MEMORIA ESCRITA DE PÁCORA: HISTORIA
Y EVOLUCIÓN DEL ARCHIVO NOTARIAL
PATRIMONIAL (1832–1960)
THE TRIAL OF REPETITION IN THE ECUADORIAN LEGAL
SYSTEM: LEGAL THEORY AND ITS MATERIALIZATION IN
INSTITUTIONAL PRACTICE.
Aldemar Reyes Alvis
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Eliana Amaya Ramírez
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Isabela Sánchez Cardona
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Karen Sofia Loaiza Díaz
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Santiago Maya Rios
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
pág. 4205
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25427
Memoria escrita de Pácora: historia y evolución del archivo notarial
patrimonial (1832–1960)
Aldemar Reyes Alvis1
aldemarr2012@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3933-0176
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Eliana Amaya Ramírez
elianaamayaramirez051@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Isabela Sánchez Cardona
isanchezc0605@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Karen Sofia Loaiza Díaz
karensofial2208 @gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Santiago Maya Rios
mayasantiago078@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
RESUMEN
El presente artículo busca describir el proceso histórico de conformación y desarrollo del archivo
notarial de Pácora, Caldas, entre 1832 y 1960, destacando su valor histórico, archivístico y patrimonial,
con el propósito de reconocer su valor como fuente para la reconstrucción de la memoria histórica,
jurídica, social y territorial del municipio; la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo,
mediante un estudio histórico-documental sustentado en la revisión bibliográfica especializada y en el
análisis directo de una muestra intencional de once tomos seleccionados del fondo notarial,
pertenecientes a diferentes momentos de su desarrollo histórico, lo que permitió identificar la
transformación progresiva de la producción documental, las características materiales de los protocolos,
la evolución de la escritura notarial, el uso de papel sellado, sellos fiscales, tintas y otros elementos que
evidencian las prácticas administrativas y jurídicas propias de cada época; asimismo, se estableció la
estrecha relación existente entre la formación del archivo y el proceso de consolidación institucional de
Pácora, iniciado con la distribución de tierras y la organización administrativa del municipio desde 1832,
los resultados evidencian que este archivo trasciende su función jurídica al constituirse en un patrimonio
documental de excepcional valor histórico y archivístico para el municipio en mención.
Palabras clave: archivo notarial; patrimonio documental; memoria histórica; conservación documental;
Pácora, Caldas.
1 Autor principal.
Correspondencia: aldemarr2012@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25427
Memoria escrita de Pácora: historia y evolución del archivo notarial
patrimonial (1832–1960)
Aldemar Reyes Alvis1
aldemarr2012@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3933-0176
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Eliana Amaya Ramírez
elianaamayaramirez051@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Isabela Sánchez Cardona
isanchezc0605@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Karen Sofia Loaiza Díaz
karensofial2208 @gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
Santiago Maya Rios
mayasantiago078@gmail.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
Institución Educativa Elías Mejía Ángel
Colombia
RESUMEN
El presente artículo busca describir el proceso histórico de conformación y desarrollo del archivo
notarial de Pácora, Caldas, entre 1832 y 1960, destacando su valor histórico, archivístico y patrimonial,
con el propósito de reconocer su valor como fuente para la reconstrucción de la memoria histórica,
jurídica, social y territorial del municipio; la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo,
mediante un estudio histórico-documental sustentado en la revisión bibliográfica especializada y en el
análisis directo de una muestra intencional de once tomos seleccionados del fondo notarial,
pertenecientes a diferentes momentos de su desarrollo histórico, lo que permitió identificar la
transformación progresiva de la producción documental, las características materiales de los protocolos,
la evolución de la escritura notarial, el uso de papel sellado, sellos fiscales, tintas y otros elementos que
evidencian las prácticas administrativas y jurídicas propias de cada época; asimismo, se estableció la
estrecha relación existente entre la formación del archivo y el proceso de consolidación institucional de
Pácora, iniciado con la distribución de tierras y la organización administrativa del municipio desde 1832,
los resultados evidencian que este archivo trasciende su función jurídica al constituirse en un patrimonio
documental de excepcional valor histórico y archivístico para el municipio en mención.
Palabras clave: archivo notarial; patrimonio documental; memoria histórica; conservación documental;
Pácora, Caldas.
1 Autor principal.
Correspondencia: aldemarr2012@gmail.com
pág. 4206
Written Memory of Pácora: History and Evolution of the Heritage Notarial
Archive (1832–1960)
ABSTRACT
This article describes the historical development of the Heritage Notarial Archive of Pácora, Caldas,
Colombia, between 1832 and 1960, highlighting its historical, archival, and heritage significance as a
primary source for reconstructing the municipality’s legal, social, territorial, and historical memory. The
study adopted a qualitative approach through historical-documentary research based on a comprehensive
review of specialized literature and the direct examination of a purposive sample of eleven volumes
selected from the notarial collection, representing different stages of its historical development. The
analysis revealed the gradual evolution of documentary production, the material characteristics of the
protocols, changes in notarial writing practices, and the use of stamped paper, fiscal seals, inks, and
other physical features that reflect the administrative and legal practices of each period. The findings
also demonstrate the close relationship between the formation of the archive and the institutional
consolidation of Pácora, which began with the distribution of land and the establishment of the
municipality’s administrative organization in 1832. Overall, the study shows that the archive extends
far beyond its legal function, constituting a documentary heritage of exceptional historical and archival
value that preserves the written memory of the municipality and provides an essential resource for future
historical and archival research.
Keywords: notarial archive, documentary heritage, historical memory, documentary preservation
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
Written Memory of Pácora: History and Evolution of the Heritage Notarial
Archive (1832–1960)
ABSTRACT
This article describes the historical development of the Heritage Notarial Archive of Pácora, Caldas,
Colombia, between 1832 and 1960, highlighting its historical, archival, and heritage significance as a
primary source for reconstructing the municipality’s legal, social, territorial, and historical memory. The
study adopted a qualitative approach through historical-documentary research based on a comprehensive
review of specialized literature and the direct examination of a purposive sample of eleven volumes
selected from the notarial collection, representing different stages of its historical development. The
analysis revealed the gradual evolution of documentary production, the material characteristics of the
protocols, changes in notarial writing practices, and the use of stamped paper, fiscal seals, inks, and
other physical features that reflect the administrative and legal practices of each period. The findings
also demonstrate the close relationship between the formation of the archive and the institutional
consolidation of Pácora, which began with the distribution of land and the establishment of the
municipality’s administrative organization in 1832. Overall, the study shows that the archive extends
far beyond its legal function, constituting a documentary heritage of exceptional historical and archival
value that preserves the written memory of the municipality and provides an essential resource for future
historical and archival research.
Keywords: notarial archive, documentary heritage, historical memory, documentary preservation
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
pág. 4207
INTRODUCCIÓN
La documentación notarial constituye una fuente de una alta relevancia para estudiar la historia local,
porque registra actos jurídicos de la vida cotidiana, económica, familiar y territorial de una comunidad,
en los protocolos notariales quedan consignadas compraventas, testamentos, poderes, hipotecas,
adjudicaciones, particiones y obligaciones, es decir, actuaciones que no solo poseen valor legal, sino
también histórico y social; es por ello, que el archivo notarial puede leerse como una memoria seriada y
continua, en la cual cada escritura revela relaciones entre personas, bienes, autoridades y territorios
(Corso y LeGrand, 2004), esta perspectiva permite comprender el archivo notarial de Pácora como un
reservorio de memoria escrita, coherente con el propósito del artículo de estudiar su evolución entre
1832 y 1960.
Desde la historiografía documental, los archivos notariales permiten reconstruir dinámicas sociales de
larga duración, Corso y LeGrand (2004) muestran que las fuentes notariales resultan valiosas para
observar relaciones económicas, circulación de bienes y configuraciones regionales; de modo semejante,
Díez Fernández (1982) reconoce los protocolos notariales como fuentes útiles para el estudio de la
historia contemporánea, especialmente en el siglo XIX, en esa misma línea, Pagarolas Sabaté (2007)
subraya que los archivos notariales requieren ser comprendidos desde su doble condición, fondos
jurídicos producidos por la fe pública y fuentes documentales abiertas a la investigación histórica,
archivística y patrimonial.
En el caso de Pácora, el archivo notarial se vincula con el nacimiento administrativo del municipio y
con la distribución inicial de tierras registrada desde 1832, esta serie de datos permite acercarse a la
manera como el territorio fue nombrado, delimitado, adjudicado y reconocido mediante escritura
pública, en un escenario de formación institucional, así, esta información data sobre trámites
individuales; muestra cómo la comunidad fue organizando su existencia jurídica sobre el papel; lo
anterior, fue la fuente con Knight Soto y Delgado Knight (2019), propusieron entender los archivos
notariales como patrimonio cultural, pues en ellos se expresan identidades, prácticas sociales y formas
de memoria que superan la función meramente probatoria.
Cuando se aborda el notariado como institución jurídica y social, resulta necesario volver la mirada
hacia las antiguas civilizaciones donde nació la necesidad de otorgar certeza, permanencia y valor
INTRODUCCIÓN
La documentación notarial constituye una fuente de una alta relevancia para estudiar la historia local,
porque registra actos jurídicos de la vida cotidiana, económica, familiar y territorial de una comunidad,
en los protocolos notariales quedan consignadas compraventas, testamentos, poderes, hipotecas,
adjudicaciones, particiones y obligaciones, es decir, actuaciones que no solo poseen valor legal, sino
también histórico y social; es por ello, que el archivo notarial puede leerse como una memoria seriada y
continua, en la cual cada escritura revela relaciones entre personas, bienes, autoridades y territorios
(Corso y LeGrand, 2004), esta perspectiva permite comprender el archivo notarial de Pácora como un
reservorio de memoria escrita, coherente con el propósito del artículo de estudiar su evolución entre
1832 y 1960.
Desde la historiografía documental, los archivos notariales permiten reconstruir dinámicas sociales de
larga duración, Corso y LeGrand (2004) muestran que las fuentes notariales resultan valiosas para
observar relaciones económicas, circulación de bienes y configuraciones regionales; de modo semejante,
Díez Fernández (1982) reconoce los protocolos notariales como fuentes útiles para el estudio de la
historia contemporánea, especialmente en el siglo XIX, en esa misma línea, Pagarolas Sabaté (2007)
subraya que los archivos notariales requieren ser comprendidos desde su doble condición, fondos
jurídicos producidos por la fe pública y fuentes documentales abiertas a la investigación histórica,
archivística y patrimonial.
En el caso de Pácora, el archivo notarial se vincula con el nacimiento administrativo del municipio y
con la distribución inicial de tierras registrada desde 1832, esta serie de datos permite acercarse a la
manera como el territorio fue nombrado, delimitado, adjudicado y reconocido mediante escritura
pública, en un escenario de formación institucional, así, esta información data sobre trámites
individuales; muestra cómo la comunidad fue organizando su existencia jurídica sobre el papel; lo
anterior, fue la fuente con Knight Soto y Delgado Knight (2019), propusieron entender los archivos
notariales como patrimonio cultural, pues en ellos se expresan identidades, prácticas sociales y formas
de memoria que superan la función meramente probatoria.
Cuando se aborda el notariado como institución jurídica y social, resulta necesario volver la mirada
hacia las antiguas civilizaciones donde nació la necesidad de otorgar certeza, permanencia y valor
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probatorio a los actos humanos, es precisamente donde surgió la figura del escriba, antecedente directo
del notario moderno, cuya función permitió superar las limitaciones de la memoria oral y fortalecer la
seguridad de los acuerdos celebrados entre las personas, fue así, que en culturas como la hebrea, egipcia,
griega, romana y en los pueblos indígenas precoloniales, existieron figuras como el escriba, el tabelión,
el tlacuilo o el escribano, encargadas de dejar constancia de hechos y actos jurídicos, con el propósito
de brindar confianza, estabilidad y seguridad jurídica tanto a las partes como a terceros (López Vásquez,
2015; Colegio de Notarios de la Ciudad de México, 2023).
En el pueblo hebreo los escribas desempeñaron funciones sociales, religiosas y administrativas de
relevancia, pues reyes y funcionarios públicos solían apoyarse en ellos para la lectura y redacción de
documentos (Recursos Jurídicos México, 2020); esta participación no los convertía en autoridades
autónomas de fe pública; más bien, actuaban como auxiliares especializados cuya intervención dependía
del cargo, dignidad o institución a la que servían, lo cual muestra que la función notarial, en sus
antecedentes más remotos, estuvo ligada al poder público antes que al ejercicio independiente de una
autoridad certificadora (Calduch-Benages et al 2014).
La figura que sin duda guarda similitudes funcionales al notario actual es el escriba egipcio, él era el
quien se encargaba de redactar documentos del Estado y en algunos casos escritos de particulares, sin
embargo, estos solo adquirían validez cuando eran respaldados por el sello de un sacerdote o de un
magistrado de jerarquía equivalente, lo anterior conlleva a deducir un rasgo esencial de la tradición
notarial, es que su eficacia jurídica está sujeta a la autoridad que lo certifica (Pérez Cortés, 2005; Colegio
de Notarios del Estado de Veracruz, 2017).
En Grecia, los escribas gozaban de alta consideración social y desempeñaban esta función personas de
conocida buena fe (los argentarios de Atenas), si bien su única intervención se limitaba al acto de escribir
y carecían de la facultad de autenticar, sentaron las bases de una práctica documental que evolucionaría
hacia formas más complejas (López Vázquez, 2015). El pueblo romano, aportó elementos decisivos en
la configuración del notariado occidental, el tabelión, un profesional que redactaba documentos para
quien lo requiriera y que paulatinamente fue adquiriendo reconocimiento legal (Sánchez Maluf, 2003),
este hito representa, para muchos estudiosos del derecho notarial, la primera regulación positiva
sistemática de la función notarial en Occidente.
probatorio a los actos humanos, es precisamente donde surgió la figura del escriba, antecedente directo
del notario moderno, cuya función permitió superar las limitaciones de la memoria oral y fortalecer la
seguridad de los acuerdos celebrados entre las personas, fue así, que en culturas como la hebrea, egipcia,
griega, romana y en los pueblos indígenas precoloniales, existieron figuras como el escriba, el tabelión,
el tlacuilo o el escribano, encargadas de dejar constancia de hechos y actos jurídicos, con el propósito
de brindar confianza, estabilidad y seguridad jurídica tanto a las partes como a terceros (López Vásquez,
2015; Colegio de Notarios de la Ciudad de México, 2023).
En el pueblo hebreo los escribas desempeñaron funciones sociales, religiosas y administrativas de
relevancia, pues reyes y funcionarios públicos solían apoyarse en ellos para la lectura y redacción de
documentos (Recursos Jurídicos México, 2020); esta participación no los convertía en autoridades
autónomas de fe pública; más bien, actuaban como auxiliares especializados cuya intervención dependía
del cargo, dignidad o institución a la que servían, lo cual muestra que la función notarial, en sus
antecedentes más remotos, estuvo ligada al poder público antes que al ejercicio independiente de una
autoridad certificadora (Calduch-Benages et al 2014).
La figura que sin duda guarda similitudes funcionales al notario actual es el escriba egipcio, él era el
quien se encargaba de redactar documentos del Estado y en algunos casos escritos de particulares, sin
embargo, estos solo adquirían validez cuando eran respaldados por el sello de un sacerdote o de un
magistrado de jerarquía equivalente, lo anterior conlleva a deducir un rasgo esencial de la tradición
notarial, es que su eficacia jurídica está sujeta a la autoridad que lo certifica (Pérez Cortés, 2005; Colegio
de Notarios del Estado de Veracruz, 2017).
En Grecia, los escribas gozaban de alta consideración social y desempeñaban esta función personas de
conocida buena fe (los argentarios de Atenas), si bien su única intervención se limitaba al acto de escribir
y carecían de la facultad de autenticar, sentaron las bases de una práctica documental que evolucionaría
hacia formas más complejas (López Vázquez, 2015). El pueblo romano, aportó elementos decisivos en
la configuración del notariado occidental, el tabelión, un profesional que redactaba documentos para
quien lo requiriera y que paulatinamente fue adquiriendo reconocimiento legal (Sánchez Maluf, 2003),
este hito representa, para muchos estudiosos del derecho notarial, la primera regulación positiva
sistemática de la función notarial en Occidente.
pág. 4209
En Bizancio, el emperador León VI, denominado el Filósofo, en el año 887 d. C., a través del Libro del
Prefecto, en él, se reglamentó la actividad del notario y se estableció exigencias sobre las cualidades
morales e intelectuales de los aspirantes a ejercer este oficio (Sánchez Maluf, 2003), dicha regulación
reflejaba la creciente importancia social del escribano y la preocupación del Estado por garantizar la
confianza pública en sus actuaciones. Al ser derrocado el Imperio Romano de Occidente hacia el año
476 d. C., desapareció el modelo de notariado que había sido estructurado por la tradición romana, esto
produjo la apertura de un periodo de transición en el que surgieron nuevas formas de actividad notarial
que estuvieron vinculadas con los poderes dominantes de la época por un lado el público relacionado
con los señores feudales y por otro, el privado que se relacionó con la Iglesia (Notariado, 2010).
Posteriormente, fueron los particulares los que recurrieron frecuentemente a monjes y clérigos para la
redacción de documentos y testamentos, este oficio dio origen al llamado notariado eclesiástico para
asuntos temporales (Notariado, 2010).
Para finales del X y hasta el XV, la función de legitimar y autenticar documentos se concentró
progresivamente en el escribano, en esta etapa confluyeron el legado romano y las estructuras jurídicas
germánicas, situación que permitió consolidar renovación de las bases para la actividad notarial, como
resultado, las leyes longobardas regularon la función del escriba y reconocieron la oponibilidad de sus
instrumentos frente a terceros, hecho que fortaleció su autoridad jurídica y amplió el valor legal de los
documentos que intervenía (Álvarez-Coca González, 1987).
Uno de los mayores aportes de Italia a la historia del notariado fue el notariado bolognés entre siglos
XII y XIII (Carniello, 2012), fue en este periodo donde se estableció la diferencia entre la minuta,
entendida como el registro inicial del acto y el instrumento público completo, que correspondía al
documento formal entregado a las partes, allí, también se dispuso la conservación de las minutas en
libros de registro, lo que permitió preservar la memoria jurídica de los actos y expedir nuevas copias
cuando fuera necesario, fue esta práctica la que fortaleció la organización documental del notariado y
anticipó la función del protocolo como instrumento de custodia, prueba y seguridad jurídica (Mendoza
García, 2013).
El notario comenzó a consolidarse como representante de la fe pública, con facultad para autenticar
documentos y otorgarles valor jurídico a partir del siglo XIII, este proceso fue impulsado por las
En Bizancio, el emperador León VI, denominado el Filósofo, en el año 887 d. C., a través del Libro del
Prefecto, en él, se reglamentó la actividad del notario y se estableció exigencias sobre las cualidades
morales e intelectuales de los aspirantes a ejercer este oficio (Sánchez Maluf, 2003), dicha regulación
reflejaba la creciente importancia social del escribano y la preocupación del Estado por garantizar la
confianza pública en sus actuaciones. Al ser derrocado el Imperio Romano de Occidente hacia el año
476 d. C., desapareció el modelo de notariado que había sido estructurado por la tradición romana, esto
produjo la apertura de un periodo de transición en el que surgieron nuevas formas de actividad notarial
que estuvieron vinculadas con los poderes dominantes de la época por un lado el público relacionado
con los señores feudales y por otro, el privado que se relacionó con la Iglesia (Notariado, 2010).
Posteriormente, fueron los particulares los que recurrieron frecuentemente a monjes y clérigos para la
redacción de documentos y testamentos, este oficio dio origen al llamado notariado eclesiástico para
asuntos temporales (Notariado, 2010).
Para finales del X y hasta el XV, la función de legitimar y autenticar documentos se concentró
progresivamente en el escribano, en esta etapa confluyeron el legado romano y las estructuras jurídicas
germánicas, situación que permitió consolidar renovación de las bases para la actividad notarial, como
resultado, las leyes longobardas regularon la función del escriba y reconocieron la oponibilidad de sus
instrumentos frente a terceros, hecho que fortaleció su autoridad jurídica y amplió el valor legal de los
documentos que intervenía (Álvarez-Coca González, 1987).
Uno de los mayores aportes de Italia a la historia del notariado fue el notariado bolognés entre siglos
XII y XIII (Carniello, 2012), fue en este periodo donde se estableció la diferencia entre la minuta,
entendida como el registro inicial del acto y el instrumento público completo, que correspondía al
documento formal entregado a las partes, allí, también se dispuso la conservación de las minutas en
libros de registro, lo que permitió preservar la memoria jurídica de los actos y expedir nuevas copias
cuando fuera necesario, fue esta práctica la que fortaleció la organización documental del notariado y
anticipó la función del protocolo como instrumento de custodia, prueba y seguridad jurídica (Mendoza
García, 2013).
El notario comenzó a consolidarse como representante de la fe pública, con facultad para autenticar
documentos y otorgarles valor jurídico a partir del siglo XIII, este proceso fue impulsado por las
pág. 4210
universidades italianas, especialmente la de Bolonia, que contribuyeron a transformar la función notarial
de una práctica empírica en una disciplina jurídica con fundamento doctrinal (Carniello, 2012), posterior
a ello, en 1512, la Constitución Imperial sobre el Notariado, dictada por Maximiliano I en Colonia,
sistematizó estas prácticas en el Sacro Imperio Romano Germánico y evidenció que el notariado ya
había alcanzado una dimensión institucional de amplio alcance (Arrache Murguía, 2007).
El hito legislativo de mayor influencia en la configuración del notariado moderno fue la promulgación
en Francia de la Ley del 25 Ventoso del Año XI, expedida el 16 de marzo de 1803 durante el periodo
napoleónico, esta norma, conocida como Ley de Ventoso, estableció las bases del denominado notariado
latino o de tradición romana, al definir al notario como un funcionario público encargado de recibir la
voluntad de las partes, asesorarlas jurídicamente y otorgar autenticidad a los actos documentados
mediante la fe pública, debido a su alcance, esta ley es reconocida como el punto de partida del notariado
moderno (Aguilar Basurto, 2014).
El sistema del notariado latino, adoptado actualmente por más de noventa países agrupados en la Unión
Internacional del Notariado (UINL), se fundamenta en la imparcialidad del notario, la autenticidad de
los documentos y la conservación organizada de los instrumentos en el protocolo, bajo este modelo
tradicional, el notario actúa como garante de seguridad jurídica y equilibrio entre las partes, este difiere
del sistema anglosajón propio de los países del Common Law, en el cual la función notarial suele
limitarse principalmente a la autenticación de firmas y documentos (Aguilar Basurto, 2014).
En España, la evolución del notariado tuvo importantes desarrollos jurídicos desde las Siete Partidas de
Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, donde se distinguieron los escribanos de la corte y los escribanos
públicos, diferenciación que marcó el origen del notariado hispano, más adelante, la Pragmática de
Alcalá de Henares de 1503 reguló el protocolo notarial como mecanismo de conservación documental,
pero fue la Ley del Notariado de 1862 la que consolidó el modelo profesional del notario
contemporáneo, estableciendo formación jurídica, acceso mediante oposición y un régimen
disciplinario, estructura que posteriormente influiría en los sistemas notariales de Hispanoamérica
(Riesco Terreno, 2004; Monge y Rosato Corbo, 2008).
El escribano, visto desde su configuración histórica, no fue simplemente una persona dedicada a copiar
o escribir documentos, su oficio exigía comprender el sentido jurídico de los actos, escuchar con
universidades italianas, especialmente la de Bolonia, que contribuyeron a transformar la función notarial
de una práctica empírica en una disciplina jurídica con fundamento doctrinal (Carniello, 2012), posterior
a ello, en 1512, la Constitución Imperial sobre el Notariado, dictada por Maximiliano I en Colonia,
sistematizó estas prácticas en el Sacro Imperio Romano Germánico y evidenció que el notariado ya
había alcanzado una dimensión institucional de amplio alcance (Arrache Murguía, 2007).
El hito legislativo de mayor influencia en la configuración del notariado moderno fue la promulgación
en Francia de la Ley del 25 Ventoso del Año XI, expedida el 16 de marzo de 1803 durante el periodo
napoleónico, esta norma, conocida como Ley de Ventoso, estableció las bases del denominado notariado
latino o de tradición romana, al definir al notario como un funcionario público encargado de recibir la
voluntad de las partes, asesorarlas jurídicamente y otorgar autenticidad a los actos documentados
mediante la fe pública, debido a su alcance, esta ley es reconocida como el punto de partida del notariado
moderno (Aguilar Basurto, 2014).
El sistema del notariado latino, adoptado actualmente por más de noventa países agrupados en la Unión
Internacional del Notariado (UINL), se fundamenta en la imparcialidad del notario, la autenticidad de
los documentos y la conservación organizada de los instrumentos en el protocolo, bajo este modelo
tradicional, el notario actúa como garante de seguridad jurídica y equilibrio entre las partes, este difiere
del sistema anglosajón propio de los países del Common Law, en el cual la función notarial suele
limitarse principalmente a la autenticación de firmas y documentos (Aguilar Basurto, 2014).
En España, la evolución del notariado tuvo importantes desarrollos jurídicos desde las Siete Partidas de
Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, donde se distinguieron los escribanos de la corte y los escribanos
públicos, diferenciación que marcó el origen del notariado hispano, más adelante, la Pragmática de
Alcalá de Henares de 1503 reguló el protocolo notarial como mecanismo de conservación documental,
pero fue la Ley del Notariado de 1862 la que consolidó el modelo profesional del notario
contemporáneo, estableciendo formación jurídica, acceso mediante oposición y un régimen
disciplinario, estructura que posteriormente influiría en los sistemas notariales de Hispanoamérica
(Riesco Terreno, 2004; Monge y Rosato Corbo, 2008).
El escribano, visto desde su configuración histórica, no fue simplemente una persona dedicada a copiar
o escribir documentos, su oficio exigía comprender el sentido jurídico de los actos, escuchar con
pág. 4211
atención la voluntad de las partes y convertirla en una escritura capaz de producir efectos legales; por
ello, dentro de la tradición del notariado latino, este ha sido entendido como autor del documento, no
porque invente su contenido, sino porque orienta, interpreta y redacta el instrumento con la claridad
necesaria para darle connotación jurídica y salvaguardar la memoria de los actos celebrados (Rodríguez
de Gracia, 2023).
En America, durante la época colonial, la escribanía fue un oficio rodeado de exigencias, pues no bastaba
con saber escribir; también se requería una conducta socialmente aceptada y una reputación acorde con
la confianza que implicaba intervenir documentos públicos. En términos generales, para ser escribano
se exigía ser mayor de veinticinco años, tener renombre, ser reservado, cristiano, vecino del lugar y
conocer el arte de escribir (Colegio de Notarios de la Ciudad de México, 2025), estas condiciones
muestran que el cargo combinaba destreza técnica, reconocimiento social y responsabilidad moral.
La formación de los escribanos coloniales se dio, en en medida, dentro del propio oficio, más cerca del
archivo y de la práctica cotidiana que de una enseñanza académica formal, Según Tamar Herzog, los
futuros escribanos iniciaban como escribientes u oficiales, aprendiendo mediante la observación de
documentos anteriores, el uso de formularios y la imitación de modelos conservados en las escribanías
(citada en Revista Historia de la Educación Colombiana, s. f.), a ello se sumaban reglas estrictas de
redacción, las escrituras debían elaborarse con letra clara, en castellano, sobre papel sellado y sin
abreviaturas, con el fin de asegurar su comprensión, autenticidad y valor probatorio (Colegio de Notarios
de la Ciudad de México, 2025).
En el sistema colonial, heredero de la tradición castellana e indiana, no todos los escribanos cumplían
las mismas funciones, pues existían distintas categorías según el tipo de asuntos que atendían y el
espacio institucional en el que actuaban, las Leyes de Indias reconocieron, entre otros, a los escribanos
públicos, reales y por número (Archivo Histórico de Antioquia, s. f.; Rodríguez de Gracia, 2023). Estos
se ocupaban de asuntos civiles, mientras que otros servían como auxiliares de los juzgados y otros
intervenían en materias especializadas, como el registro de hipotecas y gravámenes (Antecedentes del
Derecho Notarial, s. f.), esta organización permitió ordenar la actividad documental y distribuir
funciones dentro de la administración colonial.
atención la voluntad de las partes y convertirla en una escritura capaz de producir efectos legales; por
ello, dentro de la tradición del notariado latino, este ha sido entendido como autor del documento, no
porque invente su contenido, sino porque orienta, interpreta y redacta el instrumento con la claridad
necesaria para darle connotación jurídica y salvaguardar la memoria de los actos celebrados (Rodríguez
de Gracia, 2023).
En America, durante la época colonial, la escribanía fue un oficio rodeado de exigencias, pues no bastaba
con saber escribir; también se requería una conducta socialmente aceptada y una reputación acorde con
la confianza que implicaba intervenir documentos públicos. En términos generales, para ser escribano
se exigía ser mayor de veinticinco años, tener renombre, ser reservado, cristiano, vecino del lugar y
conocer el arte de escribir (Colegio de Notarios de la Ciudad de México, 2025), estas condiciones
muestran que el cargo combinaba destreza técnica, reconocimiento social y responsabilidad moral.
La formación de los escribanos coloniales se dio, en en medida, dentro del propio oficio, más cerca del
archivo y de la práctica cotidiana que de una enseñanza académica formal, Según Tamar Herzog, los
futuros escribanos iniciaban como escribientes u oficiales, aprendiendo mediante la observación de
documentos anteriores, el uso de formularios y la imitación de modelos conservados en las escribanías
(citada en Revista Historia de la Educación Colombiana, s. f.), a ello se sumaban reglas estrictas de
redacción, las escrituras debían elaborarse con letra clara, en castellano, sobre papel sellado y sin
abreviaturas, con el fin de asegurar su comprensión, autenticidad y valor probatorio (Colegio de Notarios
de la Ciudad de México, 2025).
En el sistema colonial, heredero de la tradición castellana e indiana, no todos los escribanos cumplían
las mismas funciones, pues existían distintas categorías según el tipo de asuntos que atendían y el
espacio institucional en el que actuaban, las Leyes de Indias reconocieron, entre otros, a los escribanos
públicos, reales y por número (Archivo Histórico de Antioquia, s. f.; Rodríguez de Gracia, 2023). Estos
se ocupaban de asuntos civiles, mientras que otros servían como auxiliares de los juzgados y otros
intervenían en materias especializadas, como el registro de hipotecas y gravámenes (Antecedentes del
Derecho Notarial, s. f.), esta organización permitió ordenar la actividad documental y distribuir
funciones dentro de la administración colonial.
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Junto con esa clasificación, las Leyes de Indias fijaron reglas precisas para el ejercicio de la escribanía,
entre ellas la exigencia de títulos, exámenes ante la Real Audiencia y normas de redacción que buscaban
evitar confusiones en los documentos (Hidalgo Nuchera, 1994). Sin embargo, durante buena parte del
periodo colonial también fue común la compra de oficios, práctica propia del Antiguo Régimen que
convertía algunos cargos públicos en bienes negociables, con el tiempo, este mecanismo fue cuestionado
por los riesgos de privilegio y corrupción que implicaba, hasta dar paso, de manera gradual a una
concepción profesional y meritocrática de la función notarial (Colegio de Notarios de la Ciudad de
México, 2025).
El sello ha sido, desde las civilizaciones antiguas, un mecanismo fundamental para garantizar la
autenticidad de los documentos, lo que ayuda a darle identidad de quien emitía el escrito y autoridad
que respaldaba su contenido, en otras palabras, este funcionaba como una manifestación visible de
confianza y legitimidad, razón por la cual acompañó durante siglos los actos jurídicos, políticos y
religiosos importantes. Su relevancia histórica puede apreciarse en el Archivo Secreto Vaticano, donde
se conservan miles de sellos elaborados en materiales como cera, lacre, papel, oro y plomo, piezas que,
además de completar la identidad del documento, servían para otorgarle plena validez jurídica y
simbólica (Ver y Creer, s. f.).
La unión del sello al documento obedecía a un procedimiento técnico y jurídico cuidadosamente
definido, cuya finalidad era proteger el escrito y reforzar su autenticidad, para ello se utilizaba un
lemnisco o atadura, elaborado en materiales como cáñamo, cuero, pergamino, seda o cuerda, que pasaba
por pequeños orificios llamados oculi y se fijaba en la parte inferior del documento, conocida como
plica (Arte de Escribir y Certificar, 2022). Gracias a este sistema, el sello no quedaba como un elemento
aislado, sino integrado físicamente al soporte documental, de modo que cualquier ruptura, alteración o
separación podía advertirse con mayor facilidad, lo cual fortalecía la confianza en la integridad del
documento y en la autenticidad del acto jurídico que contenía.
Durante la Edad Media, la cera fue el material más utilizado para la elaboración de sellos, aunque en
documentos de mayor solemnidad también se emplearon metales preciosos y especialmente, sellos de
plomo o bulas utilizados por la Iglesia y las monarquías europeas. Con el paso del tiempo, el cuidado y
conservación de estos elementos adquirió enorme importancia histórica y archivística, sobre todo en
Junto con esa clasificación, las Leyes de Indias fijaron reglas precisas para el ejercicio de la escribanía,
entre ellas la exigencia de títulos, exámenes ante la Real Audiencia y normas de redacción que buscaban
evitar confusiones en los documentos (Hidalgo Nuchera, 1994). Sin embargo, durante buena parte del
periodo colonial también fue común la compra de oficios, práctica propia del Antiguo Régimen que
convertía algunos cargos públicos en bienes negociables, con el tiempo, este mecanismo fue cuestionado
por los riesgos de privilegio y corrupción que implicaba, hasta dar paso, de manera gradual a una
concepción profesional y meritocrática de la función notarial (Colegio de Notarios de la Ciudad de
México, 2025).
El sello ha sido, desde las civilizaciones antiguas, un mecanismo fundamental para garantizar la
autenticidad de los documentos, lo que ayuda a darle identidad de quien emitía el escrito y autoridad
que respaldaba su contenido, en otras palabras, este funcionaba como una manifestación visible de
confianza y legitimidad, razón por la cual acompañó durante siglos los actos jurídicos, políticos y
religiosos importantes. Su relevancia histórica puede apreciarse en el Archivo Secreto Vaticano, donde
se conservan miles de sellos elaborados en materiales como cera, lacre, papel, oro y plomo, piezas que,
además de completar la identidad del documento, servían para otorgarle plena validez jurídica y
simbólica (Ver y Creer, s. f.).
La unión del sello al documento obedecía a un procedimiento técnico y jurídico cuidadosamente
definido, cuya finalidad era proteger el escrito y reforzar su autenticidad, para ello se utilizaba un
lemnisco o atadura, elaborado en materiales como cáñamo, cuero, pergamino, seda o cuerda, que pasaba
por pequeños orificios llamados oculi y se fijaba en la parte inferior del documento, conocida como
plica (Arte de Escribir y Certificar, 2022). Gracias a este sistema, el sello no quedaba como un elemento
aislado, sino integrado físicamente al soporte documental, de modo que cualquier ruptura, alteración o
separación podía advertirse con mayor facilidad, lo cual fortalecía la confianza en la integridad del
documento y en la autenticidad del acto jurídico que contenía.
Durante la Edad Media, la cera fue el material más utilizado para la elaboración de sellos, aunque en
documentos de mayor solemnidad también se emplearon metales preciosos y especialmente, sellos de
plomo o bulas utilizados por la Iglesia y las monarquías europeas. Con el paso del tiempo, el cuidado y
conservación de estos elementos adquirió enorme importancia histórica y archivística, sobre todo en