LA CIFRA NEGRA Y LA VICTIMIZACIÓN EN
GUATEMALA: IMPACTO DEL SUBREGISTRO
DELICTIVO EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA CULTURA DE DENUNCIA
THE DARK FIGURE AND VICTIMIZATION IN GUATEMALA
Jesús Francisco Castillo Magariño
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala
pág. 6705
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24734
La Cifra Negra y la Victimización en Guatemala: Impacto del Subregistro
Delictivo en las Políticas de Seguridad Ciudadana y la Cultura de
DENUNCIA
Jesús Francisco Castillo Magariño1
fcastillomaga@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-4185-446X
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad de Guatemala
Guatemala
RESUMEN
La efectividad de las políticas públicas de seguridad ciudadana en Guatemala está severamente limitada
por el fenómeno del subregistro delictivo (cifra negra). Este artículo analiza el impacto de dicho
subregistro en la percepción de victimización y en la capacidad de respuesta estatal, estableciendo un
puente entre el entorno universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (como muestra
representativa) y la crisis de seguridad nacional actual (2024-2026). La investigación empleó un
enfoque mixto y descriptivo, triangulando estadísticas oficiales y encuestas primarias (282 individuos),
con reportes recientes de victimización (CIEN, 2025; PNUD, 2024; Diálogos, 2024). Los resultados
evidencian una desconexión crítica: mientras las autoridades reportan niveles mínimos de incidencia
resuelta, el 87% percibe alta vulnerabilidad. Históricamente, el 61.62% de las víctimas no denunció, un
"equilibrio de silencio" que ha facilitado la mutación de la criminalidad hacia la extorsión a nivel
nacional, delito que hoy presenta una cifra oculta del 65%. Se concluye que el diseño de estrategias
preventivas es inviable sin una cultura de denuncia formal, proponiendo adoptar mecanismos
tecnológicos de reporte anónimo para visibilizar la criminalidad latente.
Palabras clave: cifra negra; seguridad ciudadana; victimización; cultura de denuncia; prevención del
delito; extorsión
1 Autor principal
Correspondencia: fcastillomaga@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24734
La Cifra Negra y la Victimización en Guatemala: Impacto del Subregistro
Delictivo en las Políticas de Seguridad Ciudadana y la Cultura de
DENUNCIA
Jesús Francisco Castillo Magariño1
fcastillomaga@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-4185-446X
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad de Guatemala
Guatemala
RESUMEN
La efectividad de las políticas públicas de seguridad ciudadana en Guatemala está severamente limitada
por el fenómeno del subregistro delictivo (cifra negra). Este artículo analiza el impacto de dicho
subregistro en la percepción de victimización y en la capacidad de respuesta estatal, estableciendo un
puente entre el entorno universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (como muestra
representativa) y la crisis de seguridad nacional actual (2024-2026). La investigación empleó un
enfoque mixto y descriptivo, triangulando estadísticas oficiales y encuestas primarias (282 individuos),
con reportes recientes de victimización (CIEN, 2025; PNUD, 2024; Diálogos, 2024). Los resultados
evidencian una desconexión crítica: mientras las autoridades reportan niveles mínimos de incidencia
resuelta, el 87% percibe alta vulnerabilidad. Históricamente, el 61.62% de las víctimas no denunció, un
"equilibrio de silencio" que ha facilitado la mutación de la criminalidad hacia la extorsión a nivel
nacional, delito que hoy presenta una cifra oculta del 65%. Se concluye que el diseño de estrategias
preventivas es inviable sin una cultura de denuncia formal, proponiendo adoptar mecanismos
tecnológicos de reporte anónimo para visibilizar la criminalidad latente.
Palabras clave: cifra negra; seguridad ciudadana; victimización; cultura de denuncia; prevención del
delito; extorsión
1 Autor principal
Correspondencia: fcastillomaga@gmail.com
pág. 6706
The Dark Figure and Victimization in Guatemala
ABSTRACT
The effectiveness of public security policies in Guatemala is severely limited by the criminal under-
reporting phenomenon (dark figure of crime). This article analyzes its impact on victimization
perception and state response capacity, establishing a bridge between the university environment of the
Universidad de San Carlos de Guatemala (as a representative sample) and the current national security
crisis (2024-2026). The research used a mixed descriptive approach, triangulating official statistics and
primary surveys (282 individuals) with recent victimization reports (CIEN, 2025; UNDP, 2024;
Diálogos, 2024). Results reveal a critical disconnect: while authorities report minimal resolved
incidents, 87% perceive high vulnerability. Historically, 61.62% of victims did not report crimes, a
"balance of silence" that has facilitated the mutation of criminality towards national-level extortion, a
crime that today presents a 65% hidden figure. It is concluded that prevention strategies are unviable
without a formal reporting culture, proposing the adoption of anonymous technological reporting
mechanisms to make latent criminality visible.
Keywords: dark figure; public security; victimization; reporting culture; crime prevention
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
The Dark Figure and Victimization in Guatemala
ABSTRACT
The effectiveness of public security policies in Guatemala is severely limited by the criminal under-
reporting phenomenon (dark figure of crime). This article analyzes its impact on victimization
perception and state response capacity, establishing a bridge between the university environment of the
Universidad de San Carlos de Guatemala (as a representative sample) and the current national security
crisis (2024-2026). The research used a mixed descriptive approach, triangulating official statistics and
primary surveys (282 individuals) with recent victimization reports (CIEN, 2025; UNDP, 2024;
Diálogos, 2024). Results reveal a critical disconnect: while authorities report minimal resolved
incidents, 87% perceive high vulnerability. Historically, 61.62% of victims did not report crimes, a
"balance of silence" that has facilitated the mutation of criminality towards national-level extortion, a
crime that today presents a 65% hidden figure. It is concluded that prevention strategies are unviable
without a formal reporting culture, proposing the adoption of anonymous technological reporting
mechanisms to make latent criminality visible.
Keywords: dark figure; public security; victimization; reporting culture; crime prevention
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
pág. 6707
INTRODUCCIÓN
Contexto institucional y política pública
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación fundamental del
Estado organizarse para proteger a la persona y a su familia, garantizando la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de sus habitantes. Bajo este mandato constitucional, la
seguridad ciudadana contemporánea ha evolucionado desde una visión puramente reactiva hacia un
modelo de Seguridad Democrática, el cual exige la creación de condiciones que permitan el desarrollo
social en un marco de paz y libertad, colocando a la población en el centro de las estrategias de
protección y prevención (Ministerio de Gobernación [MINGOB], 2014).
Para operativizar este paradigma, el Estado guatemalteco ha formulado instrumentos rectores como la
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica 2014-2034, que busca asentar las bases de una cultura de prevención por convicción. No
obstante, la implementación exitosa de estas políticas enfrenta una barrera estructural: la dependencia
de datos estadísticos exactos para el diseño de intervenciones tácticas y presupuestarias.
El fenómeno del subregistro (cifra negra)
El problema central radica en que los registros administrativos del sector de seguridad no reflejan la
magnitud real de la criminalidad debido al fenómeno de la "cifra negra" o subregistro de denuncias.
Cuando los ciudadanos sufren hechos delictivos y deciden no reportarlos —por temor a represalias,
desconfianza institucional, burocracia o apatía—, el Estado pierde la capacidad de mapear factores de
riesgo y evaluar el impacto de sus estrategias operativas (Rosales Murga, 2018).
Reportes recientes como el Boletín del Índice de Denuncias de Delitos del Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales (CIEN, 2025) evidencian que el subregistro continúa distorsionando la
verdadera escala del delito a nivel nacional, generando un escenario en que la autoridad combate el
crimen sin datos precisos.
Fundamentación teórica
Para comprender por qué los ciudadanos renuncian a su derecho de denunciar, este estudio se apoya en
tres marcos teóricos complementarios.
INTRODUCCIÓN
Contexto institucional y política pública
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación fundamental del
Estado organizarse para proteger a la persona y a su familia, garantizando la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de sus habitantes. Bajo este mandato constitucional, la
seguridad ciudadana contemporánea ha evolucionado desde una visión puramente reactiva hacia un
modelo de Seguridad Democrática, el cual exige la creación de condiciones que permitan el desarrollo
social en un marco de paz y libertad, colocando a la población en el centro de las estrategias de
protección y prevención (Ministerio de Gobernación [MINGOB], 2014).
Para operativizar este paradigma, el Estado guatemalteco ha formulado instrumentos rectores como la
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica 2014-2034, que busca asentar las bases de una cultura de prevención por convicción. No
obstante, la implementación exitosa de estas políticas enfrenta una barrera estructural: la dependencia
de datos estadísticos exactos para el diseño de intervenciones tácticas y presupuestarias.
El fenómeno del subregistro (cifra negra)
El problema central radica en que los registros administrativos del sector de seguridad no reflejan la
magnitud real de la criminalidad debido al fenómeno de la "cifra negra" o subregistro de denuncias.
Cuando los ciudadanos sufren hechos delictivos y deciden no reportarlos —por temor a represalias,
desconfianza institucional, burocracia o apatía—, el Estado pierde la capacidad de mapear factores de
riesgo y evaluar el impacto de sus estrategias operativas (Rosales Murga, 2018).
Reportes recientes como el Boletín del Índice de Denuncias de Delitos del Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales (CIEN, 2025) evidencian que el subregistro continúa distorsionando la
verdadera escala del delito a nivel nacional, generando un escenario en que la autoridad combate el
crimen sin datos precisos.
Fundamentación teórica
Para comprender por qué los ciudadanos renuncian a su derecho de denunciar, este estudio se apoya en
tres marcos teóricos complementarios.
pág. 6708
La Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1979) postula que la sociedad guatemalteca
ha construido una representación de las instituciones de justicia como entes ineficaces, adoptando como
norma de supervivencia el silencio ante el delito.
Este comportamiento se consolida mediante la Teoría del Habitus Urbano de Bourdieu (1991), según
la cual los individuos en entornos urbanos complejos normalizan la delincuencia como parte inevitable
de su cotidianidad, neutralizando la intención de denunciar. Finalmente, la Teoría del Procesamiento
Espontáneo (Buker, 2011) establece que cuando una víctima asocia "denunciar" con experiencias
previas de burocracia o revictimización, se activa una actitud negativa automática que consolida la
decisión de no reportar el hecho.
Objetivo del estudio
El objetivo general es evidenciar cómo el subregistro delictivo neutraliza los esfuerzos de la seguridad
ciudadana en Guatemala y proponer la institucionalización de una cultura de denuncia tecnológica como
pilar fundamental para la modernización de la seguridad estratégica del Estado. El campus central de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sirve como unidad de análisis transversal por su
elevada densidad demográfica y su condición de espacio de autonomía constitucional, características
que replican las complejidades del entorno urbano nacional.
METODOLOGÍA
Diseño y alcance
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo), con
alcance descriptivo y correlacional, y diseño empírico no experimental de corte transversal. Para
dimensionar la brecha entre la criminalidad real y la registrada, se aplicó el principio de triangulación
de datos, contrastando estadísticas criminológicas oficiales con métricas de percepción y victimización
ciudadana en dos mediciones independientes.
Población y muestra
El universo de trabajo lo constituyó la población de la USAC adscrita al campus central (Zona 12), la
cual ascendía a 118,671 estudiantes inscritos al momento del estudio. Con un nivel de confianza del
90% y margen de error del 5%, se determinó una muestra probabilística de 269 encuestas, superando
este requerimiento con una muestra final de 282 personas.
La Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1979) postula que la sociedad guatemalteca
ha construido una representación de las instituciones de justicia como entes ineficaces, adoptando como
norma de supervivencia el silencio ante el delito.
Este comportamiento se consolida mediante la Teoría del Habitus Urbano de Bourdieu (1991), según
la cual los individuos en entornos urbanos complejos normalizan la delincuencia como parte inevitable
de su cotidianidad, neutralizando la intención de denunciar. Finalmente, la Teoría del Procesamiento
Espontáneo (Buker, 2011) establece que cuando una víctima asocia "denunciar" con experiencias
previas de burocracia o revictimización, se activa una actitud negativa automática que consolida la
decisión de no reportar el hecho.
Objetivo del estudio
El objetivo general es evidenciar cómo el subregistro delictivo neutraliza los esfuerzos de la seguridad
ciudadana en Guatemala y proponer la institucionalización de una cultura de denuncia tecnológica como
pilar fundamental para la modernización de la seguridad estratégica del Estado. El campus central de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sirve como unidad de análisis transversal por su
elevada densidad demográfica y su condición de espacio de autonomía constitucional, características
que replican las complejidades del entorno urbano nacional.
METODOLOGÍA
Diseño y alcance
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo), con
alcance descriptivo y correlacional, y diseño empírico no experimental de corte transversal. Para
dimensionar la brecha entre la criminalidad real y la registrada, se aplicó el principio de triangulación
de datos, contrastando estadísticas criminológicas oficiales con métricas de percepción y victimización
ciudadana en dos mediciones independientes.
Población y muestra
El universo de trabajo lo constituyó la población de la USAC adscrita al campus central (Zona 12), la
cual ascendía a 118,671 estudiantes inscritos al momento del estudio. Con un nivel de confianza del
90% y margen de error del 5%, se determinó una muestra probabilística de 269 encuestas, superando
este requerimiento con una muestra final de 282 personas.
pág. 6709
La distribución demográfica incluyó 146 hombres (51.77%) y 136 mujeres (48.23%), integrada por
estudiantes (69.5%), personal académico (4.6%), personal administrativo (4.25%) y otros especialistas
vinculados al sector seguridad (21.63%).
Como base secundaria de contraste se integraron los resultados del Estudio sobre Violencia en el
Ámbito de la Educación Superior Pública (Dirección General de Investigación [DIGI], 2015), con una
macromuestra de 1,516 individuos en el mismo recinto.
Instrumentos y recolección de datos
La recolección de datos primarios se realizó mediante una encuesta electrónica en Google Forms
aplicada entre abril y julio de 2018. El instrumento incluyó preguntas dicotómicas y politómicas para
medir: nivel de victimización directa, conocimiento sobre canales de denuncia, y percepción de
efectividad de las autoridades.
Para datos secundarios oficiales, se solicitaron y auditaron las bases de datos de incidencia delictiva de
la Policía Nacional Civil (PNC) correspondientes al período 2015-2017, divididas en "hechos
negativos" (delitos denunciados no resueltos) y "hechos positivos" (capturas en flagrancia, recuperación
de bienes).
Procedimiento de análisis y consideraciones éticas
El procesamiento consistió en el aislamiento geográfico de los 153,017 hechos positivos registrados por
la PNC a nivel departamental, filtrando las métricas correspondientes exclusivamente a la Zona 12 y al
campus central. Se garantizó el anonimato y confidencialidad absoluta de todos los participantes,
utilizando los datos exclusivamente con fines de análisis estadístico y formulación de propuestas de
política pública.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El espejismo institucional frente a la realidad delictiva
El análisis comparativo de las estadísticas oficiales de la PNC circunscritas al campus central (2015-
2017) reveló el registro de 395 hechos negativos, constituidos principalmente por delitos contra el
patrimonio. Sin embargo, al contrastar con los hechos positivos para la misma zona, se contabilizaron
únicamente 16 incidencias, demostrando que cerca del 96% de los hechos delictivos denunciados
carecen de resolución documentada por las autoridades.
La distribución demográfica incluyó 146 hombres (51.77%) y 136 mujeres (48.23%), integrada por
estudiantes (69.5%), personal académico (4.6%), personal administrativo (4.25%) y otros especialistas
vinculados al sector seguridad (21.63%).
Como base secundaria de contraste se integraron los resultados del Estudio sobre Violencia en el
Ámbito de la Educación Superior Pública (Dirección General de Investigación [DIGI], 2015), con una
macromuestra de 1,516 individuos en el mismo recinto.
Instrumentos y recolección de datos
La recolección de datos primarios se realizó mediante una encuesta electrónica en Google Forms
aplicada entre abril y julio de 2018. El instrumento incluyó preguntas dicotómicas y politómicas para
medir: nivel de victimización directa, conocimiento sobre canales de denuncia, y percepción de
efectividad de las autoridades.
Para datos secundarios oficiales, se solicitaron y auditaron las bases de datos de incidencia delictiva de
la Policía Nacional Civil (PNC) correspondientes al período 2015-2017, divididas en "hechos
negativos" (delitos denunciados no resueltos) y "hechos positivos" (capturas en flagrancia, recuperación
de bienes).
Procedimiento de análisis y consideraciones éticas
El procesamiento consistió en el aislamiento geográfico de los 153,017 hechos positivos registrados por
la PNC a nivel departamental, filtrando las métricas correspondientes exclusivamente a la Zona 12 y al
campus central. Se garantizó el anonimato y confidencialidad absoluta de todos los participantes,
utilizando los datos exclusivamente con fines de análisis estadístico y formulación de propuestas de
política pública.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El espejismo institucional frente a la realidad delictiva
El análisis comparativo de las estadísticas oficiales de la PNC circunscritas al campus central (2015-
2017) reveló el registro de 395 hechos negativos, constituidos principalmente por delitos contra el
patrimonio. Sin embargo, al contrastar con los hechos positivos para la misma zona, se contabilizaron
únicamente 16 incidencias, demostrando que cerca del 96% de los hechos delictivos denunciados
carecen de resolución documentada por las autoridades.
pág. 6710
Solo 4 de cada 100 denuncias terminan con resolución. Es decir, un ciudadano que denuncia tiene 96%
de probabilidad de no ver resultado, lo que refuerza el 'equilibrio de silencio' descrito por (Soares y
Naritomi, 2010).
Para contextualizar estas cifras, la Tabla 1 presenta el contraste entre indicadores oficiales y métricas
de victimización percibida:
Tabla 1. Contraste entre indicadores oficiales y métricas de victimización (USAC, 2015-2017).
Indicador Dato oficial PNC Dato empírico encuesta
Hechos delictivos registrados
(campus 2015-2017)
395 hechos negativos No medido directamente
Hechos con resolución positiva 16 (4.05%) No medido directamente
Víctimas que no denunciaron No registrado 61.62% (DIGI, 2015)
Percepción de alta vulnerabilidad
patrimonial
No registrado 87% de encuestados
Desconocimiento de canales de
denuncia
No registrado 72% de encuestados
Nivel de subregistro estimado
(nacional)
No registrado 67% – 73.5% (ODHAG,
2012)
Fuente: PNC 2015-2017; DIGI 2015; ODHAG 2012. Elaboración propia.
Hallazgos empíricos de victimización y el silencio ciudadano
Estudios promovidos por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG,
2012; ODHAG, 2013) sitúan el nivel de subregistro de la criminalidad nacional hasta en un 73.5%,
evidenciando un patrón de vulnerabilidad que se repite en distintos estratos del departamento. Esta falta
de datos precisos ha sido señalada históricamente como el principal obstáculo para el diseño de políticas
públicas efectivas (CIEN, 2016).
Según los datos de la macromuestra DIGI (1,516 individuos), el 42.42% reconoció haber sido víctima
de robos de pertenencias, y el 16.16% reportó haber sufrido agresiones físicas o verbales. El 61.62% de
estas víctimas directas reconoció explícitamente no haber presentado denuncia formal. Esta abdicación
ciudadana se correlaciona directamente con los resultados de la encuesta primaria (282 individuos): el
82% aseveró tener conocimiento extraoficial constante sobre la ocurrencia de crímenes en su entorno,
pero el 72% manifestó no saber cómo ni dónde reportar un hecho delictivo.
Solo 4 de cada 100 denuncias terminan con resolución. Es decir, un ciudadano que denuncia tiene 96%
de probabilidad de no ver resultado, lo que refuerza el 'equilibrio de silencio' descrito por (Soares y
Naritomi, 2010).
Para contextualizar estas cifras, la Tabla 1 presenta el contraste entre indicadores oficiales y métricas
de victimización percibida:
Tabla 1. Contraste entre indicadores oficiales y métricas de victimización (USAC, 2015-2017).
Indicador Dato oficial PNC Dato empírico encuesta
Hechos delictivos registrados
(campus 2015-2017)
395 hechos negativos No medido directamente
Hechos con resolución positiva 16 (4.05%) No medido directamente
Víctimas que no denunciaron No registrado 61.62% (DIGI, 2015)
Percepción de alta vulnerabilidad
patrimonial
No registrado 87% de encuestados
Desconocimiento de canales de
denuncia
No registrado 72% de encuestados
Nivel de subregistro estimado
(nacional)
No registrado 67% – 73.5% (ODHAG,
2012)
Fuente: PNC 2015-2017; DIGI 2015; ODHAG 2012. Elaboración propia.
Hallazgos empíricos de victimización y el silencio ciudadano
Estudios promovidos por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG,
2012; ODHAG, 2013) sitúan el nivel de subregistro de la criminalidad nacional hasta en un 73.5%,
evidenciando un patrón de vulnerabilidad que se repite en distintos estratos del departamento. Esta falta
de datos precisos ha sido señalada históricamente como el principal obstáculo para el diseño de políticas
públicas efectivas (CIEN, 2016).
Según los datos de la macromuestra DIGI (1,516 individuos), el 42.42% reconoció haber sido víctima
de robos de pertenencias, y el 16.16% reportó haber sufrido agresiones físicas o verbales. El 61.62% de
estas víctimas directas reconoció explícitamente no haber presentado denuncia formal. Esta abdicación
ciudadana se correlaciona directamente con los resultados de la encuesta primaria (282 individuos): el
82% aseveró tener conocimiento extraoficial constante sobre la ocurrencia de crímenes en su entorno,
pero el 72% manifestó no saber cómo ni dónde reportar un hecho delictivo.
pág. 6711
Estos hallazgos son consistentes con estudios regionales comparables. Bergman y Flom (2012)
identificaron que la desconfianza institucional es el principal predictor del no-reporte en México y
Argentina, con tasas de subregistro de entre el 60% y el 80% en contextos universitarios y periurbanos.
Asimismo, Soares y Naritomi (2010) demostraron que la impunidad percibida —medida por la baja
tasa de resolución policial— retroalimenta directamente la decisión ciudadana de no denunciar,
consolidando lo que los autores denominan "equilibrios de silencio" en comunidades urbanas de
América Latina.
DISCUSIÓN
El impacto del subregistro en la seguridad estratégica
Los resultados demuestran que las autoridades del sector justicia están forzadas a formular planes
operativos basándose en un espectro de datos que no refleja ni una tercera parte de la criminalidad real.
Esta carencia de datos trasciende la operatividad policial y afecta directamente la viabilidad financiera
del Estado. Como señala Jaitman (2017), el diseño de estrategias preventivas basadas en estadísticas
fragmentadas perpetúa un ciclo de subinversión en las áreas de mayor riesgo real, elevando los costos
sociales de la criminalidad
El Índice de Denuncias de Delitos (CIEN, 2025) confirma que la apatía ciudadana y la desconexión
institucional son barreras sistémicas no resueltas, coincidiendo con el patrón descrito por Kessler (2009)
sobre la construcción social del miedo al delito en Argentina y los procesos de naturalización de la
inseguridad como rasgo cultural en contextos latinoamericanos.
De acuerdo con los postulados de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito
(MINGOB, 2014), la generación de sistemas de alerta y la participación ciudadana son los pilares
fundamentales para la intervención del ciclo de la violencia. Sin embargo, el silencio de la víctima
neutraliza esta participación, consolidando la premisa social de "ver, oír y callar" que La Rota et al.
(2014) identifican como un patrón común en sistemas de justicia latinoamericanos con baja tasa de
esclarecimiento de delitos.
Las plataformas tipo Crime Stoppers resuelven la barrera detectada: el 72% no sabe dónde denunciar.
Al garantizar anonimato y canalizar directo a investigación, se rompe el ciclo 'impunidad percibida →
no denuncia → menos datos → peor intervención' descrito por Soares 2010.
Estos hallazgos son consistentes con estudios regionales comparables. Bergman y Flom (2012)
identificaron que la desconfianza institucional es el principal predictor del no-reporte en México y
Argentina, con tasas de subregistro de entre el 60% y el 80% en contextos universitarios y periurbanos.
Asimismo, Soares y Naritomi (2010) demostraron que la impunidad percibida —medida por la baja
tasa de resolución policial— retroalimenta directamente la decisión ciudadana de no denunciar,
consolidando lo que los autores denominan "equilibrios de silencio" en comunidades urbanas de
América Latina.
DISCUSIÓN
El impacto del subregistro en la seguridad estratégica
Los resultados demuestran que las autoridades del sector justicia están forzadas a formular planes
operativos basándose en un espectro de datos que no refleja ni una tercera parte de la criminalidad real.
Esta carencia de datos trasciende la operatividad policial y afecta directamente la viabilidad financiera
del Estado. Como señala Jaitman (2017), el diseño de estrategias preventivas basadas en estadísticas
fragmentadas perpetúa un ciclo de subinversión en las áreas de mayor riesgo real, elevando los costos
sociales de la criminalidad
El Índice de Denuncias de Delitos (CIEN, 2025) confirma que la apatía ciudadana y la desconexión
institucional son barreras sistémicas no resueltas, coincidiendo con el patrón descrito por Kessler (2009)
sobre la construcción social del miedo al delito en Argentina y los procesos de naturalización de la
inseguridad como rasgo cultural en contextos latinoamericanos.
De acuerdo con los postulados de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito
(MINGOB, 2014), la generación de sistemas de alerta y la participación ciudadana son los pilares
fundamentales para la intervención del ciclo de la violencia. Sin embargo, el silencio de la víctima
neutraliza esta participación, consolidando la premisa social de "ver, oír y callar" que La Rota et al.
(2014) identifican como un patrón común en sistemas de justicia latinoamericanos con baja tasa de
esclarecimiento de delitos.
Las plataformas tipo Crime Stoppers resuelven la barrera detectada: el 72% no sabe dónde denunciar.
Al garantizar anonimato y canalizar directo a investigación, se rompe el ciclo 'impunidad percibida →
no denuncia → menos datos → peor intervención' descrito por Soares 2010.
pág. 6712
La viabilidad de esta alternativa tecnológica está respaldada por evidencia internacional. De acuerdo
con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), la implementación
de plataformas de denuncia anónima ha demostrado reducir significativamente los tiempos de respuesta
policial y aumentar la tasa de resolución, rompiendo la barrera de la desconfianza inicial.
La mutación del delito y la vigencia del subregistro (2024-2026)
A casi una década del levantamiento de datos en el entorno universitario, la brecha del subregistro no
solo se mantiene, sino que ha facilitado una mutación en las dinámicas delictivas a nivel nacional.
Mientras que en el período 2015-2017 los delitos predominantes en la USAC eran los patrimoniales
(robo de vehículos y pertenencias), la criminalidad contemporánea ha evolucionado drásticamente hacia
la extorsión. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024),
Guatemala registró una disminución general del 6.7% en robos y hurtos, pero experimentó un alarmante
aumento del 39% en extorsiones, convirtiéndose en el delito más frecuente y afectando al 58.1% del
total de las víctimas reportadas a nivel nacional. Esta escalada es corroborada por el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, 2025), el cual documentó 18,340 denuncias por
extorsión solo en los primeros ocho meses de 2025, un incremento del 56.1% en comparación con 2023.
Bajo este nuevo ecosistema criminal, el "equilibrio de silencio" diagnosticado en el campus
universitario conserva una vigencia absoluta. En el estudio de la USAC, se evidenció que el 61.62% de
las víctimas abdicó a su derecho a denunciar. En la actualidad, el Observatorio de la Violencia de
Diálogos (2024) estima que la "cifra oculta" nacional específicamente para el delito de extorsión alcanza
el 65%. Asimismo, encuestas recientes de victimización del CIEN (2025) señalan que el 56% de las
víctimas de cualquier delito guarda silencio, justificando su decisión en la desconfianza hacia las
autoridades, el temor a represalias y la percepción de inutilidad del trámite.
Adicionalmente, el subregistro y la victimización mantienen un preocupante sesgo de género crónico.
En el análisis micro-territorial de la USAC (DIGI, 2015), las mujeres representaron el 60.61% de las
víctimas de la criminalidad. A nivel macro, el informe del PNUD (2024) ratifica este patrón estructural,
señalando que, si bien las tasas de extorsiones y lesiones aumentaron para toda la población, el
incremento fue significativamente más pronunciado en las mujeres
La viabilidad de esta alternativa tecnológica está respaldada por evidencia internacional. De acuerdo
con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), la implementación
de plataformas de denuncia anónima ha demostrado reducir significativamente los tiempos de respuesta
policial y aumentar la tasa de resolución, rompiendo la barrera de la desconfianza inicial.
La mutación del delito y la vigencia del subregistro (2024-2026)
A casi una década del levantamiento de datos en el entorno universitario, la brecha del subregistro no
solo se mantiene, sino que ha facilitado una mutación en las dinámicas delictivas a nivel nacional.
Mientras que en el período 2015-2017 los delitos predominantes en la USAC eran los patrimoniales
(robo de vehículos y pertenencias), la criminalidad contemporánea ha evolucionado drásticamente hacia
la extorsión. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024),
Guatemala registró una disminución general del 6.7% en robos y hurtos, pero experimentó un alarmante
aumento del 39% en extorsiones, convirtiéndose en el delito más frecuente y afectando al 58.1% del
total de las víctimas reportadas a nivel nacional. Esta escalada es corroborada por el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, 2025), el cual documentó 18,340 denuncias por
extorsión solo en los primeros ocho meses de 2025, un incremento del 56.1% en comparación con 2023.
Bajo este nuevo ecosistema criminal, el "equilibrio de silencio" diagnosticado en el campus
universitario conserva una vigencia absoluta. En el estudio de la USAC, se evidenció que el 61.62% de
las víctimas abdicó a su derecho a denunciar. En la actualidad, el Observatorio de la Violencia de
Diálogos (2024) estima que la "cifra oculta" nacional específicamente para el delito de extorsión alcanza
el 65%. Asimismo, encuestas recientes de victimización del CIEN (2025) señalan que el 56% de las
víctimas de cualquier delito guarda silencio, justificando su decisión en la desconfianza hacia las
autoridades, el temor a represalias y la percepción de inutilidad del trámite.
Adicionalmente, el subregistro y la victimización mantienen un preocupante sesgo de género crónico.
En el análisis micro-territorial de la USAC (DIGI, 2015), las mujeres representaron el 60.61% de las
víctimas de la criminalidad. A nivel macro, el informe del PNUD (2024) ratifica este patrón estructural,
señalando que, si bien las tasas de extorsiones y lesiones aumentaron para toda la población, el
incremento fue significativamente más pronunciado en las mujeres
pág. 6713
Tabla 2. Contraste de victimización y subregistro: USAC (2015-2017) vs. Realidad Nacional (2024-
2025)
Indicador Entorno Universitario
(USAC 2015-2017) Realidad Nacional (2024-2025)
Delito predominante Robo de pertenencias y
vehículos (42.42%)
Extorsión (58.1% del total de
víctimas)
Cifra oculta (Falta de denuncia) 61.62% no denunció 65% en extorsiones / 56% general
Razón principal del silencio Desconocimiento
institucional y apatía
Desconfianza, temor y trámite
inútil
Vulnerabilidad por género Mayoría de víctimas mujeres
(60.61%)
Aumento de extorsión más severo
en mujeres
Fuente: Elaboración propia a partir de DIGI (2015), PNUD (2024), Diálogos (2024) y CIEN (2025).
Esta comparativa evidencia que el modelo reactivo de seguridad del Estado sigue fracasando al carecer
de inteligencia situacional. Al no contar con denuncias, las redes criminales han aprovechado la
invisibilidad estadística para mutar del robo callejero hacia la consolidación de redes de extorsión
masiva.
CONCLUSIONES
La evidencia empírica y reflexiva de este estudio permite concluir que la "cifra negra" y el subregistro
delictivo en Guatemala no constituyen únicamente un vacío estadístico, sino el síntoma de una fractura
crónica en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. Al constatar que la renuncia a la
denuncia (61.62% en la muestra universitaria) mantiene su vigencia a nivel nacional en la actualidad
alcanzando una cifra oculta del 65% en flagelos contemporáneos, se concluye que las políticas de
seguridad continúan ejerciéndose "a ciegas". Este histórico equilibrio de silencio ha facilitado una
peligrosa mutación criminal, permitiendo que las estructuras delictivas evolucionen de los robos
patrimoniales hacia la consolidación de redes de extorsión masiva ante la falta de inteligencia
situacional del Estado.
Por consiguiente, la implementación efectiva de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y
el Delito resulta inviable si no logra quebrar esta apatía ciudadana. La institucionalización de canales
de reporte anónimo deja de ser una simple opción administrativa para convertirse en una condición
estratégica indispensable que visibilice la criminalidad latente y recupere el control territorial.
Tabla 2. Contraste de victimización y subregistro: USAC (2015-2017) vs. Realidad Nacional (2024-
2025)
Indicador Entorno Universitario
(USAC 2015-2017) Realidad Nacional (2024-2025)
Delito predominante Robo de pertenencias y
vehículos (42.42%)
Extorsión (58.1% del total de
víctimas)
Cifra oculta (Falta de denuncia) 61.62% no denunció 65% en extorsiones / 56% general
Razón principal del silencio Desconocimiento
institucional y apatía
Desconfianza, temor y trámite
inútil
Vulnerabilidad por género Mayoría de víctimas mujeres
(60.61%)
Aumento de extorsión más severo
en mujeres
Fuente: Elaboración propia a partir de DIGI (2015), PNUD (2024), Diálogos (2024) y CIEN (2025).
Esta comparativa evidencia que el modelo reactivo de seguridad del Estado sigue fracasando al carecer
de inteligencia situacional. Al no contar con denuncias, las redes criminales han aprovechado la
invisibilidad estadística para mutar del robo callejero hacia la consolidación de redes de extorsión
masiva.
CONCLUSIONES
La evidencia empírica y reflexiva de este estudio permite concluir que la "cifra negra" y el subregistro
delictivo en Guatemala no constituyen únicamente un vacío estadístico, sino el síntoma de una fractura
crónica en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. Al constatar que la renuncia a la
denuncia (61.62% en la muestra universitaria) mantiene su vigencia a nivel nacional en la actualidad
alcanzando una cifra oculta del 65% en flagelos contemporáneos, se concluye que las políticas de
seguridad continúan ejerciéndose "a ciegas". Este histórico equilibrio de silencio ha facilitado una
peligrosa mutación criminal, permitiendo que las estructuras delictivas evolucionen de los robos
patrimoniales hacia la consolidación de redes de extorsión masiva ante la falta de inteligencia
situacional del Estado.
Por consiguiente, la implementación efectiva de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y
el Delito resulta inviable si no logra quebrar esta apatía ciudadana. La institucionalización de canales
de reporte anónimo deja de ser una simple opción administrativa para convertirse en una condición
estratégica indispensable que visibilice la criminalidad latente y recupere el control territorial.
pág. 6714
Como propuesta operativa, se concluye la urgencia de adoptar e integrar institucionalmente plataformas
tecnológicas independientes de denuncia anónima, como el modelo Crime Stoppers y su iniciativa local
tupista.gt. Al contar con el acompañamiento técnico de UNODC e Interpol para su alineación jurídica,
esta herramienta garantiza el anonimato absoluto exigido por la población, logrando canalizar el vasto
conocimiento extraoficial ciudadano hacia los entes de investigación (Policía Nacional Civil y
Ministerio Público) y desarticulando de forma segura el arraigado precepto social de "ver, oír y callar".
Finalmente, como área de investigación futura, queda pendiente evaluar la capacidad de respuesta del
sistema de justicia penal guatemalteco ante una eventual reactivación masiva de la denuncia ciudadana.
Resulta imperativo investigar cómo el Estado, históricamente saturado, puede procesar este incremento
de inteligencia sin colapsar, y cómo debe rediseñar sus protocolos de acompañamiento integral
(psicológico, médico y legal) para prevenir, en todo momento, la revictimización institucional de
quienes decidan dar el paso y romper el ciclo de la impunidad.
Declaración de conflicto de intereses
El autor declara no tener ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación, autoría y/o
publicación de este artículo.
Declaración de uso de IA
El autor declara que utilizó herramientas de IA únicamente para corrección de estilo y formato APA 7.
Todo el contenido, datos, análisis y conclusiones son de autoría propia.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Asociación Civil Diálogos. (2024). Informe sobre Extorsiones en Guatemala - junio de 2024.
Observatorio de la Violencia.
Bergman, M., y Flom, H. (2012). Determinantes de la denuncia de delitos en América Latina: el caso
de México y Argentina. Perfiles Latinoamericanos, 20(40), 149-180.
https://doi.org/10.18504/pl2040-149-2012
Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Taurus.
Buker, H. (2011). Formation of self-control: Gottfredson and Hirschi's general theory of crime and
beyond. Aggression and Violent Behavior, 16(3), 265-276.
https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.03.005
Como propuesta operativa, se concluye la urgencia de adoptar e integrar institucionalmente plataformas
tecnológicas independientes de denuncia anónima, como el modelo Crime Stoppers y su iniciativa local
tupista.gt. Al contar con el acompañamiento técnico de UNODC e Interpol para su alineación jurídica,
esta herramienta garantiza el anonimato absoluto exigido por la población, logrando canalizar el vasto
conocimiento extraoficial ciudadano hacia los entes de investigación (Policía Nacional Civil y
Ministerio Público) y desarticulando de forma segura el arraigado precepto social de "ver, oír y callar".
Finalmente, como área de investigación futura, queda pendiente evaluar la capacidad de respuesta del
sistema de justicia penal guatemalteco ante una eventual reactivación masiva de la denuncia ciudadana.
Resulta imperativo investigar cómo el Estado, históricamente saturado, puede procesar este incremento
de inteligencia sin colapsar, y cómo debe rediseñar sus protocolos de acompañamiento integral
(psicológico, médico y legal) para prevenir, en todo momento, la revictimización institucional de
quienes decidan dar el paso y romper el ciclo de la impunidad.
Declaración de conflicto de intereses
El autor declara no tener ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación, autoría y/o
publicación de este artículo.
Declaración de uso de IA
El autor declara que utilizó herramientas de IA únicamente para corrección de estilo y formato APA 7.
Todo el contenido, datos, análisis y conclusiones son de autoría propia.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Asociación Civil Diálogos. (2024). Informe sobre Extorsiones en Guatemala - junio de 2024.
Observatorio de la Violencia.
Bergman, M., y Flom, H. (2012). Determinantes de la denuncia de delitos en América Latina: el caso
de México y Argentina. Perfiles Latinoamericanos, 20(40), 149-180.
https://doi.org/10.18504/pl2040-149-2012
Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Taurus.
Buker, H. (2011). Formation of self-control: Gottfredson and Hirschi's general theory of crime and
beyond. Aggression and Violent Behavior, 16(3), 265-276.
https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.03.005
pág. 6715
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales [CIEN]. (2016). Prevención de la violencia y el
delito. CIEN.
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales [CIEN]. (2025). Boletín Índice de Denuncias de
Delitos (IDD) al mes de diciembre 2025. https://cien.org.gt/index.php/boletin-indice-de-
denuncias-de-delitos-idd-al-mes-de-diciembre-2025/
Dirección General de Investigación [DIGI]. (2015). Estudio sobre violencia en el ámbito de la
educación superior pública. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Jaitman, L. (Ed.). (2017). Los costos del crimen y la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América
Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0000615
Kessler, G. (2009). El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito. Siglo XXI Editores.
La Rota, M., Lalinde, S., Santa, S., y Uprimny, R. (2014). Ante la justicia: necesidades jurídicas y
acceso a la justicia en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
(Dejusticia).
Ministerio de Gobernación [MINGOB]. (2014). Política nacional de prevención de la violencia y el
delito, seguridad ciudadana y convivencia pacífica 2014-2034. Gobierno de Guatemala.
Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul. (Obra original publicada en
1961).
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala [ODHAG]. (2012). Violencia en
Guatemala: panorama de la violencia delincuencial en la post-guerra y factores. CTPublicitaria.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala [ODHAG]. (2013). Violencia en
Guatemala: estudio de victimización en dos estratos del departamento de Guatemala.
Multiservicios B y M.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2024). Datos sobre seguridad ciudadana
del año 2024.
Rosales Murga, R. E. (2018). Cultura de denuncia. Narrativa y Ensayo.
https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/otros-textos/cultura-de-denuncia-rolando-
enrique-rosales-murga/
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales [CIEN]. (2016). Prevención de la violencia y el
delito. CIEN.
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales [CIEN]. (2025). Boletín Índice de Denuncias de
Delitos (IDD) al mes de diciembre 2025. https://cien.org.gt/index.php/boletin-indice-de-
denuncias-de-delitos-idd-al-mes-de-diciembre-2025/
Dirección General de Investigación [DIGI]. (2015). Estudio sobre violencia en el ámbito de la
educación superior pública. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Jaitman, L. (Ed.). (2017). Los costos del crimen y la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América
Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0000615
Kessler, G. (2009). El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito. Siglo XXI Editores.
La Rota, M., Lalinde, S., Santa, S., y Uprimny, R. (2014). Ante la justicia: necesidades jurídicas y
acceso a la justicia en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
(Dejusticia).
Ministerio de Gobernación [MINGOB]. (2014). Política nacional de prevención de la violencia y el
delito, seguridad ciudadana y convivencia pacífica 2014-2034. Gobierno de Guatemala.
Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul. (Obra original publicada en
1961).
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala [ODHAG]. (2012). Violencia en
Guatemala: panorama de la violencia delincuencial en la post-guerra y factores. CTPublicitaria.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala [ODHAG]. (2013). Violencia en
Guatemala: estudio de victimización en dos estratos del departamento de Guatemala.
Multiservicios B y M.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2024). Datos sobre seguridad ciudadana
del año 2024.
Rosales Murga, R. E. (2018). Cultura de denuncia. Narrativa y Ensayo.
https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/otros-textos/cultura-de-denuncia-rolando-
enrique-rosales-murga/
pág. 6716
Soares, R., y Naritomi, J. (2010). Understanding high crime rates in Latin America: The role of social
and policy factors. En R. Di Tella, S. Edwards y E. Schargrodsky (Eds.), The economics of
crime: Lessons for and from Latin America (pp. 19-55). University of Chicago Press.
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226153766.003.0002
Soares, R., y Naritomi, J. (2010). Understanding high crime rates in Latin America: The role of social
and policy factors. En R. Di Tella, S. Edwards y E. Schargrodsky (Eds.), The economics of
crime: Lessons for and from Latin America (pp. 19-55). University of Chicago Press.
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226153766.003.0002