FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS
INSTITUCIONALES, LA REVICTIMIZACIÓN Y
LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL
SISTEMA JUDICIAL
STRENGTHENING ACCESS TO JUSTICE FOR VICTIMS OF
GENDER VIOLENCE: PROPOSALS TO OVERCOME INSTITUTIONAL
BARRIERS, REVICTIMIZATION, AND LACK OF AWARENESS IN
THE JUDICIAL SYSTEM
Brenda Areli Mata Morales
Centro Universitario Continental, Mexico
pág. 3654
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24365
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia para las Víctimas de Violencia de
Género: Propuestas para Superar las Barreras Institucionales, la
Revictimización y la Falta de Sensibilización en el Sistema Judicial
Brenda Areli Mata Morales1
brendaamm0408@gmail.com
Centro Universitario Continental
Pachuca de Soto, Hidalgo
Mexico
RESUMEN
La violencia de género constituye una problemática social y jurídica que vulnera gravemente los
derechos humanos de las víctimas, especialmente de las mujeres. A pesar de la existencia de leyes y
mecanismos de protección, persisten diversas barreras institucionales que dificultan el acceso efectivo
a la justicia. Entre los principales obstáculos destacan la revictimización durante los procesos judiciales,
la falta de sensibilización por parte de los operadores de justicia y la insuficiencia de protocolos
especializados para la atención integral de las víctimas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar
las principales limitaciones existentes dentro del sistema judicial y proponer medidas orientadas al
fortalecimiento del acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. La investigación se
desarrolló mediante un enfoque cualitativo y documental, a partir del análisis de doctrina jurídica,
legislación nacional e internacional y estudios especializados en derechos humanos y perspectiva de
género. Los resultados muestran que la burocracia institucional, los prejuicios de género y la escasa
capacitación especializada continúan afectando la protección efectiva de las víctimas. Se concluye que
resulta indispensable implementar políticas públicas con perspectiva de género, capacitación obligatoria
para operadores judiciales y mecanismos de acompañamiento psicológico y jurídico que permitan
garantizar una justicia más humana, eficiente e inclusiva.
Palabras clave: violencia de género, acceso a la justicia, revictimización, perspectiva de género,
sistema judicial, derechos humanos, barreras institucionales, sensibilización judicial.
1 Autor principal
Correspondencia: brendaamm0408@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24365
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia para las Víctimas de Violencia de
Género: Propuestas para Superar las Barreras Institucionales, la
Revictimización y la Falta de Sensibilización en el Sistema Judicial
Brenda Areli Mata Morales1
brendaamm0408@gmail.com
Centro Universitario Continental
Pachuca de Soto, Hidalgo
Mexico
RESUMEN
La violencia de género constituye una problemática social y jurídica que vulnera gravemente los
derechos humanos de las víctimas, especialmente de las mujeres. A pesar de la existencia de leyes y
mecanismos de protección, persisten diversas barreras institucionales que dificultan el acceso efectivo
a la justicia. Entre los principales obstáculos destacan la revictimización durante los procesos judiciales,
la falta de sensibilización por parte de los operadores de justicia y la insuficiencia de protocolos
especializados para la atención integral de las víctimas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar
las principales limitaciones existentes dentro del sistema judicial y proponer medidas orientadas al
fortalecimiento del acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. La investigación se
desarrolló mediante un enfoque cualitativo y documental, a partir del análisis de doctrina jurídica,
legislación nacional e internacional y estudios especializados en derechos humanos y perspectiva de
género. Los resultados muestran que la burocracia institucional, los prejuicios de género y la escasa
capacitación especializada continúan afectando la protección efectiva de las víctimas. Se concluye que
resulta indispensable implementar políticas públicas con perspectiva de género, capacitación obligatoria
para operadores judiciales y mecanismos de acompañamiento psicológico y jurídico que permitan
garantizar una justicia más humana, eficiente e inclusiva.
Palabras clave: violencia de género, acceso a la justicia, revictimización, perspectiva de género,
sistema judicial, derechos humanos, barreras institucionales, sensibilización judicial.
1 Autor principal
Correspondencia: brendaamm0408@gmail.com
pág. 3655
Strengthening Access to Justice for Victims of Gender Violence:
Proposals to Overcome Institutional Barriers, Revictimization, and Lack of
Awareness in the Judicial System
ABSTRACT
Gender violence constitutes a social and legal problem that seriously violates the human rights of
victims, especially women. Despite the existence of laws and protection mechanisms, several
institutional barriers continue to hinder effective access to justice. Among the main obstacles are
revictimization during judicial proceedings, lack of awareness among justice operators, and insufficient
specialized protocols for comprehensive victim care. The objective of this paper is to analyze the main
limitations within the judicial system and propose measures aimed at strengthening access to justice for
victims of gender violence. The research was conducted through a qualitative and documentary
approach, based on the analysis of legal doctrine, national and international legislation, and specialized
studies on human rights and gender perspective. The results show that institutional bureaucracy, gender
prejudice, and limited specialized training continue to affect the effective protection of victims. It is
concluded that it is essential to implement public policies with a gender perspective, mandatory training
for judicial operators, and psychological and legal support mechanisms to ensure a more humane,
efficient, and inclusive justice system.
Keywords: gender violence, access to justice, revictimization, gender perspective, judicial system,
human rights, institutional barriers, judicial awareness
Artículo recibido 25 abril 2026
Aceptado para publicación: 25 mayo 2026
Strengthening Access to Justice for Victims of Gender Violence:
Proposals to Overcome Institutional Barriers, Revictimization, and Lack of
Awareness in the Judicial System
ABSTRACT
Gender violence constitutes a social and legal problem that seriously violates the human rights of
victims, especially women. Despite the existence of laws and protection mechanisms, several
institutional barriers continue to hinder effective access to justice. Among the main obstacles are
revictimization during judicial proceedings, lack of awareness among justice operators, and insufficient
specialized protocols for comprehensive victim care. The objective of this paper is to analyze the main
limitations within the judicial system and propose measures aimed at strengthening access to justice for
victims of gender violence. The research was conducted through a qualitative and documentary
approach, based on the analysis of legal doctrine, national and international legislation, and specialized
studies on human rights and gender perspective. The results show that institutional bureaucracy, gender
prejudice, and limited specialized training continue to affect the effective protection of victims. It is
concluded that it is essential to implement public policies with a gender perspective, mandatory training
for judicial operators, and psychological and legal support mechanisms to ensure a more humane,
efficient, and inclusive justice system.
Keywords: gender violence, access to justice, revictimization, gender perspective, judicial system,
human rights, institutional barriers, judicial awareness
Artículo recibido 25 abril 2026
Aceptado para publicación: 25 mayo 2026
pág. 3656
INTRODUCCIÓN
La violencia de género representa una de las principales problemáticas sociales y jurídicas en la
actualidad, debido a las graves consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales que genera
en las víctimas (ONU Mujeres, 2021). Este fenómeno constituye una violación a los derechos humanos
y refleja las desigualdades estructurales presentes dentro de la sociedad (Naciones Unidas, 1979).
En América Latina, diversos organismos internacionales han señalado la necesidad de fortalecer el
acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2021). Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y la creación de instituciones
especializadas, muchas víctimas continúan enfrentando obstáculos que dificultan la obtención de
protección y reparación efectiva (Bodelón, 2014).
Uno de los problemas más frecuentes es la revictimización institucional, la cual ocurre cuando las
víctimas son sometidas a prácticas que reproducen el daño sufrido, tales como interrogatorios
repetitivos, cuestionamientos sobre su conducta o falta de credibilidad (Segato, 2016). Asimismo, la
ausencia de sensibilización y capacitación en perspectiva de género dentro del sistema judicial
contribuye a la persistencia de estereotipos discriminatorios (Facio, 2002).
Por ello, el presente estudio tiene como finalidad analizar las principales barreras institucionales que
limitan el acceso a la justicia y proponer estrategias orientadas al fortalecimiento de un sistema judicial
más eficiente, sensible e inclusivo.
JUSTIFICACIÓN
La presente investigación resulta relevante debido al incremento de casos de violencia de género y a las
múltiples dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a una justicia pronta y efectiva
(Organización Mundial de la Salud, 2021). El estudio busca contribuir al análisis jurídico y social de
las deficiencias institucionales existentes dentro del sistema judicial (Carbonell, 2018).
Asimismo, esta investigación pretende generar propuestas orientadas a fortalecer la protección de los
derechos humanos mediante políticas públicas, capacitación especializada y protocolos de atención con
perspectiva de género (García Prince, 2008). De esta manera, se busca promover un sistema judicial
más humano, inclusivo y libre de discriminación (ONU Mujeres, 2021).
INTRODUCCIÓN
La violencia de género representa una de las principales problemáticas sociales y jurídicas en la
actualidad, debido a las graves consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales que genera
en las víctimas (ONU Mujeres, 2021). Este fenómeno constituye una violación a los derechos humanos
y refleja las desigualdades estructurales presentes dentro de la sociedad (Naciones Unidas, 1979).
En América Latina, diversos organismos internacionales han señalado la necesidad de fortalecer el
acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2021). Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y la creación de instituciones
especializadas, muchas víctimas continúan enfrentando obstáculos que dificultan la obtención de
protección y reparación efectiva (Bodelón, 2014).
Uno de los problemas más frecuentes es la revictimización institucional, la cual ocurre cuando las
víctimas son sometidas a prácticas que reproducen el daño sufrido, tales como interrogatorios
repetitivos, cuestionamientos sobre su conducta o falta de credibilidad (Segato, 2016). Asimismo, la
ausencia de sensibilización y capacitación en perspectiva de género dentro del sistema judicial
contribuye a la persistencia de estereotipos discriminatorios (Facio, 2002).
Por ello, el presente estudio tiene como finalidad analizar las principales barreras institucionales que
limitan el acceso a la justicia y proponer estrategias orientadas al fortalecimiento de un sistema judicial
más eficiente, sensible e inclusivo.
JUSTIFICACIÓN
La presente investigación resulta relevante debido al incremento de casos de violencia de género y a las
múltiples dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a una justicia pronta y efectiva
(Organización Mundial de la Salud, 2021). El estudio busca contribuir al análisis jurídico y social de
las deficiencias institucionales existentes dentro del sistema judicial (Carbonell, 2018).
Asimismo, esta investigación pretende generar propuestas orientadas a fortalecer la protección de los
derechos humanos mediante políticas públicas, capacitación especializada y protocolos de atención con
perspectiva de género (García Prince, 2008). De esta manera, se busca promover un sistema judicial
más humano, inclusivo y libre de discriminación (ONU Mujeres, 2021).
pág. 3657
Además del interés jurídico y social que motiva esta investigación, el estudio surge también a partir de
experiencias reales relacionadas con procesos institucionales de atención a víctimas de violencia de
género. La vivencia directa de prácticas de revictimización, falta de sensibilidad institucional y
deficiencias en la atención psicológica y ministerial permitió identificar cómo, en algunos casos, las
propias instituciones encargadas de proteger a las víctimas pueden generar nuevas afectaciones
emocionales y obstáculos en el acceso efectivo a la justicia (Bodelón, 2014). Esta experiencia
contribuyó a desarrollar una visión crítica y humana sobre la necesidad de fortalecer la capacitación, la
atención integral y la perspectiva de género dentro del sistema judicial.
MARCO TEÓRICO
Violencia de género
La violencia de género comprende toda acción u omisión basada en el género que cause daño físico,
psicológico, sexual, económico o patrimonial a una persona (Naciones Unidas, 1979). Este fenómeno
surge de relaciones desiguales de poder históricamente construidas dentro de la sociedad y afecta
principalmente a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad (Lagarde, 2005).
La violencia de género no se limita únicamente a agresiones físicas, sino que también incluye conductas
de control, amenazas, humillaciones, discriminación, violencia emocional y cualquier acto que tenga
como finalidad limitar la libertad, dignidad o desarrollo integral de las personas (OMS, 2021). Estas
manifestaciones pueden presentarse en distintos ámbitos, como el familiar, laboral, educativo, social e
institucional.
Diversos organismos internacionales han reconocido que la violencia de género constituye una
violación grave a los derechos humanos, debido a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que
genera en las víctimas (ONU Mujeres, 2021). Asimismo, este problema refleja la persistencia de
desigualdades estructurales y estereotipos de género que continúan reproduciendo situaciones de
discriminación y violencia dentro de la sociedad (Segato, 2016).
Además de las afectaciones inmediatas, la violencia de género puede provocar consecuencias a largo
plazo, tales como ansiedad, depresión, aislamiento social, pérdida de autoestima y dificultades para
acceder a condiciones de vida seguras y dignas (OMS, 2021). Por ello, resulta indispensable que los
Además del interés jurídico y social que motiva esta investigación, el estudio surge también a partir de
experiencias reales relacionadas con procesos institucionales de atención a víctimas de violencia de
género. La vivencia directa de prácticas de revictimización, falta de sensibilidad institucional y
deficiencias en la atención psicológica y ministerial permitió identificar cómo, en algunos casos, las
propias instituciones encargadas de proteger a las víctimas pueden generar nuevas afectaciones
emocionales y obstáculos en el acceso efectivo a la justicia (Bodelón, 2014). Esta experiencia
contribuyó a desarrollar una visión crítica y humana sobre la necesidad de fortalecer la capacitación, la
atención integral y la perspectiva de género dentro del sistema judicial.
MARCO TEÓRICO
Violencia de género
La violencia de género comprende toda acción u omisión basada en el género que cause daño físico,
psicológico, sexual, económico o patrimonial a una persona (Naciones Unidas, 1979). Este fenómeno
surge de relaciones desiguales de poder históricamente construidas dentro de la sociedad y afecta
principalmente a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad (Lagarde, 2005).
La violencia de género no se limita únicamente a agresiones físicas, sino que también incluye conductas
de control, amenazas, humillaciones, discriminación, violencia emocional y cualquier acto que tenga
como finalidad limitar la libertad, dignidad o desarrollo integral de las personas (OMS, 2021). Estas
manifestaciones pueden presentarse en distintos ámbitos, como el familiar, laboral, educativo, social e
institucional.
Diversos organismos internacionales han reconocido que la violencia de género constituye una
violación grave a los derechos humanos, debido a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que
genera en las víctimas (ONU Mujeres, 2021). Asimismo, este problema refleja la persistencia de
desigualdades estructurales y estereotipos de género que continúan reproduciendo situaciones de
discriminación y violencia dentro de la sociedad (Segato, 2016).
Además de las afectaciones inmediatas, la violencia de género puede provocar consecuencias a largo
plazo, tales como ansiedad, depresión, aislamiento social, pérdida de autoestima y dificultades para
acceder a condiciones de vida seguras y dignas (OMS, 2021). Por ello, resulta indispensable que los
pág. 3658
Estados implementen mecanismos de prevención, protección y atención integral orientados a garantizar
los derechos humanos y la seguridad de las víctimas.
Acceso a la justicia
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que garantiza a toda persona la posibilidad de
acudir ante las autoridades competentes para obtener protección, atención y reparación efectiva frente
a la vulneración de sus derechos (Carbonell, 2018). Este derecho implica que las instituciones judiciales
actúen de manera pronta, imparcial, eficiente y libre de discriminación, asegurando condiciones
adecuadas para todas las personas.
En los casos de violencia de género, el acceso a la justicia adquiere una relevancia especial debido a la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas víctimas (CIDH, 2021). Sin embargo, a
pesar de la existencia de leyes y mecanismos de protección, numerosas personas continúan enfrentando
obstáculos institucionales que dificultan el ejercicio pleno de este derecho (Bodelón, 2014).
Entre las principales barreras se encuentran la burocracia excesiva, la falta de atención especializada, la
escasa capacitación en perspectiva de género, la lentitud de los procesos judiciales y la revictimización
dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia (Facio, 2002). Estas problemáticas generan
desconfianza hacia las autoridades y provocan que muchas víctimas desistan de denunciar o abandonar
sus procesos legales.
Asimismo, el acceso a la justicia no debe limitarse únicamente a la presentación de denuncias, sino que
también debe garantizar atención psicológica, asesoría jurídica, protección integral y acompañamiento
institucional durante todas las etapas del procedimiento (ONU Mujeres, 2021). La existencia de
mecanismos eficientes y sensibles resulta fundamental para asegurar que las víctimas puedan ejercer
plenamente sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad.
Revictimización institucional
La revictimización ocurre cuando las instituciones encargadas de impartir justicia generan un nuevo
daño emocional o psicológico a la víctima mediante prácticas inadecuadas, tales como la repetición
constante del testimonio, la falta de confidencialidad, el trato discriminatorio, el cuestionamiento de la
credibilidad de la víctima y los retrasos injustificados en los procesos judiciales (Bodelón, 2014).
Estados implementen mecanismos de prevención, protección y atención integral orientados a garantizar
los derechos humanos y la seguridad de las víctimas.
Acceso a la justicia
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que garantiza a toda persona la posibilidad de
acudir ante las autoridades competentes para obtener protección, atención y reparación efectiva frente
a la vulneración de sus derechos (Carbonell, 2018). Este derecho implica que las instituciones judiciales
actúen de manera pronta, imparcial, eficiente y libre de discriminación, asegurando condiciones
adecuadas para todas las personas.
En los casos de violencia de género, el acceso a la justicia adquiere una relevancia especial debido a la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas víctimas (CIDH, 2021). Sin embargo, a
pesar de la existencia de leyes y mecanismos de protección, numerosas personas continúan enfrentando
obstáculos institucionales que dificultan el ejercicio pleno de este derecho (Bodelón, 2014).
Entre las principales barreras se encuentran la burocracia excesiva, la falta de atención especializada, la
escasa capacitación en perspectiva de género, la lentitud de los procesos judiciales y la revictimización
dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia (Facio, 2002). Estas problemáticas generan
desconfianza hacia las autoridades y provocan que muchas víctimas desistan de denunciar o abandonar
sus procesos legales.
Asimismo, el acceso a la justicia no debe limitarse únicamente a la presentación de denuncias, sino que
también debe garantizar atención psicológica, asesoría jurídica, protección integral y acompañamiento
institucional durante todas las etapas del procedimiento (ONU Mujeres, 2021). La existencia de
mecanismos eficientes y sensibles resulta fundamental para asegurar que las víctimas puedan ejercer
plenamente sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad.
Revictimización institucional
La revictimización ocurre cuando las instituciones encargadas de impartir justicia generan un nuevo
daño emocional o psicológico a la víctima mediante prácticas inadecuadas, tales como la repetición
constante del testimonio, la falta de confidencialidad, el trato discriminatorio, el cuestionamiento de la
credibilidad de la víctima y los retrasos injustificados en los procesos judiciales (Bodelón, 2014).
pág. 3659
En la práctica, diversas víctimas han manifestado experimentar actitudes de indiferencia,
descalificación o minimización por parte de algunos operadores institucionales durante el desarrollo de
sus denuncias (CIDH, 2021). Estas conductas pueden generar desconfianza hacia las autoridades y
afectar emocionalmente a las víctimas, provocando incluso el abandono de los procesos judiciales
(Segato, 2016). La revictimización institucional no solo vulnera los derechos humanos, sino que
también debilita la función protectora del sistema de justicia.
Asimismo, la falta de sensibilidad en algunas áreas psicológicas y ministeriales puede afectar
significativamente la atención brindada a las víctimas y repercutir en el desarrollo adecuado de los
procedimientos legales. La ausencia de un trato humano, empático y especializado limita el acceso
efectivo a la justicia y profundiza las afectaciones emocionales derivadas de la violencia sufrida (ONU
Mujeres, 2021).
Perspectiva de género en el sistema judicial
La perspectiva de género en el sistema judicial constituye una herramienta fundamental para identificar
y analizar las desigualdades estructurales, sociales y culturales que afectan principalmente a las mujeres
y a otras personas en situación de vulnerabilidad (Facio, 2002). Su aplicación permite comprender que
muchos actos de violencia y discriminación no ocurren de manera aislada, sino como consecuencia de
relaciones históricas de desigualdad y poder dentro de la sociedad (Lagarde, 2005).
La incorporación de la perspectiva de género favorece una interpretación más justa, humana e igualitaria
de los hechos, ya que permite a las autoridades reconocer los contextos de violencia, discriminación y
subordinación que enfrentan las víctimas (SCJN, 2020). De esta manera, se busca evitar decisiones
judiciales basadas en prejuicios, estereotipos o ideas tradicionales que minimicen la gravedad de los
hechos denunciados o responsabilicen a las víctimas por la violencia sufrida.
Asimismo, la implementación de esta perspectiva contribuye a garantizar procesos judiciales más
sensibles y respetuosos de los derechos humanos, promoviendo un trato digno, empático y libre de
discriminación durante todas las etapas del procedimiento legal (ONU Mujeres, 2021). La correcta
aplicación de la perspectiva de género también favorece la prevención de la revictimización
institucional, ya que permite que las autoridades actúen con mayor sensibilidad frente a las afectaciones
emocionales y psicológicas de las víctimas.
En la práctica, diversas víctimas han manifestado experimentar actitudes de indiferencia,
descalificación o minimización por parte de algunos operadores institucionales durante el desarrollo de
sus denuncias (CIDH, 2021). Estas conductas pueden generar desconfianza hacia las autoridades y
afectar emocionalmente a las víctimas, provocando incluso el abandono de los procesos judiciales
(Segato, 2016). La revictimización institucional no solo vulnera los derechos humanos, sino que
también debilita la función protectora del sistema de justicia.
Asimismo, la falta de sensibilidad en algunas áreas psicológicas y ministeriales puede afectar
significativamente la atención brindada a las víctimas y repercutir en el desarrollo adecuado de los
procedimientos legales. La ausencia de un trato humano, empático y especializado limita el acceso
efectivo a la justicia y profundiza las afectaciones emocionales derivadas de la violencia sufrida (ONU
Mujeres, 2021).
Perspectiva de género en el sistema judicial
La perspectiva de género en el sistema judicial constituye una herramienta fundamental para identificar
y analizar las desigualdades estructurales, sociales y culturales que afectan principalmente a las mujeres
y a otras personas en situación de vulnerabilidad (Facio, 2002). Su aplicación permite comprender que
muchos actos de violencia y discriminación no ocurren de manera aislada, sino como consecuencia de
relaciones históricas de desigualdad y poder dentro de la sociedad (Lagarde, 2005).
La incorporación de la perspectiva de género favorece una interpretación más justa, humana e igualitaria
de los hechos, ya que permite a las autoridades reconocer los contextos de violencia, discriminación y
subordinación que enfrentan las víctimas (SCJN, 2020). De esta manera, se busca evitar decisiones
judiciales basadas en prejuicios, estereotipos o ideas tradicionales que minimicen la gravedad de los
hechos denunciados o responsabilicen a las víctimas por la violencia sufrida.
Asimismo, la implementación de esta perspectiva contribuye a garantizar procesos judiciales más
sensibles y respetuosos de los derechos humanos, promoviendo un trato digno, empático y libre de
discriminación durante todas las etapas del procedimiento legal (ONU Mujeres, 2021). La correcta
aplicación de la perspectiva de género también favorece la prevención de la revictimización
institucional, ya que permite que las autoridades actúen con mayor sensibilidad frente a las afectaciones
emocionales y psicológicas de las víctimas.
pág. 3660
Sin embargo, la falta de capacitación especializada y la persistencia de prácticas discriminatorias dentro
de algunas instituciones continúan dificultando su adecuada aplicación (Facio, 2002). En muchos casos,
la ausencia de sensibilización provoca que ciertos operadores de justicia reproduzcan conductas de
indiferencia, cuestionamiento o desconfianza hacia las víctimas, limitando así el acceso efectivo a la
justicia.
Por ello, resulta indispensable fortalecer la formación obligatoria en perspectiva de género para jueces,
ministerios públicos, policías, psicólogos y demás servidores públicos relacionados con la procuración
e impartición de justicia (SCJN, 2020). La correcta implementación de esta herramienta permite
construir un sistema judicial más inclusivo, eficiente y comprometido con la protección integral de los
derechos humanos.
DESARROLLO
Barreras institucionales en el acceso a la justicia
Entre las principales barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género dentro del sistema
judicial se encuentran la burocracia excesiva, la falta de atención especializada, la insuficiencia de
recursos institucionales, la lentitud en los procesos judiciales y la escasa coordinación entre las
instituciones encargadas de brindar protección y atención integral (Bodelón, 2014). Estas problemáticas
limitan el acceso efectivo a la justicia y generan obstáculos que dificultan la denuncia y seguimiento de
los casos.
La burocracia institucional provoca que muchas víctimas deban realizar múltiples trámites, acudir
constantemente a diferentes dependencias y repetir en diversas ocasiones los hechos de violencia
sufridos. Esta situación genera desgaste emocional, frustración y sentimientos de desprotección,
especialmente cuando no existe una respuesta rápida y eficiente por parte de las autoridades (CIDH,
2021).
Asimismo, la falta de atención especializada y de personal capacitado en perspectiva de género afecta
directamente la calidad de la atención brindada. En algunos casos, las víctimas enfrentan actitudes de
indiferencia, minimización de los hechos o falta de empatía por parte de ciertos operadores
institucionales, lo cual contribuye a procesos de revictimización y desconfianza hacia las autoridades
(Segato, 2016).
Sin embargo, la falta de capacitación especializada y la persistencia de prácticas discriminatorias dentro
de algunas instituciones continúan dificultando su adecuada aplicación (Facio, 2002). En muchos casos,
la ausencia de sensibilización provoca que ciertos operadores de justicia reproduzcan conductas de
indiferencia, cuestionamiento o desconfianza hacia las víctimas, limitando así el acceso efectivo a la
justicia.
Por ello, resulta indispensable fortalecer la formación obligatoria en perspectiva de género para jueces,
ministerios públicos, policías, psicólogos y demás servidores públicos relacionados con la procuración
e impartición de justicia (SCJN, 2020). La correcta implementación de esta herramienta permite
construir un sistema judicial más inclusivo, eficiente y comprometido con la protección integral de los
derechos humanos.
DESARROLLO
Barreras institucionales en el acceso a la justicia
Entre las principales barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género dentro del sistema
judicial se encuentran la burocracia excesiva, la falta de atención especializada, la insuficiencia de
recursos institucionales, la lentitud en los procesos judiciales y la escasa coordinación entre las
instituciones encargadas de brindar protección y atención integral (Bodelón, 2014). Estas problemáticas
limitan el acceso efectivo a la justicia y generan obstáculos que dificultan la denuncia y seguimiento de
los casos.
La burocracia institucional provoca que muchas víctimas deban realizar múltiples trámites, acudir
constantemente a diferentes dependencias y repetir en diversas ocasiones los hechos de violencia
sufridos. Esta situación genera desgaste emocional, frustración y sentimientos de desprotección,
especialmente cuando no existe una respuesta rápida y eficiente por parte de las autoridades (CIDH,
2021).
Asimismo, la falta de atención especializada y de personal capacitado en perspectiva de género afecta
directamente la calidad de la atención brindada. En algunos casos, las víctimas enfrentan actitudes de
indiferencia, minimización de los hechos o falta de empatía por parte de ciertos operadores
institucionales, lo cual contribuye a procesos de revictimización y desconfianza hacia las autoridades
(Segato, 2016).
pág. 3661
Por otra parte, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos limita la capacidad de
las instituciones para atender adecuadamente los casos de violencia de género. La saturación de trabajo,
la falta de seguimiento oportuno y la ausencia de mecanismos eficientes de protección provocan retrasos
en los procedimientos judiciales y afectan la garantía de los derechos de las víctimas (CNDH, 2022).
De igual manera, la escasa coordinación entre instituciones de seguridad, salud, atención psicológica y
procuración de justicia dificulta el acceso a una atención integral y genera vacíos en la protección de
las personas afectadas. La falta de comunicación y colaboración interinstitucional provoca duplicidad
de procedimientos, retrasos innecesarios y deficiencias en el acompañamiento jurídico y emocional de
las víctimas (ONU Mujeres, 2021).
Todas estas problemáticas afectan gravemente la confianza de las víctimas en las instituciones públicas
y provocan que muchas personas decidan no denunciar o abandonar sus procesos judiciales ante el
temor de enfrentar nuevas afectaciones emocionales, falta de apoyo o indiferencia institucional.
Consecuencias de la revictimización
La revictimización provoca graves afectaciones psicológicas, emocionales y sociales en las víctimas,
debido a que las personas vuelven a experimentar sentimientos de miedo, angustia e inseguridad durante
los procesos institucionales y judiciales (Segato, 2016). Cuando las autoridades encargadas de brindar
protección actúan con indiferencia, desconfianza o falta de sensibilidad, las víctimas pueden percibir
que su sufrimiento es minimizado o cuestionado, lo que incrementa el daño emocional previamente
generado por la violencia vivida (ONU Mujeres, 2021).
Entre las principales consecuencias se encuentran la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, el
miedo constante, la pérdida de autoestima y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de
impartir justicia (OMS, 2021). Asimismo, muchas víctimas desarrollan sentimientos de culpa,
vergüenza o frustración al sentirse juzgadas o desacreditadas durante el proceso legal (Lagarde, 2005).
La revictimización también puede generar consecuencias sociales y jurídicas importantes, ya que
numerosas personas deciden abandonar sus denuncias o evitar continuar con los procedimientos
judiciales debido al desgaste emocional que enfrentan (Bodelón, 2014). Esto contribuye a la impunidad
y limita el acceso efectivo a la justicia, afectando no solo a las víctimas de manera individual, sino
también a la confianza social en las instituciones públicas (CIDH, 2021).
Por otra parte, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos limita la capacidad de
las instituciones para atender adecuadamente los casos de violencia de género. La saturación de trabajo,
la falta de seguimiento oportuno y la ausencia de mecanismos eficientes de protección provocan retrasos
en los procedimientos judiciales y afectan la garantía de los derechos de las víctimas (CNDH, 2022).
De igual manera, la escasa coordinación entre instituciones de seguridad, salud, atención psicológica y
procuración de justicia dificulta el acceso a una atención integral y genera vacíos en la protección de
las personas afectadas. La falta de comunicación y colaboración interinstitucional provoca duplicidad
de procedimientos, retrasos innecesarios y deficiencias en el acompañamiento jurídico y emocional de
las víctimas (ONU Mujeres, 2021).
Todas estas problemáticas afectan gravemente la confianza de las víctimas en las instituciones públicas
y provocan que muchas personas decidan no denunciar o abandonar sus procesos judiciales ante el
temor de enfrentar nuevas afectaciones emocionales, falta de apoyo o indiferencia institucional.
Consecuencias de la revictimización
La revictimización provoca graves afectaciones psicológicas, emocionales y sociales en las víctimas,
debido a que las personas vuelven a experimentar sentimientos de miedo, angustia e inseguridad durante
los procesos institucionales y judiciales (Segato, 2016). Cuando las autoridades encargadas de brindar
protección actúan con indiferencia, desconfianza o falta de sensibilidad, las víctimas pueden percibir
que su sufrimiento es minimizado o cuestionado, lo que incrementa el daño emocional previamente
generado por la violencia vivida (ONU Mujeres, 2021).
Entre las principales consecuencias se encuentran la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, el
miedo constante, la pérdida de autoestima y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de
impartir justicia (OMS, 2021). Asimismo, muchas víctimas desarrollan sentimientos de culpa,
vergüenza o frustración al sentirse juzgadas o desacreditadas durante el proceso legal (Lagarde, 2005).
La revictimización también puede generar consecuencias sociales y jurídicas importantes, ya que
numerosas personas deciden abandonar sus denuncias o evitar continuar con los procedimientos
judiciales debido al desgaste emocional que enfrentan (Bodelón, 2014). Esto contribuye a la impunidad
y limita el acceso efectivo a la justicia, afectando no solo a las víctimas de manera individual, sino
también a la confianza social en las instituciones públicas (CIDH, 2021).
pág. 3662
Además, la repetición constante de testimonios, la falta de atención adecuada y los retrasos
institucionales pueden intensificar las afectaciones psicológicas y prolongar el proceso de recuperación
emocional. Por ello, resulta indispensable que las autoridades adopten mecanismos de atención integral
con perspectiva de género, trato humanizado y acompañamiento psicológico especializado, con el fin
de evitar nuevas formas de violencia institucional hacia las víctimas (ONU Mujeres, 2021).
Falta de sensibilización judicial
La falta de sensibilización judicial constituye uno de los principales obstáculos para garantizar una
atención adecuada y efectiva a las víctimas de violencia de género (Facio, 2002). La ausencia de
capacitación especializada en perspectiva de género dentro de las instituciones de procuración e
impartición de justicia favorece la persistencia de prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias
que afectan directamente el desarrollo de los procedimientos legales (SCJN, 2020).
En muchos casos, algunos operadores de justicia continúan reproduciendo ideas basadas en roles
tradicionales de género, minimizando la gravedad de los hechos denunciados o cuestionando la
credibilidad y comportamiento de las víctimas (Lagarde, 2005). Estas conductas generan un ambiente
de desconfianza e inseguridad que puede provocar que las personas afectadas se sientan desprotegidas
o poco escuchadas durante el proceso judicial.
La falta de empatía, el trato indiferente y la escasa preparación profesional en temas relacionados con
violencia de género dificultan la correcta atención psicológica, jurídica y ministerial que requieren las
víctimas (ONU Mujeres, 2021). Asimismo, la inexistencia de protocolos adecuados y de formación
continua limita la capacidad institucional para actuar de manera eficiente, humana y libre de
discriminación.
Esta problemática no solo afecta el bienestar emocional de las víctimas, sino que también obstaculiza
el acceso a una justicia pronta e igualitaria, ya que muchas personas optan por abandonar sus denuncias
debido a las experiencias negativas vividas dentro de las instituciones (CIDH, 2021). Por ello, resulta
indispensable implementar programas permanentes de capacitación obligatoria con perspectiva de
género, derechos humanos y atención integral a víctimas, con el objetivo de fortalecer la sensibilidad
institucional y garantizar procesos judiciales más justos, inclusivos y respetuosos de la dignidad
humana.
Además, la repetición constante de testimonios, la falta de atención adecuada y los retrasos
institucionales pueden intensificar las afectaciones psicológicas y prolongar el proceso de recuperación
emocional. Por ello, resulta indispensable que las autoridades adopten mecanismos de atención integral
con perspectiva de género, trato humanizado y acompañamiento psicológico especializado, con el fin
de evitar nuevas formas de violencia institucional hacia las víctimas (ONU Mujeres, 2021).
Falta de sensibilización judicial
La falta de sensibilización judicial constituye uno de los principales obstáculos para garantizar una
atención adecuada y efectiva a las víctimas de violencia de género (Facio, 2002). La ausencia de
capacitación especializada en perspectiva de género dentro de las instituciones de procuración e
impartición de justicia favorece la persistencia de prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias
que afectan directamente el desarrollo de los procedimientos legales (SCJN, 2020).
En muchos casos, algunos operadores de justicia continúan reproduciendo ideas basadas en roles
tradicionales de género, minimizando la gravedad de los hechos denunciados o cuestionando la
credibilidad y comportamiento de las víctimas (Lagarde, 2005). Estas conductas generan un ambiente
de desconfianza e inseguridad que puede provocar que las personas afectadas se sientan desprotegidas
o poco escuchadas durante el proceso judicial.
La falta de empatía, el trato indiferente y la escasa preparación profesional en temas relacionados con
violencia de género dificultan la correcta atención psicológica, jurídica y ministerial que requieren las
víctimas (ONU Mujeres, 2021). Asimismo, la inexistencia de protocolos adecuados y de formación
continua limita la capacidad institucional para actuar de manera eficiente, humana y libre de
discriminación.
Esta problemática no solo afecta el bienestar emocional de las víctimas, sino que también obstaculiza
el acceso a una justicia pronta e igualitaria, ya que muchas personas optan por abandonar sus denuncias
debido a las experiencias negativas vividas dentro de las instituciones (CIDH, 2021). Por ello, resulta
indispensable implementar programas permanentes de capacitación obligatoria con perspectiva de
género, derechos humanos y atención integral a víctimas, con el objetivo de fortalecer la sensibilidad
institucional y garantizar procesos judiciales más justos, inclusivos y respetuosos de la dignidad
humana.
pág. 3663
Propuestas
Capacitación obligatoria en perspectiva de género
Resulta indispensable implementar programas permanentes y obligatorios de capacitación en
perspectiva de género, derechos humanos y atención integral a víctimas dirigidos a jueces, ministerios
públicos, policías, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo (SCJN, 2020). La
formación especializada permitiría fortalecer la sensibilidad institucional y reducir prácticas
discriminatorias, prejuicios y conductas que generan revictimización dentro de los procesos judiciales
(Facio, 2002).
Asimismo, estas capacitaciones deben enfocarse no solo en aspectos jurídicos, sino también en el
desarrollo de habilidades de atención humanizada, escucha activa, empatía y acompañamiento
emocional. La correcta preparación del personal institucional contribuiría a garantizar una atención más
digna, eficiente y respetuosa hacia las víctimas de violencia de género (ONU Mujeres, 2021).
Creación de protocolos especializados
Los sistemas judiciales deben establecer protocolos especializados de atención integral que permitan
garantizar procesos más seguros, accesibles y eficientes para las víctimas (CNDH, 2022). La existencia
de mecanismos claros y especializados favorece una actuación institucional más coordinada y
disminuye el riesgo de revictimización durante las denuncias y procedimientos legales (CIDH, 2021).
Dichos protocolos deben garantizar:
▪ Atención inmediata y prioritaria.
▪ Protección física y emocional de la víctima.
▪ Confidencialidad y privacidad de la información.
▪ Evitar interrogatorios repetitivos o innecesarios.
▪ Atención con perspectiva de género y derechos humanos.
▪ Coordinación entre instituciones de salud, seguridad y justicia.
▪ Acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso.
Además, resulta fundamental supervisar el cumplimiento de estos protocolos mediante mecanismos de
evaluación institucional que permitan identificar deficiencias y fortalecer continuamente la calidad de
la atención brindada.
Propuestas
Capacitación obligatoria en perspectiva de género
Resulta indispensable implementar programas permanentes y obligatorios de capacitación en
perspectiva de género, derechos humanos y atención integral a víctimas dirigidos a jueces, ministerios
públicos, policías, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo (SCJN, 2020). La
formación especializada permitiría fortalecer la sensibilidad institucional y reducir prácticas
discriminatorias, prejuicios y conductas que generan revictimización dentro de los procesos judiciales
(Facio, 2002).
Asimismo, estas capacitaciones deben enfocarse no solo en aspectos jurídicos, sino también en el
desarrollo de habilidades de atención humanizada, escucha activa, empatía y acompañamiento
emocional. La correcta preparación del personal institucional contribuiría a garantizar una atención más
digna, eficiente y respetuosa hacia las víctimas de violencia de género (ONU Mujeres, 2021).
Creación de protocolos especializados
Los sistemas judiciales deben establecer protocolos especializados de atención integral que permitan
garantizar procesos más seguros, accesibles y eficientes para las víctimas (CNDH, 2022). La existencia
de mecanismos claros y especializados favorece una actuación institucional más coordinada y
disminuye el riesgo de revictimización durante las denuncias y procedimientos legales (CIDH, 2021).
Dichos protocolos deben garantizar:
▪ Atención inmediata y prioritaria.
▪ Protección física y emocional de la víctima.
▪ Confidencialidad y privacidad de la información.
▪ Evitar interrogatorios repetitivos o innecesarios.
▪ Atención con perspectiva de género y derechos humanos.
▪ Coordinación entre instituciones de salud, seguridad y justicia.
▪ Acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso.
Además, resulta fundamental supervisar el cumplimiento de estos protocolos mediante mecanismos de
evaluación institucional que permitan identificar deficiencias y fortalecer continuamente la calidad de
la atención brindada.
pág. 3664
Atención psicológica y jurídica integral
El acompañamiento psicológico y jurídico especializado constituye una herramienta fundamental para
garantizar el bienestar emocional y la protección de los derechos de las víctimas durante los procesos
judiciales (ONU Mujeres, 2021). Muchas personas enfrentan altos niveles de ansiedad, miedo, estrés y
desconfianza institucional, por lo que la atención profesional adecuada permite disminuir el impacto
emocional derivado tanto de la violencia sufrida como de las experiencias negativas dentro de las
instituciones (OMS, 2021).
La atención integral debe brindarse desde el primer contacto con las autoridades y mantenerse durante
todas las etapas del procedimiento legal, garantizando información clara, orientación jurídica accesible
y apoyo emocional constante. Asimismo, es importante que el personal encargado cuente con
preparación especializada para actuar con sensibilidad, empatía y respeto hacia las víctimas (Facio,
2002).
El fortalecimiento de servicios psicológicos y jurídicos gratuitos y accesibles contribuye a generar
mayor confianza en las instituciones y favorece que las víctimas puedan continuar sus procesos legales
en condiciones más seguras y humanas (CNDH, 2022).
Fortalecimiento de políticas públicas
Resulta indispensable promover políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia
de género mediante estrategias integrales que involucren a las instituciones de justicia, educación, salud
y seguridad pública (García Prince, 2008). El fortalecimiento de estas políticas permite garantizar una
protección más efectiva de los derechos humanos y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para
las víctimas (Naciones Unidas, 1979).
Asimismo, las políticas públicas deben contemplar campañas permanentes de prevención y
sensibilización social, así como mecanismos de supervisión institucional que permitan evaluar el
desempeño de las autoridades encargadas de atender casos de violencia de género (ONU Mujeres,
2021). La implementación de presupuestos adecuados, programas de apoyo y reformas institucionales
contribuye a construir un sistema judicial más eficiente, inclusivo y libre de discriminación.
Atención psicológica y jurídica integral
El acompañamiento psicológico y jurídico especializado constituye una herramienta fundamental para
garantizar el bienestar emocional y la protección de los derechos de las víctimas durante los procesos
judiciales (ONU Mujeres, 2021). Muchas personas enfrentan altos niveles de ansiedad, miedo, estrés y
desconfianza institucional, por lo que la atención profesional adecuada permite disminuir el impacto
emocional derivado tanto de la violencia sufrida como de las experiencias negativas dentro de las
instituciones (OMS, 2021).
La atención integral debe brindarse desde el primer contacto con las autoridades y mantenerse durante
todas las etapas del procedimiento legal, garantizando información clara, orientación jurídica accesible
y apoyo emocional constante. Asimismo, es importante que el personal encargado cuente con
preparación especializada para actuar con sensibilidad, empatía y respeto hacia las víctimas (Facio,
2002).
El fortalecimiento de servicios psicológicos y jurídicos gratuitos y accesibles contribuye a generar
mayor confianza en las instituciones y favorece que las víctimas puedan continuar sus procesos legales
en condiciones más seguras y humanas (CNDH, 2022).
Fortalecimiento de políticas públicas
Resulta indispensable promover políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia
de género mediante estrategias integrales que involucren a las instituciones de justicia, educación, salud
y seguridad pública (García Prince, 2008). El fortalecimiento de estas políticas permite garantizar una
protección más efectiva de los derechos humanos y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para
las víctimas (Naciones Unidas, 1979).
Asimismo, las políticas públicas deben contemplar campañas permanentes de prevención y
sensibilización social, así como mecanismos de supervisión institucional que permitan evaluar el
desempeño de las autoridades encargadas de atender casos de violencia de género (ONU Mujeres,
2021). La implementación de presupuestos adecuados, programas de apoyo y reformas institucionales
contribuye a construir un sistema judicial más eficiente, inclusivo y libre de discriminación.
pág. 3665
Finalmente, el diseño de políticas con perspectiva de género favorece la creación de espacios más
seguros y fortalece el compromiso del Estado en la protección integral de las víctimas y en la
eliminación de prácticas que perpetúan la violencia y la desigualdad.
CONCLUSIONES
La violencia de género continúa representando una problemática estructural que afecta gravemente los
derechos humanos y limita el acceso efectivo a la justicia para miles de víctimas. A pesar de los avances
legislativos y de la creación de mecanismos institucionales orientados a la protección de las personas
afectadas, persisten diversas barreras dentro del sistema judicial que dificultan una atención adecuada,
eficiente y libre de discriminación.
La investigación permitió identificar que la burocracia institucional, la lentitud de los procesos
judiciales, la falta de atención especializada y la escasa coordinación entre instituciones continúan
generando desconfianza hacia las autoridades y obstaculizando el acceso a una justicia pronta y efectiva.
Asimismo, se comprobó que la revictimización institucional constituye una de las principales
problemáticas dentro de los procedimientos legales, debido a que muchas víctimas enfrentan actitudes
de indiferencia, cuestionamientos, minimización de los hechos y falta de sensibilidad por parte de
algunos operadores de justicia.
De igual manera, la ausencia de capacitación especializada en perspectiva de género favorece la
persistencia de prejuicios y prácticas discriminatorias dentro de las instituciones encargadas de impartir
justicia. Esta situación limita la protección integral de las víctimas y provoca afectaciones emocionales
adicionales que, en muchos casos, derivan en el abandono de las denuncias y en la pérdida de confianza
en el sistema judicial.
El análisis realizado también permitió reconocer que el fortalecimiento del acceso a la justicia no
depende únicamente de la existencia de leyes, sino de la correcta aplicación de mecanismos
institucionales orientados a garantizar una atención humana, empática e integral. Por ello, resulta
indispensable implementar programas permanentes de capacitación obligatoria, protocolos
especializados de atención y servicios de acompañamiento psicológico y jurídico con perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos.
Finalmente, el diseño de políticas con perspectiva de género favorece la creación de espacios más
seguros y fortalece el compromiso del Estado en la protección integral de las víctimas y en la
eliminación de prácticas que perpetúan la violencia y la desigualdad.
CONCLUSIONES
La violencia de género continúa representando una problemática estructural que afecta gravemente los
derechos humanos y limita el acceso efectivo a la justicia para miles de víctimas. A pesar de los avances
legislativos y de la creación de mecanismos institucionales orientados a la protección de las personas
afectadas, persisten diversas barreras dentro del sistema judicial que dificultan una atención adecuada,
eficiente y libre de discriminación.
La investigación permitió identificar que la burocracia institucional, la lentitud de los procesos
judiciales, la falta de atención especializada y la escasa coordinación entre instituciones continúan
generando desconfianza hacia las autoridades y obstaculizando el acceso a una justicia pronta y efectiva.
Asimismo, se comprobó que la revictimización institucional constituye una de las principales
problemáticas dentro de los procedimientos legales, debido a que muchas víctimas enfrentan actitudes
de indiferencia, cuestionamientos, minimización de los hechos y falta de sensibilidad por parte de
algunos operadores de justicia.
De igual manera, la ausencia de capacitación especializada en perspectiva de género favorece la
persistencia de prejuicios y prácticas discriminatorias dentro de las instituciones encargadas de impartir
justicia. Esta situación limita la protección integral de las víctimas y provoca afectaciones emocionales
adicionales que, en muchos casos, derivan en el abandono de las denuncias y en la pérdida de confianza
en el sistema judicial.
El análisis realizado también permitió reconocer que el fortalecimiento del acceso a la justicia no
depende únicamente de la existencia de leyes, sino de la correcta aplicación de mecanismos
institucionales orientados a garantizar una atención humana, empática e integral. Por ello, resulta
indispensable implementar programas permanentes de capacitación obligatoria, protocolos
especializados de atención y servicios de acompañamiento psicológico y jurídico con perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos.
pág. 3666
Asimismo, la investigación evidencia la importancia de visibilizar las experiencias reales de
revictimización dentro de las instituciones, ya que estas permiten comprender el impacto humano y
emocional que generan las deficiencias del sistema judicial en las víctimas de violencia de género.
Reconocer estas experiencias contribuye al desarrollo de propuestas más sensibles y orientadas a
fortalecer la protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la construcción de un sistema judicial más justo, eficiente e inclusivo requiere un
compromiso institucional permanente basado en la igualdad, la dignidad humana y la erradicación de
prácticas discriminatorias. Solo mediante instituciones sensibles, capacitadas y comprometidas con la
perspectiva de género será posible garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para las víctimas de
violencia de género.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Bodelón, E. (2014). Violencia de género y acceso a la justicia. Editorial Didot.
Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf
Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW). https://www.ohchr.org/es/instruments-
mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
Instituto Nacional de las Mujeres. (2023). Violencia contra las mujeres en México.
https://www.gob.mx/inmujeres
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). Derecho de acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia. https://www.cndh.org.mx
Russell, D. E. H., & Harmes, R. A. (2006). Feminicidio: una perspectiva global. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Lagarde, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas.
Universidad Nacional Autónoma de México.
ONU Mujeres. (2021). Manual para la atención con perspectiva de género.
https://www.unwomen.org/es
Asimismo, la investigación evidencia la importancia de visibilizar las experiencias reales de
revictimización dentro de las instituciones, ya que estas permiten comprender el impacto humano y
emocional que generan las deficiencias del sistema judicial en las víctimas de violencia de género.
Reconocer estas experiencias contribuye al desarrollo de propuestas más sensibles y orientadas a
fortalecer la protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la construcción de un sistema judicial más justo, eficiente e inclusivo requiere un
compromiso institucional permanente basado en la igualdad, la dignidad humana y la erradicación de
prácticas discriminatorias. Solo mediante instituciones sensibles, capacitadas y comprometidas con la
perspectiva de género será posible garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para las víctimas de
violencia de género.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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la mujer (CEDAW). https://www.ohchr.org/es/instruments-
mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
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https://www.gob.mx/inmujeres
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víctimas de violencia. https://www.cndh.org.mx
Russell, D. E. H., & Harmes, R. A. (2006). Feminicidio: una perspectiva global. Universidad Nacional
Autónoma de México.
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https://www.unwomen.org/es
pág. 3667
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2020). Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
Organización Mundial de la Salud. (2021). Violencia contra la mujer. https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/violence-against-women
Facio, A. (2002). Cuando el género suena cambios trae: una metodología para el análisis de género del
fenómeno legal. ILANUD.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la
investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
Carbonell, M. (2018). Los derechos fundamentales en México. Porrúa.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Violencia y discriminación contra mujeres,
niñas y adolescentes. https://www.oas.org/es/cidh/
García Prince, E. (2008). Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming. Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2020). Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
Organización Mundial de la Salud. (2021). Violencia contra la mujer. https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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fenómeno legal. ILANUD.
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investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
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niñas y adolescentes. https://www.oas.org/es/cidh/
García Prince, E. (2008). Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming. Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.