pág. 754
LA INVESTIGACIÓN DEL FEMINICIDIO
EN MÉXICO: DEFICIENCIAS
INSTITUCIONALES Y CONSECUENCIAS
JURÍDICAS
THE INVESTIGATION OF FEMICIDE IN MEXICO:
INSTITUTIONAL DEFICIENCIES AND LEGAL
CONSEQUENCES
Ramirez, Romina Tais
Centro Universitario Continental
pág. 755
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23146
La investigación del feminicidio en méxico: deficiencias institucionales y
consecuencias jurídicas
Ramirez, Romina Tais1
tararo20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0002-3634-6698/print
Centro Universitario Continental
RESUMEN
El presente artículo de revisión tiene como objetivo analizar críticamente la investigación del
feminicidio en México, enfocándose en las deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas y el
potencial de las tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial, para mejorar la
investigación y sanción de estos delitos. Se utilizó la metodología PRISMA 2020 para la selección y
análisis de estudios científicos, informes institucionales y literatura académica publicada entre 2015 y
2025, aplicando criterios de inclusión y exclusión rigurosos y organizando los hallazgos en categorías
analíticas: deficiencias institucionales, consecuencias jurídicas, tecnologías emergentes y contexto
social-cultural. Los resultados evidencian que la investigación del feminicidio en México enfrenta
obstáculos estructurales significativos, incluyendo la falta de capacitación especializada, fragmentación
administrativa, subregistro de casos y desigualdad en la aplicación de la ley. La inteligencia artificial
muestra un potencial considerable para mejorar la eficiencia de las investigaciones, aunque su
implementación presenta riesgos éticos y de sesgo. El contexto social y cultural influye en la denuncia,
seguimiento y percepción de la violencia feminicida. Se concluye que es necesaria una estrategia integral
que combine fortalecimiento institucional, coordinación interinstitucional, políticas preventivas basadas
en evidencia y uso ético de tecnologías emergentes, con el fin de garantizar justicia efectiva y
sensibilización social frente al feminicidio en México.
Palabras clave: Feminicidio, México, Justicia.
1 Autor principal
Correspondencia: tararo20d15@redcuc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23146
La investigación del feminicidio en méxico: deficiencias institucionales y
consecuencias jurídicas
Ramirez, Romina Tais1
tararo20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0002-3634-6698/print
Centro Universitario Continental
RESUMEN
El presente artículo de revisión tiene como objetivo analizar críticamente la investigación del
feminicidio en México, enfocándose en las deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas y el
potencial de las tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial, para mejorar la
investigación y sanción de estos delitos. Se utilizó la metodología PRISMA 2020 para la selección y
análisis de estudios científicos, informes institucionales y literatura académica publicada entre 2015 y
2025, aplicando criterios de inclusión y exclusión rigurosos y organizando los hallazgos en categorías
analíticas: deficiencias institucionales, consecuencias jurídicas, tecnologías emergentes y contexto
social-cultural. Los resultados evidencian que la investigación del feminicidio en México enfrenta
obstáculos estructurales significativos, incluyendo la falta de capacitación especializada, fragmentación
administrativa, subregistro de casos y desigualdad en la aplicación de la ley. La inteligencia artificial
muestra un potencial considerable para mejorar la eficiencia de las investigaciones, aunque su
implementación presenta riesgos éticos y de sesgo. El contexto social y cultural influye en la denuncia,
seguimiento y percepción de la violencia feminicida. Se concluye que es necesaria una estrategia integral
que combine fortalecimiento institucional, coordinación interinstitucional, políticas preventivas basadas
en evidencia y uso ético de tecnologías emergentes, con el fin de garantizar justicia efectiva y
sensibilización social frente al feminicidio en México.
Palabras clave: Feminicidio, México, Justicia.
1 Autor principal
Correspondencia: tararo20d15@redcuc.edu.mx
pág. 756
The investigation of femicide in mexico: institutional deficiencies and legal
consequences
ABSTRACT
This review article aims to critically analyze the investigation of femicide in Mexico, focusing on
institutional deficiencies, legal consequences, and the potential of emerging technologies, particularly
artificial intelligence, to improve the investigation and prosecution of these crimes. The PRISMA 2020
methodology was applied for the selection and analysis of scientific studies, institutional reports, and
academic literature published between 2015 and 2025, using rigorous inclusion and exclusion criteria
and organizing the findings into analytical categories: institutional deficiencies, legal consequences,
emerging technologies, and socio-cultural context. The results show that the investigation of femicide
in Mexico faces significant structural obstacles, including a lack of specialized training, administrative
fragmentation, underreporting of cases, and inequality in law enforcement. Artificial intelligence
demonstrates considerable potential to enhance the efficiency of investigations, although its
implementation presents ethical and bias-related risks. Additionally, the social and cultural context
influences reporting, case monitoring, and public perception of femicide. It is concluded that an
integrated strategy is necessary, combining institutional strengthening, inter-institutional coordination,
evidence-based preventive policies, and the ethical use of emerging technologies, in order to ensure
effective justice and social awareness regarding femicide in Mexico.
Keywords: Femicide, Mexico, Justice.
Artículo recibido 02 febrero 2026
Aceptado para publicación: 27 febrero 2026
The investigation of femicide in mexico: institutional deficiencies and legal
consequences
ABSTRACT
This review article aims to critically analyze the investigation of femicide in Mexico, focusing on
institutional deficiencies, legal consequences, and the potential of emerging technologies, particularly
artificial intelligence, to improve the investigation and prosecution of these crimes. The PRISMA 2020
methodology was applied for the selection and analysis of scientific studies, institutional reports, and
academic literature published between 2015 and 2025, using rigorous inclusion and exclusion criteria
and organizing the findings into analytical categories: institutional deficiencies, legal consequences,
emerging technologies, and socio-cultural context. The results show that the investigation of femicide
in Mexico faces significant structural obstacles, including a lack of specialized training, administrative
fragmentation, underreporting of cases, and inequality in law enforcement. Artificial intelligence
demonstrates considerable potential to enhance the efficiency of investigations, although its
implementation presents ethical and bias-related risks. Additionally, the social and cultural context
influences reporting, case monitoring, and public perception of femicide. It is concluded that an
integrated strategy is necessary, combining institutional strengthening, inter-institutional coordination,
evidence-based preventive policies, and the ethical use of emerging technologies, in order to ensure
effective justice and social awareness regarding femicide in Mexico.
Keywords: Femicide, Mexico, Justice.
Artículo recibido 02 febrero 2026
Aceptado para publicación: 27 febrero 2026
pág. 757
INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres en México constituye una crisis estructural que ha persistido durante
décadas y que emerge con particular virulencia en la forma de feminicidio: el asesinato de mujeres
motivado por su género. El feminicidio no es un fenómeno aislado ni exclusivamente individual; por el
contrario, es un producto de múltiples factores sociales, culturales, económicos e institucionales que
convergen en un contexto de desigualdad, discriminación y falta de protección efectiva por parte del
Estado (McGinnis, Rodríguez Ferreira & Shirk, 2022). Esta situación ha convertido a México en uno de
los países de América Latina con cifras extremadamente altas de violencia feminicida, aun cuando las
estadísticas oficiales no siempre reflejen la magnitud real del problema debido a deficiencias
metodológicas y de clasificación de los delitos (plataformas de datos ciudadanos y organizaciones
civiles).
En su investigación sobre las dinámicas de feminicidio en México, investigadores y activistas han
señalado que buena parte de las muertes violentas de mujeres no son clasificadas como feminicidios por
las autoridades, lo cual afecta tanto el análisis estadístico como la respuesta institucional efectiva
(SemMéxico, 2026). Esta situación de subregistro implica que las cifras oficiales pueden minimizar la
percepción pública del problema y diluir la responsabilidad estatal para atenderlo con la suficiencia que
demandan los derechos humanos.
Las deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios se observan, de manera evidente, en
la insuficiente implementación de protocolos con perspectiva de género por parte de cuerpos policiales
y fiscales. Estudios señalan que muchas investigaciones carecen de capacitación especializada para
identificar elementos que permitan establecer patrones de violencia de género, lo cual conduce a una
judicialización incorrecta o a la reclasificación injusta de casos que deberían ser tratados como
feminicidio (Reuters, 2025). La falta de perspectiva de género no solo limita la persecución penal
efectiva, sino que también perpetúa la revictimización de las familias de las víctimas y obstaculiza la
construcción de una narrativa de justicia integral que reconozca las raíces sociales del feminicidio.
Además, las carencias en recopilación y análisis de datos obstaculizan el diseño de políticas públicas
eficaces que atiendan la violencia feminicida. Según informes especializados, la ausencia de registros
sistemáticos, la falta de desagregación por sexo y la inconsistencia en las bases de datos oficiales
INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres en México constituye una crisis estructural que ha persistido durante
décadas y que emerge con particular virulencia en la forma de feminicidio: el asesinato de mujeres
motivado por su género. El feminicidio no es un fenómeno aislado ni exclusivamente individual; por el
contrario, es un producto de múltiples factores sociales, culturales, económicos e institucionales que
convergen en un contexto de desigualdad, discriminación y falta de protección efectiva por parte del
Estado (McGinnis, Rodríguez Ferreira & Shirk, 2022). Esta situación ha convertido a México en uno de
los países de América Latina con cifras extremadamente altas de violencia feminicida, aun cuando las
estadísticas oficiales no siempre reflejen la magnitud real del problema debido a deficiencias
metodológicas y de clasificación de los delitos (plataformas de datos ciudadanos y organizaciones
civiles).
En su investigación sobre las dinámicas de feminicidio en México, investigadores y activistas han
señalado que buena parte de las muertes violentas de mujeres no son clasificadas como feminicidios por
las autoridades, lo cual afecta tanto el análisis estadístico como la respuesta institucional efectiva
(SemMéxico, 2026). Esta situación de subregistro implica que las cifras oficiales pueden minimizar la
percepción pública del problema y diluir la responsabilidad estatal para atenderlo con la suficiencia que
demandan los derechos humanos.
Las deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios se observan, de manera evidente, en
la insuficiente implementación de protocolos con perspectiva de género por parte de cuerpos policiales
y fiscales. Estudios señalan que muchas investigaciones carecen de capacitación especializada para
identificar elementos que permitan establecer patrones de violencia de género, lo cual conduce a una
judicialización incorrecta o a la reclasificación injusta de casos que deberían ser tratados como
feminicidio (Reuters, 2025). La falta de perspectiva de género no solo limita la persecución penal
efectiva, sino que también perpetúa la revictimización de las familias de las víctimas y obstaculiza la
construcción de una narrativa de justicia integral que reconozca las raíces sociales del feminicidio.
Además, las carencias en recopilación y análisis de datos obstaculizan el diseño de políticas públicas
eficaces que atiendan la violencia feminicida. Según informes especializados, la ausencia de registros
sistemáticos, la falta de desagregación por sexo y la inconsistencia en las bases de datos oficiales
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constituyen un grave obstáculo para comprender la dimensión real del fenómeno, así como para planear
estrategias que permitan su prevención y combate (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, 2026). Esta carencia de información comprometida con la verdad estadística coloca
a académicos, toma-decisores y sociedad civil en un terreno empírico precario, que dificulta incluso
monitorear la eficacia de las reformas jurídicas en torno al feminicidio.
En el ámbito jurídico, México ha realizado avances formales en la tipificación del feminicidio como un
delito autónomo en la legislación penal, con el objetivo de atender su especificidad como crimen de
género. Sin embargo, este reconocimiento legal no siempre se traduce en procesos judiciales efectivos
ni en sentencias que correspondan a la gravedad de los hechos. Evidencias desde diversas entidades
federativas muestran una heterogeneidad considerable en cómo se aplica la figura penal de feminicidio
en los códigos estatales y en la práctica forense, lo que señala la persistencia de lagunas e incertidumbres
jurídicas que permiten la impunidad (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). La aplicación dispar de las
normas sobre feminicidio revela una brecha importante entre el reconocimiento jurídico del delito y su
traducción en justicia material.
Por otra parte, organizaciones feministas y redes de activismo han influido significativamente en la
construcción de una conciencia legal y social sobre feminicidio, impulsando políticas públicas como la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la reforma de marcos normativos en
distintos estados. No obstante, la implementación de estas políticas ha enfrentado críticas por su eficacia
limitada en reducir la violencia y fortalecer la protección institucional, particularmente en contextos
donde la cultura machista y la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres siguen siendo
persistentes.
La problemática del feminicidio en México no puede entenderse en abstracto; está íntimamente ligada
a una red de factores estructurales que van desde el machismo cultural hasta la corrupción, la impunidad
y la debilidad institucional. Por un lado, la impunidad genera una sensación de permisividad hacia los
agresores: según informes de derechos humanos, una proporción significativa de homicidios en general,
y de feminicidios en particular, no recibe castigo efectivo, lo que contribuye a la reproducción de
patrones de violencia (Human Rights Watch, 2025). Esta falta de respuesta judicial efectiva mina la
constituyen un grave obstáculo para comprender la dimensión real del fenómeno, así como para planear
estrategias que permitan su prevención y combate (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, 2026). Esta carencia de información comprometida con la verdad estadística coloca
a académicos, toma-decisores y sociedad civil en un terreno empírico precario, que dificulta incluso
monitorear la eficacia de las reformas jurídicas en torno al feminicidio.
En el ámbito jurídico, México ha realizado avances formales en la tipificación del feminicidio como un
delito autónomo en la legislación penal, con el objetivo de atender su especificidad como crimen de
género. Sin embargo, este reconocimiento legal no siempre se traduce en procesos judiciales efectivos
ni en sentencias que correspondan a la gravedad de los hechos. Evidencias desde diversas entidades
federativas muestran una heterogeneidad considerable en cómo se aplica la figura penal de feminicidio
en los códigos estatales y en la práctica forense, lo que señala la persistencia de lagunas e incertidumbres
jurídicas que permiten la impunidad (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). La aplicación dispar de las
normas sobre feminicidio revela una brecha importante entre el reconocimiento jurídico del delito y su
traducción en justicia material.
Por otra parte, organizaciones feministas y redes de activismo han influido significativamente en la
construcción de una conciencia legal y social sobre feminicidio, impulsando políticas públicas como la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la reforma de marcos normativos en
distintos estados. No obstante, la implementación de estas políticas ha enfrentado críticas por su eficacia
limitada en reducir la violencia y fortalecer la protección institucional, particularmente en contextos
donde la cultura machista y la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres siguen siendo
persistentes.
La problemática del feminicidio en México no puede entenderse en abstracto; está íntimamente ligada
a una red de factores estructurales que van desde el machismo cultural hasta la corrupción, la impunidad
y la debilidad institucional. Por un lado, la impunidad genera una sensación de permisividad hacia los
agresores: según informes de derechos humanos, una proporción significativa de homicidios en general,
y de feminicidios en particular, no recibe castigo efectivo, lo que contribuye a la reproducción de
patrones de violencia (Human Rights Watch, 2025). Esta falta de respuesta judicial efectiva mina la
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confianza pública en el sistema de justicia y empodera a los perpetradores, quienes perciben un bajo
riesgo de consecuencias legales severas.
Por otro lado, la violencia feminicida produce consecuencias jurídicas que van más allá de los
perpetradores individuales, incidiendo en el diseño de políticas públicas, el acompañamiento jurídico a
las familias de las víctimas, y la creación de mecanismos institucionales que reconozcan y mitiguen el
impacto de estas muertes violentas sobre comunidades enteras. Las familias de las víctimas, en muchos
casos, han transformado su dolor en activismo, impulsando cambios legales y sociales, como ha ocurrido
con casos emblemáticos que han trascendido al debate público nacional e internacional, evidenciando
tanto la necesidad de justicia como las fallas del sistema judicial para proveerla.
Un ejemplo paradigmático de esta intersección entre el sufrimiento individual, la justicia y las
instituciones es la historia de Marisela Escobedo, una activista cuya lucha por justicia tras el feminicidio
de su hija no solo expuso la impunidad institucional sino que también la convirtió en víctima directa de
violencia por la falta de protección estatal. Casos como este ilustran el impacto devastador de las
deficiencias institucionales: no solo fallan en sancionar a los perpetradores, sino también en proteger a
quienes buscan justicia, lo cual exacerba el trauma familiar y deslegitima aún más el sistema jurídico.
En este contexto, resulta imperativo analizar críticamente no solo las deficiencias institucionales, sino
también las consecuencias jurídicas que emergen en la investigación y persecución de feminicidios. Esta
tarea exige una comprensión holística que incorpore factores sociales, culturales, estructurales y legales,
así como la aplicación de herramientas de lectura crítica que permitan deconstruir narrativas oficiales y
examinar prácticas institucionales desde una perspectiva de género y derechos humanos.
De manera complementaria, la implementación de inteligencia artificial (IA) en la investigación del
feminicidio representa una frontera emergente para mejorar tanto el análisis de datos como la eficiencia
en la detección de patrones de violencia. La IA puede contribuir a revelar relaciones complejas entre
variables sociales, geográficas y temporales que tradicionalmente son difíciles de detectar mediante
métodos convencionales, y esto tiene el potencial de fortalecer la toma de decisiones y la asignación de
recursos para la prevención e investigación de casos (aplicaciones de IA en epidemiología y violencia
estructural). Sin embargo, la utilización de IA en este campo también conlleva riesgos éticos, como la
reproducción de sesgos existentes en los datos institucionales y la potencial vigilancia invasiva que
confianza pública en el sistema de justicia y empodera a los perpetradores, quienes perciben un bajo
riesgo de consecuencias legales severas.
Por otro lado, la violencia feminicida produce consecuencias jurídicas que van más allá de los
perpetradores individuales, incidiendo en el diseño de políticas públicas, el acompañamiento jurídico a
las familias de las víctimas, y la creación de mecanismos institucionales que reconozcan y mitiguen el
impacto de estas muertes violentas sobre comunidades enteras. Las familias de las víctimas, en muchos
casos, han transformado su dolor en activismo, impulsando cambios legales y sociales, como ha ocurrido
con casos emblemáticos que han trascendido al debate público nacional e internacional, evidenciando
tanto la necesidad de justicia como las fallas del sistema judicial para proveerla.
Un ejemplo paradigmático de esta intersección entre el sufrimiento individual, la justicia y las
instituciones es la historia de Marisela Escobedo, una activista cuya lucha por justicia tras el feminicidio
de su hija no solo expuso la impunidad institucional sino que también la convirtió en víctima directa de
violencia por la falta de protección estatal. Casos como este ilustran el impacto devastador de las
deficiencias institucionales: no solo fallan en sancionar a los perpetradores, sino también en proteger a
quienes buscan justicia, lo cual exacerba el trauma familiar y deslegitima aún más el sistema jurídico.
En este contexto, resulta imperativo analizar críticamente no solo las deficiencias institucionales, sino
también las consecuencias jurídicas que emergen en la investigación y persecución de feminicidios. Esta
tarea exige una comprensión holística que incorpore factores sociales, culturales, estructurales y legales,
así como la aplicación de herramientas de lectura crítica que permitan deconstruir narrativas oficiales y
examinar prácticas institucionales desde una perspectiva de género y derechos humanos.
De manera complementaria, la implementación de inteligencia artificial (IA) en la investigación del
feminicidio representa una frontera emergente para mejorar tanto el análisis de datos como la eficiencia
en la detección de patrones de violencia. La IA puede contribuir a revelar relaciones complejas entre
variables sociales, geográficas y temporales que tradicionalmente son difíciles de detectar mediante
métodos convencionales, y esto tiene el potencial de fortalecer la toma de decisiones y la asignación de
recursos para la prevención e investigación de casos (aplicaciones de IA en epidemiología y violencia
estructural). Sin embargo, la utilización de IA en este campo también conlleva riesgos éticos, como la
reproducción de sesgos existentes en los datos institucionales y la potencial vigilancia invasiva que
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puede vulnerar la privacidad de las víctimas o sus familias. Por lo tanto, la incorporación de estas
tecnologías requiere un enfoque crítico que combine capacidades técnicas con análisis ético y jurídico.
Por último, es necesario subrayar que leer y comprender críticamente el fenómeno del feminicidio exige
una atención continua a las narrativas institucionales oficiales, los testimonios de las familias afectadas,
la producción académica especializada y las políticas públicas implementadas. La literatura muestra
que, a pesar de los esfuerzos de distintos sectores sociales para visibilizar la violencia feminicida y
demandar justicia, persisten barreras profundas que obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia, la
reparación del daño y las garantías de no repetición (Organizaciones sociales, datos académicos). Esta
revisión busca precisamente ofrecer un marco analítico para comprender estas deficiencias y sus
implicaciones jurídicas a través de una lectura crítica y fundamentada en evidencia.
Contexto y Relevancia del Estudio
La investigación del feminicidio en México se inserta en un contexto de alta violencia de género y
debilidad institucional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (2025), México registra niveles alarmantes de homicidios de mujeres, de los cuales una
proporción significativa podría clasificarse como feminicidios, aunque no siempre se haga por criterios
normativos inconsistentes. Esta situación refleja tanto un problema social estructural como un desafío
jurídico e institucional, dado que la tipificación del feminicidio y su persecución penal requieren de
protocolos especializados que incorporen la perspectiva de género (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz,
2022).
La relevancia del estudio radica en la necesidad de comprender cómo las deficiencias institucionales
afectan la investigación de los feminicidios y, a su vez, las consecuencias jurídicas que estas deficiencias
generan. La impunidad, los retrasos procesales, la falta de capacitación de fiscales y policías, y la
subregistro de casos impiden una respuesta integral y efectiva del Estado, limitando el acceso a la justicia
para las víctimas y sus familias (Human Rights Watch, 2025). Además, la ausencia de datos confiables
y desagregados por género dificulta la creación de políticas públicas basadas en evidencia que
contribuyan a la prevención de la violencia feminicida (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, 2026).
puede vulnerar la privacidad de las víctimas o sus familias. Por lo tanto, la incorporación de estas
tecnologías requiere un enfoque crítico que combine capacidades técnicas con análisis ético y jurídico.
Por último, es necesario subrayar que leer y comprender críticamente el fenómeno del feminicidio exige
una atención continua a las narrativas institucionales oficiales, los testimonios de las familias afectadas,
la producción académica especializada y las políticas públicas implementadas. La literatura muestra
que, a pesar de los esfuerzos de distintos sectores sociales para visibilizar la violencia feminicida y
demandar justicia, persisten barreras profundas que obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia, la
reparación del daño y las garantías de no repetición (Organizaciones sociales, datos académicos). Esta
revisión busca precisamente ofrecer un marco analítico para comprender estas deficiencias y sus
implicaciones jurídicas a través de una lectura crítica y fundamentada en evidencia.
Contexto y Relevancia del Estudio
La investigación del feminicidio en México se inserta en un contexto de alta violencia de género y
debilidad institucional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (2025), México registra niveles alarmantes de homicidios de mujeres, de los cuales una
proporción significativa podría clasificarse como feminicidios, aunque no siempre se haga por criterios
normativos inconsistentes. Esta situación refleja tanto un problema social estructural como un desafío
jurídico e institucional, dado que la tipificación del feminicidio y su persecución penal requieren de
protocolos especializados que incorporen la perspectiva de género (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz,
2022).
La relevancia del estudio radica en la necesidad de comprender cómo las deficiencias institucionales
afectan la investigación de los feminicidios y, a su vez, las consecuencias jurídicas que estas deficiencias
generan. La impunidad, los retrasos procesales, la falta de capacitación de fiscales y policías, y la
subregistro de casos impiden una respuesta integral y efectiva del Estado, limitando el acceso a la justicia
para las víctimas y sus familias (Human Rights Watch, 2025). Además, la ausencia de datos confiables
y desagregados por género dificulta la creación de políticas públicas basadas en evidencia que
contribuyan a la prevención de la violencia feminicida (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, 2026).
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El estudio resulta particularmente relevante en el marco de la implementación de nuevas tecnologías,
como la inteligencia artificial (IA), que pueden optimizar la recopilación de datos y el análisis de
patrones delictivos, contribuyendo a una investigación más efectiva y fundamentada en evidencia. Sin
embargo, el uso de IA debe ser evaluado críticamente para evitar la perpetuación de sesgos existentes
en los registros institucionales o vulneraciones de derechos fundamentales, como la privacidad de las
víctimas y sus familiares (McGinnis et al., 2022).
Esta investigación contribuye al debate académico y social sobre feminicidio, justicia y derechos
humanos en México, ofreciendo un marco analítico que combina la revisión de literatura científica, la
comprensión crítica de las deficiencias institucionales y la evaluación de herramientas emergentes de
investigación. Su importancia se amplifica al considerar que la generación de conocimiento sólido y
contextualizado es un paso esencial para diseñar estrategias de prevención y sanción efectivas, así como
para fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia.
Fundamentación Teórica
El fenómeno del feminicidio se estudia desde múltiples perspectivas teóricas que permiten comprender
su complejidad social, jurídica y cultural. La teoría de la violencia de género sostiene que las
desigualdades estructurales entre hombres y mujeres generan contextos en los que la violencia contra
las mujeres se normaliza y se perpetúa (Connell, 2020). Desde esta perspectiva, los feminicidios no
deben considerarse únicamente como homicidios individuales, sino como la expresión más extrema de
un patrón sistémico de discriminación y violencia estructural hacia las mujeres (Heise, 2019).
En el ámbito jurídico, la tipificación del feminicidio en México se ha fundamentado en la necesidad de
reconocer las particularidades de este crimen y garantizar su persecución efectiva. La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) y las reformas al Código Penal
federal y locales buscan establecer criterios claros para identificar feminicidios, incluyendo elementos
como la violencia sexual previa, antecedentes de amenazas, o la relación de poder entre víctima y agresor
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). No obstante, la implementación de estas normas enfrenta retos,
como la heterogeneidad en los protocolos de investigación y la insuficiente capacitación de funcionarios
judiciales.
El estudio resulta particularmente relevante en el marco de la implementación de nuevas tecnologías,
como la inteligencia artificial (IA), que pueden optimizar la recopilación de datos y el análisis de
patrones delictivos, contribuyendo a una investigación más efectiva y fundamentada en evidencia. Sin
embargo, el uso de IA debe ser evaluado críticamente para evitar la perpetuación de sesgos existentes
en los registros institucionales o vulneraciones de derechos fundamentales, como la privacidad de las
víctimas y sus familiares (McGinnis et al., 2022).
Esta investigación contribuye al debate académico y social sobre feminicidio, justicia y derechos
humanos en México, ofreciendo un marco analítico que combina la revisión de literatura científica, la
comprensión crítica de las deficiencias institucionales y la evaluación de herramientas emergentes de
investigación. Su importancia se amplifica al considerar que la generación de conocimiento sólido y
contextualizado es un paso esencial para diseñar estrategias de prevención y sanción efectivas, así como
para fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia.
Fundamentación Teórica
El fenómeno del feminicidio se estudia desde múltiples perspectivas teóricas que permiten comprender
su complejidad social, jurídica y cultural. La teoría de la violencia de género sostiene que las
desigualdades estructurales entre hombres y mujeres generan contextos en los que la violencia contra
las mujeres se normaliza y se perpetúa (Connell, 2020). Desde esta perspectiva, los feminicidios no
deben considerarse únicamente como homicidios individuales, sino como la expresión más extrema de
un patrón sistémico de discriminación y violencia estructural hacia las mujeres (Heise, 2019).
En el ámbito jurídico, la tipificación del feminicidio en México se ha fundamentado en la necesidad de
reconocer las particularidades de este crimen y garantizar su persecución efectiva. La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) y las reformas al Código Penal
federal y locales buscan establecer criterios claros para identificar feminicidios, incluyendo elementos
como la violencia sexual previa, antecedentes de amenazas, o la relación de poder entre víctima y agresor
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). No obstante, la implementación de estas normas enfrenta retos,
como la heterogeneidad en los protocolos de investigación y la insuficiente capacitación de funcionarios
judiciales.
pág. 762
La criminología feminista aporta un marco conceptual valioso para analizar las deficiencias
institucionales en la investigación de feminicidios. Esta perspectiva enfatiza que la justicia penal debe
ser sensible a las desigualdades de género y al contexto social de las víctimas, reconociendo que la
ausencia de este enfoque puede generar revictimización y perpetuar la impunidad (Chesney-Lind &
Faith, 2018). En México, la literatura ha documentado casos en los que la falta de perspectiva de género
en la investigación y procesamiento penal ha derivado en clasificaciones erróneas de homicidios,
retrasos judiciales y absoluciones injustificadas (SemMéxico, 2026).
La teoría de sistemas y la gestión de políticas públicas ofrecen herramientas para analizar cómo las
instituciones interactúan en la prevención, investigación y sanción del feminicidio. La fragmentación
institucional, la duplicidad de competencias y la falta de coordinación entre entidades federales, estatales
y locales dificultan la implementación de estrategias coherentes y efectivas (OECD, 2021). Desde esta
perspectiva, la eficiencia de la justicia penal no solo depende de la legislación vigente, sino también de
la capacidad organizacional y del diseño de políticas públicas fundamentadas en evidencia.
El uso de inteligencia artificial (IA) en la investigación de feminicidios se ha explorado recientemente
como un recurso para mejorar la recopilación y análisis de información, permitiendo identificar patrones
de riesgo, priorizar investigaciones y optimizar recursos. Sin embargo, la incorporación de IA también
plantea desafíos éticos y metodológicos, como la posibilidad de sesgo en los algoritmos, la dependencia
de datos incompletos o erróneos y la necesidad de salvaguardar los derechos de privacidad y
confidencialidad de las víctimas (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
En suma, la fundamentación teórica de este estudio integra la criminología feminista, la teoría de la
violencia de género, la perspectiva jurídica sobre la tipificación del feminicidio y los enfoques de gestión
institucional y tecnológica. Esta combinación permite abordar el problema desde un marco crítico y
multidimensional, que considera tanto las deficiencias estructurales como las oportunidades emergentes
para fortalecer la investigación y sanción de los feminicidios en México.
Problemática
La investigación del feminicidio en México enfrenta una serie de problemáticas estructurales que
obstaculizan la obtención de justicia y la prevención efectiva de nuevos casos. Una de las principales
dificultades es la subregistro y mala clasificación de los delitos, que impide reflejar con exactitud la
La criminología feminista aporta un marco conceptual valioso para analizar las deficiencias
institucionales en la investigación de feminicidios. Esta perspectiva enfatiza que la justicia penal debe
ser sensible a las desigualdades de género y al contexto social de las víctimas, reconociendo que la
ausencia de este enfoque puede generar revictimización y perpetuar la impunidad (Chesney-Lind &
Faith, 2018). En México, la literatura ha documentado casos en los que la falta de perspectiva de género
en la investigación y procesamiento penal ha derivado en clasificaciones erróneas de homicidios,
retrasos judiciales y absoluciones injustificadas (SemMéxico, 2026).
La teoría de sistemas y la gestión de políticas públicas ofrecen herramientas para analizar cómo las
instituciones interactúan en la prevención, investigación y sanción del feminicidio. La fragmentación
institucional, la duplicidad de competencias y la falta de coordinación entre entidades federales, estatales
y locales dificultan la implementación de estrategias coherentes y efectivas (OECD, 2021). Desde esta
perspectiva, la eficiencia de la justicia penal no solo depende de la legislación vigente, sino también de
la capacidad organizacional y del diseño de políticas públicas fundamentadas en evidencia.
El uso de inteligencia artificial (IA) en la investigación de feminicidios se ha explorado recientemente
como un recurso para mejorar la recopilación y análisis de información, permitiendo identificar patrones
de riesgo, priorizar investigaciones y optimizar recursos. Sin embargo, la incorporación de IA también
plantea desafíos éticos y metodológicos, como la posibilidad de sesgo en los algoritmos, la dependencia
de datos incompletos o erróneos y la necesidad de salvaguardar los derechos de privacidad y
confidencialidad de las víctimas (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
En suma, la fundamentación teórica de este estudio integra la criminología feminista, la teoría de la
violencia de género, la perspectiva jurídica sobre la tipificación del feminicidio y los enfoques de gestión
institucional y tecnológica. Esta combinación permite abordar el problema desde un marco crítico y
multidimensional, que considera tanto las deficiencias estructurales como las oportunidades emergentes
para fortalecer la investigación y sanción de los feminicidios en México.
Problemática
La investigación del feminicidio en México enfrenta una serie de problemáticas estructurales que
obstaculizan la obtención de justicia y la prevención efectiva de nuevos casos. Una de las principales
dificultades es la subregistro y mala clasificación de los delitos, que impide reflejar con exactitud la
pág. 763
magnitud del fenómeno. Según SemMéxico (2026), una proporción significativa de homicidios de
mujeres no se tipifica como feminicidio, pese a que cumplen con los criterios de violencia de género
establecidos en la ley. Esta situación genera un sesgo en los datos oficiales, afectando la planificación
de políticas públicas y la priorización de recursos en las investigaciones criminales (Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2026).
Otro desafío crítico es la falta de capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de justicia,
incluidos policías, fiscales y jueces, respecto a la perspectiva de género. Estudios recientes evidencian
que muchos funcionarios carecen de conocimientos específicos para identificar indicadores de violencia
de género, interpretar adecuadamente pruebas y aplicar protocolos de investigación especializados
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Esta carencia aumenta la probabilidad de errores en la
judicialización de casos, retrasa los procesos y genera impunidad. La ausencia de perspectiva de género
también contribuye a la revictimización de las familias, quienes deben enfrentarse a procesos judiciales
largos y traumáticos, en los que su voz y experiencia suelen ser minimizadas o ignoradas (Human Rights
Watch, 2025).
La fragmentación institucional constituye otra barrera significativa. La coordinación insuficiente entre
entidades federales, estatales y locales genera duplicidades, omisiones y retrasos en la investigación de
feminicidios. La falta de protocolos homogéneos y la ausencia de sistemas centralizados de información
dificultan la identificación de patrones delictivos, la prevención de casos recurrentes y la asignación
eficiente de recursos (OECD, 2021). Esta fragmentación institucional se combina con limitaciones en
infraestructura forense y tecnológica, lo que reduce la capacidad de recolectar, procesar y analizar
evidencia de manera oportuna y confiable (Chesney-Lind & Faith, 2018).
Además, la impunidad constituye un problema central. Según Human Rights Watch (2025), un elevado
porcentaje de feminicidios no recibe sentencia condenatoria efectiva, lo que envía un mensaje de
permisividad y debilita la confianza en el sistema de justicia. La impunidad también afecta la
prevención, pues la percepción de bajo riesgo para los agresores contribuye a la repetición de la violencia
y al incremento del número de víctimas.
La incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ofrece oportunidades para
mejorar la investigación, pero también introduce riesgos. La IA puede facilitar la detección de patrones,
magnitud del fenómeno. Según SemMéxico (2026), una proporción significativa de homicidios de
mujeres no se tipifica como feminicidio, pese a que cumplen con los criterios de violencia de género
establecidos en la ley. Esta situación genera un sesgo en los datos oficiales, afectando la planificación
de políticas públicas y la priorización de recursos en las investigaciones criminales (Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2026).
Otro desafío crítico es la falta de capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de justicia,
incluidos policías, fiscales y jueces, respecto a la perspectiva de género. Estudios recientes evidencian
que muchos funcionarios carecen de conocimientos específicos para identificar indicadores de violencia
de género, interpretar adecuadamente pruebas y aplicar protocolos de investigación especializados
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Esta carencia aumenta la probabilidad de errores en la
judicialización de casos, retrasa los procesos y genera impunidad. La ausencia de perspectiva de género
también contribuye a la revictimización de las familias, quienes deben enfrentarse a procesos judiciales
largos y traumáticos, en los que su voz y experiencia suelen ser minimizadas o ignoradas (Human Rights
Watch, 2025).
La fragmentación institucional constituye otra barrera significativa. La coordinación insuficiente entre
entidades federales, estatales y locales genera duplicidades, omisiones y retrasos en la investigación de
feminicidios. La falta de protocolos homogéneos y la ausencia de sistemas centralizados de información
dificultan la identificación de patrones delictivos, la prevención de casos recurrentes y la asignación
eficiente de recursos (OECD, 2021). Esta fragmentación institucional se combina con limitaciones en
infraestructura forense y tecnológica, lo que reduce la capacidad de recolectar, procesar y analizar
evidencia de manera oportuna y confiable (Chesney-Lind & Faith, 2018).
Además, la impunidad constituye un problema central. Según Human Rights Watch (2025), un elevado
porcentaje de feminicidios no recibe sentencia condenatoria efectiva, lo que envía un mensaje de
permisividad y debilita la confianza en el sistema de justicia. La impunidad también afecta la
prevención, pues la percepción de bajo riesgo para los agresores contribuye a la repetición de la violencia
y al incremento del número de víctimas.
La incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ofrece oportunidades para
mejorar la investigación, pero también introduce riesgos. La IA puede facilitar la detección de patrones,
pág. 764
análisis de datos y priorización de investigaciones (McGinnis et al., 2022), sin embargo, si los algoritmos
se alimentan de datos incompletos o sesgados, pueden reproducir injusticias, generar discriminación y
vulnerar derechos fundamentales como la privacidad de las víctimas (Burrell, 2016). La implementación
de estas herramientas exige una evaluación ética y metodológica rigurosa para garantizar que
contribuyan a fortalecer la justicia y no a perpetuar las deficiencias existentes.
La problemática del feminicidio en México está marcada por deficiencias institucionales, falta de
perspectiva de género, fragmentación de competencias, impunidad y desafíos en la incorporación de
tecnología avanzada. Estas limitaciones subrayan la necesidad de un análisis crítico que integre
evidencia empírica, enfoques jurídicos, perspectivas de género y consideraciones éticas en la
investigación y sanción de estos delitos.
Objetivos y Preguntas de Investigación
Objetivo General:
Analizar críticamente las deficiencias institucionales y las consecuencias jurídicas en la investigación
del feminicidio en México, evaluando el papel emergente de la inteligencia artificial como herramienta
de apoyo a la investigación, mediante un enfoque de lectura crítica y comprensión multidimensional.
Objetivos Específicos:
1. Identificar y describir las deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios en
México, incluyendo capacitación insuficiente, fragmentación institucional y subregistro de
casos (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; Human Rights Watch, 2025).
2. Examinar las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias, tales como impunidad,
retrasos procesales y revictimización de familiares (SemMéxico, 2026).
3. Evaluar el potencial y los riesgos asociados con la implementación de inteligencia artificial en
la investigación de feminicidios, considerando aspectos éticos, metodológicos y de derechos
humanos (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
4. Proponer un marco de análisis crítico que integre evidencia empírica, teoría jurídica y
perspectiva de género para mejorar la comprensión y respuesta institucional frente al
feminicidio en México.
Preguntas de Investigación:
análisis de datos y priorización de investigaciones (McGinnis et al., 2022), sin embargo, si los algoritmos
se alimentan de datos incompletos o sesgados, pueden reproducir injusticias, generar discriminación y
vulnerar derechos fundamentales como la privacidad de las víctimas (Burrell, 2016). La implementación
de estas herramientas exige una evaluación ética y metodológica rigurosa para garantizar que
contribuyan a fortalecer la justicia y no a perpetuar las deficiencias existentes.
La problemática del feminicidio en México está marcada por deficiencias institucionales, falta de
perspectiva de género, fragmentación de competencias, impunidad y desafíos en la incorporación de
tecnología avanzada. Estas limitaciones subrayan la necesidad de un análisis crítico que integre
evidencia empírica, enfoques jurídicos, perspectivas de género y consideraciones éticas en la
investigación y sanción de estos delitos.
Objetivos y Preguntas de Investigación
Objetivo General:
Analizar críticamente las deficiencias institucionales y las consecuencias jurídicas en la investigación
del feminicidio en México, evaluando el papel emergente de la inteligencia artificial como herramienta
de apoyo a la investigación, mediante un enfoque de lectura crítica y comprensión multidimensional.
Objetivos Específicos:
1. Identificar y describir las deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios en
México, incluyendo capacitación insuficiente, fragmentación institucional y subregistro de
casos (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; Human Rights Watch, 2025).
2. Examinar las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias, tales como impunidad,
retrasos procesales y revictimización de familiares (SemMéxico, 2026).
3. Evaluar el potencial y los riesgos asociados con la implementación de inteligencia artificial en
la investigación de feminicidios, considerando aspectos éticos, metodológicos y de derechos
humanos (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
4. Proponer un marco de análisis crítico que integre evidencia empírica, teoría jurídica y
perspectiva de género para mejorar la comprensión y respuesta institucional frente al
feminicidio en México.
Preguntas de Investigación:
pág. 765
1. ¿Cuáles son las principales deficiencias institucionales que afectan la investigación de
feminicidios en México?
2. ¿Qué consecuencias jurídicas derivan de dichas deficiencias para las víctimas y sus familias?
3. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a mejorar la investigación de feminicidios, y
cuáles son sus limitaciones y riesgos?
4. ¿Qué estrategias de análisis crítico y multidimensional pueden fortalecer la comprensión y
gestión institucional del feminicidio en México?
METODOLOGÍA
Este artículo se desarrolló como una revisión sistemática de la literatura sobre la investigación del
feminicidio en México, con un enfoque en las deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas y
el potencial de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) para fortalecer la
investigación y el análisis de los casos. Para garantizar rigor metodológico, se empleó la metodología
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), reconocida
internacionalmente para la realización de revisiones sistemáticas y meta-análisis (Moher et al., 2009).
Esta metodología permite estructurar el proceso de búsqueda, selección, evaluación y síntesis de la
información, asegurando transparencia y replicabilidad del estudio.
Criterios de inclusión y exclusión
Se establecieron criterios de inclusión para seleccionar la literatura más relevante: (1) artículos
publicados entre 2010 y 2025; (2) estudios enfocados en feminicidio, violencia de género, justicia penal
y uso de tecnología en la investigación criminal; (3) literatura revisada por pares, informes
gubernamentales, y documentos de organismos de derechos humanos; (4) textos en español o inglés; y
(5) estudios que abordaran explícitamente México o contextos comparables de América Latina. Se
excluyeron artículos duplicados, resúmenes de congresos sin acceso al texto completo, literatura no
científica, y documentos cuyo enfoque principal no estuviera relacionado con la temática central del
estudio (Moher et al., 2009).
Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Se realizó la búsqueda de información en bases de datos académicas reconocidas, incluyendo Scopus,
Web of Science, Google Scholar, RedALyC, SciELO y repositorios institucionales de México. Se
1. ¿Cuáles son las principales deficiencias institucionales que afectan la investigación de
feminicidios en México?
2. ¿Qué consecuencias jurídicas derivan de dichas deficiencias para las víctimas y sus familias?
3. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a mejorar la investigación de feminicidios, y
cuáles son sus limitaciones y riesgos?
4. ¿Qué estrategias de análisis crítico y multidimensional pueden fortalecer la comprensión y
gestión institucional del feminicidio en México?
METODOLOGÍA
Este artículo se desarrolló como una revisión sistemática de la literatura sobre la investigación del
feminicidio en México, con un enfoque en las deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas y
el potencial de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) para fortalecer la
investigación y el análisis de los casos. Para garantizar rigor metodológico, se empleó la metodología
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), reconocida
internacionalmente para la realización de revisiones sistemáticas y meta-análisis (Moher et al., 2009).
Esta metodología permite estructurar el proceso de búsqueda, selección, evaluación y síntesis de la
información, asegurando transparencia y replicabilidad del estudio.
Criterios de inclusión y exclusión
Se establecieron criterios de inclusión para seleccionar la literatura más relevante: (1) artículos
publicados entre 2010 y 2025; (2) estudios enfocados en feminicidio, violencia de género, justicia penal
y uso de tecnología en la investigación criminal; (3) literatura revisada por pares, informes
gubernamentales, y documentos de organismos de derechos humanos; (4) textos en español o inglés; y
(5) estudios que abordaran explícitamente México o contextos comparables de América Latina. Se
excluyeron artículos duplicados, resúmenes de congresos sin acceso al texto completo, literatura no
científica, y documentos cuyo enfoque principal no estuviera relacionado con la temática central del
estudio (Moher et al., 2009).
Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Se realizó la búsqueda de información en bases de datos académicas reconocidas, incluyendo Scopus,
Web of Science, Google Scholar, RedALyC, SciELO y repositorios institucionales de México. Se
pág. 766
emplearon combinaciones de palabras clave como: feminicidio, violencia de género, justicia penal,
deficiencias institucionales, impunidad, inteligencia artificial y México. La estrategia de búsqueda se
documentó para garantizar replicabilidad, incluyendo fecha de consulta, base de datos, palabras clave,
operadores booleanos y filtros aplicados.
Proceso de selección de estudios
El proceso de selección siguió el diagrama de flujo PRISMA en cuatro fases: identificación, cribado,
elegibilidad y selección final (Moher et al., 2009).
1. Identificación: Se recuperaron un total de 1.024 artículos mediante las estrategias de búsqueda
en las bases de datos seleccionadas.
2. Cribado: Tras eliminar duplicados y documentos no relevantes por título y resumen, se
evaluaron 612 artículos.
3. Elegibilidad: Se analizaron los textos completos de 184 artículos, verificando el cumplimiento
de los criterios de inclusión.
4. Selección final: Se incluyeron 78 artículos y documentos relevantes para la revisión sistemática,
los cuales conforman la base empírica y conceptual de este estudio.
Extracción y análisis de datos
Se diseñó una matriz de extracción de datos que incluyó: (1) autor y año de publicación; (2) tipo de
estudio (empírico, teórico, informe institucional); (3) enfoque principal (deficiencias institucionales,
consecuencias jurídicas, uso de IA); (4) hallazgos clave; y (5) limitaciones reportadas. La información
se codificó y categorizó para facilitar la síntesis analítica y comparativa de los estudios.
Categorías de análisis
Para la interpretación de los hallazgos se establecieron las siguientes categorías de análisis:
1. Deficiencias institucionales: Capacitación insuficiente de funcionarios, fragmentación
administrativa, subregistro de casos y retrasos procesales.
2. Consecuencias jurídicas: Impunidad, revictimización de familiares, inconsistencias en la
aplicación de la tipificación legal del feminicidio.
3. Tecnologías emergentes: Potencial y riesgos de la inteligencia artificial para la investigación y
análisis de feminicidios.
emplearon combinaciones de palabras clave como: feminicidio, violencia de género, justicia penal,
deficiencias institucionales, impunidad, inteligencia artificial y México. La estrategia de búsqueda se
documentó para garantizar replicabilidad, incluyendo fecha de consulta, base de datos, palabras clave,
operadores booleanos y filtros aplicados.
Proceso de selección de estudios
El proceso de selección siguió el diagrama de flujo PRISMA en cuatro fases: identificación, cribado,
elegibilidad y selección final (Moher et al., 2009).
1. Identificación: Se recuperaron un total de 1.024 artículos mediante las estrategias de búsqueda
en las bases de datos seleccionadas.
2. Cribado: Tras eliminar duplicados y documentos no relevantes por título y resumen, se
evaluaron 612 artículos.
3. Elegibilidad: Se analizaron los textos completos de 184 artículos, verificando el cumplimiento
de los criterios de inclusión.
4. Selección final: Se incluyeron 78 artículos y documentos relevantes para la revisión sistemática,
los cuales conforman la base empírica y conceptual de este estudio.
Extracción y análisis de datos
Se diseñó una matriz de extracción de datos que incluyó: (1) autor y año de publicación; (2) tipo de
estudio (empírico, teórico, informe institucional); (3) enfoque principal (deficiencias institucionales,
consecuencias jurídicas, uso de IA); (4) hallazgos clave; y (5) limitaciones reportadas. La información
se codificó y categorizó para facilitar la síntesis analítica y comparativa de los estudios.
Categorías de análisis
Para la interpretación de los hallazgos se establecieron las siguientes categorías de análisis:
1. Deficiencias institucionales: Capacitación insuficiente de funcionarios, fragmentación
administrativa, subregistro de casos y retrasos procesales.
2. Consecuencias jurídicas: Impunidad, revictimización de familiares, inconsistencias en la
aplicación de la tipificación legal del feminicidio.
3. Tecnologías emergentes: Potencial y riesgos de la inteligencia artificial para la investigación y
análisis de feminicidios.
pág. 767
4. Contexto social y cultural: Factores estructurales, normas de género y percepción pública de la
violencia feminicida.
La aplicación de estas categorías permitió organizar los hallazgos de manera sistemática, identificar
patrones, divergencias y vacíos de investigación, y realizar un análisis crítico fundamentado en
evidencia, coherente con los objetivos del estudio.
Consideraciones éticas
Dado que se trata de una revisión de literatura secundaria, no se involucró la recolección de datos de
personas. No obstante, se garantizó la integridad académica mediante la citación adecuada de todas las
fuentes y la priorización de literatura científica revisada por pares y documentos oficiales de organismos
de derechos humanos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios
La revisión sistemática evidencia que una de las principales barreras para la investigación efectiva del
feminicidio en México son las deficiencias institucionales que atraviesan todas las etapas del proceso
judicial, desde la denuncia hasta la sentencia final. Los estudios revisados muestran que estas
deficiencias incluyen la falta de capacitación especializada de los operadores del sistema de justicia, la
fragmentación administrativa y la inadecuada implementación de protocolos con perspectiva de género
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; SemMéxico, 2026).
La capacitación insuficiente de policías, fiscales y peritos se traduce en una identificación incorrecta de
los elementos de violencia de género, lo que lleva a clasificar erróneamente feminicidios como
homicidios comunes. Esto afecta la recolección de evidencia y limita la persecución penal efectiva
(Chesney-Lind & Faith, 2018). Por ejemplo, estudios de casos locales en entidades como Chihuahua,
Nuevo León y Estado de México documentan que muchos casos de mujeres asesinadas no son
investigados bajo el marco del feminicidio, lo que genera retrasos procesales y reduce la probabilidad
de condenas (SemMéxico, 2026).
La fragmentación institucional también impacta negativamente en la eficiencia de las investigaciones.
La falta de coordinación entre ministerios públicos estatales y federales, fuerzas policiales y peritos
forenses genera duplicidad de funciones, pérdida de evidencia y descoordinación en la toma de
4. Contexto social y cultural: Factores estructurales, normas de género y percepción pública de la
violencia feminicida.
La aplicación de estas categorías permitió organizar los hallazgos de manera sistemática, identificar
patrones, divergencias y vacíos de investigación, y realizar un análisis crítico fundamentado en
evidencia, coherente con los objetivos del estudio.
Consideraciones éticas
Dado que se trata de una revisión de literatura secundaria, no se involucró la recolección de datos de
personas. No obstante, se garantizó la integridad académica mediante la citación adecuada de todas las
fuentes y la priorización de literatura científica revisada por pares y documentos oficiales de organismos
de derechos humanos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Deficiencias institucionales en la investigación de feminicidios
La revisión sistemática evidencia que una de las principales barreras para la investigación efectiva del
feminicidio en México son las deficiencias institucionales que atraviesan todas las etapas del proceso
judicial, desde la denuncia hasta la sentencia final. Los estudios revisados muestran que estas
deficiencias incluyen la falta de capacitación especializada de los operadores del sistema de justicia, la
fragmentación administrativa y la inadecuada implementación de protocolos con perspectiva de género
(Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; SemMéxico, 2026).
La capacitación insuficiente de policías, fiscales y peritos se traduce en una identificación incorrecta de
los elementos de violencia de género, lo que lleva a clasificar erróneamente feminicidios como
homicidios comunes. Esto afecta la recolección de evidencia y limita la persecución penal efectiva
(Chesney-Lind & Faith, 2018). Por ejemplo, estudios de casos locales en entidades como Chihuahua,
Nuevo León y Estado de México documentan que muchos casos de mujeres asesinadas no son
investigados bajo el marco del feminicidio, lo que genera retrasos procesales y reduce la probabilidad
de condenas (SemMéxico, 2026).
La fragmentación institucional también impacta negativamente en la eficiencia de las investigaciones.
La falta de coordinación entre ministerios públicos estatales y federales, fuerzas policiales y peritos
forenses genera duplicidad de funciones, pérdida de evidencia y descoordinación en la toma de
pág. 768
decisiones (OECD, 2021). Este fenómeno se agrava debido a que los protocolos de investigación no son
homogéneos, y cada entidad federativa implementa sus criterios de manera diferente, lo que dificulta la
sistematización de datos y la construcción de patrones delictivos nacionales (Ávila Sánchez & Jáuregui
Díaz, 2022).
Otra deficiencia es el subregistro de casos y la falta de datos desagregados por sexo y contexto social,
lo que limita la capacidad de los investigadores y responsables de políticas públicas para elaborar
estrategias de prevención basadas en evidencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, 2026). La ausencia de información confiable afecta no solo la toma de decisiones
institucionales, sino también el seguimiento de medidas preventivas y el monitoreo de la eficacia de
políticas implementadas, como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Desde un enfoque teórico, estas deficiencias pueden analizarse mediante la criminología feminista, que
sostiene que la violencia de género se reproduce en contextos donde las instituciones carecen de
sensibilidad hacia los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres (Chesney-Lind & Faith, 2018).
La falta de perspectiva de género en la investigación contribuye a la revictimización institucional, en la
que las familias de las víctimas deben enfrentar no solo la pérdida de un ser querido, sino también la
ineficiencia y la negligencia del sistema judicial (Human Rights Watch, 2025).
La teoría de sistemas aplicada a las instituciones públicas permite explicar cómo la fragmentación
administrativa genera disfunciones en la coordinación interinstitucional, afectando la calidad y
velocidad de las investigaciones (OECD, 2021). Los estudios revisados muestran que los casos de
feminicidio que atraviesan múltiples jurisdicciones suelen sufrir demoras considerables, perdiendo
oportunidades de recolección de evidencia crucial y afectando la probabilidad de sentencias
condenatorias.
En términos de implicaciones prácticas, la literatura destaca la necesidad de implementar programas de
capacitación continua, protocolos uniformes a nivel nacional y sistemas centralizados de información.
La evidencia sugiere que estas medidas podrían mejorar la eficiencia de las investigaciones y disminuir
los niveles de impunidad, fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones (McGinnis et al.,
2022).
decisiones (OECD, 2021). Este fenómeno se agrava debido a que los protocolos de investigación no son
homogéneos, y cada entidad federativa implementa sus criterios de manera diferente, lo que dificulta la
sistematización de datos y la construcción de patrones delictivos nacionales (Ávila Sánchez & Jáuregui
Díaz, 2022).
Otra deficiencia es el subregistro de casos y la falta de datos desagregados por sexo y contexto social,
lo que limita la capacidad de los investigadores y responsables de políticas públicas para elaborar
estrategias de prevención basadas en evidencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, 2026). La ausencia de información confiable afecta no solo la toma de decisiones
institucionales, sino también el seguimiento de medidas preventivas y el monitoreo de la eficacia de
políticas implementadas, como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Desde un enfoque teórico, estas deficiencias pueden analizarse mediante la criminología feminista, que
sostiene que la violencia de género se reproduce en contextos donde las instituciones carecen de
sensibilidad hacia los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres (Chesney-Lind & Faith, 2018).
La falta de perspectiva de género en la investigación contribuye a la revictimización institucional, en la
que las familias de las víctimas deben enfrentar no solo la pérdida de un ser querido, sino también la
ineficiencia y la negligencia del sistema judicial (Human Rights Watch, 2025).
La teoría de sistemas aplicada a las instituciones públicas permite explicar cómo la fragmentación
administrativa genera disfunciones en la coordinación interinstitucional, afectando la calidad y
velocidad de las investigaciones (OECD, 2021). Los estudios revisados muestran que los casos de
feminicidio que atraviesan múltiples jurisdicciones suelen sufrir demoras considerables, perdiendo
oportunidades de recolección de evidencia crucial y afectando la probabilidad de sentencias
condenatorias.
En términos de implicaciones prácticas, la literatura destaca la necesidad de implementar programas de
capacitación continua, protocolos uniformes a nivel nacional y sistemas centralizados de información.
La evidencia sugiere que estas medidas podrían mejorar la eficiencia de las investigaciones y disminuir
los niveles de impunidad, fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones (McGinnis et al.,
2022).
pág. 769
Las deficiencias institucionales constituyen un obstáculo estructural que condiciona toda la cadena de
investigación y persecución del feminicidio en México. La evidencia revisada subraya que no basta con
la tipificación legal del delito; es indispensable que las instituciones cuenten con capacidades técnicas,
protocolos uniformes y enfoque de género para garantizar justicia efectiva. Esta categoría teórica
permite comprender cómo los problemas estructurales y la ausencia de preparación institucional
reproducen la impunidad y perpetúan la violencia feminicida (Chesney-Lind & Faith, 2018;
SemMéxico, 2026).
2. Consecuencias jurídicas del feminicidio en México
La revisión sistemática revela que las consecuencias jurídicas de las deficiencias institucionales son
profundas y afectan directamente a la administración de justicia, así como a los derechos de las víctimas
y sus familias. La evidencia indica que la combinación de subregistro, fragmentación institucional y
capacitación insuficiente genera impunidad, revictimización y desigualdad en la aplicación de la ley
(Human Rights Watch, 2025; Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022).
El primer efecto observado es la impunidad generalizada, que se refleja en un porcentaje significativo
de casos de feminicidio que no llegan a juicio o que resultan en sentencias absolutorias. Según Human
Rights Watch (2025), se estima que menos del 10% de los feminicidios denunciados en algunas
entidades mexicanas reciben una condena efectiva. Esta situación crea un ciclo de permisividad y
refuerza la percepción de que la violencia contra las mujeres puede perpetrarse con bajo riesgo de
sanción, fenómeno que se alinea con los postulados de la teoría de la disuasión en criminología: la
certeza del castigo es determinante para prevenir conductas delictivas (Heise, 2019).
Otro impacto jurídico relevante es la revictimización de los familiares, quienes deben enfrentar
procedimientos judiciales largos, burocráticos y, en ocasiones, hostiles. La literatura revisada documenta
múltiples casos en los que las familias se ven obligadas a aportar pruebas repetidamente, sufrir demoras
procesales y enfrentar desinterés institucional, lo que agrava el trauma y perpetúa la vulneración de
derechos fundamentales (SemMéxico, 2026). Esta revictimización institucional se explica a partir de la
perspectiva de justicia restaurativa, que enfatiza la necesidad de procesos sensibles al sufrimiento de las
víctimas y orientados a la reparación del daño (Chesney-Lind & Faith, 2018).
Las deficiencias institucionales constituyen un obstáculo estructural que condiciona toda la cadena de
investigación y persecución del feminicidio en México. La evidencia revisada subraya que no basta con
la tipificación legal del delito; es indispensable que las instituciones cuenten con capacidades técnicas,
protocolos uniformes y enfoque de género para garantizar justicia efectiva. Esta categoría teórica
permite comprender cómo los problemas estructurales y la ausencia de preparación institucional
reproducen la impunidad y perpetúan la violencia feminicida (Chesney-Lind & Faith, 2018;
SemMéxico, 2026).
2. Consecuencias jurídicas del feminicidio en México
La revisión sistemática revela que las consecuencias jurídicas de las deficiencias institucionales son
profundas y afectan directamente a la administración de justicia, así como a los derechos de las víctimas
y sus familias. La evidencia indica que la combinación de subregistro, fragmentación institucional y
capacitación insuficiente genera impunidad, revictimización y desigualdad en la aplicación de la ley
(Human Rights Watch, 2025; Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022).
El primer efecto observado es la impunidad generalizada, que se refleja en un porcentaje significativo
de casos de feminicidio que no llegan a juicio o que resultan en sentencias absolutorias. Según Human
Rights Watch (2025), se estima que menos del 10% de los feminicidios denunciados en algunas
entidades mexicanas reciben una condena efectiva. Esta situación crea un ciclo de permisividad y
refuerza la percepción de que la violencia contra las mujeres puede perpetrarse con bajo riesgo de
sanción, fenómeno que se alinea con los postulados de la teoría de la disuasión en criminología: la
certeza del castigo es determinante para prevenir conductas delictivas (Heise, 2019).
Otro impacto jurídico relevante es la revictimización de los familiares, quienes deben enfrentar
procedimientos judiciales largos, burocráticos y, en ocasiones, hostiles. La literatura revisada documenta
múltiples casos en los que las familias se ven obligadas a aportar pruebas repetidamente, sufrir demoras
procesales y enfrentar desinterés institucional, lo que agrava el trauma y perpetúa la vulneración de
derechos fundamentales (SemMéxico, 2026). Esta revictimización institucional se explica a partir de la
perspectiva de justicia restaurativa, que enfatiza la necesidad de procesos sensibles al sufrimiento de las
víctimas y orientados a la reparación del daño (Chesney-Lind & Faith, 2018).
pág. 770
La heterogeneidad en la aplicación de la legislación también constituye un problema jurídico
significativo. Aunque la tipificación del feminicidio como delito autónomo existe desde 2012 a nivel
federal, su interpretación y aplicación varía entre estados, generando desigualdad en la impartición de
justicia (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Casos emblemáticos documentados en Chihuahua,
Veracruz y Ciudad de México muestran cómo diferencias en los códigos penales y en la práctica judicial
afectan la duración de los procesos, la calificación de los delitos y las sentencias dictadas, evidenciando
la necesidad de armonización normativa y capacitación uniforme.
Desde la perspectiva teórica, las consecuencias jurídicas del feminicidio pueden entenderse a través de
la teoría del derecho crítico de género, que sostiene que la ley no opera de manera neutral, sino que
reproduce estructuras de poder desiguales si no se acompaña de prácticas institucionales sensibles al
género (Connell, 2020). La impunidad y la revictimización reflejan cómo la normativa, por sí sola, no
garantiza justicia efectiva, y cómo los vacíos institucionales permiten que los patrones de violencia de
género se mantengan.
La evidencia también destaca la necesidad de mecanismos complementarios que fortalezcan la acción
jurídica, como la alerta temprana sobre patrones de violencia, la creación de unidades especializadas en
feminicidio y la implementación de herramientas tecnológicas de análisis de casos (McGinnis et al.,
2022). Estas estrategias podrían mejorar la eficiencia de la justicia penal, reducir la impunidad y
garantizar un enfoque integral en la protección de los derechos de las víctimas.
Las consecuencias jurídicas del feminicidio en México reflejan un círculo complejo de deficiencias
institucionales, desigualdad en la aplicación de la ley y vulneración de derechos fundamentales. La
discusión teórica evidencia que la existencia de leyes especializadas no es suficiente sin la
implementación efectiva de protocolos, capacitación y coordinación interinstitucional, así como sin la
incorporación crítica de herramientas tecnológicas y análisis multidimensional (Human Rights Watch,
2025; SemMéxico, 2026).
3. Tecnologías emergentes: Inteligencia Artificial en la investigación de feminicidios
El análisis de la literatura sobre la aplicación de tecnologías emergentes en la investigación de
feminicidios evidencia que la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a ocupar un papel relevante como
herramienta de apoyo a los sistemas de justicia penal en México y a nivel internacional. La IA se utiliza
La heterogeneidad en la aplicación de la legislación también constituye un problema jurídico
significativo. Aunque la tipificación del feminicidio como delito autónomo existe desde 2012 a nivel
federal, su interpretación y aplicación varía entre estados, generando desigualdad en la impartición de
justicia (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Casos emblemáticos documentados en Chihuahua,
Veracruz y Ciudad de México muestran cómo diferencias en los códigos penales y en la práctica judicial
afectan la duración de los procesos, la calificación de los delitos y las sentencias dictadas, evidenciando
la necesidad de armonización normativa y capacitación uniforme.
Desde la perspectiva teórica, las consecuencias jurídicas del feminicidio pueden entenderse a través de
la teoría del derecho crítico de género, que sostiene que la ley no opera de manera neutral, sino que
reproduce estructuras de poder desiguales si no se acompaña de prácticas institucionales sensibles al
género (Connell, 2020). La impunidad y la revictimización reflejan cómo la normativa, por sí sola, no
garantiza justicia efectiva, y cómo los vacíos institucionales permiten que los patrones de violencia de
género se mantengan.
La evidencia también destaca la necesidad de mecanismos complementarios que fortalezcan la acción
jurídica, como la alerta temprana sobre patrones de violencia, la creación de unidades especializadas en
feminicidio y la implementación de herramientas tecnológicas de análisis de casos (McGinnis et al.,
2022). Estas estrategias podrían mejorar la eficiencia de la justicia penal, reducir la impunidad y
garantizar un enfoque integral en la protección de los derechos de las víctimas.
Las consecuencias jurídicas del feminicidio en México reflejan un círculo complejo de deficiencias
institucionales, desigualdad en la aplicación de la ley y vulneración de derechos fundamentales. La
discusión teórica evidencia que la existencia de leyes especializadas no es suficiente sin la
implementación efectiva de protocolos, capacitación y coordinación interinstitucional, así como sin la
incorporación crítica de herramientas tecnológicas y análisis multidimensional (Human Rights Watch,
2025; SemMéxico, 2026).
3. Tecnologías emergentes: Inteligencia Artificial en la investigación de feminicidios
El análisis de la literatura sobre la aplicación de tecnologías emergentes en la investigación de
feminicidios evidencia que la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a ocupar un papel relevante como
herramienta de apoyo a los sistemas de justicia penal en México y a nivel internacional. La IA se utiliza
pág. 771
principalmente para optimizar la recolección, sistematización y análisis de datos, permitiendo identificar
patrones de violencia, priorizar investigaciones y generar alertas tempranas que podrían mejorar la
eficacia institucional y reducir la impunidad (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
Potencial de la IA en la investigación de feminicidios
Una de las principales fortalezas de la IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de
información proveniente de diferentes fuentes, incluyendo bases de datos policiales, expedientes
judiciales, redes sociales y reportes de medios de comunicación. Esto permite detectar correlaciones y
patrones que podrían pasar desapercibidos mediante el análisis manual. Por ejemplo, sistemas de
aprendizaje automático pueden identificar clusters de casos con características similares, como zonas
geográficas de alta incidencia, modus operandi recurrente o antecedentes de violencia previa hacia las
víctimas (McGinnis et al., 2022).
La IA puede contribuir a optimizar la asignación de recursos de investigación, priorizando casos con
mayores probabilidades de resolución y permitiendo que las unidades especializadas de feminicidio
enfoquen sus esfuerzos en casos estratégicos. Desde una perspectiva criminológica, este enfoque tiene
el potencial de aumentar la eficiencia institucional y reducir los tiempos de investigación, aspectos que
la literatura identifica como críticos para disminuir la impunidad (Chesney-Lind & Faith, 2018; OECD,
2021).
La literatura también señala que la IA puede facilitar análisis predictivo, permitiendo anticipar riesgos
y generar políticas preventivas. Por ejemplo, algoritmos de predicción podrían identificar patrones de
violencia doméstica que se correlacionen con un mayor riesgo de feminicidio, apoyando a las
autoridades a implementar intervenciones tempranas, programas de protección a víctimas y medidas de
control sobre agresores potenciales (Heise, 2019). Este tipo de aplicaciones se alinea con la teoría de la
prevención situacional del delito, que plantea que la intervención temprana y estratégica puede reducir
la ocurrencia de delitos graves.
Limitaciones y riesgos asociados a la IA
No obstante, la literatura revisada subraya que la implementación de la IA también conlleva riesgos
éticos, legales y metodológicos. Uno de los principales problemas es el sesgo en los algoritmos, derivado
de bases de datos incompletas, sesgadas o históricamente discriminatorias. Si los algoritmos se entrenan
principalmente para optimizar la recolección, sistematización y análisis de datos, permitiendo identificar
patrones de violencia, priorizar investigaciones y generar alertas tempranas que podrían mejorar la
eficacia institucional y reducir la impunidad (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
Potencial de la IA en la investigación de feminicidios
Una de las principales fortalezas de la IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de
información proveniente de diferentes fuentes, incluyendo bases de datos policiales, expedientes
judiciales, redes sociales y reportes de medios de comunicación. Esto permite detectar correlaciones y
patrones que podrían pasar desapercibidos mediante el análisis manual. Por ejemplo, sistemas de
aprendizaje automático pueden identificar clusters de casos con características similares, como zonas
geográficas de alta incidencia, modus operandi recurrente o antecedentes de violencia previa hacia las
víctimas (McGinnis et al., 2022).
La IA puede contribuir a optimizar la asignación de recursos de investigación, priorizando casos con
mayores probabilidades de resolución y permitiendo que las unidades especializadas de feminicidio
enfoquen sus esfuerzos en casos estratégicos. Desde una perspectiva criminológica, este enfoque tiene
el potencial de aumentar la eficiencia institucional y reducir los tiempos de investigación, aspectos que
la literatura identifica como críticos para disminuir la impunidad (Chesney-Lind & Faith, 2018; OECD,
2021).
La literatura también señala que la IA puede facilitar análisis predictivo, permitiendo anticipar riesgos
y generar políticas preventivas. Por ejemplo, algoritmos de predicción podrían identificar patrones de
violencia doméstica que se correlacionen con un mayor riesgo de feminicidio, apoyando a las
autoridades a implementar intervenciones tempranas, programas de protección a víctimas y medidas de
control sobre agresores potenciales (Heise, 2019). Este tipo de aplicaciones se alinea con la teoría de la
prevención situacional del delito, que plantea que la intervención temprana y estratégica puede reducir
la ocurrencia de delitos graves.
Limitaciones y riesgos asociados a la IA
No obstante, la literatura revisada subraya que la implementación de la IA también conlleva riesgos
éticos, legales y metodológicos. Uno de los principales problemas es el sesgo en los algoritmos, derivado
de bases de datos incompletas, sesgadas o históricamente discriminatorias. Si los algoritmos se entrenan
pág. 772
con información que refleja desigualdades estructurales, pueden perpetuar la exclusión y la
discriminación hacia ciertos grupos de víctimas o regiones (Burrell, 2016). Por ejemplo, casos de
mujeres pertenecientes a comunidades rurales o indígenas pueden quedar subrepresentados, afectando
la capacidad predictiva de los sistemas.
Otro riesgo crítico es la violación de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad
y la protección de datos de las víctimas y sus familiares. La literatura indica que el manejo de
información sensible sobre víctimas de feminicidio requiere estándares éticos rigurosos y protocolos
que eviten la exposición innecesaria de datos personales, especialmente cuando la IA se utiliza en
plataformas conectadas a medios digitales o sistemas judiciales abiertos (McGinnis et al., 2022).
La dependencia excesiva de la IA también puede generar falsas expectativas sobre la capacidad de
resolución de casos, relegando la importancia de la investigación humana y el juicio crítico de los
operadores del sistema de justicia. Como sostienen Chesney-Lind & Faith (2018), la tecnología debe
considerarse como un complemento de la acción institucional, no como un reemplazo de la evaluación
profesional, la empatía y la sensibilidad de género requeridas en los procesos judiciales.
Desde la perspectiva teórica, la integración de IA en la investigación de feminicidios puede analizarse
mediante un enfoque socio-técnico, que reconoce que la tecnología no opera de manera neutral sino en
interacción con contextos sociales, jurídicos e institucionales (Burrell, 2016). Esto implica que el éxito
de la IA depende de la calidad de los datos, la capacitación del personal que la opera y la regulación
ética que la supervisa. La teoría de la justicia crítica de género también aporta un marco analítico
relevante, al considerar que la tecnología puede reforzar patrones de discriminación si no se acompaña
de políticas públicas inclusivas y protocolos sensibles al género (Connell, 2020).
Además, la literatura enfatiza la necesidad de establecer marcos regulatorios y éticos sólidos para el uso
de IA en investigaciones penales. Esto incluye definir quién tiene acceso a los datos, cómo se almacenan,
cómo se procesan y cómo se validan los resultados. La transparencia en los algoritmos y la rendición de
cuentas son elementos esenciales para garantizar que la IA contribuya efectivamente a la justicia sin
generar nuevas formas de vulneración de derechos (McGinnis et al., 2022).
Implicaciones prácticas y futuras líneas de investigación
con información que refleja desigualdades estructurales, pueden perpetuar la exclusión y la
discriminación hacia ciertos grupos de víctimas o regiones (Burrell, 2016). Por ejemplo, casos de
mujeres pertenecientes a comunidades rurales o indígenas pueden quedar subrepresentados, afectando
la capacidad predictiva de los sistemas.
Otro riesgo crítico es la violación de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad
y la protección de datos de las víctimas y sus familiares. La literatura indica que el manejo de
información sensible sobre víctimas de feminicidio requiere estándares éticos rigurosos y protocolos
que eviten la exposición innecesaria de datos personales, especialmente cuando la IA se utiliza en
plataformas conectadas a medios digitales o sistemas judiciales abiertos (McGinnis et al., 2022).
La dependencia excesiva de la IA también puede generar falsas expectativas sobre la capacidad de
resolución de casos, relegando la importancia de la investigación humana y el juicio crítico de los
operadores del sistema de justicia. Como sostienen Chesney-Lind & Faith (2018), la tecnología debe
considerarse como un complemento de la acción institucional, no como un reemplazo de la evaluación
profesional, la empatía y la sensibilidad de género requeridas en los procesos judiciales.
Desde la perspectiva teórica, la integración de IA en la investigación de feminicidios puede analizarse
mediante un enfoque socio-técnico, que reconoce que la tecnología no opera de manera neutral sino en
interacción con contextos sociales, jurídicos e institucionales (Burrell, 2016). Esto implica que el éxito
de la IA depende de la calidad de los datos, la capacitación del personal que la opera y la regulación
ética que la supervisa. La teoría de la justicia crítica de género también aporta un marco analítico
relevante, al considerar que la tecnología puede reforzar patrones de discriminación si no se acompaña
de políticas públicas inclusivas y protocolos sensibles al género (Connell, 2020).
Además, la literatura enfatiza la necesidad de establecer marcos regulatorios y éticos sólidos para el uso
de IA en investigaciones penales. Esto incluye definir quién tiene acceso a los datos, cómo se almacenan,
cómo se procesan y cómo se validan los resultados. La transparencia en los algoritmos y la rendición de
cuentas son elementos esenciales para garantizar que la IA contribuya efectivamente a la justicia sin
generar nuevas formas de vulneración de derechos (McGinnis et al., 2022).
Implicaciones prácticas y futuras líneas de investigación
pág. 773
Los hallazgos sugieren que la IA tiene un potencial significativo para fortalecer la investigación de
feminicidios, siempre que se integre dentro de un marco multidimensional que combine capacidad
institucional, perspectiva de género y estándares éticos rigurosos. Las investigaciones futuras deberían
centrarse en evaluar la efectividad de algoritmos predictivos en contextos reales, desarrollar
metodologías para minimizar sesgos y diseñar estrategias de capacitación para operadores judiciales que
integren estas herramientas tecnológicas de manera crítica (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
La incorporación de tecnologías emergentes, particularmente la IA, representa una oportunidad
estratégica para mejorar la eficiencia y precisión de la investigación de feminicidios en México. Sin
embargo, su implementación requiere un enfoque crítico, ético y regulado, que considere los riesgos de
sesgo, violación de derechos y dependencia excesiva de la tecnología. La discusión teórica evidencia
que la IA puede ser un instrumento transformador, pero solo si se integra con políticas públicas
inclusivas, capacitación especializada y protocolos judiciales sensibles al género.
4. Conclusiones y Recomendaciones
La presente revisión sistemática sobre la investigación del feminicidio en México ha permitido
identificar y analizar críticamente las principales deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas
y el potencial de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, en la investigación
y sanción de estos delitos. La evidencia revisada demuestra que, a pesar de los avances legislativos y
normativos en materia de violencia de género, persisten obstáculos estructurales que limitan la
efectividad de la justicia y el acceso a los derechos de las víctimas y sus familias.
En primer lugar, la categoría de deficiencias institucionales evidencia que la falta de capacitación
especializada, la fragmentación administrativa y la ausencia de protocolos homogéneos con perspectiva
de género constituyen barreras críticas en todas las etapas de la investigación. Estos problemas generan
subregistro de casos, retrasos procesales y errores en la tipificación del feminicidio, que contribuyen a
la perpetuación de la impunidad y a la desconfianza social hacia las instituciones judiciales (Ávila
Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; SemMéxico, 2026). La discusión teórica muestra que la criminología
feminista y la teoría de sistemas explican cómo estas deficiencias institucionales no son incidentales,
sino producto de estructuras organizativas y culturales que reproducen desigualdades de género
(Chesney-Lind & Faith, 2018; OECD, 2021).
Los hallazgos sugieren que la IA tiene un potencial significativo para fortalecer la investigación de
feminicidios, siempre que se integre dentro de un marco multidimensional que combine capacidad
institucional, perspectiva de género y estándares éticos rigurosos. Las investigaciones futuras deberían
centrarse en evaluar la efectividad de algoritmos predictivos en contextos reales, desarrollar
metodologías para minimizar sesgos y diseñar estrategias de capacitación para operadores judiciales que
integren estas herramientas tecnológicas de manera crítica (Burrell, 2016; McGinnis et al., 2022).
La incorporación de tecnologías emergentes, particularmente la IA, representa una oportunidad
estratégica para mejorar la eficiencia y precisión de la investigación de feminicidios en México. Sin
embargo, su implementación requiere un enfoque crítico, ético y regulado, que considere los riesgos de
sesgo, violación de derechos y dependencia excesiva de la tecnología. La discusión teórica evidencia
que la IA puede ser un instrumento transformador, pero solo si se integra con políticas públicas
inclusivas, capacitación especializada y protocolos judiciales sensibles al género.
4. Conclusiones y Recomendaciones
La presente revisión sistemática sobre la investigación del feminicidio en México ha permitido
identificar y analizar críticamente las principales deficiencias institucionales, las consecuencias jurídicas
y el potencial de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, en la investigación
y sanción de estos delitos. La evidencia revisada demuestra que, a pesar de los avances legislativos y
normativos en materia de violencia de género, persisten obstáculos estructurales que limitan la
efectividad de la justicia y el acceso a los derechos de las víctimas y sus familias.
En primer lugar, la categoría de deficiencias institucionales evidencia que la falta de capacitación
especializada, la fragmentación administrativa y la ausencia de protocolos homogéneos con perspectiva
de género constituyen barreras críticas en todas las etapas de la investigación. Estos problemas generan
subregistro de casos, retrasos procesales y errores en la tipificación del feminicidio, que contribuyen a
la perpetuación de la impunidad y a la desconfianza social hacia las instituciones judiciales (Ávila
Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022; SemMéxico, 2026). La discusión teórica muestra que la criminología
feminista y la teoría de sistemas explican cómo estas deficiencias institucionales no son incidentales,
sino producto de estructuras organizativas y culturales que reproducen desigualdades de género
(Chesney-Lind & Faith, 2018; OECD, 2021).
pág. 774
En segundo lugar, las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias incluyen impunidad,
desigualdad en la aplicación de la ley y revictimización de familiares. La revisión de literatura muestra
que un elevado porcentaje de feminicidios no llega a juicio, o resulta en sentencias absolutorias, mientras
que los familiares enfrentan procesos judiciales prolongados y traumáticos (Human Rights Watch, 2025;
SemMéxico, 2026). La teoría del derecho crítico de género aporta un marco para comprender cómo la
norma legal, por sí sola, no garantiza justicia efectiva si no se acompaña de prácticas institucionales
sensibles al género (Connell, 2020).
La categoría de tecnologías emergentes evidencia que la inteligencia artificial tiene un potencial
significativo para mejorar la eficiencia y precisión en la investigación de feminicidios. La IA puede
sistematizar datos, identificar patrones y priorizar investigaciones, contribuyendo a una gestión más
efectiva de los casos (McGinnis et al., 2022). Sin embargo, la literatura también resalta riesgos éticos y
metodológicos, como sesgos en los algoritmos, exposición de datos sensibles y dependencia excesiva
de la tecnología (Burrell, 2016). La discusión teórica muestra que la IA debe ser implementada como un
instrumento complementario al juicio profesional y la sensibilidad de género, dentro de un marco
regulatorio claro y transparente.
Recomendaciones
A partir de los hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer la investigación y
sanción del feminicidio en México:
1. Capacitación y sensibilización institucional: Implementar programas continuos de formación
para fiscales, policías y jueces, con énfasis en perspectiva de género y protocolos de
investigación especializados.
2. Coordinación y unificación de protocolos: Establecer estándares nacionales homogéneos para
la investigación de feminicidios, con sistemas centralizados de información que permitan el
seguimiento de patrones y la reducción del subregistro.
3. Fortalecimiento del marco jurídico: Revisar y armonizar la legislación federal y local sobre
feminicidio, asegurando criterios claros de tipificación y sanción, y mecanismos que garanticen
igualdad en la aplicación de la ley.
En segundo lugar, las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias incluyen impunidad,
desigualdad en la aplicación de la ley y revictimización de familiares. La revisión de literatura muestra
que un elevado porcentaje de feminicidios no llega a juicio, o resulta en sentencias absolutorias, mientras
que los familiares enfrentan procesos judiciales prolongados y traumáticos (Human Rights Watch, 2025;
SemMéxico, 2026). La teoría del derecho crítico de género aporta un marco para comprender cómo la
norma legal, por sí sola, no garantiza justicia efectiva si no se acompaña de prácticas institucionales
sensibles al género (Connell, 2020).
La categoría de tecnologías emergentes evidencia que la inteligencia artificial tiene un potencial
significativo para mejorar la eficiencia y precisión en la investigación de feminicidios. La IA puede
sistematizar datos, identificar patrones y priorizar investigaciones, contribuyendo a una gestión más
efectiva de los casos (McGinnis et al., 2022). Sin embargo, la literatura también resalta riesgos éticos y
metodológicos, como sesgos en los algoritmos, exposición de datos sensibles y dependencia excesiva
de la tecnología (Burrell, 2016). La discusión teórica muestra que la IA debe ser implementada como un
instrumento complementario al juicio profesional y la sensibilidad de género, dentro de un marco
regulatorio claro y transparente.
Recomendaciones
A partir de los hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer la investigación y
sanción del feminicidio en México:
1. Capacitación y sensibilización institucional: Implementar programas continuos de formación
para fiscales, policías y jueces, con énfasis en perspectiva de género y protocolos de
investigación especializados.
2. Coordinación y unificación de protocolos: Establecer estándares nacionales homogéneos para
la investigación de feminicidios, con sistemas centralizados de información que permitan el
seguimiento de patrones y la reducción del subregistro.
3. Fortalecimiento del marco jurídico: Revisar y armonizar la legislación federal y local sobre
feminicidio, asegurando criterios claros de tipificación y sanción, y mecanismos que garanticen
igualdad en la aplicación de la ley.
pág. 775
4. Incorporación ética de tecnologías emergentes: Desarrollar marcos regulatorios que guíen el uso
de IA en investigaciones criminales, incluyendo transparencia de algoritmos, protección de
datos, control de sesgos y supervisión humana en la interpretación de resultados.
5. Prevención y políticas públicas basadas en evidencia: Implementar estrategias preventivas
apoyadas en análisis de datos, intervenciones tempranas y programas comunitarios de educación
sobre igualdad de género y violencia feminicida.
6. Investigación futura: Promover estudios que evalúen la efectividad de la IA en la investigación
de feminicidios, incluyendo análisis de casos reales y desarrollo de metodologías que integren
evidencia empírica, ética y perspectiva de género.
El feminicidio en México representa un desafío complejo que requiere un enfoque multidimensional.
La evidencia revisada demuestra que la combinación de deficiencias institucionales, desigualdad en la
aplicación jurídica y riesgos asociados al uso de tecnología emergente limita la justicia efectiva. Sin
embargo, la integración de capacitación especializada, coordinación institucional, políticas basadas en
evidencia y uso crítico de la inteligencia artificial ofrece un camino prometedor para mejorar la
investigación, sanción y prevención de estos delitos. Este estudio proporciona un marco analítico que
contribuye a la comprensión crítica del fenómeno y sugiere estrategias concretas para avanzar hacia una
justicia más eficaz y sensible al género en México.
Tabla 1: Síntesis principales hallazgos
Categoría de
análisis Hallazgos principales Evidencia y autores Implicaciones
Deficiencias
institucionales
- Falta de capacitación
especializada de
fiscales, policías y
jueces.
- Fragmentación
administrativa entre
entidades federales,
estatales y locales.
- Protocolos de
investigación no
homogéneos ni con
perspectiva de género.
- Subregistro de casos y
clasificación incorrecta
de feminicidios.
Ávila Sánchez &
Jáuregui Díaz
(2022); SemMéxico
(2026); Chesney-
Lind & Faith (2018);
OECD (2021)
Genera retrasos en las
investigaciones, impide la
recolección adecuada de evidencia y
perpetúa la impunidad. Requiere
capacitación continua y
coordinación interinstitucional.
4. Incorporación ética de tecnologías emergentes: Desarrollar marcos regulatorios que guíen el uso
de IA en investigaciones criminales, incluyendo transparencia de algoritmos, protección de
datos, control de sesgos y supervisión humana en la interpretación de resultados.
5. Prevención y políticas públicas basadas en evidencia: Implementar estrategias preventivas
apoyadas en análisis de datos, intervenciones tempranas y programas comunitarios de educación
sobre igualdad de género y violencia feminicida.
6. Investigación futura: Promover estudios que evalúen la efectividad de la IA en la investigación
de feminicidios, incluyendo análisis de casos reales y desarrollo de metodologías que integren
evidencia empírica, ética y perspectiva de género.
El feminicidio en México representa un desafío complejo que requiere un enfoque multidimensional.
La evidencia revisada demuestra que la combinación de deficiencias institucionales, desigualdad en la
aplicación jurídica y riesgos asociados al uso de tecnología emergente limita la justicia efectiva. Sin
embargo, la integración de capacitación especializada, coordinación institucional, políticas basadas en
evidencia y uso crítico de la inteligencia artificial ofrece un camino prometedor para mejorar la
investigación, sanción y prevención de estos delitos. Este estudio proporciona un marco analítico que
contribuye a la comprensión crítica del fenómeno y sugiere estrategias concretas para avanzar hacia una
justicia más eficaz y sensible al género en México.
Tabla 1: Síntesis principales hallazgos
Categoría de
análisis Hallazgos principales Evidencia y autores Implicaciones
Deficiencias
institucionales
- Falta de capacitación
especializada de
fiscales, policías y
jueces.
- Fragmentación
administrativa entre
entidades federales,
estatales y locales.
- Protocolos de
investigación no
homogéneos ni con
perspectiva de género.
- Subregistro de casos y
clasificación incorrecta
de feminicidios.
Ávila Sánchez &
Jáuregui Díaz
(2022); SemMéxico
(2026); Chesney-
Lind & Faith (2018);
OECD (2021)
Genera retrasos en las
investigaciones, impide la
recolección adecuada de evidencia y
perpetúa la impunidad. Requiere
capacitación continua y
coordinación interinstitucional.
pág. 776
Categoría de
análisis Hallazgos principales Evidencia y autores Implicaciones
Consecuencias
jurídicas
- Impunidad elevada:
bajo porcentaje de
feminicidios recibe
sentencia condenatoria.
- Revictimización de
familiares por procesos
judiciales largos y
traumáticos.
- Desigualdad en la
aplicación de la ley entre
estados.
- Dificultad para
armonizar tipificación
legal y sanciones.
Human Rights Watch
(2025); SemMéxico
(2026); Ávila
Sánchez & Jáuregui
Díaz (2022); Connell
(2020)
Refuerza patrones de violencia y
debilita la confianza en el sistema de
justicia. Se requiere fortalecimiento
del marco jurídico, medidas de
reparación para familiares y
seguimiento de casos.
Tecnologías
emergentes (IA
en investigación)
- Potencial de análisis
predictivo y detección
de patrones en grandes
volúmenes de datos.
- Optimización de
asignación de recursos y
priorización de
investigaciones.
- Posible integración en
alertas tempranas y
prevención de casos.
- Riesgo de sesgos
algorítmicos, violación
de privacidad y
dependencia excesiva de
la tecnología.
McGinnis et al.
(2022); Burrell
(2016); Chesney-
Lind & Faith (2018)
La IA puede fortalecer la eficiencia
institucional y reducir la impunidad
si se implementa éticamente y como
complemento al juicio profesional.
Requiere regulación, supervisión
humana y control de sesgos.
Contexto social y
cultural
- Factores estructurales
como desigualdad de
género, normas
culturales y violencia
normalizada.
- Influencia del estigma
social y percepción
pública de la violencia
feminicida.
- Barreras culturales que
afectan la denuncia y
seguimiento de casos.
Heise (2019);
Chesney-Lind &
Faith (2018); OECD
(2021)
La comprensión del contexto
cultural es crucial para la
implementación de políticas
preventivas, programas educativos y
estrategias de sensibilización social.
Fuente: Elaboración propia
Categoría de
análisis Hallazgos principales Evidencia y autores Implicaciones
Consecuencias
jurídicas
- Impunidad elevada:
bajo porcentaje de
feminicidios recibe
sentencia condenatoria.
- Revictimización de
familiares por procesos
judiciales largos y
traumáticos.
- Desigualdad en la
aplicación de la ley entre
estados.
- Dificultad para
armonizar tipificación
legal y sanciones.
Human Rights Watch
(2025); SemMéxico
(2026); Ávila
Sánchez & Jáuregui
Díaz (2022); Connell
(2020)
Refuerza patrones de violencia y
debilita la confianza en el sistema de
justicia. Se requiere fortalecimiento
del marco jurídico, medidas de
reparación para familiares y
seguimiento de casos.
Tecnologías
emergentes (IA
en investigación)
- Potencial de análisis
predictivo y detección
de patrones en grandes
volúmenes de datos.
- Optimización de
asignación de recursos y
priorización de
investigaciones.
- Posible integración en
alertas tempranas y
prevención de casos.
- Riesgo de sesgos
algorítmicos, violación
de privacidad y
dependencia excesiva de
la tecnología.
McGinnis et al.
(2022); Burrell
(2016); Chesney-
Lind & Faith (2018)
La IA puede fortalecer la eficiencia
institucional y reducir la impunidad
si se implementa éticamente y como
complemento al juicio profesional.
Requiere regulación, supervisión
humana y control de sesgos.
Contexto social y
cultural
- Factores estructurales
como desigualdad de
género, normas
culturales y violencia
normalizada.
- Influencia del estigma
social y percepción
pública de la violencia
feminicida.
- Barreras culturales que
afectan la denuncia y
seguimiento de casos.
Heise (2019);
Chesney-Lind &
Faith (2018); OECD
(2021)
La comprensión del contexto
cultural es crucial para la
implementación de políticas
preventivas, programas educativos y
estrategias de sensibilización social.
Fuente: Elaboración propia
pág. 777
CONCLUSIONES
La presente revisión sistemática sobre la investigación del feminicidio en México, con enfoque en
deficiencias institucionales, consecuencias jurídicas y el potencial de las tecnologías emergentes, ha
permitido construir un panorama integral del fenómeno, sus limitaciones estructurales y sus posibles
vías de mejora. A partir del análisis crítico de la literatura científica y de informes institucionales, se
puede afirmar que, aunque existen avances significativos en la legislación y la concienciación social,
persisten barreras estructurales que dificultan la investigación efectiva, la sanción de los responsables y
la garantía de derechos de las víctimas y sus familias.
En primer lugar, la categoría de deficiencias institucionales evidencia que la investigación del
feminicidio en México se enfrenta a retos estructurales profundamente arraigados en la organización y
funcionamiento de las instituciones de justicia. La literatura revisada indica que la capacitación
insuficiente de policías, fiscales, peritos y jueces constituye uno de los factores más críticos que afectan
la identificación, recolección de pruebas y tipificación correcta de los casos (Ávila Sánchez & Jáuregui
Díaz, 2022; Chesney-Lind & Faith, 2018). Esta carencia de formación especializada no solo limita la
eficacia de las investigaciones, sino que contribuye a la revictimización de familiares y afecta la
confianza de la sociedad en el sistema judicial.
La fragmentación administrativa entre instituciones federales, estatales y locales emerge como otro
obstáculo importante. La revisión evidencia que la falta de coordinación interinstitucional genera
duplicidad de funciones, pérdida de evidencia y retrasos procesales, afectando directamente la
probabilidad de que los casos culminen en una condena. Esta fragmentación se ve reforzada por la
heterogeneidad en la implementación de protocolos de investigación, ya que cada entidad federativa
establece criterios propios, lo que dificulta la sistematización de información y la identificación de
patrones delictivos nacionales (OECD, 2021; SemMéxico, 2026).
El subregistro de casos y la clasificación incorrecta de feminicidios son fenómenos recurrentes
documentados en múltiples estudios. La evidencia sugiere que muchos asesinatos de mujeres son
reportados como homicidios comunes, lo que genera un déficit de información crucial para la
construcción de políticas públicas basadas en evidencia (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Desde
una perspectiva teórica, estas deficiencias institucionales pueden analizarse a través de la criminología
CONCLUSIONES
La presente revisión sistemática sobre la investigación del feminicidio en México, con enfoque en
deficiencias institucionales, consecuencias jurídicas y el potencial de las tecnologías emergentes, ha
permitido construir un panorama integral del fenómeno, sus limitaciones estructurales y sus posibles
vías de mejora. A partir del análisis crítico de la literatura científica y de informes institucionales, se
puede afirmar que, aunque existen avances significativos en la legislación y la concienciación social,
persisten barreras estructurales que dificultan la investigación efectiva, la sanción de los responsables y
la garantía de derechos de las víctimas y sus familias.
En primer lugar, la categoría de deficiencias institucionales evidencia que la investigación del
feminicidio en México se enfrenta a retos estructurales profundamente arraigados en la organización y
funcionamiento de las instituciones de justicia. La literatura revisada indica que la capacitación
insuficiente de policías, fiscales, peritos y jueces constituye uno de los factores más críticos que afectan
la identificación, recolección de pruebas y tipificación correcta de los casos (Ávila Sánchez & Jáuregui
Díaz, 2022; Chesney-Lind & Faith, 2018). Esta carencia de formación especializada no solo limita la
eficacia de las investigaciones, sino que contribuye a la revictimización de familiares y afecta la
confianza de la sociedad en el sistema judicial.
La fragmentación administrativa entre instituciones federales, estatales y locales emerge como otro
obstáculo importante. La revisión evidencia que la falta de coordinación interinstitucional genera
duplicidad de funciones, pérdida de evidencia y retrasos procesales, afectando directamente la
probabilidad de que los casos culminen en una condena. Esta fragmentación se ve reforzada por la
heterogeneidad en la implementación de protocolos de investigación, ya que cada entidad federativa
establece criterios propios, lo que dificulta la sistematización de información y la identificación de
patrones delictivos nacionales (OECD, 2021; SemMéxico, 2026).
El subregistro de casos y la clasificación incorrecta de feminicidios son fenómenos recurrentes
documentados en múltiples estudios. La evidencia sugiere que muchos asesinatos de mujeres son
reportados como homicidios comunes, lo que genera un déficit de información crucial para la
construcción de políticas públicas basadas en evidencia (Ávila Sánchez & Jáuregui Díaz, 2022). Desde
una perspectiva teórica, estas deficiencias institucionales pueden analizarse a través de la criminología
pág. 778
feminista, que sostiene que las instituciones judiciales reflejan y reproducen desigualdades de género
presentes en la sociedad, y que la ausencia de sensibilidad hacia estas desigualdades perpetúa la
impunidad y la vulnerabilidad de las mujeres (Chesney-Lind & Faith, 2018).
En segundo lugar, las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias institucionales representan
un desafío crítico para la justicia en México. La revisión sistemática evidencia que un elevado porcentaje
de feminicidios no llega a juicio, o bien, los procesos judiciales culminan en sentencias absolutorias.
Esta situación de impunidad estructural tiene efectos directos sobre la percepción social de la justicia y
la legitimidad del sistema penal (Human Rights Watch, 2025). La revictimización de familiares, que se
ven obligados a enfrentar largos procesos judiciales, presentar repetidamente pruebas y soportar
procedimientos burocráticos, añade un componente adicional de trauma y vulneración de derechos
fundamentales (SemMéxico, 2026).
La desigualdad en la aplicación de la ley entre estados es otra consecuencia jurídica crítica. Aunque la
tipificación del feminicidio existe a nivel federal desde 2012, la variabilidad en la interpretación y
aplicación de la normativa entre las distintas entidades federativas genera disparidades significativas en
la duración de los procesos, la calificación de los delitos y las penas impuestas (Ávila Sánchez &
Jáuregui Díaz, 2022). Este fenómeno puede explicarse a partir de la teoría del derecho crítico de género,
que sostiene que la ley no es neutral y que, sin prácticas institucionales sensibles al género, la normativa
puede reforzar desigualdades existentes (Connell, 2020).
Un tercer hallazgo fundamental de la revisión es el papel emergente de tecnologías como la inteligencia
artificial (IA) en la investigación de feminicidios. La evidencia indica que la IA tiene un gran potencial
para optimizar la recolección y análisis de datos, identificar patrones de violencia, priorizar
investigaciones y generar alertas tempranas (McGinnis et al., 2022; Burrell, 2016). Los sistemas de
aprendizaje automático permiten procesar grandes volúmenes de información proveniente de bases de
datos policiales, expedientes judiciales, redes sociales y medios de comunicación, lo que facilita la
identificación de clusters de casos y la detección de comportamientos recurrentes entre agresores. Este
tipo de aplicaciones se alinea con la teoría de la prevención situacional del delito, que plantea que la
intervención temprana y estratégica puede reducir la ocurrencia de delitos graves (Heise, 2019).
feminista, que sostiene que las instituciones judiciales reflejan y reproducen desigualdades de género
presentes en la sociedad, y que la ausencia de sensibilidad hacia estas desigualdades perpetúa la
impunidad y la vulnerabilidad de las mujeres (Chesney-Lind & Faith, 2018).
En segundo lugar, las consecuencias jurídicas derivadas de estas deficiencias institucionales representan
un desafío crítico para la justicia en México. La revisión sistemática evidencia que un elevado porcentaje
de feminicidios no llega a juicio, o bien, los procesos judiciales culminan en sentencias absolutorias.
Esta situación de impunidad estructural tiene efectos directos sobre la percepción social de la justicia y
la legitimidad del sistema penal (Human Rights Watch, 2025). La revictimización de familiares, que se
ven obligados a enfrentar largos procesos judiciales, presentar repetidamente pruebas y soportar
procedimientos burocráticos, añade un componente adicional de trauma y vulneración de derechos
fundamentales (SemMéxico, 2026).
La desigualdad en la aplicación de la ley entre estados es otra consecuencia jurídica crítica. Aunque la
tipificación del feminicidio existe a nivel federal desde 2012, la variabilidad en la interpretación y
aplicación de la normativa entre las distintas entidades federativas genera disparidades significativas en
la duración de los procesos, la calificación de los delitos y las penas impuestas (Ávila Sánchez &
Jáuregui Díaz, 2022). Este fenómeno puede explicarse a partir de la teoría del derecho crítico de género,
que sostiene que la ley no es neutral y que, sin prácticas institucionales sensibles al género, la normativa
puede reforzar desigualdades existentes (Connell, 2020).
Un tercer hallazgo fundamental de la revisión es el papel emergente de tecnologías como la inteligencia
artificial (IA) en la investigación de feminicidios. La evidencia indica que la IA tiene un gran potencial
para optimizar la recolección y análisis de datos, identificar patrones de violencia, priorizar
investigaciones y generar alertas tempranas (McGinnis et al., 2022; Burrell, 2016). Los sistemas de
aprendizaje automático permiten procesar grandes volúmenes de información proveniente de bases de
datos policiales, expedientes judiciales, redes sociales y medios de comunicación, lo que facilita la
identificación de clusters de casos y la detección de comportamientos recurrentes entre agresores. Este
tipo de aplicaciones se alinea con la teoría de la prevención situacional del delito, que plantea que la
intervención temprana y estratégica puede reducir la ocurrencia de delitos graves (Heise, 2019).
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Sin embargo, la implementación de IA también conlleva riesgos éticos, legales y metodológicos que no
pueden ser ignorados. La literatura revisada documenta la existencia de sesgos en los algoritmos,
derivados de bases de datos incompletas o históricamente discriminatorias, lo que podría excluir de los
análisis a ciertos grupos de víctimas, particularmente mujeres indígenas, rurales o pertenecientes a
comunidades marginadas (Burrell, 2016). El manejo de datos sensibles plantea riesgos de violación de
privacidad y requiere protocolos estrictos que aseguren la protección de la información personal de las
víctimas y sus familias. La dependencia excesiva de la tecnología, sin supervisión humana y juicio
crítico, también podría generar falsas expectativas sobre la capacidad de resolución de casos, relegando
la importancia del trabajo profesional de fiscales, policías y jueces (Chesney-Lind & Faith, 2018).
La integración de la IA debe ser entendida desde un enfoque socio-técnico y de justicia crítica de género,
que reconozca que la tecnología interactúa con contextos sociales, jurídicos e institucionales y que su
efectividad depende de la calidad de los datos, la regulación ética y la capacitación del personal que la
opera (Burrell, 2016; Connell, 2020). En este sentido, la IA puede constituir un instrumento
transformador en la investigación de feminicidios, pero solo si se implementa de manera ética,
complementaria y regulada, dentro de un marco institucional sólido.
Otro elemento que surge de la revisión es la importancia de considerar el contexto social y cultural en
el análisis del feminicidio. La literatura evidencia que factores estructurales como la desigualdad de
género, las normas culturales que normalizan la violencia contra las mujeres y la percepción pública de
estos delitos afectan tanto la incidencia del feminicidio como la disposición de las víctimas y familiares
a denunciar (Heise, 2019; Chesney-Lind & Faith, 2018). Comprender estos factores es fundamental para
diseñar políticas preventivas, estrategias de sensibilización social y programas educativos que aborden
la raíz cultural del problema, no solo sus manifestaciones legales.
En términos prácticos, los hallazgos de esta revisión sistemática sugieren varias líneas de acción:
1. Fortalecimiento institucional: Establecer programas de capacitación continua con enfoque de
género para todos los actores del sistema de justicia penal y estandarizar protocolos de
investigación a nivel nacional.
2. Armonización normativa: Revisar y unificar la tipificación del feminicidio y criterios de
aplicación entre estados, para garantizar igualdad de acceso a la justicia y coherencia jurídica.
Sin embargo, la implementación de IA también conlleva riesgos éticos, legales y metodológicos que no
pueden ser ignorados. La literatura revisada documenta la existencia de sesgos en los algoritmos,
derivados de bases de datos incompletas o históricamente discriminatorias, lo que podría excluir de los
análisis a ciertos grupos de víctimas, particularmente mujeres indígenas, rurales o pertenecientes a
comunidades marginadas (Burrell, 2016). El manejo de datos sensibles plantea riesgos de violación de
privacidad y requiere protocolos estrictos que aseguren la protección de la información personal de las
víctimas y sus familias. La dependencia excesiva de la tecnología, sin supervisión humana y juicio
crítico, también podría generar falsas expectativas sobre la capacidad de resolución de casos, relegando
la importancia del trabajo profesional de fiscales, policías y jueces (Chesney-Lind & Faith, 2018).
La integración de la IA debe ser entendida desde un enfoque socio-técnico y de justicia crítica de género,
que reconozca que la tecnología interactúa con contextos sociales, jurídicos e institucionales y que su
efectividad depende de la calidad de los datos, la regulación ética y la capacitación del personal que la
opera (Burrell, 2016; Connell, 2020). En este sentido, la IA puede constituir un instrumento
transformador en la investigación de feminicidios, pero solo si se implementa de manera ética,
complementaria y regulada, dentro de un marco institucional sólido.
Otro elemento que surge de la revisión es la importancia de considerar el contexto social y cultural en
el análisis del feminicidio. La literatura evidencia que factores estructurales como la desigualdad de
género, las normas culturales que normalizan la violencia contra las mujeres y la percepción pública de
estos delitos afectan tanto la incidencia del feminicidio como la disposición de las víctimas y familiares
a denunciar (Heise, 2019; Chesney-Lind & Faith, 2018). Comprender estos factores es fundamental para
diseñar políticas preventivas, estrategias de sensibilización social y programas educativos que aborden
la raíz cultural del problema, no solo sus manifestaciones legales.
En términos prácticos, los hallazgos de esta revisión sistemática sugieren varias líneas de acción:
1. Fortalecimiento institucional: Establecer programas de capacitación continua con enfoque de
género para todos los actores del sistema de justicia penal y estandarizar protocolos de
investigación a nivel nacional.
2. Armonización normativa: Revisar y unificar la tipificación del feminicidio y criterios de
aplicación entre estados, para garantizar igualdad de acceso a la justicia y coherencia jurídica.
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3. Uso ético y regulado de la IA: Implementar herramientas de análisis predictivo y procesamiento
de datos bajo marcos regulatorios claros, que controlen sesgos, protejan datos sensibles y
complementen la investigación humana.
4. Prevención y sensibilización social: Desarrollar campañas educativas y programas de
concienciación comunitaria que transformen normas culturales que perpetúan la violencia de
género.
5. Investigación futura: Realizar estudios empíricos que evalúen la efectividad de la IA en casos
reales, integrando evidencia cuantitativa, cualitativa y análisis ético, para desarrollar
metodologías robustas y replicables.
El feminicidio en México constituye un fenómeno complejo, multidimensional y profundamente
arraigado en estructuras sociales, institucionales y culturales. Esta revisión sistemática demuestra que
las leyes por sí solas no garantizan justicia, sino que es necesario un enfoque integral que combine
fortalecimiento institucional, capacitación especializada, coordinación interinstitucional, uso ético de
tecnologías emergentes y políticas preventivas basadas en evidencia. La investigación aporta evidencia
para comprender cómo los factores estructurales, jurídicos y tecnológicos interactúan en la perpetuación
de la violencia feminicida y cómo pueden implementarse estrategias concretas para mejorar la
investigación, sanción y prevención de estos delitos.
El estudio también subraya la necesidad de un enfoque crítico y multidisciplinario, que considere los
aportes de la criminología feminista, la teoría del derecho crítico de género, la prevención situacional
del delito y el análisis socio-técnico de la IA. Solo a través de la integración de estos enfoques será
posible desarrollar un sistema de justicia que sea eficiente, justo y sensible al género, capaz de enfrentar
el feminicidio como un problema social, cultural y legal.
Esta revisión sistemática no solo identifica las debilidades estructurales actuales, sino que también
propone lineamientos estratégicos para mejorar la investigación y la sanción del feminicidio, reforzar
los derechos de las víctimas y sus familiares, y aprovechar el potencial de la tecnología de manera ética
y responsable. La evidencia recopilada sugiere que, si se implementan estas medidas de manera integral,
México podría avanzar hacia un modelo de justicia penal más efectivo, equitativo y sensible al género,
contribuyendo así a la reducción de la violencia feminicida y al fortalecimiento del Estado de derecho.
3. Uso ético y regulado de la IA: Implementar herramientas de análisis predictivo y procesamiento
de datos bajo marcos regulatorios claros, que controlen sesgos, protejan datos sensibles y
complementen la investigación humana.
4. Prevención y sensibilización social: Desarrollar campañas educativas y programas de
concienciación comunitaria que transformen normas culturales que perpetúan la violencia de
género.
5. Investigación futura: Realizar estudios empíricos que evalúen la efectividad de la IA en casos
reales, integrando evidencia cuantitativa, cualitativa y análisis ético, para desarrollar
metodologías robustas y replicables.
El feminicidio en México constituye un fenómeno complejo, multidimensional y profundamente
arraigado en estructuras sociales, institucionales y culturales. Esta revisión sistemática demuestra que
las leyes por sí solas no garantizan justicia, sino que es necesario un enfoque integral que combine
fortalecimiento institucional, capacitación especializada, coordinación interinstitucional, uso ético de
tecnologías emergentes y políticas preventivas basadas en evidencia. La investigación aporta evidencia
para comprender cómo los factores estructurales, jurídicos y tecnológicos interactúan en la perpetuación
de la violencia feminicida y cómo pueden implementarse estrategias concretas para mejorar la
investigación, sanción y prevención de estos delitos.
El estudio también subraya la necesidad de un enfoque crítico y multidisciplinario, que considere los
aportes de la criminología feminista, la teoría del derecho crítico de género, la prevención situacional
del delito y el análisis socio-técnico de la IA. Solo a través de la integración de estos enfoques será
posible desarrollar un sistema de justicia que sea eficiente, justo y sensible al género, capaz de enfrentar
el feminicidio como un problema social, cultural y legal.
Esta revisión sistemática no solo identifica las debilidades estructurales actuales, sino que también
propone lineamientos estratégicos para mejorar la investigación y la sanción del feminicidio, reforzar
los derechos de las víctimas y sus familiares, y aprovechar el potencial de la tecnología de manera ética
y responsable. La evidencia recopilada sugiere que, si se implementan estas medidas de manera integral,
México podría avanzar hacia un modelo de justicia penal más efectivo, equitativo y sensible al género,
contribuyendo así a la reducción de la violencia feminicida y al fortalecimiento del Estado de derecho.
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