LA TRANSICIÓN DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS PÚBLICA: DEL ENFOQUE DE
AGENCIA TRADICIONAL A LA
COPRODUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO
THE TRANSITION OF PUBLIC ACCOUNTABILITY:
FROM THE TRADITIONAL AGENCY APPROACH TO
THE CO-PRODUCTION OF PUBLIC VALUE
María Carolina Méndez Téllez
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Colombia
John Hernando Escobar Rodríguez
Universitaria Iberoamericana, Colombia
Any Dayana Bautista Parra
Investigador Independiente
Arlex Germán Ángel Corredor
Corporación Universitaria Iberoamericana, Colombia

pág. 3845
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24375
La Transición de la Rendición de Cuentas Pública: Del Enfoque de
Agencia Tradicional a la Coproducción de Valor Público
María Carolina Méndez Téllez1
mendeztellezcaro2024@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-4399-0779
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Colombia
John Hernando Escobar Rodríguez
john.escobar@docente.ibero.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-8516-2433
Universitaria Iberoamericana
Bogotá, Colombia
Any Dayana Bautista Parra
dayanabautista@yahoo.es
https://orcid.org/0009-0001-1951-770X
Investigador Independiente
Arlex Germán Ángel Corredor
arlex.angel@docente.ibero.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-8571-8040
Corporación Universitaria Iberoamericana
Bogotá, Colombia
RESUMEN
El control fiscal tradicional enfrenta un desafío estructural caracterizado por una profunda asimetría de
información, donde los informes de auditoría técnica y los marcos contables herméticos imponen
elevados costos de transacción que inhiben el control social y perpetúan la apatía democrática. Para
mitigar esta barrera, este artículo de reflexión basada en evidencia propone la transición conceptual y
metodológica desde el enfoque vertical de la relación de agencia hacia el paradigma relacional de la
coproducción de valor público, materializado mediante el diseño de un Informe Popular Integrado. La
estrategia metodológica se estructuró a partir de un análisis tripartito: una revisión crítica de la literatura
especializada (Nueva Gobernanza Pública, teoría institucional y modas gerenciales); un contraste de
experiencias internacionales (Brasil y Estados Unidos), las cuales advierten el riesgo de asimilación
superficial o window-dressing derivado de la distribución pasiva; y un desarrollo propositivo aplicado
al escenario colombiano. Como resultado central, se estructuró un modelo piloto de IPI aplicado a la
Auditoría Financiera y de Gestión territorial en Colombia. Se concluye que la democratización del
control fiscal no constituye un reto técnico, sino un compromiso ético de transformación comunicativa;
el IPI trasciende la simple síntesis formal al erigirse como un dispositivo de mediación democrática y
transparencia activa que capacita a la ciudadanía para interpretar, cuestionar y movilizar la información
presupuestal en la defensa colectiva del valor público territorial.
Palabras clave: rendición de cuentas pública, control fiscal territorial, informe popular integrado,
coproducción de valor público, transparencia activa
1 Autor principal
Correspondencia: mendeztellezcaro2024@gmail.com; mariacanela3210@gmail.com

pág. 3846
The Transition of Public Accountability: From The Traditional Agency
Approach to the Co-Production of Public Value
ABSTRACT
Traditional fiscal control faces a structural challenge characterized by profound information asymmetry,
where technical audit reports and hermetic accounting frameworks impose high transaction costs that
inhibit social control and perpetuate democratic apathy. To mitigate this barrier, this evidence-based
reflection article proposes a conceptual and methodological transition from the vertical approach of the
agency relationship toward the relational paradigm of the co-production of public value, materialized
through the design of an Integrated Popular Report. The methodological strategy was structured around
a tripartite analysis: a critical review of specialized literature (New Public Governance, institutional
theory, and managerial fads and fashions); an contrast of international experiences (Brazil and the
United States), which warn of the risk of superficial assimilation or window-dressing derived from
passive distribution ; and a propositional development applied to the Colombian scenario. As a central
result, a pilot IPR model was structured and applied to territorial Financial and Management Auditing
in Colombia. The study concludes that the democratization of fiscal control does not constitute a
technical challenge, but rather an ethical commitment to communicative transformation; the IPR
transcends simple formal synthesis by establishing itself as a mechanism for democratic mediation and
active transparency that empowers citizens to interpret, question, and mobilize budget information in
the collective defense of territorial public value.
Keywords: public accountability, territorial fiscal control, integrated popular report, co-production of
public value, active transparency
Artículo recibido 25 abril 2026
Aceptado para publicación: 25 mayo 2026

pág. 3847
INTRODUCCIÓN
El presente artículo aborda la transformación institucional de la rendición de cuentas fiscal mediante el
diseño y propuesta de un formato de comunicación pública denominado Informe Popular Integrado
(IPI). El problema central de investigación radica en la persistencia de una profunda brecha cognitiva y
relacional entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía, generada por el paradigma tradicional
de fiscalización. Aunque la transparencia y la rendición de cuentas se consideran pilares del buen
gobierno, los mecanismos tradicionales de control fiscal se revelan insuficientes para satisfacer la
demanda democrática de información. Estos informes adolecen de un carácter hiperespecializado, una
excesiva extensión y una rigidez contable hermética que excluyen de manera sistemática a la mayoría
de los ciudadanos sin formación financiera, provocando una asimetría informativa que inhibe el control
social e impone elevados costos para la vigilancia ciudadana. El vacío del conocimiento específico que
este trabajo busca resolver es la falta de articulación metodológica para traducir los juicios técnicos de
cumplimiento y razonabilidad de las auditorías públicas territoriales en relatos comprensibles
orientados a la coproducción de valor social.
Abordar esta problemática es crucial debido a la progresiva disminución de la confianza en las
instituciones gubernamentales y la necesidad de relegitimar los sistemas institucionales de control. El
control ciudadano y social actúa como un complemento indispensable de la fiscalización. Al dotar a las
veedurías y comunidades de herramientas interpretativas accesibles, se reduce el costo de oportunidad
que asume la sociedad para vigilar las finanzas públicas, transformando la apatía democrática en una
participación activa. Mitigar esta asimetría no constituye únicamente un cambio estético formal en el
lenguaje burocrático, sino que optimiza la eficiencia en la asignación y protección de los recursos
públicos al empoderar al ciudadano como un evaluador real del desempeño de sus gobernantes.
La investigación se sustenta teóricamente en tres enfoques de la economía y la gestión pública: (1) la
Economía de la información y los costos de transmisión: a partir de Stiglitz (1981, 2002), la brecha de
conocimiento se conceptualiza como una asimetría informativa entre los administradores estatales
(agentes) y los ciudadanos (principales). Esta desconexión se profundiza por la imposición de elevados
costos de transacción vinculados a la captura y procesamiento de datos especializados (Coase, 1937;
Williamson, 1985); (2)

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La Teoría de la Rendición de Cuentas como Relación Social: siguiendo a Bovens (2007), se identifican
las dimensiones operativas de información, justificación y consecuencias para desplazar el control
vertical delegativo hacia un esquema horizontal; y (3) la Nueva Gobernanza Pública y el Valor Público:
basado en Moore (1995), este marco redefine al ciudadano como un actor corresponsable en la
coproducción de valor y en la evaluación de políticas públicas, exigiendo que la información fiscal sirva
de plataforma para el diálogo colectivo.
Diversas investigaciones empíricas han documentado las dificultades operativas del control fiscal. A
nivel local, Cárdenas (2021) evidenció los problemas en el uso de los informes de auditoría en los ciclos
de políticas públicas, mientras que Pineda (2017) identificó debilidades de claridad metodológica en la
gestión territorial, lo que legitima la búsqueda de nuevos instrumentos participativos (Castillo, 2022).
En el ámbito internacional, los estudios de Yusuf et al. (2013) y de De Sousa Prudente y Vaz de Lima
(2021), advierten que la simplificación es insuficiente si persiste la extensión excesiva de los reportes
y se depende exclusivamente de portales web para una distribución pasiva, alertando sobre prácticas de
legitimación superficial o window-dressing (Biondi & Bracci, 2018). El aporte inédito de este
manuscrito radica en superar dicho distanciamiento mediante la fusión de la claridad narrativa de los
IFP con la profundidad analítica multicapital de los Informes Integrados (IR), aplicando de forma
inédita este modelo híbrido (IPI) al campo de la auditoría gubernamental.
Esta investigación se sitúa en el contexto institucional del sistema de control fiscal territorial en
Colombia, regido formalmente por normativas de transparencia y participación (Ley 1712 de 2014; Ley
1757 de 2015). En el entorno local colombiano coexisten rezagos técnicos y presupuestales en las
contralorías territoriales, una marcada falta de homogeneidad estructural en la extensión y contenidos
de los reportes oficiales (Méndez-Téllez, 2024), y una alta demanda de herramientas comprensibles por
parte de veedurías ciudadanas inmersas en dinámicas territoriales de exclusión o asimetría institucional.
La investigación se formula bajo la siguiente interrogante: ¿Cómo la aplicación de un modelo de
Informe Popular Integrado (IPI), basado en la síntesis de la claridad comunicativa (IFP) y la visión
holística de valor de los Informes Integrados (IR), puede transformar la Auditoría Financiera y de
Gestión (AFG) territorial en Colombia, superando la asimetría informativa y promoviendo la
transparencia activa y el control social informado?

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Consecuentemente, el objetivo central del estudio es proponer la aplicación estructurada del esquema
de los IPI a los reportes de Auditoría Financiera y de Gestión (AFG) elaborados por las contralorías
territoriales en Colombia. Para ello, el manuscrito despliega un análisis tripartito que inicia con la
revisión analítica de literatura, contrasta de forma crítica las limitaciones metodológicas de los casos de
Brasil y Estados Unidos y, finalmente, expone un diseño propositivo piloto basado en una ficha de
indicadores estandarizados de la GAT (SINACOF, 2024), dotados de semáforos de cumplimiento y
opiniones cualitativas que convierten la contabilidad pública en un insumo vinculante para la
deliberación democrática.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La Nueva Gestión Pública (NGP) y la lógica de la Rendición de Cuentas
La NGP, impulsada en países como Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda en la década de
1980, introdujo una serie de reformas orientadas a modernizar el aparato estatal, bajo principios de
eficiencia, eficacia, descentralización, orientación a resultados y cultura de servicio al ciudadano. Tal
como lo afirma Galbraith (1958), el pilar de este modelo se encuentra una concepción del ciudadano no
solo como usuario o beneficiario, sino como cliente informado, que tiene derecho a conocer cómo se
administran los recursos públicos y a exigir cuentas por ello. Desde esta perspectiva, la rendición de
cuentas se redefine como un proceso activo de comunicación comprensible, transparente y accesible
entre las instituciones públicas y la sociedad. Commons (1934) señala que uno de los aportes centrales
de la NGP es reconocer que la información pública debe ser inteligible y útil para el control social, no
solo para asuntos técnicos.
Para profundizar en esta dinámica, es indispensable incorporar la teoría de la rendición de cuentas
pública como una relación social. De acuerdo con Bovens (2007), esta se define como una relación
entre un actor y un foro, en la cual el primero tiene la obligación de informar, explicar y justificar su
conducta, mientras que el segundo (el foro o la ciudadanía) posee la capacidad de evaluación, sanción
o exigencia pública. Desde esta perspectiva, la rendición de cuentas supera la simple entrega de datos
y se estructura en tres dimensiones operativas: información (el deber de dar a conocer las actuaciones),
justificación (la obligación de explicar las razones y lógicas de dichas decisiones) y consecuencias (la
posibilidad de que el foro ejerza un control o aplique sanciones).

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Este enfoque tridimensional permite articular y desplazar la rigidez del vínculo tradicional principal-
agente —centrado en un control vertical y delegativo— hacia un modelo de corresponsabilidad
democrática mucho más dinámico y horizontal (Bovens, 2007).
Sin embargo, en América Latina, y particularmente en Colombia, la implementación de la NGP ha sido
parcial y con fuertes resistencias institucionales. La cultura tecnocrática dominante ha producido
informes fiscales y presupuestales dirigidos a públicos especializados, que reproducen un modelo
excluyente de rendición de cuentas. Como advierten Buchanan y Tullock (1962) y Yusuf et al. (2013),
la opacidad del lenguaje técnico perpetúa la asimetría informativa entre el Estado y los ciudadanos,
dificultando el ejercicio pleno del derecho a la vigilancia social. Frente a estas limitaciones, emergen
los Informes Financieros Populares (IFP) como una herramienta de innovación democrática, cuyo
propósito no es únicamente resumir datos, sino presentarlos de una manera pedagógica, visual y
accesible, que permitan a los ciudadanos sin formación contable entender qué se hace con los recursos
públicos, cómo se priorizan, y qué resultados generan.
La Nueva Gobernanza Pública: de la transparencia a la coproducción
La Nueva Gobernanza Pública (NGP 2.0) trasciende los marcos tradicionales de la NGP, incorporando
una lógica relacional, participativa y centrada en la coproducción del valor público entre el Estado, la
sociedad civil y otros actores no estatales. A diferencia del enfoque gerencial clásico, como lo muestran
Blake et al. (1976) y Cubides (2016), aquí el ciudadano no es un cliente pasivo, sino un agente activo
en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Para evitar ambigüedades teóricas en esta transición, resulta fundamental establecer precisiones
conceptuales que distingan con claridad entre “transparencia”, “rendición de cuentas” y
“coproducción”, impidiendo que se utilicen erróneamente como sinónimos:
• La transparencia se refiere estrictamente al acceso a la información y a la apertura de datos
gubernamentales.
• La rendición de cuentas va un paso más allá, pues exige la explicación y justificación de los actos,
la evaluación de estos por parte de un foro y la posibilidad real de control o sanción (Bovens,
2007).

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• La coproducción, por su parte, supone el nivel más avanzado de interacción democrática: implica
que la ciudadanía no es un receptor pasivo de información o un evaluador ex-post, sino que
participa activamente en la construcción de sentido, la priorización, el seguimiento y la mejora
continua de la acción pública.
Desde esta visión, los informes fiscales dejan de ser documentos puramente administrativos para
convertirse en herramientas de diálogo público y democratización institucional. La información sobre
presupuesto, gasto e impacto social debe estar diseñada para facilitar la participación informada de
actores diversos, desde juntas de acción comunal hasta colectivos ciudadanos, movimientos sociales y
veedurías. Tal como lo plantean Heald y Georgiou (2011), la democracia requiere dispositivos
institucionales que garanticen el acceso a la información y su inteligibilidad y utilidad pública.
En ese sentido, el Informe Popular Integrado (IPI) se proyecta como una plataforma ideal para la
coproducción, entendida como una interacción sostenida en el tiempo entre las instituciones públicas y
la ciudadanía, en la cual ambos actores aportan activamente recursos, conocimiento, tiempo,
experiencia territorial y capacidad de interpretación (Bovaird, 2007; Osborne & Strokosch, 2013;
Osborne et al., 2016; Nabatchi et al., 2017). Por lo tanto, el IPI no debe ser concebido como un simple
producto documental estático, sino como un dispositivo de mediación democrática: traduce el lenguaje
fiscal especializado, habilita de manera proactiva las preguntas ciudadanas y genera las condiciones
estructurales para que la información técnica de la auditoría sea utilizada en escenarios reales de
deliberación, veeduría y mejora institucional. Como subrayan Carlino e Inman (2013), la participación
ciudadana no puede ser efectiva sin una comprensión plena del entorno institucional y presupuestal.
Esto implica una reingeniería del lenguaje estatal: claridad, visualización, contexto y narrativa son ahora
componentes centrales de una rendición de cuentas transformadora.
Teoría institucional y modas gerenciales
DiMaggio y Powell (1983), en el marco de la Teoría Institucional, explican cómo las organizaciones,
incluyendo las entidades públicas, adoptan prácticas no necesariamente por su eficacia intrínseca, sino
por su capacidad para otorgar legitimidad dentro de un determinado entorno. Esta legitimidad se
construye muchas veces mediante el mimetismo de otras organizaciones consideradas modernas,
exitosas o “correctas”.

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En el campo de la contabilidad pública, esto se refleja en la adopción de marcos como los del
International Integrated Reporting Council (IIRC, 2021) o el International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB, 2014), que han promovido la incorporación de reportes integrados,
sostenibles y ciudadanos. Sin embargo, esta adopción puede volverse superficial si no responde a una
demanda real de los ciudadanos ni a una adaptación genuina al contexto local. En América Latina, la
implementación de estos marcos ha sido impulsada más por la presión de organismos multilaterales y
consultoras que por procesos endógenos. Esta lógica de isomorfismo institucional corre el riesgo de
generar lo que Biondi & Bracci (2018) y Abrahamson (1996) denominan “modas gerenciales”, en las
que la adopción de nuevos formatos es más simbólica que funcional, sin cambios reales en la rendición
de cuentas sustantiva.
La teoría de las modas gerenciales de Abrahamson (1996) y Biondi & Bracci (2018) plantea que muchas
prácticas administrativas se difunden como modas, sin una evaluación rigurosa de su utilidad,
sostenibilidad o impacto. En el sector público, esto se traduce en la adopción acelerada de informes SR,
PFR e IR, presentados como innovaciones necesarias, pero sin procesos de institucionalización ni
seguimiento efectivo.
De acuerdo con lo propuesto por Mejía y Pinos (2020) y Ríos Bardales (2022) –quienes aplican esta
crítica al caso italiano–, muchos informes públicos responden a dinámicas de legitimidad superficial
conocidas como window-dressing, donde se embellecen los datos para aparentar transparencia sin
cambiar las prácticas internas.
Este riesgo también existe en el contexto colombiano: sin procesos de formación ciudadana, apropiación
institucional y compromiso ético, los informes populares pueden terminar como productos estéticos que
decoran la web institucional, pero no fortalecen el control social ni la deliberación democrática. El
peligro real no radica únicamente en que el IPI sea adoptado como una tendencia pasajera, sino en que
se convierta en una pieza comunicativa atractiva pero vacía, carente de mecanismos reales de uso
ciudadano. Para evitarlo, la propuesta del IPI debe incorporar criterios mínimos de institucionalización:
canales formales de retroalimentación, evidencia verificable de consulta ciudadana, trazabilidad de las
recomendaciones, indicadores claros de comprensión y mecanismos vinculantes de respuesta pública
por parte de la entidad auditada.

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Transparencia fiscal activa y la creación de valor público
La transparencia fiscal no puede ser entendida solamente como la publicación de datos aislados. Según
el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2019), implica la provisión oportuna, completa, confiable y
comprensible de información financiera gubernamental. Como sostienen Behera y Dash (2019) y
Ibadoghlu (2021), la transparencia activa (proactiva, estructurada y con diseño pedagógico) es
indispensable para fomentar el control social efectivo. Los Informes Financieros Populares (IFP), al
simplificar la información técnica y hacerla visual, contextual y explicativa, representan una
herramienta fundamental para cerrar la brecha entre el lenguaje gubernamental y el lenguaje ciudadano.
No solo informan, sino que enseñan y provocan diálogo. En Colombia, como lo determinan García et
al. (2024), las experiencias de rendición de cuentas territorial han demostrado que la comprensión del
presupuesto y la inversión pública empodera a la ciudadanía, especialmente en contextos de
desigualdad, conflictividad o debilidad institucional.
En este punto, es crucial integrar la noción de valor público (Moore, 1995) como categoría central de
análisis. El valor público trasciende la visión reduccionista del uso eficiente y pulcro de los recursos
financieros; alude, en cambio, a los resultados colectivamente valiosos que una institución
gubernamental genera para la sociedad cuando logra combinar armónicamente la legitimidad
democrática, la capacidad operativa y una respuesta efectiva a las necesidades sociales. Así, el IPI se
erige como una herramienta estratégica que permite visibilizar de forma clara y directa ante la
ciudadanía si la gestión fiscal y la inversión de los recursos están creando, preservando o, por el
contrario, deteriorando el valor público en el territorio (Moore, 1995).
Asimismo, el Informe Popular Integrado (IPI) se consolida como una propuesta que combina la claridad
comunicativa de los IFP con la profundidad estratégica de los Informes Integrados (IR). Inspirado en el
enfoque de los seis capitales (financiero, humano, natural, intelectual, social-relacional y
manufacturado) del IIRC, el IPI busca representar cómo una entidad pública crea valor a lo largo del
tiempo y cómo esa creación de valor puede ser entendida por todos los sectores sociales. Este tipo de
informe se proyecta como una herramienta pedagógica, pero también ética y política. No se limita a
presentar cifras, sino que narra, conecta y genera sentido.

pág. 3854
Muestra no solo cuánto se gastó, sino para qué, con qué impacto, bajo qué justificaciones relacionales
y en beneficio de quiénes. En otras palabras, convierte la contabilidad pública en un relato colectivo
(Archibold Barrios, 2013).
Definición operativa del Informe Popular Integrado (IPI)
Para efectos de este artículo, el Informe Popular Integrado (IPI) se define como un formato de rendición
de cuentas fiscal que sintetiza información financiera, presupuestal, de gestión, normativa, social y
territorial mediante lenguaje claro, visualización pedagógica, análisis de valor público y mecanismos
de retroalimentación ciudadana. Su rasgo distintivo frente al Informe Financiero Popular tradicional es
que no se limita a simplificar cifras, sino que conecta los hallazgos de auditoría con riesgos
institucionales, cumplimiento normativo, desempeño fiscal, efectos sociales, ambientales y
oportunidades de mejora. De esta manera, el IPI busca conservar la trazabilidad técnica propia del
informe auditor, pero reorganizarla en una narrativa comprensible para públicos no especializados. En
consecuencia, su valor no reside únicamente en hacer más atractivo el informe, sino en convertirlo en
una herramienta de comprensión pública, deliberación democrática, coproducción de sentido y
seguimiento ciudadano de la gestión fiscal (Biondi & Bracci, 2018; De Sousa Prudente & Vaz de Lima,
2021; IIRC, 2021; Moore, 1995).
METODOLOGÍA
El presente manuscrito se estructura como un artículo de reflexión académica basada en evidencia
documental, conceptual y propositiva. De acuerdo con la taxonomía de la investigación en gestión y
políticas públicas, el estudio adopta un enfoque analítico-sintético y de diseño aplicado, toda vez que
no se limita a la descripción teórica del fenómeno de la rendición de cuentas, sino que decanta en el
desarrollo de una herramienta metodológica viable para el escenario de la fiscalización subnacional. La
estrategia de investigación se despliega a través de una trayectoria de tres fases o momentos
interdependientes:
Fase 1 Revisión conceptual y crítica de la literatura. En un primer momento, se adelantó una revisión
sistemática de literatura especializada con el objetivo de caracterizar el tránsito paradigmático en la
rendición de cuentas pública. El rastreo bibliográfico se concentró en cinco ejes conceptuales
estructurantes: la Nueva Gestión Pública (NGP), la Nueva Gobernanza Pública, la Teoría Institucional,

pág. 3855
la Teoría de las Modas Gerenciales (fad and fashion) y el enfoque de Transparencia Fiscal Activa. Para
explicar la desconexión cognitiva entre las entidades de control y la ciudadanía, se emplearon las
categorías analíticas de asimetrías de información (Stiglitz, 1981, 2002) y costos de transacción (Coase,
1937; Williamson, 1985), contrastándolas con la conceptualización de la rendición de cuentas como
una relación social tridimensional (información, justificación y consecuencias) propuesta por Bovens
(2007).
Fase 2 Contraste analítico de experiencias internacionales. La segunda fase consistió en un análisis
cualitativo y comparado de la implementación práctica de los Informes Financieros Populares (IFP) y
los Informes Integrados (IR), tomando como referentes empíricos los estudios de Yusuf et al. (2013)
en gobiernos locales de Estados Unidos, y de De Sousa Prudente y Vaz de Lima (2021) en la
administración pública de Brasil. Este contraste permitió identificar una brecha crítica común: el riesgo
de que estos instrumentos deriven en una “legitimidad superficial” o window-dressing (Biondi &
Bracci, 2018; Abrahamson, 1996) debido a la persistencia del lenguaje contable hermético, la excesiva
extensión de los documentos y la adopción de canales de distribución netamente pasiva (vía páginas
web). Los aprendizajes extraídos de esta fase sirvieron como advertencias metodológicas y criterios de
control para el diseño de la propuesta local.
Fase 3 Diseño propositivo aplicado al contexto colombiano. A partir de los insumos teóricos y los
contrastes internacionales, se procedió al diseño operativo de la propuesta: el Informe Popular Integrado
(IPI) aplicado a la fiscalización subnacional en Colombia. El universo de aplicación técnica se delimitó
específicamente al marco de la Auditoría Financiera y de Gestión (AFG) que ejecutan las contralorías
territoriales, por ser la modalidad integral que evalúa de forma simultánea la razonabilidad financiera,
la ejecución presupuestal y los principios de gestión (economía, eficiencia y eficacia), culminando en
el juicio definitivo de fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta (SINACOF, 2024).
Para viabilizar el modelo y garantizar que conserve el rigor del control fiscal sin desmedro de la claridad
ciudadana, el diseño instrumental del IPI se estructuró a partir de los siguientes criterios metodológicos:
1. Selección de indicadores base: Se adoptaron los 20 indicadores clave identificados por Méndez-
Téllez (2024), asegurando su aplicabilidad transversal a diferentes sujetos vigilados (municipios,
hospitales públicos, empresas de servicios públicos, entre otros).

pág. 3856
2. Arquitectura modular de la plantilla: para cada indicador financiero y presupuestal se parametrizó
una ficha técnica estructurada en Microsoft Excel, organizada operativamente en los siguientes
campos de información:
Identificación institucional y temporal: Entidad y vigencia fiscal auditada.
Capa técnica: Identificación del indicador, definición del objetivo, variables financieras y fórmula
matemática de cálculo que garantiza la trazabilidad del dato.
Análisis horizontal: Registro histórico de años recientes para evaluar la tendencia y evolución temporal
de la variable.
Capa interpretativa y visual: Incorporación de los límites legales establecidos por la normativa y un
sistema de Semáforo de Cumplimiento (verde, amarillo y rojo) para la clasificación inmediata del nivel
de riesgo fiscal.
Capa cualitativa-pedagógica: Formulación obligatoria de una Opinión Cualitativa y
Recomendaciones, orientada a traducir el resultado técnico a un lenguaje claro y comprensible que
identifique los impactos de la gestión fiscal sobre la creación, preservación o erosión del valor público
en el territorio (Moore, 1995).
Soporte gráfico: Inclusión de un gráfico comparativo de barras para reducir las barreras cognitivas de
interpretación.
Este procedimiento metodológico tripartito garantiza que el modelo de Informe Popular Integrado (IPI)
no sea presentado como una abstracción normativa o una simple copia mimética, sino como un
dispositivo relacional de mediación democrática, susceptible de ser adaptado, validado e
institucionalizado de forma gradual y a bajo costo en las contralorías territoriales colombianas.
Tendencias en Rendición de Cuentas: Ámbitos internacional, regional y nacional
Ámbito internacional: hacia una responsabilidad expandida y tecnológica
En el escenario global, la rendición de cuentas pública ha dejado de estar anclada exclusivamente en
mecanismos de control fiscal tradicionales para abrirse a un espectro más amplio y complejo, donde
confluyen tecnologías emergentes, nuevas formas de relación Estado-sociedad y enfoques
multicapitales. En este contexto, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE/OECD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el IIRC y la Open Government

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Partnership (OGP) han promovido la responsabilidad expandida, que incluye no solo la transparencia
de datos financieros, sino también la visibilización del desempeño ambiental, social, ético y de
gobernanza (ESG). Entre las tendencias más destacadas se encuentran:
• Los Informes Integrados (IR) que combinan información financiera y no financiera para mostrar
cómo una entidad crea valor en el corto, mediano y largo plazo (IIRC, 2021).
• El uso de big data, analítica predictiva e inteligencia artificial para personalizar los reportes
ciudadanos, segmentar públicos objetivos y facilitar la comprensión del presupuesto público a
través de dashboards interactivos.
• El auge de los formatos multimediales y de narrativas digitales interactivas que buscan transformar
el reporte en una experiencia de comunicación pública emocional, no solo informativa.
• El concepto de gobernanza algorítmica, que incorpora el análisis de sesgos en los sistemas de
decisión pública automatizados, promoviendo la transparencia en el uso de algoritmos en los
servicios estatales (OECD, 2022).
Estas tendencias responden a un nuevo paradigma de rendición de cuentas como co-creación, donde la
ciudadanía no es vista como receptora de información, sino como coproductora de valor público. Se
privilegia el diálogo, la retroalimentación activa y la participación multicanal. Vale mencionar que la
analítica de datos, los tableros interactivos y los formatos multimediales son valiosos solo si reducen
barreras cognitivas, no si aumentan la complejidad técnica. Por ello, el IPI debe combinar tecnología
con lenguaje claro, pedagogía fiscal y accesibilidad, especialmente para ciudadanos con baja
alfabetización financiera o limitada conectividad.
En Latinoamérica: rendición de cuentas como justicia fiscal y empoderamiento
En América Latina, la rendición de cuentas pública está atravesada por desafíos estructurales como la
corrupción, la informalidad, la baja confianza institucional y la desigualdad económica y social. En este
contexto, han emergido propuestas que entienden la rendición de cuentas como una vía para reconstruir
el contrato social desde una lógica de derechos (Atilano, 2024). Las nuevas tendencias regionales
incluyen:

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• El enfoque de ciudadanía fiscal, que promueve el derecho a comprender, participar y decidir sobre
el destino de los recursos públicos, no solo a través de la transparencia, sino mediante presupuestos
participativos, auditorías ciudadanas y monitoreos comunitarios (Sarauz et al., 2025)
• La incorporación de enfoques interseccionales en los informes públicos, visibilizando cómo las
políticas fiscales afectan diferencialmente a mujeres, comunidades étnicas, jóvenes y personas en
condición de pobreza (López et al., 2024).
• El avance de plataformas de presupuesto abierto y rendición de cuentas multiactor, en las que se
involucran universidades, movimientos sociales, ONGs y entidades estatales.
• La aparición de informes con enfoque de justicia fiscal y reparación social, especialmente en países
con conflictos armados o crisis de derechos humanos (como Colombia, Perú o México), donde la
rendición de cuentas se articula con la memoria, la verdad presupuestal y la justicia distributiva.
(Franco et al., 2024).
En Colombia: avances, retos y experiencias emergentes
En Colombia, el desarrollo de nuevas teorías y prácticas en torno a la rendición de cuentas ha estado
marcado por un avance desigual. Si bien existen marcos normativos robustos como la Ley de
Transparencia (Ley 1712 de 2014), la Ley de Participación Ciudadana (Ley 1757 de 2015) y los
lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Público (DAFP) sobre lenguaje claro, la
práctica de informes financieros accesibles y participativos sigue siendo limitada.
No obstante, en los últimos años han emergido experiencias y tendencias significativas:
• La propuesta del Informe Popular Integrado (IPI) como alternativa al enfoque tecnocrático de los
informes financieros y presupuestales tradicionales, busca integrar accesibilidad narrativa con
profundidad técnica, siguiendo las recomendaciones del IIRC y las buenas prácticas identificadas
por Castañeda y Rojas (2025) y Álvarez y Rojas (2024).
• El uso creciente de lenguaje claro y narrativas visuales en informes de contralorías territoriales,
como el caso de la Contraloría Departamental de Cundinamarca (Sánchez, 2025) que además del
informe ampliado elaboran un resumen ejecutivo del informe macrofiscal.

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• Procesos de co-creación de informes con organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y
colectivos territoriales, que han comenzado a incidir en la manera como se comunica el
presupuesto y el gasto público.
• Desde la academia se promueve el diseño de metodologías críticas y participativas para evaluar
la efectividad de los informes en la promoción del control social. El objetivo es enfocarse en el
impacto real de dichos informes, más allá del cumplimiento del requisito. (Alade & Kilishi,
2024).
A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes: el rezago en capacidades técnicas de muchas
entidades territoriales, la falta de cultura institucional hacia la transparencia proactiva, y la desconexión
entre el diseño del informe y la demanda real de información por parte de la ciudadanía. Sin embargo,
el potencial transformador del IPI en Colombia reside en su capacidad para convertirse en un
instrumento de formación democrática, apropiación territorial y construcción de legitimidad desde la
base social.
Estado del Arte
Aunque la literatura académica ha mostrado avances importantes en la discusión sobre la claridad, la
accesibilidad y la comunicación financiera ciudadana a través de los Informes Financieros Populares
(IFP), los Informes Integrados (IR) y la transparencia fiscal, existe un vacío investigativo crítico: son
escasos los trabajos que integran estos enfoques con los informes de auditoría territorial y el control
fiscal subnacional. La producción científica disponible ha concentrado su análisis principalmente en la
estructura, utilidad y distribución de los IFP dentro de los gobiernos locales, evaluando su impacto en
la confianza institucional de manera general. Sin embargo, se ha dejado de lado el examen de cómo
estos modelos pueden transformar los reportes emitidos por los órganos de control, especialmente
cuando dichos documentos contienen opiniones técnicas, hallazgos fiscales, mapas de riesgos y juicios
sobre el uso de los recursos públicos.
Al revisar los hitos de los estudios pioneros sobre los IFP, se evidencia un consenso global en torno a
su potencial para fortalecer la democracia participativa y la rendición de cuentas en el sector público.
No obstante, los resultados empíricos de investigaciones en el contexto estadounidense (Yusuf et al.,
2013) y en la experiencia brasileña (De Sousa Prudente & Vaz de Lima, 2021; Lima Fonseca et al.,

pág. 3860
2024) sugieren que su efectividad real se ve comprometida por una marcada brecha entre el propósito
ideal y la implementación práctica. La persistencia de tecnicismos, la extensión excesiva de los
documentos y la dependencia de métodos de distribución pasivos –que asumen que el ciudadano
buscará el informe por iniciativa propia– son manifestaciones recurrentes de esta tensión.
Esta desconexión entre la alta sofisticación técnica y la baja apropiación social resulta especialmente
crítica en Colombia. En el ámbito subnacional, las contralorías territoriales producen información fiscal
y de auditoría de alto valor analítico. Sin embargo, estos productos adolecen de severas limitaciones en
términos de homogeneidad, extensión, claridad y, por ende, de uso efectivo por parte de las veedurías
y la ciudadanía común (De Sousa Prudente & Vaz de Lima, 2021; Yusuf et al., 2013; Méndez-Téllez,
2024, 2025).
La tabla 1 presenta las características clave para un IFP eficaz adaptado específicamente al contexto del
sector público brasileño por De Sousa Prudente y Vaz de Lima (2021).
Tabla 1. Características clave del Modelo de IFP
Característica Descripción
Información básica Visión simplificada de los estados financieros, sin análisis detallados ni
términos técnicos.
Fácilmente comprensible Evitar la jerga y el lenguaje técnico; reemplazar términos contables con
palabras familiares y contexto.
Enfoque en los ciudadanos Adaptar el informe a las preocupaciones del público y medir el éxito según
la comprensión del mensaje.
Contenido relevante Presentar información pertinente, organizada y significativa que ayude a los
ciudadanos a entender su impacto.
Información auditada Asegurar la credibilidad y fiabilidad, aunque sea un desafío en algunos
contextos.
Declaraciones de
retroalimentación
Animar a los usuarios a proporcionar comentarios para verificar la utilidad
del informe.
Distribución del informe Asegurar que la información sea accesible a través de canales efectivos
(impreso, en línea, redes sociales).
Visualmente atractivo Usar tipografía legible, gráficos, ilustraciones, colores y tablas para
simplificar material complejo.
Conformidad con los
principios contables
Reforzar la legitimidad del informe adhiriéndose a principios contables
establecidos.
Fuente: elaboración propia con base en De Sousa & Vaz de Lima (2021).

pág. 3861
Las nueve características muestran que un IFP eficaz requiere equilibrio entre simplificación, rigor y
utilidad ciudadana. La información básica y comprensible reduce la barrera cognitiva; la información
auditada conserva la confianza técnica; la retroalimentación y la distribución efectiva convierten el
informe en un instrumento de interacción pública. Desde esta lectura, el IPI propuesto debe asumir estas
características como condiciones mínimas, pero ampliarlas hacia una lógica de valor público: no basta
con explicar cifras, también es necesario mostrar consecuencias, riesgos, beneficiarios y oportunidades
de mejora.
De Sousa & Vaz de Lima (2021) evidencian que, a pesar de la claridad de este modelo, el análisis de
las experiencias brasileñas (como los informes de Bahía y el Ministerio de Economía) reveló una brecha
significativa entre el objetivo y la realidad. Los IFP analizados, si bien mostraban avances en términos
de diseño didáctico y atractivo visual, seguían siendo documentos extensos (de 42 a 152 páginas) y
conservaban gran parte del lenguaje técnico de los informes oficiales, lo que limitaba su comprensión
para el público general. Esta persistencia del lenguaje técnico y la extensión excesiva representan
desafíos comunes que socavan la eficacia de los informes para cumplir su función de facilitar la
comunicación de la información financiera.
La distancia entre el propósito y la implementación también se manifiesta en el estudio empírico de
Yusuf et al. (2013) sobre los gobiernos locales en Estados Unidos. El estudio, basado en una encuesta
a grandes ciudades y condados, encontró una alta prevalencia de los IFP, con un 75% de las entidades
encuestadas informando que emitían algún tipo de IFP. Las justificaciones dadas para esta adopción
tenían que ver con informar a los ciudadanos, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y
responder a la necesidad percibida de información financiera por parte de los ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de tener claridad en los motivos, el estudio reveló una contradicción en el tema de
la distribución. La dependencia de estrategias de distribución pasiva era casi universal: el 100% de los
emisores publicaba el informe en su sitio web, y la mayoría lo hacía disponible en edificios
gubernamentales (76%) o bibliotecas públicas (58%). Por el contrario, la distribución activa, como el
envío postal directo a los hogares, era mucho menos frecuente.
La evidencia estadounidense permite formular una advertencia metodológica para Colombia: publicar
un informe en la página web institucional no garantiza apropiación ciudadana. La distribución pasiva

pág. 3862
reproduce una transparencia de oferta, centrada en lo que la entidad decide publicar; en cambio, la
coproducción de valor público requiere una transparencia de uso, orientada a que la ciudadanía
encuentre, comprenda, compare y cuestione la información. Por ello, el modelo IPI debe incluir una
estrategia de circulación activa: socializaciones territoriales, resúmenes ejecutivos, infografías, piezas
para redes sociales, talleres con veedurías y mecanismos de preguntas y respuestas.
La alta prevalencia de los IFP y las motivaciones declaradas sugieren que su adopción es una práctica
institucionalizada y bien intencionada. Sin embargo, la dependencia de la distribución pasiva demuestra
que la mera disponibilidad de información (transparencia pasiva) no se traduce en una comunicación
efectiva ni en un uso garantizado por parte de la ciudadanía. La brecha entre el objetivo de “informar”
y la práctica de “poner a disposición” el informe socava su efectividad para cerrar la brecha de confianza
y fomentar la participación. Esto puede interpretarse como una manifestación empírica de la tesis de
Biondi y Bracci (2018): los gobiernos cumplen con el requisito formal de producir un IFP para ganar
legitimidad institucional, pero no realizan el esfuerzo proactivo, costoso y continuo necesario para
asegurar que el informe cumpla su propósito real.
Otros informes similares por su carácter holístico, son los Informes Integrados (IR) que presentan
información financiera y no financiera para proporcionar una imagen amplia de cómo un ente territorial
crea valor a lo largo del tiempo, considerando sus interdependencias con diversos capitales (financiero,
intelectual, humano, social, natural, entre otros). El objetivo es mostrar la relación entre la estrategia, la
gobernanza, el desempeño y las perspectivas futuras en el contexto de su entorno.
Por su parte, Biondi & Bracci (2018), hacen un análisis comparativo de los SR, PFR e IR en el contexto
del sector público italiano. Estos autores plantearon preguntas sobre la distinción real entre estos
formatos y expresaron preocupación sobre si su adopción podría responder más a una moda gerencial
(managerial fad and fashion), que a una mejora profunda y duradera en la rendición de cuentas. Si bien
reconocieron el objetivo compartido de superar las limitaciones de los informes financieros
tradicionales, instaron a una reflexión crítica sobre su implementación, sus verdaderos efectos y el
riesgo de que se conviertan en ejercicios superficiales, de apariencia (los autores utilizan la expresión
en inglés window-dressing que en el contexto sería maquillaje contable, que sería organizar la
información financiera y contable para dar una imagen más favorable de la realidad).

pág. 3863
Además, si bien estos informes son teóricamente distintos, en la práctica se les puede cruzar o solapar
la información que presentan, sobre todo entre el IR y el IFP. Esto nos hace pensar si es necesario
mantener varios informes separados o si más bien sería mejor tener un solo informe bien diseñado,
integrado y fácil de consultar que muestre cómo se genera valor de manera completa; que sería el
objetivo del Informe Popular Integrado (IPR).
Las auditorías en la gestión pública
El planteamiento central de este artículo es proponer la aplicación de una especie de modelo de Informes
Financieros Populares (IFP) a los reportes que elaboran las contralorías territoriales en las auditorías
financiera y de gestión realizadas a sus sujetos vigilados (entes territoriales como municipios, empresas
de servicios públicos, hospitales públicos, empresas departamentales, entre otros). A continuación, se
ofrece un contexto que explica qué es una auditoría y cuáles son los tipos de auditoría que existen en
Colombia para luego exponer el aporte de la investigación.
La auditoría en el sector público es definida como una revisión independiente y objetiva que se lleva a
cabo por personas competentes. Su objetivo fundamental es obtener evidencia suficiente, competente y
relevante para contrastarla con los criterios normativos, de calidad y demás aplicables al proceso, lo
cual permite emitir conclusiones fundadas (Espinoza et al., 2019; COPNIA, 2025).
Una auditoría pública es un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades,
operaciones y resultados de una entidad pública (DAFP, 2013). Los tipos de auditorías en Colombia
son la Auditoría Financiera y de Gestión (AFG), la Auditoría de Cumplimiento (AC), la Auditoría de
Desempeño (AD) y la Auditoría Forense (AF), principalmente.
Auditoría Financiera y de Gestión
La Auditoría Financiera y de Gestión (AFG) es una modalidad integral que busca determinar si la
información financiera, presupuestal, de gestión y de resultados de una entidad se ajusta a la normativa
aplicable. Su objetivo principal es emitir un pronunciamiento sobre la razonabilidad de los estados
financieros y evaluar si la gestión fiscal cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía.
El resultado es el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta anual consolidada de la entidad
(SINACOF, 2024). La AFG se distingue por su doble función: financiera y de gestión.

pág. 3864
La función financiera expresar una opinión sobre si los estados financieros o cifras financieras están
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco legal aplicable, y si se
encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Esto incluye expresar una opinión
sobre la razonabilidad del presupuesto, considerando los principios presupuestales. Por su parte, la
función de gestión se refiere a determinar si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y
eficaz, emitiendo un concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto (Espinoza et al., 2019.
El proceso culmina en la determinación del fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta. Este juicio se
basa en la opinión a los estados financieros, la opinión al presupuesto y el concepto integral sobre la
gestión de la inversión y del gasto, representando el juicio definitivo sobre la legalidad y la calidad de
la administración de los recursos.
Un objetivo específico de la AFG es evaluar el control interno para expresar un concepto basado en los
riesgos identificados, determinando la calidad, el nivel de confianza y la eficacia y eficiencia del control
interno en el cumplimiento de sus objetivos. La evaluación del control interno establece una relación
causal directa: un control interno débil o ineficaz es un hallazgo de la AFG que aumenta el riesgo
inherente de la gestión fiscal y puede conducir a un concepto negativo (Yusuf & Kanji, 2020).
Auditoría de Cumplimiento
La Auditoría de Cumplimiento (AC) tiene como propósito obtener evidencia suficiente y adecuada para
establecer el estado de cumplimiento de las entidades frente a las leyes, normas, regulaciones y
lineamientos a los que están sometidos. Se enfoca en la legalidad de las operaciones y en la verificación
de que los procesos se ajusten a los procedimientos establecidos. La auditoría de cumplimiento busca
mitigar riesgos y evitar sanciones, fomentando una cultura de integridad y gobernanza responsable
(SINACOF, 2024).
La materia auditable en una Auditoría de Cumplimiento es amplia y debe ser identificable y evaluable,
cubriendo cualquier tipo de actividad, programa, operación o transacción que integre la gestión fiscal.
Ejemplos de asuntos que se pueden auditar incluyen el desempeño financiero, el uso de fondos
asignados, el recaudo de impuestos, multas, etc., la gestión contractual, el proceso de adquisiciones, la
provisión de servicios, la protección de activos, y el comportamiento de los funcionarios en la toma de
decisiones (Contraloría Distrital de Bogotá, s.f.).

pág. 3865
El enfoque de la Auditoría de Cumplimiento está intrínsecamente basado en riesgos. El auditor debe
iniciar el proceso con el entendimiento profundo del sujeto de control, analizando su marco regulatorio
y los aspectos relevantes de su naturaleza y entorno.
La determinación de la materialidad o importancia relativa (cuantitativa y cualitativa) es una actividad
fundamental en la fase de planificación estratégica de la AC. La materialidad es uno de los principios
generales que rige la auditoría, y su definición es crucial, ya que determina si una desviación o error
encontrado durante las pruebas de auditoría es lo suficientemente significativo para afectar el concepto
final de la auditoría de cumplimiento.
La materialidad, una vez establecida, guía al auditor en la selección de los procedimientos de auditoría
a aplicar. El método de selección de la muestra ya sea el examen del 100% de los individuos, la selección
específica o el uso de muestreo estadístico o no estadístico, dependerá del propósito de la evaluación y
del nivel de riesgo material identificado.
Aunque la detección de fraude no es el objetivo primario de la Auditoría de Cumplimiento, la
metodología exige que el auditor incluya los factores de riesgo de fraude en sus evaluaciones. Es
fundamental que el equipo de auditoría se mantenga alerta a los signos de fraude, ya que los casos de
incumplimiento normativo pueden constituir un uso deliberado e indebido por parte de funcionarios
para obtener un beneficio ilegítimo.
Si durante la ejecución se detectan casos de incumplimiento que pudieran ser indicativos de fraude, el
auditor debe ejercer la debida cautela profesional para no interferir con futuros procesos legales o
investigaciones que puedan surgir. La AC actúa, por lo tanto, como una capa preventiva y de alerta
temprana. Al identificar debilidades estructurales relacionadas con el fraude, la falta de mecanismos de
denuncia anónimos, o la mala definición de responsabilidades laborales, la AC reduce la vulnerabilidad
institucional, dejando la investigación detallada de estos indicios a la Auditoría Forense especializada
(Contraloría Distrital de Bogotá, s.f.).
Auditoría de Desempeño
La Auditoría de Desempeño (AD) es la modalidad de control fiscal orientada a evaluar si las políticas
y programas gubernamentales están logrando sus metas y si el uso de los recursos públicos genera el
valor social esperado, contribuyendo a la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia

pág. 3866
(INTOSAI, 2021). La AD no se limita a la legalidad (como la AC) o a la razonabilidad financiera (como
la AFG), sino que evalúa el funcionamiento de las actividades gubernamentales conforme a los
principios de economía, eficiencia y/o eficacia (las 3E). Adicionalmente, se tienen en cuenta principios
como la equidad, el desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales.
La auditoría de la economía se centra en el modo en que los sujetos de control lograron minimizar los
costos de los recursos o insumos utilizados, siempre asegurando su calidad. La pregunta central es: ¿Los
recursos utilizados se encuentran disponibles de manera oportuna, en la cantidad y con la calidad
adecuadas, y al mejor precio? Este análisis se enfoca típicamente en los procesos de compra y
contratación de bienes y servicios.
La eficiencia se refiere a la relación óptima entre los recursos utilizados (insumos) y los productos
entregados (en términos de cantidad, calidad y oportunidad). La auditoría de eficiencia busca determinar
si los insumos se han utilizado de forma óptima, o si con menos recursos se podrían haber obtenido
productos similares. Implica alcanzar el mayor nivel posible de productos con un nivel de insumos
determinado.
La eficacia se vincula directamente con el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados
previstos. La auditoría de eficacia se concentra en la medición del grado en que se cumplen los objetivos
de la política y si este logro puede atribuirse a la política instrumentada. Esto se analiza en términos de
productos, resultados o impactos.
Un elemento crucial de la AD es que busca examinar no solo el logro, sino también establecer los
procesos críticos y los factores que obstaculizan, restringen o impiden el alcance de los objetivos y
metas. Por lo tanto, el informe de AD es inherentemente orientado a la mejora y a la solución de fallas
sistémicas, más que a la determinación de responsabilidades fiscales inmediatas.
Auditoría Forense
La Auditoría Forense (AF) es el instrumento de control más especializado y reactivo, diseñado para
investigar y proveer pruebas en casos que implican fraude financiero y corrupción dentro del sector
público. La AF se caracteriza por su especialización en la identificación del fraude financiero. Su
objetivo principal es examinar los fundamentos teóricos y jurídicos y reconocer sus efectos en la
detección del fraude para una gestión transparente.

pág. 3867
La AF es un mecanismo de control esencial para reaccionar con prontitud ante el fraude y la corrupción
(Coha & Barraza, 2024).
El surgimiento y la necesidad de la Auditoría Forense se fundamentan en una crítica a la auditoría
tradicional. Históricamente, la responsabilidad del auditor evolucionó desde la búsqueda estricta de
fraude (en la época industrial) hasta la confirmación de la exactitud e integridad de los datos financieros.
Esta evolución resultó en un énfasis tradicional de la auditoría que ha demostrado ser insuficiente para
identificar casos sofisticados de fraude y corrupción (Coha & Barraza, 2024).
La Auditoría Forense representa un cambio de paradigma, pues su objetivo no es emitir una opinión
sobre estados financieros o un concepto de gestión, sino generar pruebas legalmente admisibles.
El alcance operativo de la Auditoría Forense (AF) se enfoca en la investigación de las motivaciones
subyacentes de los defraudadores y la identificación de las áreas de vulnerabilidad en las entidades
públicas. El producto clave de la AF es la capacidad de resumir pruebas suficientes y fiables para
emprender acciones legales.
El dictamen de auditoría forense debe dar una relación bien detallada de los hechos y las pruebas que
sean útiles, conducentes y pertinentes para probar la existencia de una conducta punible o de
responsabilidad fiscal o disciplinaria. Este informe sirve de apoyo directo a las acciones que los
operadores de la justicia deben emprender para identificar a los responsables de actos indebidos o
ilegales.
Se tiene, entonces, que la auditoría en la gestión pública en Colombia se clasifica en cuatro modalidades
principales: la Auditoría Financiera y de Gestión (AFG), cuyo fin es emitir una opinión sobre la
razonabilidad de los Estados Financieros y el Presupuesto, y un concepto integral sobre la gestión
(economía, eficiencia y eficacia), culminando en el juicio de Fenecimiento o No Fenecimiento, lo que
determina la legalidad y calidad integral de la administración de recursos. La Auditoría de
Cumplimiento (AC) se centra en verificar el estado de cumplimiento normativo y legal, actuando como
una capa preventiva y de alerta temprana para fomentar la integridad y reducir la vulnerabilidad
institucional.
Por su parte, la Auditoría de Desempeño (AD) evalúa el logro de metas y el impacto social de políticas
y programas conforme a los principios de Economía, Eficiencia y/o Eficacia (3E), siendo esencialmente

pág. 3868
orientada a la mejora continua y a la solución de fallas sistémicas. Finalmente, la Auditoría Forense
(AF) es un mecanismo especializado y reactivo que genera dictámenes periciales y pruebas legalmente
admisibles para probar fraude financiero, constituyendo un instrumento clave para combatir la
impunidad.
Esta clasificación revela la transición del control fiscal desde un mero enfoque en la legalidad hacia una
visión más integral que abarca la calidad de la gestión y la generación de valor público. Ver en la tabla
2 una síntesis los tipos de autorías.
Tabla 2. Comparativo de los tipos de auditorías y su utilidad estratégica y social
Tipo de auditoría Objetivo / materia Utilidad
Auditoría Financiera y
de Gestión (AFG)
Opinión sobre la razonabilidad de los
Estados Financieros y el Presupuesto;
Concepto integral sobre la economía,
eficiencia y eficacia (3E) de la gestión
fiscal. Juicio final: Fenecimiento o No
Fenecimiento de la cuenta.
Determina la legalidad y la calidad integral
de la administración de recursos.
Constituye el juicio definitivo sobre la
gestión de una vigencia, siendo esencial
para la rendición de cuentas integral.
Auditoría de
Cumplimiento (AC)
Estado de cumplimiento normativo,
legal y regulatorio. Enfoque en la
legalidad de las operaciones, la
verificación de que los procesos se
ajustan a los procedimientos
establecidos, y la mitigación de
riesgos.
Actúa como capa preventiva y de alerta
temprana. Fomenta la integridad, evita
sanciones y reduce la vulnerabilidad
institucional al identificar debilidades
estructurales.
Auditoría de
Desempeño (AD)
Evaluación del logro de metas,
resultados e impacto social de
políticas y programas, conforme a los
principios de Economía, Eficiencia
y/o Eficacia (3E). Identificación de
factores que obstaculizan o impiden el
alcance de objetivos.
Orientada a la mejora continua y a la
solución de fallas sistémicas. Provee
insumos valiosos para el rediseño de
políticas públicas y la rendición de cuentas
sobre la generación de valor social
(INTOSAI).
Auditoría Forense (AF) Dictamen pericial que genera pruebas
legalmente admisibles, detallando
hechos y evidencias suficientes para
probar la existencia de fraude
financiero, corrupción o conducta
punible.
Es un mecanismo reactivo y especializado.
Su producto clave apoya directamente las
acciones legales, fiscales o disciplinarias, lo
que la hace un instrumento esencial para
combatir la impunidad.
Fuente: elaboración propia con base en SINACOF (2024).

pág. 3869
Propuesta de informe de Auditoría Financiera y de Gestión
La fiscalización de los recursos públicos en los entes territoriales de Colombia ha estado dominada por
un paradigma tecnocrático de rendición de cuentas que, bajo estructuras contables herméticas y de
excesiva extensión, perpetúa una profunda asimetría de información entre la administración pública
(agente) y los ciudadanos (principal). Desde la perspectiva de la economía de la información y la teoría
de los costos de transacción, este hermetismo impone un elevado costo de oportunidad a la ciudadanía
para comprender los dictámenes fiscales.
Frente a estas barreras de entrada institucionales, surge el Informe Financiero Popular (IFP) como un
mecanismo de innovación democrática orientado a presentar información fiscal pedagógica, accesible
y visual. No obstante, la evidencia empírica internacional demuestra la existencia de una brecha crítica
entre el propósito ideal de los IFP y su implementación práctica. En países como Brasil y Estados
Unidos, la persistencia del lenguaje técnico, la excesiva extensión de los reportes y la dependencia de
canales de distribución pasiva (como su mera publicación en la web institucional) neutralizan el
potencial democratizador de estos documentos, reduciendo su adopción a un mero ejercicio de
legitimación formal o “window-dressing”. Esta adopción simbólica e inconexa responde a las dinámicas
descritas por la teoría institucional sobre el isomorfismo mimetético y la teoría de las modas gerenciales,
donde las organizaciones públicas adoptan formatos modernos para aparentar transparencia sin
transformar sustantivamente sus prácticas internas de rendición de cuentas.
Para superar esta limitación, se propone el Informe Popular Integrado (IPI) como un modelo que fusiona
la claridad narrativa y comunicativa de los IFP con la visión de sostenibilidad multicapital de los
Informes Integrados (IR). El IPI trasciende la presentación aislada de cifras financieras para narrar, de
manera coherente y contextualizada, cómo la entidad territorial crea, preserva o erosiona valor público
a lo largo del tiempo. Aplicar este enfoque a la Auditoría Financiera y de Gestión (AFG) que realizan
las contralorías territoriales en Colombia permite traducir los complejos juicios de cumplimiento, los
conceptos presupuestales y las opiniones de razonabilidad financiera en un relato colectivo vinculante
y comprensible para el ciudadano común.
Para asegurar su replicabilidad, la plantilla del IPI puede organizarse en cuatro capas. La primera es una
capa técnica, que incluye datos, fuente, fórmula, límite legal y criterio de auditoría; la segunda es una

pág. 3870
capa interpretativa, que incorpora tendencia, semáforo de cumplimiento y explicación del resultado; la
tercera es una capa ciudadana, orientada a expresar en lenguaje claro qué significa el indicador para la
comunidad y por qué debe importarle; y la cuarta es una capa de acción pública, que presenta
recomendaciones, responsables institucionales y posibilidades de seguimiento. Esta estructura permite
conservar el rigor propio de la Auditoría Financiera y de Gestión, pero amplía su utilidad social al
convertir la información fiscal en un insumo comprensible para la deliberación, la veeduría y la mejora
institucional (Méndez-Téllez, 2024, 2025; SINACOF, 2024).
La pretensión es, entonces, ofrecer un esquema sencillo y claro, en concordancia con el objetivo de los
IFP, de manera que se elaboró una plantilla en hoja de cálculo (ver tabla 3) donde en cada hora de
cálculo se desarrolló un indicador, con una especie de ficha técnica de cada indicador. Para cada
indicador financiero y presupuesta se deben diligenciar los siguientes campos:
• Entidad y vigencia fiscal: campo para especificar la entidad que está siendo auditada y el período
fiscal específico al que corresponden los datos.
• Identificación del indicador: proporciona el nombre y el objetivo del indicador que se está
midiendo.
• Variables y fórmula de cálculo: detalla las variables financieras necesarias para calcular el
indicador y la fórmula matemática que se aplica para obtener el resultado.
• Análisis horizontal: presenta el valor del indicador de años recientes, lo que permite observar su
evolución y se tendría un análisis horizontal.
• Semáforo de cumplimiento: establece una clasificación visual (con los colores usuales: verde,
amarillo y rojo) para determinar si el resultado está dentro de los límites aceptables o si se acerca
a un punto crítico o de incumplimiento.
• Límites legales: muestra el límite máximo o mínimo permitido por la ley para el indicador.
• Opinión cualitativa y recomendaciones: ofrece un análisis de la situación y proporciona
recomendaciones específicas basadas en el resultado del indicador y la clasificación del semáforo.
Por ejemplo, puede sugerir medidas preventivas si el indicador se acerca a un límite, o acciones
correctivas si ya se ha incumplido la norma.

pág. 3871
• Gráfico comparativo: Incluye una representación visual de los datos, como un gráfico de barras,
que compara las variables del indicador para diferentes períodos.
Los indicadores incorporados en las plantillas se derivan de la investigación de Méndez-Téllez (2024;
2025), donde se identificaron 20 indicadores clave tras una revisión exhaustiva de la Guía de Auditoría
Territorial (GAT) del SINACOF (2024).
Los 20 indicadores aplican a todas las entidades vigiladas, bien sean municipios, empresas de servicios
públicos, hospitales públicos o empresas industriales y comerciales del Estado. Esta aclaración mejora
la viabilidad del modelo y evita que el IPI se perciba como una plantilla única para realidades
institucionales muy diferentes.
La plantilla propuesta evidencia que el IPI puede operar como puente entre el dictamen técnico y la
comprensión ciudadana. La presencia simultánea de fórmula, límite legal, tendencia y semáforo permite
que el lector identifique no solo el resultado del indicador, sino su nivel de riesgo y su evolución. Sin
embargo, para que la figura no funcione como un anexo aislado, es necesario explicar en el texto cómo
cada componente contribuye a reducir la asimetría informativa: la fórmula garantiza trazabilidad, el
semáforo facilita interpretación rápida, el análisis horizontal permite comparación temporal y la
recomendación conecta el diagnóstico con la acción pública.
La visualización debe interpretarse como un instrumento de alfabetización fiscal. Su función no es
reemplazar el informe técnico de auditoría, sino ofrecer una puerta de entrada para que actores no
especializados comprendan los aspectos críticos del desempeño financiero y de gestión. En este sentido,
la gráfica o ficha debe acompañarse de una lectura narrativa breve: qué muestra, por qué importa, qué
riesgo evidencia y qué decisión pública debería motivar.
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Tabla 3. Piloto de planilla de los Informes Financieros Populares
Fuente: elaboración propia.
DISCUSIÓN
La transición hacia un Informe Popular Integrado (IPI) no debe interpretarse como un cambio de
formato, sino como una transformación estructural en la relación entre el control fiscal, la ciudadanía y
la producción de valor público. La rendición de cuentas basada en la agencia tradicional parte de una
relación vertical: el agente público debe informar al principal ciudadano, mientras que los órganos de
control verifican el cumplimiento estricto de las obligaciones legales.

pág. 3873
Si bien esta lógica técnico-formal sigue siendo necesaria para la arquitectura institucional, resulta
insuficiente cuando la información producida es técnicamente correcta pero, al mismo tiempo,
socialmente inaccesible.
Desde la perspectiva de la coproducción, el problema central de la rendición de cuentas contemporánea
no radica en la existencia o el volumen de la información fiscal, sino en su capacidad real para ser
comprendida, discutida y utilizada por los actores sociales. En consecuencia, el IPI se ubica en un nodo
intermedio clave entre la rigurosidad auditora y la comunicación democrática. Su valor estratégico
reside en traducir los complejos hallazgos de la Auditoría Financiera y de Gestión en narrativas
comprensibles que permitan a los ciudadanos identificar riesgos, avances, incumplimientos y
oportunidades de mejora en sus territorios. Lejos de trivializar el ejercicio formal de la auditoría, esta
traducción amplía su alcance social, democratiza el acceso al dato financiero y fortalece la legitimidad
de las propias instituciones de control.
El análisis de la literatura revisada demuestra que, aunque los Informes Financieros Populares han
surgido globalmente como una respuesta necesaria a la creciente complejidad de los reportes públicos,
su efectividad real está fuertemente condicionada por sus entornos de implementación. La experiencia
internacional comparada advierte de un riesgo latente: estos informes pueden convertirse en meros
ejercicios de transparencia pasiva si se limitan a ser colgados estáticamente en los sitios web
institucionales. Por ello, el modelo IPI propuesto debe acompañarse de estrategias de circulación activa,
espacios formativos de explicación pública, canales bidireccionales de retroalimentación y sistemas de
seguimiento ciudadano a las recomendaciones. Sin estos componentes operativos, cualquier propuesta
corre el riesgo de reproducir el mismo fenómeno patológico que busca resolver: la producción de
información formalmente disponible pero democráticamente subutilizada.
En el contexto colombiano, esta propuesta adquiere una relevancia crítica. Las contralorías territoriales
producen información estratégica sobre la gestión fiscal de los municipios y las entidades
descentralizadas; sin embargo, una fracción considerable de este conocimiento técnico permanece
confinada a audiencias e instancias hiperespecializadas.
El IPI representa un instrumento para democratizar el control fiscal en el país, al tener la capacidad de
convertir variables complejas –tales como los indicadores de endeudamiento, la ejecución presupuestal,

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la gestión de la inversión, los hallazgos de auditoría y los mapas de riesgos– en mensajes claros y
orientados a la acción para veedurías ciudadanas, organizaciones sociales, medios de comunicación
locales, concejos municipales y la ciudadanía en general. De este modo, la auditoría pasaría de ser un
mero instrumento ex post de verificación punitiva a constituirse en un insumo dinámico para el
aprendizaje público y la mejora continua de la gestión gubernamental.
La transición hacia un modelo generalizado de IPI en Colombia exige reconocer capacidades
institucionales diferenciadas. La realidad territorial del país evidencia que no todas las contralorías
subnacionales disponen de equipos especializados en visualización de datos, comunicación pública o
pedagogía ciudadana. Por lo tanto, el modelo debe diseñarse bajo un enfoque de gradualidad,
replicabilidad y bajo costo operativo. La implementación puede iniciar con el despliegue de fichas
sintéticas de indicadores, sistemas visuales de semaforización y narrativas explicativas base, antes de
avanzar hacia el desarrollo de plataformas digitales o tableros interactivos más sofisticados.
CONCLUSIONES
El estudio ratifica que existe una brecha persistente entre el objetivo de informar y la práctica real de
poner a disposición la información (Méndez-Téllez, 2025). Por un lado, la alta prevalencia de los
Informes Financieros Populares (IFP) en gobiernos locales (como el 75% registrado en el estudio de
EE. UU.) sugiere que su adopción es una práctica legitimadora impulsada por la Teoría Institucional.
Sin embargo, por otro lado, la dependencia casi universal de la distribución pasiva (100% en sitios web)
y la persistencia de un lenguaje técnico en documentos extensos neutralizan su potencial democrático.
Esta contradicción confirma la preocupación de la Teoría de las Modas Gerenciales: la adopción de
nuevos formatos puede ser más simbólica que funcional, cumpliendo con la formalidad para ganar
legitimidad sin generar un cambio real en la rendición de cuentas sustantiva.
Como respuesta evolutiva a esta brecha, se propone la utilización del Informe Popular Integrado (IPI).
Al combinar la claridad comunicativa del IFP con la profundidad analítica del Informe Integrado (IR),
el IPI logra trascender la rendición de cuentas meramente financiera. En efecto, el aporte fundamental
de la presente investigación es la aplicación de este enfoque innovador a la fiscalización, concretado en
la propuesta de un modelo de IPI para los informes de Auditoría Financiera y de Gestión (AFG) de las
contralorías territoriales.

pág. 3875
La auditoría, por su naturaleza técnica y legal, produce insumos clave sobre la eficiencia, eficacia y
economía de la gestión; no obstante, su complejidad inherente los hace habitualmente inaccesibles para
el público general.
A partir del desarrollo metodológico propuesto para el IPI, es posible concluir que la democratización
del control fiscal territorial no es un desafío estrictamente técnico, sino un compromiso político y ético
de transformación comunicativa. La rendición de cuentas pública no puede continuar operando bajo
estructuras tradicionales de asimetría informativa que anulan la capacidad de vigilancia de los
ciudadanos. Por ello, el IPI va más allá de la simple simplificación estética de los datos para ofrecer un
relato coherente y de rigor metodológico sobre la administración del erario.
Para asegurar dicho rigor, el modelo propuesto se estructuró mediante una ficha técnica de indicadores
que busca traducir el juicio fiscal en un formato fácilmente comprensible. Elementos visuales y
analíticos como el Semáforo de Cumplimiento (verde, amarillo, rojo) y la Opinión Cualitativa
Obligatoria simplifican el mensaje y proveen un contexto claro sobre la situación de la entidad auditada.
Asimismo, la inclusión del análisis horizontal, los límites legales y las recomendaciones específicas
convierte al reporte en un instrumento de Transparencia Activa que no solo informa sobre hallazgos,
sino que educa sobre la normativa y orienta la acción ciudadana para la vigilancia y la demanda.
Finalmente, en el contexto colombiano, donde persisten desafíos estructurales como el rezago en
capacidades técnicas territoriales y la falta de una cultura institucional proactiva, el potencial
transformador de este modelo reside en su capacidad para convertirse en un instrumento de formación
democrática y apropiación territorial.
No se trata, en definitiva, de la mera introducción de un nuevo formato, sino de un cambio de paradigma
orientado a narrar el Estado desde el lenguaje de la ciudadanía para la deliberación democrática y la
defensa del valor público.
En síntesis, el IPI representa una oportunidad para reconfigurar la rendición de cuentas territorial en
Colombia desde una perspectiva más comprensible, participativa y orientada al valor público. Su aporte
no consiste en reemplazar los informes técnicos de auditoría ni en debilitar la rigurosidad del control
fiscal, sino en ampliar su alcance social mediante una comunicación clara, visual, contextualizada y
orientada a la acción. De esta manera, el IPI convierte la información auditora en un bien público

pág. 3876
comprensible, capaz de reducir asimetrías de información, fortalecer la vigilancia ciudadana y promover
una relación más deliberativa entre contralorías, entidades auditadas y comunidades. La consolidación
de este modelo dependerá de su capacidad para superar la transparencia pasiva y convertirse en una
práctica institucional sostenida, evaluable y abierta a la participación ciudadana (Bovens, 2007;
Castillo, 2022; Méndez-Téllez, 2024; Moore, 1995).
Limitaciones y agenda futura sugeridas: una limitación del artículo es que la propuesta del IPI se
formula principalmente en el plano conceptual y metodológico; por tanto, futuras investigaciones
deberían validar el modelo con usuarios reales mediante pruebas de comprensión, grupos focales con
veedurías ciudadanas, entrevistas a auditores territoriales y análisis comparativo entre informes técnicos
tradicionales e informes populares integrados.
Declaración de Transparencia y Ética
Declaración de aspectos éticos: Esta investigación no requirió el aval de un comité de ética debido a
que su metodología se basó exclusivamente en el análisis de fuentes secundarias y no involucró la
recolección de datos primarios ni la intervención con seres humanos.
Contribución de los autores: M. C. Méndez: Conceptualización, formulación de la idea inicial y
redacción de la versión preliminar. J. H. Escobar: Contextualización teórica, estructuración del
manuscrito en conjunto con M. C. Méndez y desarrollo del contenido. A. D. Bautista: desarrollo de
apartados específicos y redacción de conclusiones. A. G. Ángel: revisión crítica del documento, análisis
de la coherencia interna y coordinación del apartado de discusión.
Financiación / Declaración de origen: La idea inicial y una versión preliminar de este artículo se
originaron junio de 2025 en el marco de una investigación para el Observatorio de Política Pública de
Control Fiscal de la Auditoría General de la República de Colombia. Durante el año 2026, este equipo
de colegas desarrolló el presente manuscrito de manera independiente. Los autores declaran que no se
recibió financiación económica externa para la producción de este artículo.
Conflictos de interés: los autores manifiestan no tener conflictos de interés relacionados con la
investigación y/o la publicación del artículo.

pág. 3877
Declaración de uso de Inteligencia Artificial: Los autores declaran el uso de herramientas de
Inteligencia Artificial (IA) para sintetizar y condensar la redacción de algunos apartados con el fin de
ajustar el manuscrito a los límites de extensión exigidos por la Revista.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Abrahamson, E. (1996). The Academy of Management Review. Academy of Management.21(1), 254-
285. http://www.jstor.org/stable/258636
Alade, A. S., & Kilishi, A. A. (2024). Budget Institutions and Macro-Fiscal Forecast Errors in Sub-
Saharan Africa: Indicator-Level Analysis. Journal of Developing Economies, 9(2), 340–357.
https://doi.org/10.20473/jde.v9i2.54006
Álvarez, F., & Rojas, J. C. (2024). La Constitución económica: reflexiones sobre su fundamentación
económica, política y social. Con-texto, 60, 19-85. https://doi.org/10.18601/01236458.n60.03
Archibold Barrios, W. (2013). Revisoría fiscal y control fiscal como formas de control estatal en
Colombia. Revista Civilizar de Empresa y Economía, 4(8), 27–40.
https://doi.org/10.22518/2462909X.256
Atilano, L. (2024). La transparencia y rendición de cuentas en la administración pública de México:
retos y perspectivas. Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA),
2(2), 23-23.
Behera, D. K., y Dash, U. (2019). Impact of macro-fiscal determinants on health financing: empirical
evidence from low-and middle-income countries. Global Health Research and Policy, 4(1).
https://doi.org/10.1186/s41256-019-0112-4
Biondi, L., & Bracci, E. (2018). Sustainability, Popular and Integrated Reporting in the Public Sector:
A fad and fashion perspective. Sustainability, 10(9), 3112. https://doi.org/10.3390/su10093112
Blake, D., Frederick, W., & Myers, M. (1976). Social Auditing. Praeger Publishers.
Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public
services. Public Administration Review, 67(5), 846–860. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2007.00773.x
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law
Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

pág. 3878
Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are citizens significant users of government financial information?
Public Money and Management, 26(4), 205-209.
https://doi.org/10.1111/j.14679302.2006.00526.x
Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional
Democracy. University of Michigan Press.
Cárdenas A., J. M. (2021). El efecto potencial de los informes de auditoría en el ciclo de la política
pública. Revista Control Visible, 1(1), 39-45. Bogotá: AGR.
https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.9
Carlino, G. A., y Inman, R. P. (2013). Macro Fiscal Policy in Economic Unions: States as Agents.
SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2343121
Castañeda, L. M., & Rojas, J. C. (2025). El principio de anualidad presupuestal: una crítica sobre su
dogmática jurídica y política. Con-Texto, 64(1), 19–50.
https://doi.org/10.18601/01236458.n64.03
Castillo L., Y de las N. (2022). Control fiscal externo desde la complementariedad del control ciudadano
de las políticas públicas. Revista de Ciencias Sociales, 117, 123-134.
https://doi.org/10.15517/rcs.v0i177.54041
Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x
Coha Escalante, J. M., & Barraza Mármol, R. A. (2025). La auditoría forense ante el fraude por
corrupción en el sector público: una revisión teórica. Revista InveCom, 5(1), e501024.
https://doi.org/10.5281/zenodo.10975732
Commons, J. R. (1934). Institutional economics: Its place in political economy. The Macmillan
Company. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.49015000887415
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). (2025). Procedimiento de Auditorías Internas.
EG-pr-01, 11ª actualización. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-
procesos/archivos/evaluacion-gestion/Auditorias_internas.pdf
Contraloría Distrital de Bogotá (s.f.). Guía auditoría de cumplimiento. Contraloría de Bogotá.,
https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023-06/PVCGF-16-

pág. 3879
05%20Gu%C3%ADa%20auditor%C3%ADa%20de%20cumplimiento.docx
Correa Y., R., & Tovar, L. (2014). El control fiscal. Entre el control político y el control social.
Perspectivas Internacionales, 10(2), 153-178.
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1110/9
57
Cubides, PS (2016). El proceso presupuestal territorial en Colombia. Criterio Jurídico Garantista , 9(14),
148–165. https://doi.org/10.26564/21453381.731
De Sousa Prudente M, F., & Vaz de Lima, D. (2021). Diretrizes para relatórios financeiros populares
de entidades públicas. Revista Contemporânea de Contabilidade, Florianópolis, 18(47), 91-
108, Universidade Federal de Santa Catarina. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76071
DiMaggio, P., y Powell, W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective
rationality organizational fields. American Sociological Journal. 48(2), 147-160.
https://doi.org/10.2307/2095101
Erazo M., A., & Melo, Y. (2011). Control fiscal territorial. Cali: Impresora Feriva S.A.
Espinoza, A. A. E., Narváez, C. I., & Erazo, J. C. (2019). El control gubernamental a través de la
auditoría de gestión bajo los ejes de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana. Cienciamatria, 5(1), 533–550. https://doi.org/10.35381/cm.v5i1.279
Fondo Monetario Internacional. – FMI -(2019). Informe anual 2019: Nuestro mundo conectado. Fondo
Monetario Internacional. https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-
annual-report-2019-es.pdf
Fonseca, J. (2011). Benchmarking: un método de gestión para mejorar la competitividad de las
organizaciones. Ecoe Ediciones.
Franco, D. P., Pereira, D. J. M., Donado, Y. P. P., Morales, N. O., & Franceschis, M. A. B. (2024). El
criterio de materialidad y su aplicación en los informes no financieros. Brazilian Journal of
Business, 6(3), e73558–e73558. https://doi.org/10.34140/bjbv6n3-058
Galbraith, J. K. (1958). The Affluent Society. Houghton Mifflin.
https://archive.org/details/affluentsociety0000unse_i0n1
García, M. L. S., de Jesús Vargas Vega, T., Y Limón, M. L. S. (2024). La Sustentabilidad Empresarial,

pág. 3880
los informes de sustentabilidad, los índices sustentables y el desempeño financiero. Lúmina,
25(1), E0057–E0057. https://doi.org/10.30554/lumina.v25.n1.4932.2024
Heald, D., Y Georgiou, G. (2011). The Macro‐Fiscal Role of the U.K. Whole of Government Account.
Abacus, 47(4), 446–476. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2011.00348.x
Hermann, K. R. (2011). Creating an excellent popular financial report. Government Finance Review,
27(5), 41-44. https://fsfoa.starchapter.com/images/GFR_OCT_11_41.pdf
Ibadoghlu, G. (2021). Macro-Fiscal Framework and Budget Policy in Azerbaijan: Unknowns Are
Increasing instead of Decreasing. SSRN Electronic Journal.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3927493
International Integrated Reporting Council - IIRC (2021, january). Consejo Internacional de Reporting
Integrado, Internacional Framework.. https://integratedreporting.ifrs.org/wp-
content/uploads/2024/08/IntegratedReporting_Framework_061024.pdf
International Integrated Reporting Council. - IIRC, 2021. (2021). International (IR) framework (January
2021). International Financial Reporting Standards Foundation.
https://integratedreporting.ifrs.org/resource/international-ir-framework
International Public Sector Accounting Standards Board. – IPSASB.(2014). Conceptual framework for
general purpose financial reporting by public sector entities. International Federation of
Accountants. https://www.ipsasb.org/news-events/2014-10/ipsasb-publishes-public-sector-
conceptual-framework
INTOSAI (2021). Manual de Implementación de las ISSAI. Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI
(IDI) Auditoría de Desempeño Versión 1, julio de 2021.
IPSASB (2014). The conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector
entities. Handbook of international public sector accounting pronouncements, 1.
Lima F., M., Cosenza, J., & Albuquerque, C. (2024). Revisión estructurada de literatura (REL) sobre
factores clave para la participación ciudadana en el control social a la gestión pública.
Cuadernos de Contabilidad, 25. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc25.relf
López-Moreno, S., Granados-González, P., y Adalid, A. M. (2024). La elaboración de informes
financieros que aportan valor. ESIC MARKET Economic and Business Journal, 55(1), e326–

pág. 3881
e326. https://doi.org/10.7200/esicm.55.326
Mejía-Matute, S. R., y Pinos-Luzuriaga, L. G. (2020). Sostenibilidad de las finanzas públicas en la
economía ecuatoriana 2001 – 2019. Bolentín de Coyuntura, 25(1), 34–40.
https://doi.org/10.31243/bcoyu.25.2020.920
Méndez-Téllez, M. C. (2024). Revisión y propuesta de unificación de los informes macrofiscales para
fortalecer la gestión fiscal territorial. Revista Control Visible, 4(4). Auditoría General de la
República. https://doi.org/10.70254/controlvisible.2024.4.54
Méndez-Téllez, M. C. (2025). Percepción sobre los informes macrofiscales de las contralorías
territoriales: un análisis descriptivo. Revista Control Visible, 5(5). Auditoría General de la
República. https://doi.org/10.70254/controlvisible.2025.5.69
Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University
Press.
Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who,
when, and what of coproduction. Public Administration Review, 77(5), 766–776.
https://doi.org/10.1111/puar.12765
Organization for Economic Co-operation and Development. OECD / OCDE. (2022). OECD
employment outlook 2022. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-
employment-outlook-2022_1bb305a6-en.html
Osborne, S. P., & Strokosch, K. (2013). It takes two to tango? Understanding the co-production of
public services by integrating the services management and public administration perspectives.
British Journal of Management, 24(S1), S31–S47. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12010
Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in
public services: A suitable case for treatment? Public Management Review, 18(5), 639–653.
https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927
Pineda T., L. (2017). Diagnóstico del control fiscal en Colombia: una aproximación desde el análisis
de la gestión misional de las contralorías territoriales. Trabajo de Grado. Universidad de Los
Andes: https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/cb8c2d9e-b172-460d-
8833-755214307737/content

pág. 3882
Ramírez N., A. (2016). Participación ciudadana e interpretación de la constitución. Análisis de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de democracia participativa.
Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 37, 171-192.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472016000100171
Ríos, H. N. & Bardales, J. M. (2022). El control interno en la ejecución presupuestal municipal. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 1–13.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2193
Sánchez, D. M. (2025, agosto 13). Registro de Mesa de trabajo 1 con la Subdirectora de Finanzas de la
Contraloría de Cundinamarca. Mesas de trabajo. Bogotá DC, agosto.
Sarauz, D AB, Chiliquinga, DMG, Grijalva, JFE, & Cevallos-Pineda, A. (2025). Política fiscal y
finanzas públicas en la administración para el desarrollo económico. Revista Caribeña de
Ciencias Sociales, 14 (5). https://doi.org/10.55905/rcssv14n5-020
Sistema Nacional de Control Fiscal – SINACOF. (2024, marzo). Guía de Auditoría Territorial – GAT
4.0. Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Distritales y
Municipales & AGR.
Stiglitz, J. E. (2002). Transparency in government. En The right to tell: The role of mass media in
economic development (pp. 27-44). World Bank Publications.
Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The
American Economic Review, 71(3), 393-410.
Torres, KLN & Bardales, JMD (2020). Gestión organizacional en la ejecución presupuestal Municipal.
Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 2(1), 1053–1071.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.138
Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational
contracting. Free Press.
Yusuf, J., Jordan, M., Neill, K., & Hackbart, M. (2013). For the People: Popular Financial Reporting
Practices of Local Government. Public Budgeting & Finance, 33(1), 95-113.
https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12003.x
pág. 3883
Yusuf, M., & Kanji, L. (2020). Effect of Internal Audit and Accounting Information System on the
Effectiveness of Internal Control. Atestasi: Journal Ilmiah Akuntansi, 3(2), 120-125.
https://doi.org/10.57178/atestasi.v3i2.222