LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO
DE LA GOBERNANZA: DEL MODELO
BUROCRÁTICO WEBERIANO A LAS
TRANSFORMACIONES DEL ESTADO
CONTEMPORÁNEO
FACTORS THAT INFLUENCE THE EXTINCTION OF THE YOKOT’AN
MOTHER TONGUE IN THE COMMUNITY OF TUCA, NACAJUCA,
TABASCO
Daniel Ernesto González Torres
Universidad Autónoma de Coahuila - México

pág. 6519
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22766
La nueva gestión pública en el contexto de la gobernanza: Del modelo
burocrático weberiano a las transformaciones del estado contemporáneo
Dr. Daniel Ernesto González Torres1
dagonzalezt@uadec.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-9342-9441
Universidad Autónoma de Coahuila
México
RESUMEN
El presente trabajo analiza la evolución histórica de la administración y gestión pública desde la crisis
del capitalismo del siglo XX hasta las transformaciones contemporáneas del Estado. El objetivo
principal consiste en examinar cómo las sucesivas crisis económicas propiciaron el tránsito del Estado
Benefactor al Estado Neoliberal, generando la necesidad de replantear los modelos de gestión pública
tradicionales basados en la burocracia weberiana. La investigación se justifica ante la necesidad de
comprender los desafíos actuales de la administración pública y las perspectivas de la gobernanza del
siglo XXI. Mediante un análisis histórico-comparativo, se estudian las reformas administrativas
implementadas en Reino Unido, Estados Unidos y México, identificando los factores económicos,
políticos y tecnológicos que determinaron la emergencia de la Nueva Gestión Pública como paradigma
dominante. Los resultados evidencian que la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de
mercados, impulsadas por el Consenso de Washington, reconfiguraron las relaciones entre Estado,
mercado y sociedad, obligando a los gobiernos a adoptar esquemas de gestión orientados a la eficiencia
y legitimidad. Se concluye que el modelo burocrático weberiano, aunque históricamente funcional para
el capitalismo industrial, ha sido superado por las dinámicas de la gobernanza contemporánea, y que la
tecnología constituye el factor determinante en la configuración de los sistemas administrativos del
pasado, presente y futuro.
Palabras clave: Nueva Gestión Pública, gobernanza, burocracia weberiana, Estado Benefactor,
neoliberalismo, reforma administrativa
1 Autor Principal
Correspondencia: dagonzalezt@uadec.edu.mx

pág. 6520
The new public management in the context of governance: From the
Weberian bureaucratic model to the transformations of the contemporary
state
ABSTRACT
Se This study analyzes the historical evolution of public administration and management from the
twentieth-century capitalist crises to the contemporary transformations of the State. The primary
objective is to examine how successive economic crises facilitated the transition from the Welfare State
to the Neoliberal State, thereby generating the need to reconceptualize traditional public management
models grounded in Weberian bureaucracy. This research is warranted by the necessity to understand
the current challenges facing public administration and the prospects of governance in the twenty-first
century. Through a historical-comparative analysis, the administrative reforms implemented in the
United Kingdom, the United States, and Mexico are examined, identifying the economic, political, and
technological factors that determined the emergence of New Public Management as the dominant
paradigm. The findings demonstrate that fiscal austerity, privatization, and market liberalization,
promoted by the Washington Consensus, reconfigured the relationships among State, market, and
society, compelling governments to adopt management frameworks oriented toward efficiency and
legitimacy. It is concluded that the Weberian bureaucratic model, although historically functional for
industrial capitalism, has been superseded by the dynamics of contemporary governance, and that
technology constitutes the determining factor in the configuration of administrative systems past,
present, and future.
Keywords: New Public Management, governance, Weberian bureaucracy, Welfare State, neoliberalism,
administrative reform
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 10 enero 2026

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INTRODUCCIÓN
La relación entre el Estado, la economía y la sociedad experimentaron transformaciones importantes
durante el siglo XX, configurando distintos paradigmas de gestión pública que respondieron a las
condiciones históricas, políticas y económicas de la época. Por lo que comprender estas trasformaciones
resulta relevante para analizar los desafíos contemporáneos de la administración pública y las
perspectivas de la gobernanza en el siglo XXI.
El presente artículo tiene como propósito examinar la evolución de los modelos de gestión pública,
desde el paradigma burocrático weberiano hasta la emergencia de la Nueva Gestión Pública, situando el
análisis en un contexto más amplio de la crisis actual del capitalismo y las reconfiguraciones del Estado.
La década de los treinta del siglo pasado fue testigo de la primera gran crisis del capitalismo industrial
y de la economía internacional en el siglo XX, países como Gran Bretaña y Estados Unidos, centros
neurálgicos del capitalismo mundial enfrentaron y proyectaron al resto del mundo la depresión
económica y el desempleo masivo en ese periodo.
En el ámbito internacional el comercio se contrajo significativamente y el patrón oro, base del sistema
financiero internacional de aquel momento mostró sus límites estructurales y debilidades inherentes
(Villarreal, 1986). Donde esta crisis no fue solamente un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que
representó una ruptura fundamental en el modelo de acumulación capitalista que ha prevalecido desde
finales del siglo XIX.
Las causas de esta crisis fueron múltiples y complejas, por una parte, el crecimiento económico
sostenido y los beneficios artificiales que se presentaron en las bolsas de valores principalmente en
Estados Unidos, generaron una burbuja especulativa insostenible, en segundo lugar, la ausencia de
órganos reguladores en materia económica que advirtieran de los problemas de sobreproducción,
subconsumo y caída de precios, fueron las causas de la crisis que se presentó y el resultado fue
devastador y terminó con quiebras de bancos, de industrias, altos niveles de desempleo en materia
económica, mientras que en el terreno político se dio el surgimiento de gobiernos fascistas como en
Alemania e Italia, que ofrecían respuestas autoritarias a la crisis de legitimidad del orden liberal.
Ante este escenario de crisis generalizada, diversos Estados impulsaron acciones para atender temas
sociales de la población, naciones como Holanda, Gran Bretaña y los países nórdicos impulsaron la

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aparición del Estado Bienestar, modelo en el cual las prioridades estatales suponían distribuir los
beneficios generados entre los pobres y los desempleados. Este modelo incluía también el crecimiento
de la producción de bienes y servicios mediante las empresas propias del Estado, así como un cierto
desarrollo económico basado en la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (Requena Ochoa,
2014, pág. 33 y 34).
Con ello surge el modelo del Estado Benefactor como concepto político que busca gobernar a través de
la prestación de servicios y el otorgamiento de derechos por parte del Estado a la población de más bajo
ingreso. Si bien es cierto, que el concepto existe desde mediados del siglo XIX, es un siglo después que
adquiere relevancia como mecanismo para contener la pobreza a través del bienestar social, la
democracia en un contexto capitalista. Es durante el periodo de entre Guerras que el Estado Benefactor
evoluciona y pasa por diferentes fases de desarrollo. De acuerdo con Comín Comín (citado en Salort i
Vives & Muñoz Haedo, 2007), este modelo se desarrolló en tres etapas históricas: primero la asistencia
social residual dirigida solamente al alivio (y a veces represión) de la pobreza; segundo los seguros
sociales profesionales característicos del Estado Providencia surgido en Europa desde 1883; y tercero,
el sistema de seguridad social universal, que era propio del Estado del Bienestar consolidado desde 1942
(Salort i Vives & Muñoz Haedo, 2007)2.
Sin embargo, paradójicamente, es durante el periodo de la posguerra cuando la administración y gestión
pública comienzan a perder centralidad en el debate político y académico. Este fenómeno se explica, en
parte por el propio ensanchamiento del Estado: mientras este se enfocaba en cuestionamientos de
seguridad nacional en medio de la polarización de la guerra fría, y mientras los logros económicos de
2 Saltort i Vives, Salvador y Muñoz Haedo, Ramiro (Eds), El Estado del Bienestar en la Encrucijada, Universidad de Alicante. Servicios de
Publicaciones, España, 2007. Con esta perspectiva, se advierte que el Estado del Bienestar ha adoptado históricamente distintas formas y varios
nombres, según la difusión y generalización que haya alcanzado su actividad social, los tipos e intensidad de los instrumentos utilizados y la
importancia de los recursos presupuestarios destinados a gastos y transferencias sociales.
Históricamente han surgido tres tipos básicos de seguridad social (transferencias más sanidad, que constituyen el núcleo del Estado del
Bienestar). Primero, la asistencia social residual, dirigida solamente al alivio (a veces represión) de la pobreza; este tipo de acción social
caracterizó a la beneficencia, heredada del Antiguo Régimen y mantenida por el Estado liberal del siglo XX. Segundo, los seguros sociales
profesionales, característicos del Estado providencia surgido en Europa desde 1883. Y tercero, el sistema de seguridad social universal, que
era propio del Estado del Bienestar, consolidado desde 1942. Sólo estos dos últimos tipos son considerados como Estado del Bienestar, en
embrión y desarrollado.
Un error frecuente entre los economistas a la hora de evaluar la acción del Estado del Bienestar. La función de prevención social del Estado
del Bienestar no puede medirse solamente por la dimensión de los gastos de los seguros sociales. En este sentido, el principal objetivo del
Estado del Bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial fue prevenir la existencia de crisis económicas generalizadas como la que había
tenido lugar en los años treinta; es decir, la política económica de los gobiernos estuvo destinada a la consecución del pleno empleo.
Por ello, desde entonces, unos pequeños gastos públicos en prestaciones de desempleo no implicaban una débil acción social, sino todo lo
contrario: el Estado del Bienestar estaba consiguiendo acabar con el desempleo; si no había parados, no había que gastar en subsidios de
desempleo.
Por otro lado, el Estado del Bienestar realiza también funciones sociales a través de las exenciones fiscales a los individuos o colectivos para
que suscriban los planes de pensiones privados, de seguros sanitarios y de asistencia ocupacional; son lo que se denominan gastos fiscales.

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modelos keynesiano, junto con la seguridad social, la salud y la previsión social se consolidaban como
parte de las obligaciones estatales, la gestión pública se consideró un mero instrumento operativo, un
proceso a través del cual se formulaban las políticas, se distribuían los recursos y se implementaban
programas, sin ser considerada como una cuestión política por derecho propio (Barzelay, 2003).
La década de los setenta marcó un nuevo punto de inflexión con la segunda gran crisis del capitalismo,
que se prolongó hasta los años ochenta. Los países industrializados enfrentaron dos problemas
principales: por un lado, desequilibrios macroeconómicos que se tradujeron en inflación, bajo
crecimiento, desempleo y desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza de pagos; y en segundo
término, desequilibrios de productividad que evidenciaron problemas estructurales en el patrón de
acumulación y crecimiento. Esta crisis conocida como estanflación, puso en entredicho la viabilidad del
modelo económico keynesiano y del Estado Benefactor que lo acompañaba, abriendo paso a nuevas
concepciones sobre el papel del Estado y la gestión de los asuntos públicos.
En este contexto de crisis múltiple, el presente artículo se propone analizar las trasformaciones de la
gestión pública desde la perspectiva histórica y comparativa, para ello, se estructura en cinco apartados
principales que abordan, respectivamente, los antecedentes históricos de la administración y gestión
pública, la crisis de legitimidad en el contexto neoliberal, la reducción de la capacidad del Estado, el
marco clásico de la gestión pública, y el modelo burocrático de Weber. A través de este recorrido
analístico, se busca comprender cómo las sucesivas crisis económicas y políticas de finales del siglo XX
y lo que va del siglo XXI configuraron las condiciones para la emergencia de la Nueva Gestión Pública
como paradigma dominante, y cuáles son las implicaciones de estas transformaciones para la
gobernanza contemporánea.

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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se fundamenta en una investigación de tipo cualitativo con enfoque histórico-comparativo y
alcance descriptivo-analítico. La estrategia metodológica adoptada corresponde al análisis documental,
dado que el objetivo consiste en examinar la evolución de los modelos de gestión pública y sus
transformaciones a lo largo del siglo XX y principios del XXI.
El cuerpo del documento se conformó mediante una revisión sistemática de fuentes secundarias que
incluyen literatura especializada en administración pública, ciencia política y economía. Se seleccionó
obras de autores de corte clásicos como Max Weber cuya teoría burocrática constituye el marco
referencial del análisis, así como investigaciones contemporáneas de especialistas en Nueva Gestión
Pública, economía y gobernanza, entre otros Barzelay, Stiglitz, Hibou y Villarreal. La selección de
fuentes privilegió textos con rigor académico publicados por editoriales reconocidas y organismos
internacionales.
El periodo de análisis abarca desde la crisis capitalista de la década de 1930 hasta las reformas
administrativas implementadas en las décadas de 1980 y 1990, con énfasis en los casos de Reino Unido,
Estados Unidos y México, seleccionados por representar distintas trayectorias de adopción del
paradigma neoliberal en la gestión pública. Como limitación metodológica se reconoce que el estudio
privilegia el análisis macroestructural, por lo que no profundiza en las particularidades regionales ni en
los efectos diferenciados de las reformas sobre grupos sociales específicos.
RESULTADOS
La Nueva Gestión Pública en el contexto de la Gobernanza
Antecedente histórico de la administración y gestión pública
El escenario mundial se vio afectado en su conjunto: el sistema monetario internacional Bretton Woods –
patrón de cambio oro y tipos de cambio fijo- no sólo mostró sus limitaciones y debilidades, sino que se
derrumbó y fue sustituido por el patrón dólar y el sistema de tipos de cambio flexible; el ritmo de
crecimiento del comercio se contrajo (Villarreal, 1986). Dicha situación puso a prueba al paradigma
económico dominante que mostró sus carencias y evidenció las dificultades del Estado para maniobrar en

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escenarios turbulentos, la “obesidad” del Estado fue manifiesta, su nula flexibilidad, así como su poca
capacidad de respuesta ante el nuevo escenario internacional cada vez más cambiante.
Debido a estas nuevas condiciones mundiales, es a comienzos de esta década que se marcó el fin del Estado
Bienestar, el surgimiento de los procesos económicos denominados como estanflación3 (estancamiento con
inflación) junto con la percepción de una burocracia más ineficiente comienza a manifestar una crisis de
legitimidad en el Estado contemporáneo (Barzelay, 2003).
Por primera vez en el siglo pasado, Estados Unidos de América y Europa Occidental, enfrentaron
problemas graves de desequilibrio interno y externo, estas economías redujeron sus tasas de crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.0 por ciento en el periodo 1960-1970 a 3.1 por ciento en los setenta,
aunado a una tasa de inflación que se duplicó pues alcanzó niveles de dos dígitos contra un 4.2 por ciento
una década antes. La recesión inflacionaria o estanflación fue el síntoma más evidente y característico de
la crisis del capitalismo industrial. La crisis del capitalismo de los setenta no fue solamente un problema
de desajustes macroeconómicos en las economías industriales. También se presentó una caída en el ritmo
de crecimiento del ingreso nacional por persona ocupada, este hecho en sí mismo puso de manifiesto en
un estancamiento de la productividad que reflejo problemas estructurales en el patrón de acumulación y
crecimiento de dichas economías (Villarreal, 1986).
A partir de ese momento el escenario internacional experimentó profundos cambios económicos, sociales,
políticos, tecnológicos e institucionales, dichos cambios fueron impulsados principalmente por una
economía basada en la apertura de fronteras y flujos internacionales de capitales y comercio, es decir, la
adopción del modelo neoclásico a nivel mundial surgió como nuevo paradigma, debido entre otros factores
al fin del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones.
3 García-Herrero, L., & Dos Santos, E. (08 de agosto de 2014). Un país en "Estanflación". El País.
http://economia.elpais.com/economia/2014/08/ 08/ actualidad/1407531606_870057.html. Estanflación, la fusión de los vocablos
estancamiento e inflación. Según la literatura económica, podemos definir estanflación como un episodio en el que confluyen, al mismo tiempo,
un crecimiento económico persistente y significativamente por debajo del crecimiento potencial y una inflación al alza y por encima del
objetivo del Banco Central.

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En Inglaterra la “contrarrevolución monetarista” se desarrolló bajo el thatcherismo4 que consistió en la
aplicación del credo fridmaniano5 de contracción monetaria, de eliminación del Estado como agente
económico y de liberalización del mercado bajo el viejo dogma de “dejar hacer dejar pasar” (Villarreal,
1986), esto en un contexto económico que terminó por impactar en la Gestión Pública del Reino Unido
durante los gobiernos primero de Margaret Tatcher y después de John Major. Campbell y Wilson6
argumentan que la reforma de la gestión del sector público comenzó en 1976 (con el primer ministro James
Callaghan), cuando el Fondo Monetario Internacional impuso un tope para lo que muchos departamentos
podían gastar, a cambio de rescatar la libra esterlina, sin embargo, el reconocimiento por dicha medida se
le atribuyó a Thatcher (Barzelay, 2003).
En Estados Unidos, centro dominante del capitalismo industrial, el credo ortodoxo también dejó sentir su
influencia. Este credo, revisado y bajo el nuevo ropaje de la “economía de la oferta” consistió en la
rehabilitación de la antigua Ley de Say (la oferta crea su propia demanda), y se configura, bajo Ronald
4 Leruez, Jacques. (Oct-Dic de 1992). El legado del Tatcherismo en Gran Bretaña. Foro Internacional, 32(5). Era Thatcher constituyó un
periodo totalmente atípico en la historia política británica reciente, y el gobierno de Thatcher fue probablemente el más ideológico desde la
Primera Guerra Mundial. El hecho de que los nombres de los primeros ministros británicos pocas veces dieran lugar a la acuñación de
neologismos que pretendieran transmitir la filosofía del gobernante, se interpreta normalmente como prueba del pragmatismo de los ministros,
pero también del desagrado del público británico por las abstracciones. Nunca hubo nada como churchillismo, attleeísmo, macmillanismo,
etcétera. Empero, el término thatcherismo, aunque fue empleado primero por escritores marxistas, fue adoptado muy rápidamente por todos
los comentaristas y observadores de Thatcher tanto en Gran Bretaña como en el exterior.
No obstante, no debe darse por hecho que el thatcherismo haya constituido una doctrina perfectamente homogénea, construida sobre una
concepción coherente del Estado y de la nación, como lo fue el gaullismo francés (o, al menos, como generalmente se le describió).
Más bien, el thatcherismo fue una colección de ideas diversas, algunas veces contradictorias, que se originaron como una reacción contra las
verdades recibidas de las décadas precedentes, amalgamadas con lo que la misma Margaret Thatcher llamaba sus "instintos". En otras palabras,
el thatcherismo constituyo ó una reacción no sólo contra las políticas de los gobiernos laboristas, sino también –y esto es más significativo-
contra la forma en la que el propio partido de la señora Thatcher había gobernado a la Gran Bretaña desde los años cincuenta, y contra el
bipartidismo tácito o explícito que había prevalecido en la Gran Bretaña de la posguerra.
5 Furio Blasco, Elies, Los Lenguajes de la economía, Université Jean Moulin - Lyon 3, Edición digital a texto completo accesible en
www.eumed.net/libros/2005/efb/, Francia 2005. Para Milton Friedman la inflación tiene siempre la misma causa: un crecimiento anormalmente
rápido de la cantidad de dinero en relación con el volumen de producción. Por esta razón, la política monetaria no debe constituirse en una
política coyuntural, sino que, por el contrario, debe otorgársele un carácter estructural. Y la regla a adoptar en este sentido es simple: la tasa de
crecimiento de la masa monetaria debe ser fija y la elección de su cuantía debe hacerse a partir de la media del nivel de precios que de un modo
estable existe a largo plazo.
Frente a este carácter estructural de la política monetaria, la política fiscal y presupuestaria, en ausencia de acciones monetarias que la
acompañen, tiene poca influencia sobre el gasto total y sobre la producción y el nivel de precios. La causa última de ello se encuentra en el
comportamiento de los agentes económicos y en su capacidad de anticiparse a los efectos de dichas políticas. Las expectativas de los agentes
y la estructura de fricciones de transacción son los elementos más importantes del modelo de equilibrio general expuesto por Friedman.
El fundamento de la construcción teórica de Friedman es un modelo de equilibrio general walrasiano con fricciones de transacción. La presencia
y naturaleza específica de estas fricciones determinan el alejamiento de las soluciones de equilibrio de ese modelo con respecto de las soluciones
de equilibrio del modelo walrasiano puro. La solución de equilibrio general, en su modelo con fricciones, para el mercado de trabajo agregado
equivale a una tasa de desempleo que puede ser perfectamente positiva. La cuantía de la tasa depende de la naturaleza e intensidad de las
fricciones de transacción presentes. Elementos tales como la legislación laboral, determinadas regulaciones legales, etc., constituyen los
elementos que hacen mayor el valor de la tasa de desempleo friccional.
Los agentes económicos fridmanianos efectúan transacciones intemporales a la luz de sus expectativas sobre el futuro. Este es uno de los
componentes más acertados del modelo de Friedman. Los continuadores de su pensamiento han desarrollado significativamente el papel de las
expectativas. Pero los agentes de Friedman parecen tener, todos ellos, singulares cualidades intelectuales y cognoscitivas. Perciben, entienden
y obtienen las consecuencias correctas de sus percepciones y ello de modo sistemático y permanente. Todos los agentes, excepto el gobierno,
son idénticamente capaces de aprender a realizar correctamente sus expectativas. Los agentes aprenden a anticipar correctamente la política
gubernamental y carecen de ilusión monetaria. Así, a largo plazo no existe posibilidad alguna de sustituir, por medio de la política económica,
entre inflación y desempleo. Este largo plazo es el tiempo suficiente para que los agentes anticipen correctamente la inflación. La tasa de
desempleo de equilibrio es la tasa de paro natural. Para reducirla debe actuarse sobre los elementos de organización que están detrás de las
fricciones de transacción. Éstas, junto a la formulación de la teoría de la renta permanente, son las aportaciones principales del monetarismo
representado por Milton Friedman.
6 Campbell, Colin y Graham K. Wilson, The End of Whitehall: Death of Paradigma?, Blackwell, Oxford, 1995.

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Reagan (Villarreal, 1986), estas modificaciones de visión económica impactarían años más tarde en la
Nueva Gestión Pública desarrollada en Estados Unidos y que comenzó a consolidarse hasta 1996 a través
del Presidente Clinton, mediante la capitalización del apoyo popular a la reducción en la fuerza de trabajo
de la función pública federal, declarando ahorros presupuestarios de 100 millones de dólares (Barzelay,
2003).
Ya para los ochenta comenzaron a presentarse por todo el mundo severas fluctuaciones económicas, se
desarrollaron amplios debates de Política Económica sobre la viabilidad del modelo económico para
controlar la inflación, disminuir el déficit fiscal del gobierno y corregir desequilibrios externos en la
economía. También se cuestionó la capacidad de las políticas económicas para generar empleo y mantener
las condiciones necesarias para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento de producto.
Los países no pueden mantener déficits abultados y el crecimiento sostenido no es posible con
hiperinflación. Las naciones mejoran si los Gobiernos se concentraran más en proveer servicios esenciales
que en administrar empresas que funcionan mejor en el sector privado. Cuando la liberalización comercial
se hace bien y al ritmo adecuado, se crean nuevos empleos a medida que se destruyen los empleos
ineficientes y se pueden lograr significativas ganancias de eficiencia. El problema radicó en que muchas
de esas políticas se transformaron en fines en sí mismas, más que en medios para un crecimiento económico
equitativo y sostenible. Así, las políticas fueron llevadas demasiado lejos y demasiado rápido, y excluyen
otras políticas que eran necesarias (Stiglitz, 2002).
La crisis de legitimidad en el contexto neoliberal
Las crisis económicas en México fueron la norma durante la década de los ochenta, problemas como:
déficits fiscales y en cuenta corriente, estancamiento económico, elevada inflación y devaluaciones
recurrentes, obligaron a la gestión gubernamental mexicana a que adoptara medidas para un reajuste
estructural, por lo que el presidente Miguel de la Madrid estableció en 1983 el Programa Inmediato de
Reordenación Económica (PIRE). El objetivo era corregir las finanzas públicas y sentar las bases para una
recuperación más sana a mediano plazo y con este propósito, el gobierno recortó su gasto y aumentó precios
y tarifas del sector público (Aspe Armella, 1993)

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Estas primeras medidas de ajuste en materia de gestión gubernamental no serían suficientes, ya que los
terremotos de 1985 y la caída de los precios internacionales del petróleo en 1986 afectaron seriamente el
desarrollo económico del país nuevamente. Durante los primeros cinco años de la administración del
presidente De La Madrid se realizó un esfuerzo de ajuste fiscal como prerrequisito para una exitosa
estabilización, sin embargo a fines de 1987 una grave crisis financiera interrumpió nuevamente la
recuperación de la economía, ante ello, el gobierno mexicano tenía que decidir entre emprender otro intento
de estabilización ortodoxa, o combinar el ajuste fiscal con medidas para realizar el cambio estructural y
combatir la inercia inflacionaria (Aspe Armella, 1993).
En medio de una crisis de credibilidad gubernamental y de legitimidad, así como económica; el Estado
mexicano obeso, ineficiente e ineficaz limitó su ajuste estructural en una primera etapa a la
desincorporación de empresas del sector público. Vista como una consideración necesaria para la
corrección permanente de las finanzas del sector público y para el desarrollo de una eficiente base
productiva, las autoridades comenzaron con la venta, liquidación, fusión o transferencia de pequeñas
entidades del sector público en 1983, esfuerzo que continuó con Carlos Salinas de Gortari, por medio de
la realización de operaciones de privatización más grandes y complejas (Aspe Armella, 1993).
Durante el periodo de 1982-1991, el gobierno mexicano desincorporó desde ingenios hasta hoteles, líneas
aéreas, telecomunicaciones, sector bancario y acero, de 1155 empresas (que representaban 18.5% del PIB
de 1983 y daba ocupación a casi un millón de personas)7 bajo el control de estado se desincorporaron 1037
empresas que se tradujeron en ventas acumuladas por 43 billones de pesos (aproximadamente 5% del PIB),
y la transferencia de 250 mil empleados al sector privado (Aspe Armella, 1993).
Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari la segunda etapa de transformación económica y de gestión en
México mantenía la premisa de la estabilidad económica, pero ahora bajo el amparo de la globalización y
los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio en inglés conocido como General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) hoy Organización Mundial de Comercio (OMC) y cuyo objetivo fue la liberalización económica
7 Como referencia a la cifra de empleos, a inicios de 2015 el número de trabajadores asegurados en México ascendía a 17´239,587 de
acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

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a través del El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American Free
Trade Agreement (NAFTA).
Así, en el escenario internacional durante la década de los noventa la libertad económica, la globalización,
la estabilidad macroeconómica, el adelgazamiento del Estado y la legitimidad del gobierno se mantuvieron
en el centro del debate entre los distintos actores sociales, pero, sobre todo, de los actores políticos de todo
el mundo. Estos debates se orientaron a la efectividad de la política económica y sus repercusiones. A
partir de ese momento los gobiernos regidos por el mercado, buscaron aplicar una serie de instrumentos
que le permitieran lograr sus objetivos en materia de crecimiento, creación de empleos y control de la
inflación, todo esto en un escenario de apertura económica, y que a su vez fuera acompañado por un
ejercicio de adelgazamiento del Estado mediante una Nueva Gestión Pública (NGP) más eficiente y
legítima.
La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados
por el Consenso de Washington8 durante los años ochenta y noventa para enfrentar dicha problemática.
Empresas públicas ineficientes y políticas monetarias laxas provocaron que la inflación se descontrolara
(Stiglitz, 2002), así, el Estado Benefactor fue sustituido por el Estado Neoliberal quien a su vez impulsa a
los mercados autorregulados, y por tanto, el dominio globalizador; estas nuevas ideas económicas por su
parte, obligaron a los gobiernos de todo el mundo a modificar su práctica administrativa y de gestión bajo
esquemas de austeridad, apertura económica, y adelgazamiento del Estado, que en conjunto son las bases
de la Nueva Gestión Pública (NGP).
Ante la crisis económica y de legitimidad del Estado los empresarios y grupos conservadores solicitan un
inmediato repliegue estatal, invocando las corrientes económicas neoliberales donde el Estado debería
concretarse a su función de gendarme, fomentar la libre empresa e impulsar el crecimiento económico en
mercados competitivos. Los obreros, campesinos y grupos progresistas, que pugnan por un cambio en las
condiciones sociales, cuestionan a un aparato estatal que no ha sido capaz, de dar respuesta a sus demandas
ni de actuar con agilidad y eficacia en la resolución de los problemas que aquejan a los estratos más
numerosos y a la vez más desfavorecidos de la pirámide social (Cejudo, 2011).
8 Consenso de Washington http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf

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La reducción de la capacidad del Estado.
En el ámbito internacional, Strange habla de la “retirada del Estado” proceso que resultaría de una
“difusión” del poder y, por tanto, de delegar la autoridad en agentes e instituciones privadas. Este ascenso
de los actores privados en el nivel internacional conlleva no sólo una pérdida de legitimidad y de eficacia
de las medidas del Estado; también un vacío de responsabilidad. En el ámbito nacional, la pérdida de
legitimidad, de soberanía y de autoridad del Estado o su inconsistencia9.
En la mayoría de las latitudes, se observa una supremacía del mercado que se manifiesta con una
desintegración del poder, numerosas desviaciones de la tradición de centralización, sobre todo económica,
de la autoridad política y burocrática; la pérdida del control total y directo del Estado sobre la economía
nacional y la mayor parte de sus intervenciones; un incremento de la coacción exterior, además de la
creciente inadaptación de las administraciones que llega, en ocasiones, a lo disfuncional (Hibou, 2013).
Este escenario genera la impotencia del Estado y revela la incapacidad para administrar de manera efectiva
el comportamiento económico del país, así como el territorio, haciendo efectiva la crisis de legitimidad
Estatal. Bajo estas condiciones el Estado entra en un proceso de trasformación debido principalmente a
causa del proceso de integración económica, las nuevas estructuras productivas y tecnológicas y los nuevos
lineamientos en materia económica creados principalmente por organismos supranacionales como el
Fondo Monetario Internacional10 que limitan cada vez más la acción del Estado disminuyendo su capacidad
de impactar en la sociedad.
Se vive bajo la “privatización del estado” esta expresión traduce los procesos concomitantes de ampliar la
participación de intermediarios privados a un número creciente de funciones que antes le correspondían
por derecho al Estado, y de una nueva distribución de este último, pues la privatización de las empresas y
los servicios públicos se ha extendido a otras áreas y otras intervenciones del Estado, no por instigación
del aparato burocrático ni del poder público, sino por dos movimientos, por un lado las propias reformas
han dado lugar a efectos colaterales imprevistos y no deseados que han permitido esta difusión: reducción
9 Hibou, Béatrice, De la privatisation des économies á la privatisation des États. Une analyse de la formation continue de l´Etat, en La
privatisation des États, Karthala, París, 1999. (Edición en español: De la privatización de las economías a la privatización de los Estados.
Análisis de la formación continua del Estado, Primera edición, traducción Guillermo Cuevas, México, Fondo de Cultura Económica, 2013).
10 https://www.imf.org/external/spanish/ El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la estabilidad financiera y la cooperación
monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico
sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas.

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del gasto presupuestal y los problemas financieros concomitantes de las administraciones; deslegitimación
de las administraciones y de las instancias públicas; disgregación del poder de decisión; otorgamiento de
primicia a la legitimidad exterior por sobre la interior, a la rapidez de las formas de actuar y a los resultados
sobre los medios. Por otra parte, los actores económicos y políticos contribuyeron a la vez a transformar
las reformas y el entorno en que habían tenido lugar, a la vez que convergen, a través de sus estrategias y
también a través de los conflictos, en compromisos y negociaciones entre grupos diferentes dentro de la
sociedad, para conformar los nuevos perfiles del Estado y de las formas de gobierno. (Hibou, 2013).
La Gestión Pública en el marco clásico.
Se puede afirmar que es a partir del último cuarto del siglo XX donde el debate económico y por ende su
transición al liberalismo se gestó desde los ajustes fiscales, financieros y de costo-beneficio, pero, la crisis
del “Estado Moderno” como lo definió Max Weber no solo se presentó desde el flanco económico sino
también del administrativo. El impacto no solo sería de eficiencia sino también de legitimidad.
Para Max Weber la “legitimidad” de una dominación debe considerarse sólo como una probabilidad, la de
ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante. Ni con mucho ocurre que
la obediencia a una dominación esté orientada primariamente (ni siquiera siempre) por la creencia en su
legitimidad, (Weber, 2014) es decir, la aceptación de la dominación se puede presentar por tres causas
convivencia, intereses económicos y materiales y la tercera como última opción si se está en una situación
desfavorable; sin importar cuál de estas tres situaciones se presenten ninguna alcanza a cumplir con las
condiciones definitivas para ser considerada una dominación legítima, y es que de acuerdo a Weber existen
tres tipos puros de dominación y el fundamento primario de su legitimidad puede ser:
1. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los
derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)
2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que
rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la
autoridad (autoridad tradicional).

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3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana la santidad, heroísmo o
ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada autoridad
carismática) (Weber, 2014).
Es bajo esta visión de la legitimidad de la dominación que encaja la visión weberiana del funcionamiento
de la administración pública “moderna” (moderan desde el sentido de tiempo donde realizó su trabajo
Weber), ya que de otra manera no hubiese sido posible reproducir el modelo ni en el Estado o sector público
ni en la Empresa vista como sector privado, sin embargo, el mismo Weber menciona que no existe una
dominación “pura” en la realidad histórica, pero es la dominación legal ejercida mediante el cuadro
administrativo burocrático la que mejor cumple con este requisito de “pureza”, y la que se vuelve relevante
para el presente análisis y que se establece en base a las ideas de:
1. Que todo derecho puede ser estatuido de modo racional, con la pretensión de ser respetado, por lo
menos, por los miembros de la asociación, y también regularmente por aquellas personas que dentro
del ámbito de poder de la asociación realicen acciones sociales o entren en relaciones sociales
declaradas importantes por la asociación.
2. Que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abstractas, por lo general estatuidas
intencionalmente; que la judicatura implica la aplicación de estas reglas al caso concreto; y que la
administración supone el cuidado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la
asociación, dentro de los límites de las normas jurídicas y según principios señalables que tienen la
aprobación o por lo menos carecen de la desaprobación de las ordenaciones de la asociación.
3. Que el soberano legal, en tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal por
el que orienta sus disposiciones (Weber, 2014).
Desde esta visión los elementos básicos de la dominación legal se basan en ejercicios sujetos a leyes y
bajo competencias sujetas a deberes y servicios, así como a la asignación de funciones específicas, como
segundo elemento a la atribución de los poderes necesarios para su realización, y por último la fijación de
medios coactivos administrables y aplicables. Como se consideró anteriormente el tipo más puro de
dominación legal se ejerce con el cuadro administrativo burocrático donde el jefe de la organización

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tiene una posición dominio ya sea por apropiación, por elección o por designación, pero sus facultades de
mando son también “competencias” legales.11
Estos elementos en sí mismos son las “formas modernas” de asociación para estado, iglesia, partido,
ejército, explotación económica, asociación de interesados, uniones, fundaciones, etc., y coinciden con el
desarrollo de la administración burocrática y su aparición es el germen del estado moderno occidental, ya
que todo trabajo continuado se realiza por funcionarios en sus oficinas y toda nuestra vida cotidiana está
tejida dentro de este marco. En el concepto de administración burocrática esta debía ser racional desde el
punto de vista técnico-formal e inseparable de las necesidades de la administración de masas y debía elegir
entre la burocratización y la práctica amateur y no profesional de la misma, es en esta disyuntiva donde se
consolida como principal instrumento de la administración burocrática el saber profesional y especializado,
cuyo quehacer se define por la técnica y la economía de la producción de bienes de aquel tiempo sin
importar su forma (capitalista o socialista). Esta visión de la administración también consideraba que los
individuos subordinados a la dominación burocrática solo podían defenderse de ella a través de la creación
de contra organizaciones igualmente sometidas a la burocratización, pero también el aparato burocrático
ligado a la continuidad de su propio funcionamiento debido a intereses compulsivos materiales y objetivos,
es decir, ideales generó la consolidación del modelo. Sin ese aparato, en una sociedad que separa a los
funcionarios, empleados y trabajadores de los medios administrativos, y que requiere de modo
indispensable de la disciplina y la formación profesional, cesaría toda posibilidad de existencia para todos
11 (Weber, Max. Economía y Sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Traductor Medina Echavarría, José; Roura Parella, Juan; Ímaz,
Eugenio; García Máynez, Eduardo; Ferrater Mora, José. Segunda en español. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica (FCE), México,
1922.
La totalidad del cuadro administrativo se compone, en el tipo más puro, de funcionarios individuales (“monocracia” en oposición a
“colegialidad”), los cuales:
1. Personalmente libres, se deben sólo a los deberes objetivos de su cargo,
2. En jerarquía administrativa rigurosa,
3. Como competencia rigurosamente fijada,
4. En virtud de un contrato, o sea (en principio) sobre la base de libre selección según
5. Calificación profesional que fundamenta su nombramiento
6. Son retribuidos en dinero con sueldo fijo, con derecho a pensión l más de las veces; son revocables siempre en instancia del propio
funcionario y en ciertas circunstancias pueden ser revocadas también por el que manda; su retribución está graduada primeramente
en relación con el rango jerárquico, luego según la responsabilidad del cargo y, en general según el principio del “decoro estamental”
7. Ejercen el cargo como única o principal profesión,
8. Tienen ante sí una “carrera”, o “perspectiva” de ascensos y avances por años de ejercicio, o por servicios p por ambas cosas, según
juicio de sus superiores,
9. Trabajan con completa separación de los medios administrativos y sin apropiación del cargo
10. Y están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa.
La administración burocrática pura, o sea, la administración burocratica-monocratica, atienda al expediente, es a tenor de toda la experiencia
la forma más racional de ejercerse una dominación; y lo es en los sentidos siguientes: en precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza;
calculabilidad, por tanto, para el soberano y los interesados; intensidad y extensión en el servicio; aplicabilidad formalmente universal a toda
suerte de tareas; y susceptibilidad de técnica de perfección para alcanzar el óptimo en sus resultados.

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con excepción de los que todavía están en posesión de los medios de abastecimiento (campesinos) (Weber,
2014).
La necesidad de aquellos años de una administración más permanente y rigurosa que favoreciera al
desarrollo del capitalismo imperialista determinó el carácter trascendental de la burocracia como centro de
la administración de la sociedad, en donde solo las instituciones pequeñas podrían prescindir de esta visión,
El capitalismo fomentó la burocracia fundamentalmente por el surgimiento de la política fiscal quien aportó
los medios económicos para su sustentabilidad y constituyó el fundamento económico racional para su
subsistencia, junto a estos supuestos fiscales se crearon para la burocracia condiciones técnicas a través de
los medios de comunicación como el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, y está se ligó a ellos de modo
creciente, dicho de otro modo la consolidación de la visión administrativa weberiana no solo dependió de
la nueva visión económica hegemónica sino también el avance de las tecnologías.
Así la administración integró la visión burocrática y un nuevo significado el de la “dominación gracias al
saber”; éste representa su carácter racional fundamental y especifico. Más allá de la situación de poder
condicionada por el saber de la especialidad la burocracia acrecentó su poder por medio del saber del
servicio: conocimiento de hechos adquirido por las relaciones del servicio “depositado en el expediente”.
Bajo esta concepción sólo el interés privado de una actividad lucrativa es superior a la burocracia (el
empresario capitalista), esta es la única instancia inmune a la inelegibilidad de la dominación científico-
racional de la burocracia y todos los demás están sometidos al imperio burocrático, en igual forma que la
producción en masa lo está al dominio de las máquinas de precisión y para la dominación burocrática
significa socialmente en general:
1. La tendencia a la nivelación en interés de una posibilidad universal de reclutamiento de los más
calificados profesionalmente.
2. La tendencia a la plutocratización en interés de una formación profesional que haya durado el mayor
tiempo posible.
3. La dominación de la impersonalidad formalista: “sine ira et studio”, sin odio y sin pasión, o sea sin
“amor” y sin “entusiasmo”, sometida tan sólo a la presión del deber estricto; “sin acepción de

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personas”, formalmente igual para todos, es decir, para todo interesado que se encuentre en igual
situación de hecho: así lleva el funcionario ideal su oficio (Weber, 2014).
El modelo burocrático de gestión de Weber
Esta superioridad técnica de la organización burocrática fue la razón de su progreso respecto de otra forma
de organización. La precisión, velocidad, certidumbre, conocimiento de los archivos, continuidad,
discreción, subordinación estricta, reducción de desacuerdos y de costos materiales y personales son
cualidades que, en la administración burocrática pura, y en su forma monocrática, alcanza su nivel óptimo,
por tanto la burocracia planificada fue superior a las restantes formas de administración, colegiada,
honorífica y no profesional, incluso en tareas complejas el trabajo burocrático a sueldo se convirtió en más
preciso y menos costoso que el servicio ad honorem formalmente no remunerado. El trabajo administrativo
realizado ad honorem más lento, menos formal y menos vinculado a esquemas y por lo tanto más impreciso
y menos centralizado que el trabajo burocrático, puesto que dependió menos de superiores, y porque la
creación y explotación del aparato de funcionarios subordinados y de servicios de archivos eran más
costosas, en conclusión el servicio honorífico era menos continuo que el burocrático y frecuentemente
resultaba bastante más costoso (Weber, 2001).
En aquellos años la economía capitalista de mercado comenzó a reclamar que los asuntos administrativos
oficiales se resolvieran de forma más precisa, clara, continua y rápida para poder tener posibilidades de
reproducir el sistema que funcionaba en términos de las grandes empresas capitalistas y su organización
interna, modelos de organización burocrática rigurosa, y que como sabemos es la administración privada
quien se consolidó como ejemplo de precisión, estabilidad y rapidez en sus operaciones ya que sin estas
capacidades el capitalismo no se hubiese podido reproducir como lo hizo durante el siglo XX. La
burocratización implicó la posibilidad de poner en práctica el principio de la especialización de las
funciones administrativas conforme a regulaciones estrictamente objetivas, estas condiciones crearon
comportamientos administrativos con tendencias al secreto respecto a sus funciones realizadas y derivadas
de su naturaleza material, se presentó un sigilo en función de los intereses de poder de la estructura
dominante respecto al exterior, ya sea el competidor económico de una empresa privada, o una sociedad
política extranjera, potencialmente hostil y los partidos políticos no actuaron diferente a pesar de la

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publicidad de congresos y convenciones. Este “secreteo” predominó a medida que se acrecentó la
burocratización de las organizaciones partidarias. Por último, se podría decir que la burocracia que se
consolidó fue un producto del desarrollo de aquel tiempo y cuanto más se asciende en la historia más típica
se volvió la ausencia de una burocracia y del conjunto de funcionarios en el seno de la estructura dominante.
La burocracia consolidó un carácter “racional” y su actitud se determinaría por normas, medios fines y
situaciones de hecho. Por esta razón, su origen y expansión tuvo consecuencias “revolucionarias” en
aquellos años (Weber, 2001).
El planteamiento general de sociólogo Max Weber, desde el punto de vista administrativo-burocrático, al
igual que la concepción capitalista liberal ha quedado rebasada. El modelo burocrático planteado por
Weber a finales del siglo XVIII, dio respuesta a las necesidades del capitalismo operante en ese periodo.
Actualmente, el modelo ha quedado cuestionado, debido a tres factores básicos:
• La evolución de las masas que exigen una mayor eficiencia y rapidez.
• La presión de los intereses capitalistas.
• La presión interna en el aparato burocrático.
Pero ¿Qué es lo que ha generado esta convulsión social (de las masas, de los capitalistas y de la burocracia)
?, a primera instancia, podemos disolver, como lo planteó Nicos Poulantzas, que el Estado es la
condensación, material y específica de las clases y fracciones de clases. Por lo que la ‘condensación’ es la
que ha dado lugar al rezago del sistema burocrático weberiano.
Sin embargo, los avances tecnológicos han sido el punto de quiebre en esta nueva concepción de la
administración-burocrática. Es así que actualmente, las inscripciones a nivel escolar primaria ya son vía
electrónica en el Estado de Coahuila, por señalar un ejemplo de la nueva dinámica que sigue la burocracia.
No obstante, no podemos descartar el papel administrativo-burocrático planteado por Max Weber, quien
señala que el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo fueron los principales impulsores de lo que denominaba
la administración moderna. Es decir, planteaba que los avances tecnológicos consolidan el sistema
burocrático. Sin embargo, actualmente son estos mismos avances, los que los convierten en anacrónico,
por lo que la tecnología se vuelve la condicionante del sistema administrativo, del pasado, del presente y
el fututo.

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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis de la evolución de la gestión pública nos permite conocer una serie de patrones que son
importantes para identificar las transformaciones del Estado actual, ya que a lo largo del siglo XX las crisis
recurrentes del capitalismo configuraron las condiciones para el surgimiento y consolidación de distintos
modelos de administración pública, desde el Estado Benefactor hasta la Nueva Gestión Pública.
La primera conclusión que surge de este ejercicio está en que los cambios en los distintos modelos de
gestión pública no responden solamente a consideraciones de tipo técnico o administrativas, sino que están
relacionadas con los cambios en el modelo económico dominante y de las correlaciones de fuerzas políticas
en cada etapa histórica. La transición del Estado Benefactor al Estado Neoliberal no fue simplemente el
resultado de la ineficiencia burocrática, sino que también de una reconfiguración amplia del capitalismo
mundial, impulsada por las crisis recurrentes de los años setenta, ochenta y noventa, así como por el
surgimiento de nuevos actores y poderes transnacionales.
En segundo término, el modelo burocrático weberiano que constituyó la base de la administración pública
utilizada durante la mayor parte del siglo XX, y respondió de manera eficaz a las necesidades del
capitalismo industrial de su época. Su énfasis en la racionalidad, la especialización, la jerarquía y el apego
a las normas proporcionó el marco institucional necesario para la expansión del Estado moderno. Sin
embargo, las transformaciones de tipo tecnológicas, económicas y sociales de las últimas décadas del siglo
XX y principios del XXI han evidenciado las limitaciones del modelo para responder a las demandas de
un entorno cada vez más dinámico, complejo y global.
En tercer lugar, la Nueva Gestión Pública surge no como un proceso de ruptura absoluta con el modelo
anterior, sino como un proceso de adaptación de los principios de gestión a las nuevas condiciones del
capitalismo global de comienzos del milenio. La incorporación de técnicas y valores desde el sector privado
como la eficiencia, la orientación al cliente, la flexibilidad o la medición de resultados; responde a la
necesidad de legitimar la acción del Estado en un contexto de desconfianza ciudadana y de crisis fiscal
hacia las instituciones del sector públicas.
El cuarto punto está en el caso mexicano donde se ilustran las particularidades de la adopción de las
reformas de gestión pública en contextos de desarrollo dependiente del sector externo. Las privatizaciones,
el ajuste estructural y la apertura económica no solo transformaron la estructura del Estado, sino que

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reconfiguraron las relaciones entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil, este proceso impulsado en
buena medida por presiones de organismos internacionales (de curte supranacional), evidencian las
tensiones presentes entre la búsqueda de eficiencia administrativa y las demandas de equidad y justicia
social.
Por último, resulta muy significativa la observación de que la tecnología también ha jugado un papel
determinante en la reconfiguración de los sistemas administrativos a lo largo de la historia. Así como el
ferrocarril, el carbón y el telégrafo fueron los pilares técnicos del modelo burocrático weberiano, las
tecnologías digitales están transformando radicalmente las posibilidades y modalidades de la gestión
pública contemporánea, este hecho sugiere que cualquier análisis de corte prospectivo de la administración
pública deben considerar el impacto de las transformaciones tecnológicas que se están sucediendo
actualmente, particularmente elementos como la digitalización, la inteligencia artificial y las plataformas
de gobierno electrónico.
Finalmente, la comprensión de la Nueva Gestión Pública en el contexto de la gobernanza requiere un
análisis que trascienda las consideraciones solamente técnicas y sitúa las transformaciones de tipo
administrativo en el marco más amplio de los cambios económicos, políticos y tecnológicos que
caracterizan al capitalismo contemporáneo, solo desde esta perspectiva integral puede ser posible evaluar
críticamente los alcances y limitaciones de las reformas implementadas, así como identificar los desafíos
pendientes para construir una gestión pública que responda efectivamente a las necesidades de las
sociedades del siglo XXI. Los hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros estudios de
interés, señalando aportaciones y limitaciones, sin reiterar datos ya comentados en otros apartados. Se debe
mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una
investigación futura, así como enlazar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones
gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
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