ocultas, prever riesgos, además de comprender a profundidad la conducta
financiera.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque tanto cualitativo como descriptivo, fundamentado en una revisión
bibliográfica y documental de normativas, fuentes académicas, así como de casos prácticos
concernientes al análisis forense aplicado al lavado de activos, incluyendo informes de organismos
internacionales como GAFI, dado que pretende comprender tanto las técnicas de análisis forense como
su aplicación en la prevención del lavado de activos.
Se emplearon fuentes verificables con reconocimiento académico o institucional publicadas en los
últimos diez años, con relevancia temática. Se realizó además una sistematización de casos
contribuyendo al descubrimiento de la verdad, así como a la construcción de casos sólidos,
fundamentados en evidencias digitales.
La visualización de datos forenses consiste en la transformación de una compleja información en
gráficos interactivos como mapas de flujos o diagramas de red, Banerjee (2024) señala que su
importancia radica en que ayuda a entender relaciones, patrones y tendencias que resultan difíciles de
identificar con datos primarios; y el Análisis de blockchain orientado a la examinación, interpretación y
extracción de información relevante, de los datos registrados. De acuerdo con Salisu & Filipov (2023)
su principal objetivo es la comprensión del flujo de fondos, la identificación de actividades que se
consideren sospechosas, así como el rastreo tanto del origen como del destino de los activos digitales.
Las Técnicas de investigación proactivas enfocadas en el Perfilamiento de clientes y transacciones el
cual acorde a lo expuesto por Pareja (2024) analiza la coherencia de las operaciones financieras con el
perfil del usuario; mientras que el Análisis de riesgos geográficos identifica jurisdicciones, sectores
económicos o países que cuentan con un riesgo alto de lavado de activos, Stoyanov (2025) señala que
contribuye a la mitigación de factores que podrían repercutir en la integridad de la investigación. La
implementación estratégica del análisis forense refuerza la detección temprana del riesgo, fomenta el
cumplimiento de las normativas, promoviendo el cambio de un enfoque reactivo a uno preventivo y
predictivo, afianzándose como un esencial aliado en la lucha contra el lavado de activos, dado que
posibilita descifrar estructuras ocultas, prever riesgos, además de comprender a profundidad la conducta
financiera.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque tanto cualitativo como descriptivo, fundamentado en una revisión
bibliográfica y documental de normativas, fuentes académicas, así como de casos prácticos
concernientes al análisis forense aplicado al lavado de activos, incluyendo informes de organismos
internacionales como GAFI, dado que pretende comprender tanto las técnicas de análisis forense como
su aplicación en la prevención del lavado de activos.
Se emplearon fuentes verificables con reconocimiento académico o institucional publicadas en los
últimos diez años, con relevancia temática. Se realizó además una sistematización de casos
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documentados que evidencian como se ha aplicado el análisis forense no solo en la investigación sino
también en la desarticulación de esquemas de lavado de activos, en América Latina.
RESULTADOS
A nivel mundial, el lavado de activos es considerado una problemática significativa que afecta a los
países, causando distorsiones tanto económicas como sociales. Conforme a lo expresado por Cisneros
Corrales & Barragán Pacheco (2024) durante el mes de octubre del año 2001 el Congreso
estadounidense publicó la denominada Ley Patriótica o USA Patriot Act, la cual en su artículo 302 no
solo citaba fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que además manifestaba que la
cantidad producida por el lavado de activos era superior a los $600.000 millones, en aquel entonces, la
cifra hacía alusión a entre un 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global. Al actualizar dicha
relación conservando la moderada cifra del 2%, así como teniendo en cuenta que para el 2022 el PIB a
nivel mundial fue de $102,404,010 millones, se obtendría entonces que aproximadamente $2,048
billones podrían ser parte del lavado, sin considerar que desde el 2001 el problema se ha profundizado.
Cabe resaltar que el lavado de activos, no solamente es un problema que afecta a las entidades
financieras, sino que también abarca a la sociedad en general, por esta razón la lucha y prevención de
este delito, precisa de la cooperación de los diferentes sectores para salvaguardar la integridad tanto
social como económica de las naciones.
América Latina es uno de los territorios que son mayormente afectados tanto por el lavado de activos,
como por el financiamiento del terrorismo, esto debido a que enormes montos de dinero ilícito son
camuflados mediante propiedades como hoteles, construcciones, casas, restaurantes, vehículos, casinos,
almacenes, negocios, entre otros. En esta parte del continente americano, es posible observar un
escenario de importantes crímenes financieros, en los que se vinculan operaciones ilegales como la
desviación de recursos públicos, tráfico de drogas, contrabando, etc., de las cuales se produce grandes
cantidades de fondos ilícitos, que posteriormente deben lavarse con la ayuda de diversos métodos.
De acuerdo a lo expresado por Portilla (2022) las actividades criminales como evasión fiscal,
narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, el criminal uso del secreto bancario por parte de los
denominados paraísos fiscales, así como las empresas fachadas o fantasmas, son los motores que
producen el lavado de aproximadamente $400.000 millones en América Latina.
documentados que evidencian como se ha aplicado el análisis forense no solo en la investigación sino
también en la desarticulación de esquemas de lavado de activos, en América Latina.
RESULTADOS
A nivel mundial, el lavado de activos es considerado una problemática significativa que afecta a los
países, causando distorsiones tanto económicas como sociales. Conforme a lo expresado por Cisneros
Corrales & Barragán Pacheco (2024) durante el mes de octubre del año 2001 el Congreso
estadounidense publicó la denominada Ley Patriótica o USA Patriot Act, la cual en su artículo 302 no
solo citaba fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que además manifestaba que la
cantidad producida por el lavado de activos era superior a los $600.000 millones, en aquel entonces, la
cifra hacía alusión a entre un 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global. Al actualizar dicha
relación conservando la moderada cifra del 2%, así como teniendo en cuenta que para el 2022 el PIB a
nivel mundial fue de $102,404,010 millones, se obtendría entonces que aproximadamente $2,048
billones podrían ser parte del lavado, sin considerar que desde el 2001 el problema se ha profundizado.
Cabe resaltar que el lavado de activos, no solamente es un problema que afecta a las entidades
financieras, sino que también abarca a la sociedad en general, por esta razón la lucha y prevención de
este delito, precisa de la cooperación de los diferentes sectores para salvaguardar la integridad tanto
social como económica de las naciones.
América Latina es uno de los territorios que son mayormente afectados tanto por el lavado de activos,
como por el financiamiento del terrorismo, esto debido a que enormes montos de dinero ilícito son
camuflados mediante propiedades como hoteles, construcciones, casas, restaurantes, vehículos, casinos,
almacenes, negocios, entre otros. En esta parte del continente americano, es posible observar un
escenario de importantes crímenes financieros, en los que se vinculan operaciones ilegales como la
desviación de recursos públicos, tráfico de drogas, contrabando, etc., de las cuales se produce grandes
cantidades de fondos ilícitos, que posteriormente deben lavarse con la ayuda de diversos métodos.
De acuerdo a lo expresado por Portilla (2022) las actividades criminales como evasión fiscal,
narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, el criminal uso del secreto bancario por parte de los
denominados paraísos fiscales, así como las empresas fachadas o fantasmas, son los motores que
producen el lavado de aproximadamente $400.000 millones en América Latina.
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No obstante, es evidente el esfuerzo que los países de América Latina han realizado para detectar,
prevenir, así como sancionar el lavado de activos, además han aplicado disposiciones orientadas a
obstaculizar la proliferación de operaciones criminales como la delincuencia organizada, corrupción y
tráfico de drogas. Una de las medidas implementadas fue la creación del Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica o Gafilat, con el propósito no solo de expandir el alcance del GAFI, sino también
establecer una estandarización y armonización mundial del cumplimiento de las recomendaciones.
Sin embargo, Ángel (2025) señala que de acuerdo a un reporte presentado por el Instituto de Gobernanza
de Basilea, pese a que la mayor cantidad de países latinoamericanos cumplen con las regulaciones
orientadas a la disminución del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo, la efectiva
aplicación de las leyes es insuficiente, debido a que enfrenta diversos obstáculos.
En la lucha mundial contra el financiamiento del terrorismo, y la delincuencia organizada, el lavado de
activos representa un reto evolutivo, así como persistente, ante ello, emerge la herramienta de evaluación
denominada Índice antilavado, el cual es elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea o BGI por
sus siglas en inglés, con la finalidad de analizar de manera adecuada, el riesgo de cada uno de los países,
proporcionando de este modo a las instituciones financieras, instrumentos para el monitoreo de los
niveles de peligro concernientes a crímenes financieros.
Conforme a lo expresado por Rodríguez et al. (2024) el denominado índice antilavado de Basilea
consiste en una clasificación independiente que se realiza anualmente para evaluar el riesgo del
financiamiento del terrorismo y lavado de activos a nivel mundial, esta herramienta ha sido publicada
desde el año 2012 por el Instituto de Gobernanza de Basilea, en el cual otorga puntajes de riesgo en base
a datos obtenidos de 15 diferentes fuentes públicamente disponibles como el Banco Mundial, el Foro
Económico Mundial, el GAFI y la transparencia internacional.
El índice antilavado otorga una puntuación que va desde 0 considerado como riesgo bajo, hasta 10 que
es un riesgo alto, a diversos países, basándose en varios factores, entre los que abarca los niveles de
corrupción, la calidad del ámbito antilavado de activos y contra el financiamiento contra la corrupción,
el riesgo fraude, marcos normativos, transparencia financiera, así como los riesgos legales o políticos.
En lo que respecta a América Latina, el índice AML de Basilea, refleja la existencia de significativos
problemas de narcotráfico en ciertas jurisdicciones, además señala que debido a que una gran cantidad
No obstante, es evidente el esfuerzo que los países de América Latina han realizado para detectar,
prevenir, así como sancionar el lavado de activos, además han aplicado disposiciones orientadas a
obstaculizar la proliferación de operaciones criminales como la delincuencia organizada, corrupción y
tráfico de drogas. Una de las medidas implementadas fue la creación del Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica o Gafilat, con el propósito no solo de expandir el alcance del GAFI, sino también
establecer una estandarización y armonización mundial del cumplimiento de las recomendaciones.
Sin embargo, Ángel (2025) señala que de acuerdo a un reporte presentado por el Instituto de Gobernanza
de Basilea, pese a que la mayor cantidad de países latinoamericanos cumplen con las regulaciones
orientadas a la disminución del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo, la efectiva
aplicación de las leyes es insuficiente, debido a que enfrenta diversos obstáculos.
En la lucha mundial contra el financiamiento del terrorismo, y la delincuencia organizada, el lavado de
activos representa un reto evolutivo, así como persistente, ante ello, emerge la herramienta de evaluación
denominada Índice antilavado, el cual es elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea o BGI por
sus siglas en inglés, con la finalidad de analizar de manera adecuada, el riesgo de cada uno de los países,
proporcionando de este modo a las instituciones financieras, instrumentos para el monitoreo de los
niveles de peligro concernientes a crímenes financieros.
Conforme a lo expresado por Rodríguez et al. (2024) el denominado índice antilavado de Basilea
consiste en una clasificación independiente que se realiza anualmente para evaluar el riesgo del
financiamiento del terrorismo y lavado de activos a nivel mundial, esta herramienta ha sido publicada
desde el año 2012 por el Instituto de Gobernanza de Basilea, en el cual otorga puntajes de riesgo en base
a datos obtenidos de 15 diferentes fuentes públicamente disponibles como el Banco Mundial, el Foro
Económico Mundial, el GAFI y la transparencia internacional.
El índice antilavado otorga una puntuación que va desde 0 considerado como riesgo bajo, hasta 10 que
es un riesgo alto, a diversos países, basándose en varios factores, entre los que abarca los niveles de
corrupción, la calidad del ámbito antilavado de activos y contra el financiamiento contra la corrupción,
el riesgo fraude, marcos normativos, transparencia financiera, así como los riesgos legales o políticos.
En lo que respecta a América Latina, el índice AML de Basilea, refleja la existencia de significativos
problemas de narcotráfico en ciertas jurisdicciones, además señala que debido a que una gran cantidad
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de territorios no son centros financieros importantes, la transparencia financiera es uno de los menores
problemas. El gráfico 1 muestra el nivel de riesgo de lavado de activos con el que cuentan cada uno de
los países latinoamericanos en el 2024.
Gráfico 1:
Ranking de los países con mayor y menor riesgo en América Latina durante el 2024
Nota: El gráfico muestra el nivel de riesgo que cada uno de los países ha alcanzado durante el 2024,
según (Basel Institute on Governance (GBI), 2024).
En Latinoamérica y el Caribe, Haití es el país con mayor riesgo de lavado de activos con un puntaje de
7,92, en el índice AML de Basilea, situándose segundo a nivel mundial, debido a su incapacidad para
procesar exitosamente delitos de este tipo en los últimos cinco años. Países como México, Brasil y
Ecuador se ubican en posiciones intermedias, una situación atribuida, acorde a lo señalado por Soberanis
& Sierra (2024) al incremento excesivo del narcotráfico, la expansión de organizaciones criminales, así
como la escasa efectividad en la implementación de sanciones. Según el GAFILAT (2024) el lavado de
activos persiste como un creciente desafío en la región, impactando tanto a instituciones
gubernamentales, como a sistemas financieros, debido a la debilidad de las entidades, el influjo de redes
criminales internacionales, además de la corrupción.
6,4 6,09 5,95,665,64 5,51 5,5 5,455,445,44 5,36 5,06 5 4,96 4,92 4,794,774,72 4,61
7,92
7,59
5,21
4,58 4,46
4,214,19 4,11 4,14,084,07
Haití
Venezuela
Nicaragua
Surinam
Panamá
Honduras
San Cristóbal y Nieves
El Salvador
Cuba
Guatemala
Bolivia
México
Brasil
Bahamas
Ecuador
Paraguay
República Dominicana
Colombia
Jamaica
Perú
Granada
Costa Rica
Barbados
Santa Lucía
Dominica
Trinidad y Tobago
Uruguay
Antigua y Barbuda
Chile
San Vicente y…
de territorios no son centros financieros importantes, la transparencia financiera es uno de los menores
problemas. El gráfico 1 muestra el nivel de riesgo de lavado de activos con el que cuentan cada uno de
los países latinoamericanos en el 2024.
Gráfico 1:
Ranking de los países con mayor y menor riesgo en América Latina durante el 2024
Nota: El gráfico muestra el nivel de riesgo que cada uno de los países ha alcanzado durante el 2024,
según (Basel Institute on Governance (GBI), 2024).
En Latinoamérica y el Caribe, Haití es el país con mayor riesgo de lavado de activos con un puntaje de
7,92, en el índice AML de Basilea, situándose segundo a nivel mundial, debido a su incapacidad para
procesar exitosamente delitos de este tipo en los últimos cinco años. Países como México, Brasil y
Ecuador se ubican en posiciones intermedias, una situación atribuida, acorde a lo señalado por Soberanis
& Sierra (2024) al incremento excesivo del narcotráfico, la expansión de organizaciones criminales, así
como la escasa efectividad en la implementación de sanciones. Según el GAFILAT (2024) el lavado de
activos persiste como un creciente desafío en la región, impactando tanto a instituciones
gubernamentales, como a sistemas financieros, debido a la debilidad de las entidades, el influjo de redes
criminales internacionales, además de la corrupción.
6,4 6,09 5,95,665,64 5,51 5,5 5,455,445,44 5,36 5,06 5 4,96 4,92 4,794,774,72 4,61
7,92
7,59
5,21
4,58 4,46
4,214,19 4,11 4,14,084,07
Haití
Venezuela
Nicaragua
Surinam
Panamá
Honduras
San Cristóbal y Nieves
El Salvador
Cuba
Guatemala
Bolivia
México
Brasil
Bahamas
Ecuador
Paraguay
República Dominicana
Colombia
Jamaica
Perú
Granada
Costa Rica
Barbados
Santa Lucía
Dominica
Trinidad y Tobago
Uruguay
Antigua y Barbuda
Chile
San Vicente y…
pág. 18116
Pese a las limitaciones, los países de América Latina, han fortalecido sus marcos regulatorios
implementando técnicas de análisis forenses en sus investigaciones; evidenciando importantes avances
en la lucha contra el lavado de activos.
Algunos casos en los que se han aplicado estos métodos, son el Caso Zaragoza – México: Se desarrolló
entre los años 2020 y 2021, involucrando a una familia completa, vinculada a crímenes de narcotráfico,
defraudación fiscal, así como delincuencia organizada, quienes lavaron dinero empleando una
combinación de una plataforma clandestina de criptomonedas y el sistema financiero tradicional. De
acuerdo con Gutiérrez (2022) la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana inició
cuando detectó la compra de 9,1 millones de pesos en criptomonedas, por parte de Rodrigo Zaragoza lo
cual permitió rastrear una red de transacciones familiares. Se identificó además que Guadalupe, tía de
Rodrigo, fue quien depositó 28 millones de pesos, a una empresa fachada denominada CT Option
Trading, dedicada a la negociación ilegal de activos virtuales.
Las técnicas de análisis forense desempeñaron un papel crucial en la investigación, la auditoría forense,
permitió rastrear depósitos, cheques, al igual que transferencias, mientras que el análisis forense digital
o criptoforense, siguiendo las transacciones en la blockchain posibilitó identificar tanto las billeteras de
criptomonedas empleadas por los involucrados, como las conexiones con el dinero fiat, determinando
los puntos no solo de entrada, sino también de salida de los sistemas financieros tradicionales. El empleo
del Big facilitó detectar inusuales patrones como Pitufeo, transacciones circulares, así como el uso de
intermediarios, lo cual hizo posible la reconstrucción de la red no solo de relaciones sino también de
flujos financieros de la familia Zaragoza.
El esquema que empleaba la familia consistía en depósitos en efectivo que Rodrigo realizaba desde
zonas consideradas de alto riesgo en el país, los cuales eran triangulados entre los familiares, para
transformarlos en criptomonedas mediante la plataforma CT Option Trading. Las técnicas de análisis
forense generaron una verificable y sólida evidencia que permitió a la UIF presentar denuncias penales,
bloquear los recursos, así como cooperar con las autoridades nacionales. Este caso representó un
importante hito para México en el combate contra el lavado de activos, demostrando la eficacia tanto
del rastreo como de la desarticulación de las redes criminales que utilizan emergentes tecnologías como
las criptomonedas.
Pese a las limitaciones, los países de América Latina, han fortalecido sus marcos regulatorios
implementando técnicas de análisis forenses en sus investigaciones; evidenciando importantes avances
en la lucha contra el lavado de activos.
Algunos casos en los que se han aplicado estos métodos, son el Caso Zaragoza – México: Se desarrolló
entre los años 2020 y 2021, involucrando a una familia completa, vinculada a crímenes de narcotráfico,
defraudación fiscal, así como delincuencia organizada, quienes lavaron dinero empleando una
combinación de una plataforma clandestina de criptomonedas y el sistema financiero tradicional. De
acuerdo con Gutiérrez (2022) la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana inició
cuando detectó la compra de 9,1 millones de pesos en criptomonedas, por parte de Rodrigo Zaragoza lo
cual permitió rastrear una red de transacciones familiares. Se identificó además que Guadalupe, tía de
Rodrigo, fue quien depositó 28 millones de pesos, a una empresa fachada denominada CT Option
Trading, dedicada a la negociación ilegal de activos virtuales.
Las técnicas de análisis forense desempeñaron un papel crucial en la investigación, la auditoría forense,
permitió rastrear depósitos, cheques, al igual que transferencias, mientras que el análisis forense digital
o criptoforense, siguiendo las transacciones en la blockchain posibilitó identificar tanto las billeteras de
criptomonedas empleadas por los involucrados, como las conexiones con el dinero fiat, determinando
los puntos no solo de entrada, sino también de salida de los sistemas financieros tradicionales. El empleo
del Big facilitó detectar inusuales patrones como Pitufeo, transacciones circulares, así como el uso de
intermediarios, lo cual hizo posible la reconstrucción de la red no solo de relaciones sino también de
flujos financieros de la familia Zaragoza.
El esquema que empleaba la familia consistía en depósitos en efectivo que Rodrigo realizaba desde
zonas consideradas de alto riesgo en el país, los cuales eran triangulados entre los familiares, para
transformarlos en criptomonedas mediante la plataforma CT Option Trading. Las técnicas de análisis
forense generaron una verificable y sólida evidencia que permitió a la UIF presentar denuncias penales,
bloquear los recursos, así como cooperar con las autoridades nacionales. Este caso representó un
importante hito para México en el combate contra el lavado de activos, demostrando la eficacia tanto
del rastreo como de la desarticulación de las redes criminales que utilizan emergentes tecnologías como
las criptomonedas.
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Caso Tierra Santa – Colombia: Este caso develó una compleja red de lavado de activos, así como de
contrabando de textiles, mediante una cadena de almacenes, que habría actuado como fachada.
Conforme a lo expresado por Ortiz Fonnegra (2022) esta empresa administrada por una familia de origen
libanés, fue investigada por la Policía, la Fiscalía, así como por la Aduana colombiana por lavado de
activos desde el 2017, no obstante, durante el 2022 se allanaron diferentes bodegas e incautaron
propiedades situadas en diferentes ciudades del país. Las técnicas tanto de auditoría como de análisis
forense fueron esenciales, para analizar meticulosamente facturas, extractos bancarios, libros contables,
además de otros documentos financieros, que permitieron detectar significativas inconsistencias entre
los ingresos y las operaciones reales, evidenciando también la existencia de empresas fantasmas que
simulaban importaciones desde diversos países, para integrar fondos ilícitos en el sistema financiero.
La investigación también rastreó flujos transnacionales de dinero, provenientes de la República
Libanesa, identificó tanto beneficiarios finales, como bancos intermediarios, detectó también un
injustificado incremento patrimonial. Cada uno de los hallazgos fueron consolidados en detallados
informes periciales, que posibilitaron la captura de 20 implicados entre representantes de las empresas
fachadas y los miembros de la junta directiva, además de la incautación de 1,110 bienes tanto muebles
como inmuebles, valorados en alrededor de $266 millones de dólares. Este caso estableció un precedente
en Colombia, debido a la efectividad del análisis forense para desarticular redes tanto de contrabando
como de lavado de activos.
Caso Lava Jato – Brasil: Este caso suscitado en 2014, es considerado uno de los mayores escándalos
de lavado de dinero y corrupción en Brasil, con un significativo impacto tanto político como económico.
Pont Vidal (2020) señala que esta operación surgió tras la detección de operaciones ilegales en
establecimientos donde se lavaban autos, en los que se hallaron evidencias de lavado de activos. La
investigación dejó al descubierto una compleja red de corrupción en la empresa gubernamental
Petrobras, que involucraba el pago de sobornos a funcionarios, así como a diversos políticos, a cambio
de contratos con la corporación petrolera, sobreprecio de proyectos, además de desvío de fondos hacia
el financiamiento de campañas políticas.
El éxito de la investigación se fundamentó en una sofisticada combinación de la auditoría forense
financiera y el análisis forense digital sustentado en testimonios de delación premiada. Los auditores
Caso Tierra Santa – Colombia: Este caso develó una compleja red de lavado de activos, así como de
contrabando de textiles, mediante una cadena de almacenes, que habría actuado como fachada.
Conforme a lo expresado por Ortiz Fonnegra (2022) esta empresa administrada por una familia de origen
libanés, fue investigada por la Policía, la Fiscalía, así como por la Aduana colombiana por lavado de
activos desde el 2017, no obstante, durante el 2022 se allanaron diferentes bodegas e incautaron
propiedades situadas en diferentes ciudades del país. Las técnicas tanto de auditoría como de análisis
forense fueron esenciales, para analizar meticulosamente facturas, extractos bancarios, libros contables,
además de otros documentos financieros, que permitieron detectar significativas inconsistencias entre
los ingresos y las operaciones reales, evidenciando también la existencia de empresas fantasmas que
simulaban importaciones desde diversos países, para integrar fondos ilícitos en el sistema financiero.
La investigación también rastreó flujos transnacionales de dinero, provenientes de la República
Libanesa, identificó tanto beneficiarios finales, como bancos intermediarios, detectó también un
injustificado incremento patrimonial. Cada uno de los hallazgos fueron consolidados en detallados
informes periciales, que posibilitaron la captura de 20 implicados entre representantes de las empresas
fachadas y los miembros de la junta directiva, además de la incautación de 1,110 bienes tanto muebles
como inmuebles, valorados en alrededor de $266 millones de dólares. Este caso estableció un precedente
en Colombia, debido a la efectividad del análisis forense para desarticular redes tanto de contrabando
como de lavado de activos.
Caso Lava Jato – Brasil: Este caso suscitado en 2014, es considerado uno de los mayores escándalos
de lavado de dinero y corrupción en Brasil, con un significativo impacto tanto político como económico.
Pont Vidal (2020) señala que esta operación surgió tras la detección de operaciones ilegales en
establecimientos donde se lavaban autos, en los que se hallaron evidencias de lavado de activos. La
investigación dejó al descubierto una compleja red de corrupción en la empresa gubernamental
Petrobras, que involucraba el pago de sobornos a funcionarios, así como a diversos políticos, a cambio
de contratos con la corporación petrolera, sobreprecio de proyectos, además de desvío de fondos hacia
el financiamiento de campañas políticas.
El éxito de la investigación se fundamentó en una sofisticada combinación de la auditoría forense
financiera y el análisis forense digital sustentado en testimonios de delación premiada. Los auditores
pág. 18118
forenses analizaron millones de facturas, además de, registros contables, en los que lograron detectar
irregularidades en pagos, así como sobreprecios en obras públicas. Mediante el rastreo de los flujos
financieros se encontraron transferencias a una red conformada tanto por empresas offshore como por
paraísos fiscales. La informática forense fue fundamental para evidenciar sistemas de contabilidad
paralela empleados por Odebrecht, denominados My web Day y Drousys, utilizados para registrar el
pago de sobornos, identificando los apodos o alias de los beneficiarios mediante la recuperación tanto
de correos como mensajes eliminados.
Asimismo, a través del big data y el análisis de redes se realizó el mapeo de las conexiones entre
empresarios, políticos e intermediarios, empresas offshore, contratos y cuentas bancarias, en 47 países
evidenciando la magnitud de la conspiración. La evidencia recopilada, validada bajo una rigurosa
cadena de custodia, no solo permitió 174 sentencias condenatorias, sino que también promovió la
cooperación internacional. Este caso demuestra como el análisis forense tanto financiero como digital
permite reconstruir complejos esquemas de corrupción, recuperar bienes ilícitos, así como prever futuras
actividades criminales.
Las técnicas forenses se afianzan como herramientas fundamentales en las investigaciones no solo de
delitos financieros sino también de cuello blanco, al transformar enormes volúmenes de datos en
evidencias legales. Casos como Zaragoza, Tierra Santa y Lava Jato, demuestran la efectividad del
análisis forense para rastrear transacciones, identificar patrones ocultos, así como complejas redes
criminales, reforzando la rendición de cuentas, la recuperación de activos, además de prevenir futuros
delitos financieros.
DISCUSIÓN
El lavado de activos constituye uno de los crímenes con mayor impacto en la economía mundial, lo cual
ha motivado a las organizaciones internacionales a coordinar esfuerzos para combatirlo. No obstante,
aún es evidenciable la presencia de vacíos, especialmente en la detección de transacciones irregulares,
así como en el conocimiento de los clientes. En este contexto, el análisis forense se consolida como una
herramienta fundamental para el rastreo tanto del origen como de los movimientos de fondos ilícitos, la
identificación de implicados y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen financiero.
forenses analizaron millones de facturas, además de, registros contables, en los que lograron detectar
irregularidades en pagos, así como sobreprecios en obras públicas. Mediante el rastreo de los flujos
financieros se encontraron transferencias a una red conformada tanto por empresas offshore como por
paraísos fiscales. La informática forense fue fundamental para evidenciar sistemas de contabilidad
paralela empleados por Odebrecht, denominados My web Day y Drousys, utilizados para registrar el
pago de sobornos, identificando los apodos o alias de los beneficiarios mediante la recuperación tanto
de correos como mensajes eliminados.
Asimismo, a través del big data y el análisis de redes se realizó el mapeo de las conexiones entre
empresarios, políticos e intermediarios, empresas offshore, contratos y cuentas bancarias, en 47 países
evidenciando la magnitud de la conspiración. La evidencia recopilada, validada bajo una rigurosa
cadena de custodia, no solo permitió 174 sentencias condenatorias, sino que también promovió la
cooperación internacional. Este caso demuestra como el análisis forense tanto financiero como digital
permite reconstruir complejos esquemas de corrupción, recuperar bienes ilícitos, así como prever futuras
actividades criminales.
Las técnicas forenses se afianzan como herramientas fundamentales en las investigaciones no solo de
delitos financieros sino también de cuello blanco, al transformar enormes volúmenes de datos en
evidencias legales. Casos como Zaragoza, Tierra Santa y Lava Jato, demuestran la efectividad del
análisis forense para rastrear transacciones, identificar patrones ocultos, así como complejas redes
criminales, reforzando la rendición de cuentas, la recuperación de activos, además de prevenir futuros
delitos financieros.
DISCUSIÓN
El lavado de activos constituye uno de los crímenes con mayor impacto en la economía mundial, lo cual
ha motivado a las organizaciones internacionales a coordinar esfuerzos para combatirlo. No obstante,
aún es evidenciable la presencia de vacíos, especialmente en la detección de transacciones irregulares,
así como en el conocimiento de los clientes. En este contexto, el análisis forense se consolida como una
herramienta fundamental para el rastreo tanto del origen como de los movimientos de fondos ilícitos, la
identificación de implicados y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen financiero.
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Casos como Zaragoza (México), Tierra Santa (Colombia) y Lava Jato (Brasil), evidencian la
complejidad creciente del lavado de activos, así como la necesidad de avanzados métodos forenses;
mediante la auditoría contable, financiera, la informática forense, además del análisis blockchain, ha
sido posible tanto rastrear flujos monetarios, como recuperar evidencia digital, al igual que aportar
elementos probatorios contundentes a los procesos judiciales. Estas técnicas no solamente fortalecen los
fallos condenatorios y el decomiso de activos, sino que incluso se afianzan como instrumentos
fundamentales para la verdad judicial, como también para la estabilidad económica en un entorno
globalizado y digital.
CONCLUSIONES
La lucha contra el lavado de activos es una prioridad a nivel mundial, especialmente en América Latina,
dado a la persistencia de las amenazas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Pese a que
existen programas de prevención de lavado de activos, sustentados en estándares internacionales como
las 40 recomendaciones del GAFI, la creciente sofisticación de los lavadores ha evidenciado la
insuficiencia de un enfoque simplemente reactivo. Ante esto el análisis forense se afianza como una
estratégica herramienta, al permitir la identificación, rastreo y documentación de operaciones financieras
inusuales, mediante su enfoque multidisciplinario que incorpora elementos jurídicos, tecnológicos, así
como contables.
La estratégica implementación de las técnicas de análisis forense, además de fortalecer la prevención,
posibilita la detección de complejos patrones, así como de esquemas ocultos, mejorando la debida
diligencia y asegurando que los reportes de operaciones sospechosas se encuentren respaldados por
evidencias legalmente admisibles. Transforma también, la gestión de riesgos, pasando de un enfoque
reactivo a uno inteligente, del mismo modo aporta al desmantelamiento de redes criminales,
garantizando un ámbito económico de mayor transparencia y seguridad para el desarrollo de América
Latina.
Casos como Zaragoza (México), Tierra Santa (Colombia) y Lava Jato (Brasil), evidencian la
complejidad creciente del lavado de activos, así como la necesidad de avanzados métodos forenses;
mediante la auditoría contable, financiera, la informática forense, además del análisis blockchain, ha
sido posible tanto rastrear flujos monetarios, como recuperar evidencia digital, al igual que aportar
elementos probatorios contundentes a los procesos judiciales. Estas técnicas no solamente fortalecen los
fallos condenatorios y el decomiso de activos, sino que incluso se afianzan como instrumentos
fundamentales para la verdad judicial, como también para la estabilidad económica en un entorno
globalizado y digital.
CONCLUSIONES
La lucha contra el lavado de activos es una prioridad a nivel mundial, especialmente en América Latina,
dado a la persistencia de las amenazas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Pese a que
existen programas de prevención de lavado de activos, sustentados en estándares internacionales como
las 40 recomendaciones del GAFI, la creciente sofisticación de los lavadores ha evidenciado la
insuficiencia de un enfoque simplemente reactivo. Ante esto el análisis forense se afianza como una
estratégica herramienta, al permitir la identificación, rastreo y documentación de operaciones financieras
inusuales, mediante su enfoque multidisciplinario que incorpora elementos jurídicos, tecnológicos, así
como contables.
La estratégica implementación de las técnicas de análisis forense, además de fortalecer la prevención,
posibilita la detección de complejos patrones, así como de esquemas ocultos, mejorando la debida
diligencia y asegurando que los reportes de operaciones sospechosas se encuentren respaldados por
evidencias legalmente admisibles. Transforma también, la gestión de riesgos, pasando de un enfoque
reactivo a uno inteligente, del mismo modo aporta al desmantelamiento de redes criminales,
garantizando un ámbito económico de mayor transparencia y seguridad para el desarrollo de América
Latina.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5813528
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review#elementor-toc__heading-anchor-0
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https://fernandoamador.com.mx/informatica-forense/informatica-forense-y-el-principio-de-
mismidad/#:~:text=Las%20herramientas%20y%20t%C3%A9cnicas%20utilizadas%20en%20l
a,verificar%20la%20validez%20de%20las%20conclusiones%20alcanzadas.
Ángel, H. (17 de Febrero de 2025). Lavado de dinero en LATAM: 3 etapas claves que debes conocer.
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dinero-en-america-latina
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ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
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