ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LA
GESTIÓN TRIBUTARIA FRENTE AL PASIVO
HISTÓRICO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE
DIOS (2010-2026)
ANALYSIS OF TAX ADMINISTRATION EFFICIENCY IN
RELATION TO THE HISTORICAL LIABILITIES OF THE
PUBLIC LIGHTING SERVICE IN THE MUNICIPALITY OF
AGUA DE DIOS (2010–2026)
Sandy Camila Sánchez Rodríguez
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Yuri Rocio Alvarado Penagos
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Sandra Milena Díaz González
Corporación Universitaria minuto de Dios.
pág. 4135
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25422
Análisis de la eficiencia de la gestión tributaria frente al pasivo histórico del
servicio de alumbrado público en el municipio de Agua de Dios (2010-2026)
Sandy Camila Sánchez Rodríguez1
Sandy.sanchez@uniminuto.edu.co
https://orcid.org/0009-0006-3566-8117
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
Yuri Rocio Alvarado Penagos
yuri.alvarado@uniminuto.edu.co
https://orcid.org/0009-0007-9190-9998
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
Sandra Milena Díaz González
sandra.dia.g@uniminuto.edu
https://orcid.org/0000-0002-6543-4673
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
RESUMEN
La gestión del alumbrado público en Agua de Dios enfrenta una crisis de sostenibilidad financiera
derivada de un pasivo histórico concentrado en los componentes de administración, operación,
mantenimiento e inversión inicial. Este estudio analizó la eficiencia de la gestión tributaria frente a dicha
deuda bajo el marco del Acuerdo Municipal 018 de 2024, con el propósito de proponer una estrategia
de recuperación fiscal basada en modernización tecnológica. Se aplicó un enfoque cualitativo-
descriptivo mediante revisión documental, análisis financiero y contraste normativo. Los resultados
evidencian que la predominancia de tecnología de sodio genera un gasto energético desproporcionado
que absorbe los recursos recaudados, limitando la reducción del pasivo histórico a un 1,9 % anual y
priorizando el cubrimiento de costos corrientes sobre la amortización de obligaciones vencidas. Se
concluye que la viabilidad financiera del servicio requiere una reingeniería operativa centrada en la
transición a luminarias LED, el fortalecimiento de los mecanismos de recaudo y la optimización de
costos, lo cual permitiría liberar excedentes para el saneamiento progresivo de la deuda y asegurar la
sostenibilidad fiscal municipal.
Palabras claves: Gestión tributaria; sostenibilidad fiscal; alumbrado público; modernización
tecnológica; pasivo histórico.
1 Autor principal
Correspondencia: Sandy.sanchez@uniminuto.edu.co
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25422
Análisis de la eficiencia de la gestión tributaria frente al pasivo histórico del
servicio de alumbrado público en el municipio de Agua de Dios (2010-2026)
Sandy Camila Sánchez Rodríguez1
Sandy.sanchez@uniminuto.edu.co
https://orcid.org/0009-0006-3566-8117
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
Yuri Rocio Alvarado Penagos
yuri.alvarado@uniminuto.edu.co
https://orcid.org/0009-0007-9190-9998
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
Sandra Milena Díaz González
sandra.dia.g@uniminuto.edu
https://orcid.org/0000-0002-6543-4673
Corporación Universitaria minuto de Dios.
Colombia
RESUMEN
La gestión del alumbrado público en Agua de Dios enfrenta una crisis de sostenibilidad financiera
derivada de un pasivo histórico concentrado en los componentes de administración, operación,
mantenimiento e inversión inicial. Este estudio analizó la eficiencia de la gestión tributaria frente a dicha
deuda bajo el marco del Acuerdo Municipal 018 de 2024, con el propósito de proponer una estrategia
de recuperación fiscal basada en modernización tecnológica. Se aplicó un enfoque cualitativo-
descriptivo mediante revisión documental, análisis financiero y contraste normativo. Los resultados
evidencian que la predominancia de tecnología de sodio genera un gasto energético desproporcionado
que absorbe los recursos recaudados, limitando la reducción del pasivo histórico a un 1,9 % anual y
priorizando el cubrimiento de costos corrientes sobre la amortización de obligaciones vencidas. Se
concluye que la viabilidad financiera del servicio requiere una reingeniería operativa centrada en la
transición a luminarias LED, el fortalecimiento de los mecanismos de recaudo y la optimización de
costos, lo cual permitiría liberar excedentes para el saneamiento progresivo de la deuda y asegurar la
sostenibilidad fiscal municipal.
Palabras claves: Gestión tributaria; sostenibilidad fiscal; alumbrado público; modernización
tecnológica; pasivo histórico.
1 Autor principal
Correspondencia: Sandy.sanchez@uniminuto.edu.co
pág. 4136
Analysis of Tax Administration Efficiency in Relation to the Historical
Liabilities of the Public Lighting Service in the Municipality of Agua de Dios
(2010–2026)
ABSTRACT
Public lighting management in Agua de Dios faces a financial sustainability crisis stemming from a
historical liability concentrated in the administration, operation, maintenance, and initial investment
components. This study analyzed the efficiency of tax management in addressing this liability under the
framework of Municipal Agreement 018 of 2024, aiming to propose a fiscal recovery strategy based on
technological modernization. A qualitative-descriptive approach was applied through documentary
review, financial analysis, and regulatory comparison. The results indicate that the predominance of
sodium-vapor technology generates disproportionate energy expenditure that absorbs collected
revenues, limiting the annual reduction of the historical liability to 1.9% and prioritizing the coverage
of current operating costs over the amortization of overdue obligations. It is concluded that the financial
viability of the service requires operational reengineering focused on transitioning to LED luminaires,
strengthening collection mechanisms, and optimizing costs, which would free up surpluses for the
progressive settlement of the debt and ensure municipal fiscal sustainability.
Keywords: Tax management; fiscal sustainability; public lighting; technological modernization;
historical liability
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
Analysis of Tax Administration Efficiency in Relation to the Historical
Liabilities of the Public Lighting Service in the Municipality of Agua de Dios
(2010–2026)
ABSTRACT
Public lighting management in Agua de Dios faces a financial sustainability crisis stemming from a
historical liability concentrated in the administration, operation, maintenance, and initial investment
components. This study analyzed the efficiency of tax management in addressing this liability under the
framework of Municipal Agreement 018 of 2024, aiming to propose a fiscal recovery strategy based on
technological modernization. A qualitative-descriptive approach was applied through documentary
review, financial analysis, and regulatory comparison. The results indicate that the predominance of
sodium-vapor technology generates disproportionate energy expenditure that absorbs collected
revenues, limiting the annual reduction of the historical liability to 1.9% and prioritizing the coverage
of current operating costs over the amortization of overdue obligations. It is concluded that the financial
viability of the service requires operational reengineering focused on transitioning to LED luminaires,
strengthening collection mechanisms, and optimizing costs, which would free up surpluses for the
progressive settlement of the debt and ensure municipal fiscal sustainability.
Keywords: Tax management; fiscal sustainability; public lighting; technological modernization;
historical liability
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
pág. 4137
INTRODUCCIÓN
La prestación del servicio de alumbrado público en los municipios colombianos ha transitado de una
gestión directa hacia esquemas de concesión privada, con el propósito de garantizar continuidad
operativa y modernización tecnológica. No obstante, en territorios de sexta categoría como Agua de
Dios (Cundinamarca), este modelo enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su
sostenibilidad financiera.
La problemática se origina en un pasivo histórico con el operador energético, cuyo saldo supera los
$2.816 millones a corte de 2022, derivado del contrato de concesión N.° 272 de 2010. Desde su firma,
la administración municipal busca equilibrar la relación entre recaudo tributario y costos operativos del
servicio. Para fortalecer la capacidad recaudatoria, se han implementado instrumentos normativos
progresivos: el Acuerdo 017 de 2012 estableció las bases del impuesto; ante la insuficiencia de ingresos,
se emitieron el Acuerdo 014 de 2023 y el Estatuto de Rentas (Acuerdo 018 de 2024), los cuales
sustituyen las tarifas fijas por un esquema porcentual vinculado al consumo real, con el fin de mejorar
la equidad y el volumen de recaudación.
Sin embargo, este marco jurídico interactúa con condiciones técnicas y administrativas que restringen
su eficacia. El Estudio Técnico de Referencia (2022) indica que el 96 % de la infraestructura mantiene
tecnología de sodio, lo cual eleva el consumo energético y los costos de facturación. Adicionalmente, la
metodología de imputación de pagos prioriza la amortización de obligaciones vencidas, destino que
absorbe el flujo de caja en intereses y capital histórico mientras las facturas corrientes continúan
acumulando saldos. Esta dinámica genera un desbalance estructural entre ingresos y egresos, limitando
la reducción efectiva del pasivo.
Desde el punto de vista disciplinar, la gestión tributaria municipal ha intentado responder a esta crisis
mediante instrumentos normativos como el Acuerdo 018 de 2024 (Estatuto de rentas), el cual busca
fortalecer la capacidad de recaudo y aplicar procesos de cobro coactivo para recuperar cartera, no
obstante la efectividad de estas medidas se ve limitada por una ineficiencia tecnológica sistémica: el
96% de la infraestructura del municipio aun utiliza tecnología de sodio, la cual genera un gasto
energético desproporcionado que absorbe la liquidez del sistema, lo cual debilita el contrato social, pues
mientras el municipio aumenta el rigor del recaudo, la calidad del servicio se estanca debido a la falta
INTRODUCCIÓN
La prestación del servicio de alumbrado público en los municipios colombianos ha transitado de una
gestión directa hacia esquemas de concesión privada, con el propósito de garantizar continuidad
operativa y modernización tecnológica. No obstante, en territorios de sexta categoría como Agua de
Dios (Cundinamarca), este modelo enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su
sostenibilidad financiera.
La problemática se origina en un pasivo histórico con el operador energético, cuyo saldo supera los
$2.816 millones a corte de 2022, derivado del contrato de concesión N.° 272 de 2010. Desde su firma,
la administración municipal busca equilibrar la relación entre recaudo tributario y costos operativos del
servicio. Para fortalecer la capacidad recaudatoria, se han implementado instrumentos normativos
progresivos: el Acuerdo 017 de 2012 estableció las bases del impuesto; ante la insuficiencia de ingresos,
se emitieron el Acuerdo 014 de 2023 y el Estatuto de Rentas (Acuerdo 018 de 2024), los cuales
sustituyen las tarifas fijas por un esquema porcentual vinculado al consumo real, con el fin de mejorar
la equidad y el volumen de recaudación.
Sin embargo, este marco jurídico interactúa con condiciones técnicas y administrativas que restringen
su eficacia. El Estudio Técnico de Referencia (2022) indica que el 96 % de la infraestructura mantiene
tecnología de sodio, lo cual eleva el consumo energético y los costos de facturación. Adicionalmente, la
metodología de imputación de pagos prioriza la amortización de obligaciones vencidas, destino que
absorbe el flujo de caja en intereses y capital histórico mientras las facturas corrientes continúan
acumulando saldos. Esta dinámica genera un desbalance estructural entre ingresos y egresos, limitando
la reducción efectiva del pasivo.
Desde el punto de vista disciplinar, la gestión tributaria municipal ha intentado responder a esta crisis
mediante instrumentos normativos como el Acuerdo 018 de 2024 (Estatuto de rentas), el cual busca
fortalecer la capacidad de recaudo y aplicar procesos de cobro coactivo para recuperar cartera, no
obstante la efectividad de estas medidas se ve limitada por una ineficiencia tecnológica sistémica: el
96% de la infraestructura del municipio aun utiliza tecnología de sodio, la cual genera un gasto
energético desproporcionado que absorbe la liquidez del sistema, lo cual debilita el contrato social, pues
mientras el municipio aumenta el rigor del recaudo, la calidad del servicio se estanca debido a la falta
pág. 4138
de recursos para su modernización.
En este sentido, se comprende que la transición hacia la tecnología LED trasciende el simple cambio de
luminarias para convertirse en el motor de la recuperación financiera del municipio al reducir
drásticamente el consumo de energía y los costos por reparaciones constantes, esta mejora tecnológica
permite liberar recursos que hoy se pierden en ineficiencias, facilitando así el pago de las deudas
acumuladas durante años, de esta manera la estabilidad del servicio deja de depender únicamente de la
presión en el recaudo a los ciudadanos y empieza a basarse en una gestión operativa inteligente que le
devuelve a la administración la capacidad de manejar esos recursos con libertad.
En este contexto, el estudio evalúa la eficiencia de la gestión tributaria municipal frente al pasivo
acumulado del servicio de alumbrado público. A partir del análisis de los estados financieros de la
fiducia, las cesiones de derechos a Multiservicios Express S.A.S. y los informes de interventoría, se
examina si la estructura de recaudo y destinación vigente permite alcanzar el equilibrio fiscal requerido.
El trabajo se sustenta en los principios de eficiencia tributaria y sostenibilidad financiera territorial, y
aporta evidencia técnica para la toma de decisiones en municipios con capacidad institucional limitada.
MARCO TEÓRICO
La eficiencia tributaria se conceptualiza como la capacidad del sistema fiscal para generar los ingresos
necesarios con el menor costo administrativo y social posible, garantizando suficiencia recaudatoria,
equidad distributiva y simplicidad operativa (Musgrave & Musgrave, 2019). En el contexto colombiano,
este principio se articula con los postulados constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia
tributaria (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 363), los cuales exigen que la carga fiscal
guarde proporción con la capacidad contributiva y que los recursos se administren con transparencia y
finalidad pública.
La literatura reciente señala que la eficiencia recaudatoria en territorios de baja densidad institucional
no depende exclusivamente de instrumentos coercitivos, sino de variables como la legitimidad del
tributo, la percepción de reciprocidad fiscal y la calidad de la contraprestación (OCDE, 2022; Castilla
et al., 2021; Henao, 2025). En este sentido, la eficiencia tributaria municipal se comprende como un
constructo multidimensional que integra la capacidad técnica de recaudo, la sostenibilidad del gasto
público y la confianza ciudadana en la gestión de los recursos.
de recursos para su modernización.
En este sentido, se comprende que la transición hacia la tecnología LED trasciende el simple cambio de
luminarias para convertirse en el motor de la recuperación financiera del municipio al reducir
drásticamente el consumo de energía y los costos por reparaciones constantes, esta mejora tecnológica
permite liberar recursos que hoy se pierden en ineficiencias, facilitando así el pago de las deudas
acumuladas durante años, de esta manera la estabilidad del servicio deja de depender únicamente de la
presión en el recaudo a los ciudadanos y empieza a basarse en una gestión operativa inteligente que le
devuelve a la administración la capacidad de manejar esos recursos con libertad.
En este contexto, el estudio evalúa la eficiencia de la gestión tributaria municipal frente al pasivo
acumulado del servicio de alumbrado público. A partir del análisis de los estados financieros de la
fiducia, las cesiones de derechos a Multiservicios Express S.A.S. y los informes de interventoría, se
examina si la estructura de recaudo y destinación vigente permite alcanzar el equilibrio fiscal requerido.
El trabajo se sustenta en los principios de eficiencia tributaria y sostenibilidad financiera territorial, y
aporta evidencia técnica para la toma de decisiones en municipios con capacidad institucional limitada.
MARCO TEÓRICO
La eficiencia tributaria se conceptualiza como la capacidad del sistema fiscal para generar los ingresos
necesarios con el menor costo administrativo y social posible, garantizando suficiencia recaudatoria,
equidad distributiva y simplicidad operativa (Musgrave & Musgrave, 2019). En el contexto colombiano,
este principio se articula con los postulados constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia
tributaria (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 363), los cuales exigen que la carga fiscal
guarde proporción con la capacidad contributiva y que los recursos se administren con transparencia y
finalidad pública.
La literatura reciente señala que la eficiencia recaudatoria en territorios de baja densidad institucional
no depende exclusivamente de instrumentos coercitivos, sino de variables como la legitimidad del
tributo, la percepción de reciprocidad fiscal y la calidad de la contraprestación (OCDE, 2022; Castilla
et al., 2021; Henao, 2025). En este sentido, la eficiencia tributaria municipal se comprende como un
constructo multidimensional que integra la capacidad técnica de recaudo, la sostenibilidad del gasto
público y la confianza ciudadana en la gestión de los recursos.
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El pasivo histórico en servicios públicos se define como la acumulación de obligaciones financieras no
cubiertas en ejercicios anteriores, derivada de desajustes recurrentes entre ingresos corrientes y costos
operativos del servicio (Ricciulli-Marín et al., 2024). En el ámbito municipal, este fenómeno no
constituye únicamente un registro contable, sino una manifestación de rigideces estructurales en la
relación entre flujo de caja, destinación de recursos y capacidad de amortización.
Desde la teoría de las finanzas públicas territoriales, la persistencia de pasivos acumulados genera un
efecto de restricción presupuestal que limita la inversión, deteriora la calidad del servicio y traslada la
carga financiera a futuras administraciones (Sierra, 2023; Muñoz Lozano & Torres Hernández, 2025).
Este desequilibrio suele consolidarse en dinámicas de mora circular, donde los recursos recaudados se
destinan prioritariamente al cubrimiento de costos corrientes o intereses vencidos, impidiendo la
reducción efectiva del capital histórico y generando un ciclo de insolvencia operativa.
La gestión fiscal en municipios de sexta categoría se caracteriza por limitaciones estructurales en la
generación de ingresos propios, alta dependencia de transferencias nacionales y capacidades técnicas
reducidas para la fiscalización tributaria (DNP, 2024; Muñoz Lozano & Torres Hernández, 2025). Estas
condiciones condicionan la eficacia de los instrumentos normativos locales y exigen estrategias de
planeación financiera que prioricen la sostenibilidad operativa frente a la expansión del gasto.
En el caso del impuesto de alumbrado público, la jurisprudencia constitucional ha establecido el
principio de destinación específica, según el cual los recursos recaudados deben asignarse
exclusivamente a la prestación, mantenimiento y mejora del servicio, sin posibilidad de desvío a fines
distintos (Corte Constitucional de Colombia, 2010). Esta restricción normativa, si bien garantiza la
trazabilidad del tributo, reduce la flexibilidad fiscal municipal y obliga a una gestión técnica que
equilibre los componentes de consumo energético, administración, operación, mantenimiento (CAOM)
e inversión (CINV) dentro de un esquema de costos eficientes.
Las investigaciones recientes sobre gestión pública territorial en Colombia han identificado que los
municipios de menor categoría administrativa enfrentan restricciones persistentes asociadas a limitada
capacidad institucional, baja generación de ingresos propios, debilidad técnica y dependencia financiera
de recursos transferidos desde el nivel central (Sierra, 2023). En el caso de los municipios de sexta
categoría, estas condiciones adquieren una mayor complejidad debido a que las responsabilidades de
El pasivo histórico en servicios públicos se define como la acumulación de obligaciones financieras no
cubiertas en ejercicios anteriores, derivada de desajustes recurrentes entre ingresos corrientes y costos
operativos del servicio (Ricciulli-Marín et al., 2024). En el ámbito municipal, este fenómeno no
constituye únicamente un registro contable, sino una manifestación de rigideces estructurales en la
relación entre flujo de caja, destinación de recursos y capacidad de amortización.
Desde la teoría de las finanzas públicas territoriales, la persistencia de pasivos acumulados genera un
efecto de restricción presupuestal que limita la inversión, deteriora la calidad del servicio y traslada la
carga financiera a futuras administraciones (Sierra, 2023; Muñoz Lozano & Torres Hernández, 2025).
Este desequilibrio suele consolidarse en dinámicas de mora circular, donde los recursos recaudados se
destinan prioritariamente al cubrimiento de costos corrientes o intereses vencidos, impidiendo la
reducción efectiva del capital histórico y generando un ciclo de insolvencia operativa.
La gestión fiscal en municipios de sexta categoría se caracteriza por limitaciones estructurales en la
generación de ingresos propios, alta dependencia de transferencias nacionales y capacidades técnicas
reducidas para la fiscalización tributaria (DNP, 2024; Muñoz Lozano & Torres Hernández, 2025). Estas
condiciones condicionan la eficacia de los instrumentos normativos locales y exigen estrategias de
planeación financiera que prioricen la sostenibilidad operativa frente a la expansión del gasto.
En el caso del impuesto de alumbrado público, la jurisprudencia constitucional ha establecido el
principio de destinación específica, según el cual los recursos recaudados deben asignarse
exclusivamente a la prestación, mantenimiento y mejora del servicio, sin posibilidad de desvío a fines
distintos (Corte Constitucional de Colombia, 2010). Esta restricción normativa, si bien garantiza la
trazabilidad del tributo, reduce la flexibilidad fiscal municipal y obliga a una gestión técnica que
equilibre los componentes de consumo energético, administración, operación, mantenimiento (CAOM)
e inversión (CINV) dentro de un esquema de costos eficientes.
Las investigaciones recientes sobre gestión pública territorial en Colombia han identificado que los
municipios de menor categoría administrativa enfrentan restricciones persistentes asociadas a limitada
capacidad institucional, baja generación de ingresos propios, debilidad técnica y dependencia financiera
de recursos transferidos desde el nivel central (Sierra, 2023). En el caso de los municipios de sexta
categoría, estas condiciones adquieren una mayor complejidad debido a que las responsabilidades de
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prestación de servicios públicos y sostenibilidad operativa continúan ampliándose en contextos donde
la estructura administrativa y fiscal mantiene importantes limitaciones de funcionamiento (Muñoz
Lozano & Torres Hernández, 2025). Dentro de esta perspectiva, la literatura reciente ha comenzado a
interpretar la sostenibilidad territorial desde una relación estructural entre capacidad administrativa,
eficiencia financiera y capacidad efectiva de recaudo, superando aproximaciones centradas
exclusivamente en variables presupuestales o normativas.
En este mismo contexto, diversos estudios sobre desempeño fiscal territorial han evidenciado que los
municipios con menores ingresos corrientes de libre destinación presentan mayores dificultades para
sostener financieramente servicios públicos con altos costos recurrentes y obligaciones operativas
permanentes. Los resultados del Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación
mostraron para 2023 un promedio municipal de 56,67 puntos sobre 100, situación que refleja diferencias
significativas en capacidad financiera territorial, generación de ingresos propios y sostenibilidad
operativa entre entidades territoriales colombianas (Departamento Nacional de Planeación [DNP],
2024). Bajo esta línea investigativa, la sostenibilidad fiscal dejó de interpretarse únicamente como
equilibrio presupuestal y comenzó a relacionarse con la capacidad real de los gobiernos locales para
mantener continuidad operativa, responder a presiones financieras crecientes y garantizar sostenibilidad
de servicios públicos territoriales en escenarios de limitada autonomía fiscal.
A nivel regional, las investigaciones sobre hacienda pública territorial han señalado que los procesos de
descentralización en América Latina trasladaron responsabilidades administrativas y operativas hacia
gobiernos locales sin que necesariamente existiera una expansión proporcional de sus capacidades
financieras y tributarias. Ricciulli-Marín et al. (2024), al analizar cien años de finanzas públicas
territoriales en Colombia, identificaron tensiones persistentes entre gasto territorial, generación de
ingresos y sostenibilidad fiscal municipal, particularmente en entidades con baja capacidad económica
y dependencia de recursos restringidos. En correspondencia con estas dinámicas, la literatura reciente
sostiene que las limitaciones institucionales de los municipios pequeños no constituyen únicamente un
problema administrativo, sino una condición estructural que afecta directamente la eficiencia pública,
la sostenibilidad financiera y la capacidad territorial de garantizar continuidad en la prestación de
servicios esenciales.
prestación de servicios públicos y sostenibilidad operativa continúan ampliándose en contextos donde
la estructura administrativa y fiscal mantiene importantes limitaciones de funcionamiento (Muñoz
Lozano & Torres Hernández, 2025). Dentro de esta perspectiva, la literatura reciente ha comenzado a
interpretar la sostenibilidad territorial desde una relación estructural entre capacidad administrativa,
eficiencia financiera y capacidad efectiva de recaudo, superando aproximaciones centradas
exclusivamente en variables presupuestales o normativas.
En este mismo contexto, diversos estudios sobre desempeño fiscal territorial han evidenciado que los
municipios con menores ingresos corrientes de libre destinación presentan mayores dificultades para
sostener financieramente servicios públicos con altos costos recurrentes y obligaciones operativas
permanentes. Los resultados del Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación
mostraron para 2023 un promedio municipal de 56,67 puntos sobre 100, situación que refleja diferencias
significativas en capacidad financiera territorial, generación de ingresos propios y sostenibilidad
operativa entre entidades territoriales colombianas (Departamento Nacional de Planeación [DNP],
2024). Bajo esta línea investigativa, la sostenibilidad fiscal dejó de interpretarse únicamente como
equilibrio presupuestal y comenzó a relacionarse con la capacidad real de los gobiernos locales para
mantener continuidad operativa, responder a presiones financieras crecientes y garantizar sostenibilidad
de servicios públicos territoriales en escenarios de limitada autonomía fiscal.
A nivel regional, las investigaciones sobre hacienda pública territorial han señalado que los procesos de
descentralización en América Latina trasladaron responsabilidades administrativas y operativas hacia
gobiernos locales sin que necesariamente existiera una expansión proporcional de sus capacidades
financieras y tributarias. Ricciulli-Marín et al. (2024), al analizar cien años de finanzas públicas
territoriales en Colombia, identificaron tensiones persistentes entre gasto territorial, generación de
ingresos y sostenibilidad fiscal municipal, particularmente en entidades con baja capacidad económica
y dependencia de recursos restringidos. En correspondencia con estas dinámicas, la literatura reciente
sostiene que las limitaciones institucionales de los municipios pequeños no constituyen únicamente un
problema administrativo, sino una condición estructural que afecta directamente la eficiencia pública,
la sostenibilidad financiera y la capacidad territorial de garantizar continuidad en la prestación de
servicios esenciales.
pág. 4141
Bajo esta misma discusión, los estudios contemporáneos sobre eficiencia tributaria territorial
comenzaron a profundizar en variables relacionadas con recuperación de cartera, morosidad y riesgo
fiscal municipal como elementos determinantes para la estabilidad financiera local. Las investigaciones
desarrolladas sobre recaudo territorial evidencian que las debilidades administrativas, la limitada
capacidad de fiscalización y la insuficiente modernización de los sistemas tributarios locales deterioran
progresivamente la capacidad de recaudo efectivo y aumentan la presión financiera sobre los gobiernos
municipales (Murcia, 2021). Desde una perspectiva similar, el manual sobre gestión de riesgos de
incumplimiento tributario elaborado por el CIAT, el FMI y el Servicio de Impuestos Internos de Chile
(2020) planteó que la morosidad debe interpretarse como un riesgo fiscal gestionable, asociado a
debilidades institucionales, baja capacidad de seguimiento y limitada eficiencia administrativa.
En relación con esta discusión, la literatura reciente ha comenzado a vincular la sostenibilidad fiscal
municipal con la capacidad efectiva de recuperación tributaria y la legitimidad del sistema de recaudo.
Los estudios sobre cultura tributaria y comportamiento fiscal desarrollados en contextos locales
colombianos como los de Castilla et al. (2021) y Henao (2025), muestran que el cumplimiento de las
obligaciones tributarias mantiene una relación directa con la percepción ciudadana sobre eficiencia
institucional, destinación de recursos y calidad de los servicios financiados mediante tributos
territoriales. Al respecto, Henao (2025) identificó que el 56,4 % de los contribuyentes encuestados
consideró que los procesos permanentes de capacitación tributaria podrían mejorar el cumplimiento
fiscal y fortalecer el recaudo municipal. Complementando esta aproximación, investigaciones recientes
advierten que la recuperación de cartera no depende exclusivamente de mecanismos coercitivos o
sancionatorios, sino también de niveles de confianza institucional, transparencia fiscal y legitimidad del
tributo (OCDE, 2022, 2025).
En este contexto, la literatura especializada sobre sostenibilidad financiera territorio, se evidencia que
han comenzado a prestar especial atención a los servicios públicos locales con altos costos recurrentes
y elevada presión operativa, entre ellos el alumbrado público municipal. La literatura contemporánea
sostiene que este servicio debe analizarse desde una dimensión simultáneamente técnica, operativa,
financiera y administrativa, debido a que su sostenibilidad depende de la relación entre recaudo efectivo,
costos de operación, mantenimiento, modernización tecnológica y capacidad institucional de gestión
Bajo esta misma discusión, los estudios contemporáneos sobre eficiencia tributaria territorial
comenzaron a profundizar en variables relacionadas con recuperación de cartera, morosidad y riesgo
fiscal municipal como elementos determinantes para la estabilidad financiera local. Las investigaciones
desarrolladas sobre recaudo territorial evidencian que las debilidades administrativas, la limitada
capacidad de fiscalización y la insuficiente modernización de los sistemas tributarios locales deterioran
progresivamente la capacidad de recaudo efectivo y aumentan la presión financiera sobre los gobiernos
municipales (Murcia, 2021). Desde una perspectiva similar, el manual sobre gestión de riesgos de
incumplimiento tributario elaborado por el CIAT, el FMI y el Servicio de Impuestos Internos de Chile
(2020) planteó que la morosidad debe interpretarse como un riesgo fiscal gestionable, asociado a
debilidades institucionales, baja capacidad de seguimiento y limitada eficiencia administrativa.
En relación con esta discusión, la literatura reciente ha comenzado a vincular la sostenibilidad fiscal
municipal con la capacidad efectiva de recuperación tributaria y la legitimidad del sistema de recaudo.
Los estudios sobre cultura tributaria y comportamiento fiscal desarrollados en contextos locales
colombianos como los de Castilla et al. (2021) y Henao (2025), muestran que el cumplimiento de las
obligaciones tributarias mantiene una relación directa con la percepción ciudadana sobre eficiencia
institucional, destinación de recursos y calidad de los servicios financiados mediante tributos
territoriales. Al respecto, Henao (2025) identificó que el 56,4 % de los contribuyentes encuestados
consideró que los procesos permanentes de capacitación tributaria podrían mejorar el cumplimiento
fiscal y fortalecer el recaudo municipal. Complementando esta aproximación, investigaciones recientes
advierten que la recuperación de cartera no depende exclusivamente de mecanismos coercitivos o
sancionatorios, sino también de niveles de confianza institucional, transparencia fiscal y legitimidad del
tributo (OCDE, 2022, 2025).
En este contexto, la literatura especializada sobre sostenibilidad financiera territorio, se evidencia que
han comenzado a prestar especial atención a los servicios públicos locales con altos costos recurrentes
y elevada presión operativa, entre ellos el alumbrado público municipal. La literatura contemporánea
sostiene que este servicio debe analizarse desde una dimensión simultáneamente técnica, operativa,
financiera y administrativa, debido a que su sostenibilidad depende de la relación entre recaudo efectivo,
costos de operación, mantenimiento, modernización tecnológica y capacidad institucional de gestión
pág. 4142
(Universidad Nacional de Colombia & Comisión de Regulación de Energía y Gas [CREG], 2020). En
este mismo contexto, diversos estudios recientes han señalado que los municipios pequeños presentan
mayores niveles de vulnerabilidad financiera frente a servicios intensivos en costos operativos,
especialmente cuando existen estructuras limitadas de recaudo, pasivos acumulados y bajos niveles de
actualización tecnológica.
Así mismo, la discusión reciente sobre alumbrado público en Colombia ha profundizado en la relación
entre costos eficientes, sostenibilidad financiera y gobernanza operativa del servicio. La Resolución
CREG 101 013 de 2022 estableció metodologías orientadas a la determinación de costos máximos del
servicio y a la construcción de estudios técnicos de referencia como mecanismos para garantizar
sostenibilidad operativa y coherencia tarifaria. Bajo esta línea investigativa, Cano Aguirre (2024) señaló
que la viabilidad financiera de los sistemas de alumbrado público depende de la capacidad territorial
para equilibrar costos de operación, mantenimiento, expansión y remuneración del servicio frente a la
estructura real de ingresos municipales. En correspondencia con estas dinámicas, la literatura reciente
ha comenzado a interpretar los déficits operativos y los pasivos acumulados de los sistemas de
alumbrado público como expresiones de desequilibrios estructurales entre sostenibilidad financiera,
eficiencia recaudatoria y capacidad institucional local.
Complementando esta aproximación, los estudios contemporáneos sobre innovación pública y eficiencia
energética, ha posicionado la modernización tecnológica mediante luminarias LED como estrategia
orientada a reducir presión operativa y mejorar sostenibilidad fiscal territorial. La evidencia técnica
indica que la transición tecnológica genera reducciones significativas en consumo energético, emisiones
contaminantes y costos de mantenimiento. Para sustentar esto, el trabajo desarrollado por López Gómez,
et al. (2025) en el departamento del Cesar, reportó que una luminaria LED de 30W puede reducir
aproximadamente 57,1 % del consumo energético frente a luminarias tradicionales de sodio de 70W,
además de disminuir en 43 % las emisiones de CO₂ y alcanzar una vida útil cercana a 50.000 horas.
Interpretación ratificada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2021-2025), a nivel
regional, experiencias impulsadas por el por este órgano y entidades territoriales latinoamericanas han
demostrado que los procesos de modernización energética permiten reducir costos operativos y liberar
recursos públicos destinados previamente a sostenimiento técnico del sistema.
(Universidad Nacional de Colombia & Comisión de Regulación de Energía y Gas [CREG], 2020). En
este mismo contexto, diversos estudios recientes han señalado que los municipios pequeños presentan
mayores niveles de vulnerabilidad financiera frente a servicios intensivos en costos operativos,
especialmente cuando existen estructuras limitadas de recaudo, pasivos acumulados y bajos niveles de
actualización tecnológica.
Así mismo, la discusión reciente sobre alumbrado público en Colombia ha profundizado en la relación
entre costos eficientes, sostenibilidad financiera y gobernanza operativa del servicio. La Resolución
CREG 101 013 de 2022 estableció metodologías orientadas a la determinación de costos máximos del
servicio y a la construcción de estudios técnicos de referencia como mecanismos para garantizar
sostenibilidad operativa y coherencia tarifaria. Bajo esta línea investigativa, Cano Aguirre (2024) señaló
que la viabilidad financiera de los sistemas de alumbrado público depende de la capacidad territorial
para equilibrar costos de operación, mantenimiento, expansión y remuneración del servicio frente a la
estructura real de ingresos municipales. En correspondencia con estas dinámicas, la literatura reciente
ha comenzado a interpretar los déficits operativos y los pasivos acumulados de los sistemas de
alumbrado público como expresiones de desequilibrios estructurales entre sostenibilidad financiera,
eficiencia recaudatoria y capacidad institucional local.
Complementando esta aproximación, los estudios contemporáneos sobre innovación pública y eficiencia
energética, ha posicionado la modernización tecnológica mediante luminarias LED como estrategia
orientada a reducir presión operativa y mejorar sostenibilidad fiscal territorial. La evidencia técnica
indica que la transición tecnológica genera reducciones significativas en consumo energético, emisiones
contaminantes y costos de mantenimiento. Para sustentar esto, el trabajo desarrollado por López Gómez,
et al. (2025) en el departamento del Cesar, reportó que una luminaria LED de 30W puede reducir
aproximadamente 57,1 % del consumo energético frente a luminarias tradicionales de sodio de 70W,
además de disminuir en 43 % las emisiones de CO₂ y alcanzar una vida útil cercana a 50.000 horas.
Interpretación ratificada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2021-2025), a nivel
regional, experiencias impulsadas por el por este órgano y entidades territoriales latinoamericanas han
demostrado que los procesos de modernización energética permiten reducir costos operativos y liberar
recursos públicos destinados previamente a sostenimiento técnico del sistema.