ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
STATE OF KNOWLEDGE REGARDING THE STATUTE OF
LIMITATIONS FOR CRIMINAL PROSECUTION:
A SYSTEMATIC REVIEW
Vivian Angélica Luján Carranza
Universidad Nacional de Trujillo, Perú
pág. 4844
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26333
Estado del Conocimiento sobre la Prescripción de la Acción Penal:
Una Revisión Sistemática
Vivian Angélica Luján Carranza1
vlujan@unitru.com.pe
https://orcid.org/0000-0001-7602-6344
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
La prescripción de la acción penal constituye una institución jurídica fundamental para delimitar
temporalmente el ejercicio del ius puniendi del Estado y garantizar principios como la seguridad
jurídica, la legalidad y el debido proceso. El objetivo de este estudio fue analizar el estado del
conocimiento científico sobre la prescripción de la acción penal mediante una revisión sistemática de
la literatura jurídica especializada publicada durante los últimos diez años, lo que permitió dar respuesta
a la pregunta que motivó este trabajo: ¿cuáles son los principales estudios publicados durante los últimos
diez años sobre la prescripción de la acción penal? La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo de revisión documental, siguiendo las directrices de la declaración PRISMA 2020, en las
bases de datos Web of Science y SciELO. Los resultados evidencian un predominio de investigaciones
orientadas al estudio de la suspensión, interrupción e imprescriptibilidad de la acción penal, así como
de las tensiones existentes entre la eficacia de la persecución penal y la protección de los derechos
fundamentales. Se concluye que el conocimiento científico ha evolucionado hacia una concepción
garantista de la prescripción; sin embargo, persisten vacíos normativos, divergencias jurisprudenciales
y desafíos interpretativos que justifican el desarrollo de nuevas investigaciones comparadas y el
fortalecimiento de criterios de aplicación uniforme.
Palabras clave: prescripción de la acción penal; ius puniendi; seguridad jurídica; derecho penal.
1 Autor principal
Correspondencia: vlujan@unitru.com.pe
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26333
Estado del Conocimiento sobre la Prescripción de la Acción Penal:
Una Revisión Sistemática
Vivian Angélica Luján Carranza1
vlujan@unitru.com.pe
https://orcid.org/0000-0001-7602-6344
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
La prescripción de la acción penal constituye una institución jurídica fundamental para delimitar
temporalmente el ejercicio del ius puniendi del Estado y garantizar principios como la seguridad
jurídica, la legalidad y el debido proceso. El objetivo de este estudio fue analizar el estado del
conocimiento científico sobre la prescripción de la acción penal mediante una revisión sistemática de
la literatura jurídica especializada publicada durante los últimos diez años, lo que permitió dar respuesta
a la pregunta que motivó este trabajo: ¿cuáles son los principales estudios publicados durante los últimos
diez años sobre la prescripción de la acción penal? La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo de revisión documental, siguiendo las directrices de la declaración PRISMA 2020, en las
bases de datos Web of Science y SciELO. Los resultados evidencian un predominio de investigaciones
orientadas al estudio de la suspensión, interrupción e imprescriptibilidad de la acción penal, así como
de las tensiones existentes entre la eficacia de la persecución penal y la protección de los derechos
fundamentales. Se concluye que el conocimiento científico ha evolucionado hacia una concepción
garantista de la prescripción; sin embargo, persisten vacíos normativos, divergencias jurisprudenciales
y desafíos interpretativos que justifican el desarrollo de nuevas investigaciones comparadas y el
fortalecimiento de criterios de aplicación uniforme.
Palabras clave: prescripción de la acción penal; ius puniendi; seguridad jurídica; derecho penal.
1 Autor principal
Correspondencia: vlujan@unitru.com.pe
pág. 4845
State of Knowledge Regarding the Statute of Limitations for Criminal
Prosecution: A Systematic Review
ABSTRACT
The statute of limitations for criminal prosecution is a fundamental legal institution for temporally
delimiting the exercise of the State's power to punish (ius puniendi) and guaranteeing principles such
as legal certainty, legality, and due process. The objective of this study was to analyze the state of
scientific knowledge on the statute of limitations for criminal prosecution through a systematic review
of specialized legal literature published over the last ten years, which made it possible to answer the
question that motivated this work: What are the main studies published over the last ten years on the
statute of limitations for criminal prosecution? The research was conducted using a qualitative approach
of documentary review, following the guidelines of the PRISMA 2020 statement, in the Web of Science
and SciELO databases. The results show a predominance of research focused on the study of the
suspension, interruption, and imprescriptibility of criminal prosecution, as well as the tensions between
the effectiveness of criminal prosecution and the protection of fundamental rights. It is concluded that
scientific knowledge has evolved toward a rights-based conception of the statute of limitations;
however, normative gaps, jurisprudential divergences, and interpretative challenges persist, justifying
the development of new comparative research and the strengthening of criteria for uniform application.
Keywords: statute of limitations for criminal prosecution; ius puniendi; legal certainty; Criminal Law.
Artículo recibido 20 agosto 2026
Aceptado para publicación: 20 setiembre 2026
State of Knowledge Regarding the Statute of Limitations for Criminal
Prosecution: A Systematic Review
ABSTRACT
The statute of limitations for criminal prosecution is a fundamental legal institution for temporally
delimiting the exercise of the State's power to punish (ius puniendi) and guaranteeing principles such
as legal certainty, legality, and due process. The objective of this study was to analyze the state of
scientific knowledge on the statute of limitations for criminal prosecution through a systematic review
of specialized legal literature published over the last ten years, which made it possible to answer the
question that motivated this work: What are the main studies published over the last ten years on the
statute of limitations for criminal prosecution? The research was conducted using a qualitative approach
of documentary review, following the guidelines of the PRISMA 2020 statement, in the Web of Science
and SciELO databases. The results show a predominance of research focused on the study of the
suspension, interruption, and imprescriptibility of criminal prosecution, as well as the tensions between
the effectiveness of criminal prosecution and the protection of fundamental rights. It is concluded that
scientific knowledge has evolved toward a rights-based conception of the statute of limitations;
however, normative gaps, jurisprudential divergences, and interpretative challenges persist, justifying
the development of new comparative research and the strengthening of criteria for uniform application.
Keywords: statute of limitations for criminal prosecution; ius puniendi; legal certainty; Criminal Law.
Artículo recibido 20 agosto 2026
Aceptado para publicación: 20 setiembre 2026
pág. 4846
INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que la prescripción de la acción penal se ha configurado como un componente sustancial
para el Derecho Penal contemporáneo debido a que pretende delimitar temporalmente el ejercicio del
ius puniendi del aparato estatal (Gerónimo De La Cruz, 2023). De esta forma, representando un
mecanismo dirigido a asegurar la estabilidad del orden jurídico y garantías del debido proceso. En tal
contexto, su implementación constituye una respuesta a la necesidad de definir adecuadamente los
límites del poder punitivo propios del Estado, a fin de evitar que la persecución penal se mantenga
indefinidamente abierta y que la incertidumbre jurídica afecte tanto a las personas sometidas a
investigación como al sistema de administración de justicia (CIDH, 2010). En tal sentido, es admisible
afirmar que la prescripción no solo actúa en función de la extinción de la acción penal, sino que también
implica una garantía material estrechamente relacionada con los principios constitucionales de
legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y tutela jurisdiccional efectiva (Noronha, 2024).
Ahora bien, en las últimas décadas, el estudio de este fenómeno ha adquirido una creciente relevancia
debido a las constantes reformas legislativas propias de cada ordenamiento jurídico, cambios en la
jurisprudencia y el desarrollo de nuevas formas de criminalidad que plantean desafíos respecto a la
determinación, interrupción, suspensión y cómputo de los plazos prescriptorios (Muñoz. 2025). En ese
contexto, se ha generado un intenso debate sobre el alcance de esta institución, produciendo
investigaciones múltiples desde perspectivas dogmáticas, constitucionales y comparadas, ampliando el
campo de estudio sobre este fenómeno jurídico.
Sin embargo, a pesar de la relevancia en torno a este mecanismo jurídico, se advierte la ausencia de
estudios que integren, sistematicen y analicen de forma crítica la literatura existente de acuerdo a una
metodología de revisión sistemática, permitiendo ofrecer una visión amplia, organizada y actualizada
del estado del conocimiento sobre la categoría de estudio. Es así que, la relevancia de este estudio se
centra en la sistematización del conocimiento en torno a esta institución jurídica, identificando las
principales tendencias, aportes y vacíos existentes en la literatura especializada, proporcionando un
soporte teórico para futuras investigaciones y contribuyendo a su mejor comprensión e interpretación.
El presente estudio se sustenta principalmente en la teoría de la limitación del ius puniendi del Estado,
según la cual el ejercicio del poder sancionador debe encontrarse sometido a límites materiales y
INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que la prescripción de la acción penal se ha configurado como un componente sustancial
para el Derecho Penal contemporáneo debido a que pretende delimitar temporalmente el ejercicio del
ius puniendi del aparato estatal (Gerónimo De La Cruz, 2023). De esta forma, representando un
mecanismo dirigido a asegurar la estabilidad del orden jurídico y garantías del debido proceso. En tal
contexto, su implementación constituye una respuesta a la necesidad de definir adecuadamente los
límites del poder punitivo propios del Estado, a fin de evitar que la persecución penal se mantenga
indefinidamente abierta y que la incertidumbre jurídica afecte tanto a las personas sometidas a
investigación como al sistema de administración de justicia (CIDH, 2010). En tal sentido, es admisible
afirmar que la prescripción no solo actúa en función de la extinción de la acción penal, sino que también
implica una garantía material estrechamente relacionada con los principios constitucionales de
legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y tutela jurisdiccional efectiva (Noronha, 2024).
Ahora bien, en las últimas décadas, el estudio de este fenómeno ha adquirido una creciente relevancia
debido a las constantes reformas legislativas propias de cada ordenamiento jurídico, cambios en la
jurisprudencia y el desarrollo de nuevas formas de criminalidad que plantean desafíos respecto a la
determinación, interrupción, suspensión y cómputo de los plazos prescriptorios (Muñoz. 2025). En ese
contexto, se ha generado un intenso debate sobre el alcance de esta institución, produciendo
investigaciones múltiples desde perspectivas dogmáticas, constitucionales y comparadas, ampliando el
campo de estudio sobre este fenómeno jurídico.
Sin embargo, a pesar de la relevancia en torno a este mecanismo jurídico, se advierte la ausencia de
estudios que integren, sistematicen y analicen de forma crítica la literatura existente de acuerdo a una
metodología de revisión sistemática, permitiendo ofrecer una visión amplia, organizada y actualizada
del estado del conocimiento sobre la categoría de estudio. Es así que, la relevancia de este estudio se
centra en la sistematización del conocimiento en torno a esta institución jurídica, identificando las
principales tendencias, aportes y vacíos existentes en la literatura especializada, proporcionando un
soporte teórico para futuras investigaciones y contribuyendo a su mejor comprensión e interpretación.
El presente estudio se sustenta principalmente en la teoría de la limitación del ius puniendi del Estado,
según la cual el ejercicio del poder sancionador debe encontrarse sometido a límites materiales y
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temporales propios del Estado constitucional de derecho (Pariona, 2024). Asimismo, incorpora los
postulados de la teoría de la seguridad jurídica, que se expresan respecto al aseguramiento de
previsibilidad y estabilidad de las consecuencias jurídicas de los actos estatales, así como los principios
relacionados a las garantías procesales y la certeza jurídica, las cuales reconocen la necesidad de que
los procesos penales se desarrollen dentro de un plazo razonable (Molina, 2024). Estas bases teóricas
permiten comprender la prescripción como una institución compleja que articula intereses públicos
relacionados con la persecución del delito y derechos de carácter fundamental correspondientes a los
ciudadanos.
Los antecedentes recabados en estudios como los de Torres et al. (2026) y Pariona (2024) evidencian
un creciente interés por analizar la naturaleza jurídica de la prescripción, los fundamentos político-
criminales que justifican su existencia, los efectos derivados de la suspensión e interrupción de los
plazos, las diferencias entre los distintos sistemas jurídicos y la incidencia de la jurisprudencia
constitucional e internacional en su interpretación. Igualmente, diversas investigaciones han examinado
la aplicación de la prescripción en delitos específicos, particularmente aquellos vinculados con
corrupción, criminalidad organizada, delitos económicos y afectación de derechos humanos, poniendo
de manifiesto la existencia de posiciones doctrinales divergentes respecto de sus límites, excepciones y
criterios de aplicación (Saénz, 2018; Bernales, 2007). Sin embargo, tal como se ha mencionado
previamente, estos estudios suelen centrarse en aspectos particulares del fenómeno, sin ofrecer una
integración sistemática de la evidencia científica acumulada.
En concordancia con lo anterior, el objetivo general del estudio fue analizar el estado del conocimiento
científico sobre la prescripción de la acción penal mediante una revisión sistemática de la literatura
jurídica especializada en los últimos 10 años. Ello con la finalidad de identificar las principales
tendencias de investigación, fundamentos teóricos, enfoques metodológicos, aportes científicos y
vacíos existentes en la producción académica de este fenómeno jurídico.
METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología de este estudio, fue realizado bajo el enfoque cualitativo de revisión
sistemática, puesto que el propósito que cumplió fue identificar, seleccionar, analizar y sintetizar la
información pertinente en torno a la prescripción de la acción penal (Anguera, 2023).
temporales propios del Estado constitucional de derecho (Pariona, 2024). Asimismo, incorpora los
postulados de la teoría de la seguridad jurídica, que se expresan respecto al aseguramiento de
previsibilidad y estabilidad de las consecuencias jurídicas de los actos estatales, así como los principios
relacionados a las garantías procesales y la certeza jurídica, las cuales reconocen la necesidad de que
los procesos penales se desarrollen dentro de un plazo razonable (Molina, 2024). Estas bases teóricas
permiten comprender la prescripción como una institución compleja que articula intereses públicos
relacionados con la persecución del delito y derechos de carácter fundamental correspondientes a los
ciudadanos.
Los antecedentes recabados en estudios como los de Torres et al. (2026) y Pariona (2024) evidencian
un creciente interés por analizar la naturaleza jurídica de la prescripción, los fundamentos político-
criminales que justifican su existencia, los efectos derivados de la suspensión e interrupción de los
plazos, las diferencias entre los distintos sistemas jurídicos y la incidencia de la jurisprudencia
constitucional e internacional en su interpretación. Igualmente, diversas investigaciones han examinado
la aplicación de la prescripción en delitos específicos, particularmente aquellos vinculados con
corrupción, criminalidad organizada, delitos económicos y afectación de derechos humanos, poniendo
de manifiesto la existencia de posiciones doctrinales divergentes respecto de sus límites, excepciones y
criterios de aplicación (Saénz, 2018; Bernales, 2007). Sin embargo, tal como se ha mencionado
previamente, estos estudios suelen centrarse en aspectos particulares del fenómeno, sin ofrecer una
integración sistemática de la evidencia científica acumulada.
En concordancia con lo anterior, el objetivo general del estudio fue analizar el estado del conocimiento
científico sobre la prescripción de la acción penal mediante una revisión sistemática de la literatura
jurídica especializada en los últimos 10 años. Ello con la finalidad de identificar las principales
tendencias de investigación, fundamentos teóricos, enfoques metodológicos, aportes científicos y
vacíos existentes en la producción académica de este fenómeno jurídico.
METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología de este estudio, fue realizado bajo el enfoque cualitativo de revisión
sistemática, puesto que el propósito que cumplió fue identificar, seleccionar, analizar y sintetizar la
información pertinente en torno a la prescripción de la acción penal (Anguera, 2023).
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Así mismo, se empleó los lineamientos PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) a fin de asegurar la rigurosidad, transparencia y reproducibilidad de
investigación (Espinoza, 2025).
Siendo así, la estrategia de búsqueda se realizó en las bases de datos Web of Science y SciELO, debido
a su reconocimiento académico en las ciencias sociales y jurídicas. De esta forma, la búsqueda abarcó
entre el año 2016 al mes de junio de 2026, empleándose la siguiente ecuación de búsqueda:
(prescripción AND acción AND penal) OR (prescription AND action AND criminal).
Sin embargo, también se consideró la literatura no convencional pertinente para esta investigación y
que hayan superado con los criterios de inclusión siguientes: artículos originales, que la publicación
haya sido en revistas arbitradas e indexadas, disponible en texto completo, escritos en español o inglés
y relacionados directamente con el fenómeno de estudio. Mientras que los criterios de exclusión fueron:
documentos duplicados, tesis, libros, cartas al editor y publicaciones que no respondían al objetivo de
investigación.
En ese orden de ideas, la siguiente Figura 1 muestra los lineamientos a manera de flujo que sintetizó el
proceso metodológico descrito.
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios según PRISMA 2020.
Así mismo, se empleó los lineamientos PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) a fin de asegurar la rigurosidad, transparencia y reproducibilidad de
investigación (Espinoza, 2025).
Siendo así, la estrategia de búsqueda se realizó en las bases de datos Web of Science y SciELO, debido
a su reconocimiento académico en las ciencias sociales y jurídicas. De esta forma, la búsqueda abarcó
entre el año 2016 al mes de junio de 2026, empleándose la siguiente ecuación de búsqueda:
(prescripción AND acción AND penal) OR (prescription AND action AND criminal).
Sin embargo, también se consideró la literatura no convencional pertinente para esta investigación y
que hayan superado con los criterios de inclusión siguientes: artículos originales, que la publicación
haya sido en revistas arbitradas e indexadas, disponible en texto completo, escritos en español o inglés
y relacionados directamente con el fenómeno de estudio. Mientras que los criterios de exclusión fueron:
documentos duplicados, tesis, libros, cartas al editor y publicaciones que no respondían al objetivo de
investigación.
En ese orden de ideas, la siguiente Figura 1 muestra los lineamientos a manera de flujo que sintetizó el
proceso metodológico descrito.
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios según PRISMA 2020.
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Como se detalla en la Figura 1, la búsqueda de estudios permitió identificar inicialmente 154 registros
provenientes de dos bases de datos y 10 registros obtenidos mediante otros métodos. Tras la depuración
inicial se eliminaron 121 registros, conservándose 33 para la fase de cribado, siendo excluidos un total
de 20 estudios al no contar con los criterios de selección. Posteriormente, se evaluaron 13 artículos en
texto completo, excluyéndose 10 por corresponder a investigaciones no relacionadas con el objetivo del
estudio o por no tratarse artículos originales. De esta forma, obteniéndose 3 estudios que cumplieron
con los criterios exigidos, así como otros 8 estudios provenientes de la literatura no convencional,
sumando 11 estudios que conformaron este estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de conocer el estado actual del conocimiento sobre la prescripción de la acción penal,
se analizaron los once artículos que superaron los criterios de inclusión establecidos de manera previa.
Es así que conforme a la Tabla 1 se procedió a sintetizar los estudios que superaron se alinearon con el
objetivo de este estudio, considerando los aspectos siguientes: Autor(es) y año; País; y Principales
hallazgos
Tabla 1. Resumen técnico de los estudios incluidos.
Autor(es) y
año
País Principales hallazgos
Caamaño
(2025)
Chile La suspensión del fenómeno de estudio debe interpretarse restrictivamente en
favor del imputado, siguiendo un enfoque garantista basado en el principio de
legalidad y la prohibición de analogía in malam partem.
Cabezas
(2019)
Chile La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores no se justifica ni
por la gravedad material de estos delitos ni por la imposibilidad fáctica de
acceder a la justicia, ya que esta última solo debiera dar lugar a mecanismos de
suspensión de plazos, no a la eliminación total de la prescripción.
Castro et al.
(2025)
Perú La reparación civil conserva su autonomía y su naturaleza civil, cumpliendo una
finalidad primordial de carácter resarcitorio aun cuando la acción penal haya
prescrito. Siendo así, continúa siendo un instrumento que garantiza la
compensación de los perjuicios ocasionados y restablecer, en la medida de lo
posible, los derechos afectados de la víctima.
García &
Maguregui
(2021)
México La investigación identifica una antinomia: mientras que el CNPP (art. 211)
sostiente que el ejercicio de la acción penal inicia desde la solicitud de citatorio
para audiencia inicial, orden de comparecencia o aprehensión, el Código Penal
local (art. 114) aún exige la comparecencia física del imputado ante el juez para
interrumpir la prescripción.
Como se detalla en la Figura 1, la búsqueda de estudios permitió identificar inicialmente 154 registros
provenientes de dos bases de datos y 10 registros obtenidos mediante otros métodos. Tras la depuración
inicial se eliminaron 121 registros, conservándose 33 para la fase de cribado, siendo excluidos un total
de 20 estudios al no contar con los criterios de selección. Posteriormente, se evaluaron 13 artículos en
texto completo, excluyéndose 10 por corresponder a investigaciones no relacionadas con el objetivo del
estudio o por no tratarse artículos originales. De esta forma, obteniéndose 3 estudios que cumplieron
con los criterios exigidos, así como otros 8 estudios provenientes de la literatura no convencional,
sumando 11 estudios que conformaron este estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de conocer el estado actual del conocimiento sobre la prescripción de la acción penal,
se analizaron los once artículos que superaron los criterios de inclusión establecidos de manera previa.
Es así que conforme a la Tabla 1 se procedió a sintetizar los estudios que superaron se alinearon con el
objetivo de este estudio, considerando los aspectos siguientes: Autor(es) y año; País; y Principales
hallazgos
Tabla 1. Resumen técnico de los estudios incluidos.
Autor(es) y
año
País Principales hallazgos
Caamaño
(2025)
Chile La suspensión del fenómeno de estudio debe interpretarse restrictivamente en
favor del imputado, siguiendo un enfoque garantista basado en el principio de
legalidad y la prohibición de analogía in malam partem.
Cabezas
(2019)
Chile La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores no se justifica ni
por la gravedad material de estos delitos ni por la imposibilidad fáctica de
acceder a la justicia, ya que esta última solo debiera dar lugar a mecanismos de
suspensión de plazos, no a la eliminación total de la prescripción.
Castro et al.
(2025)
Perú La reparación civil conserva su autonomía y su naturaleza civil, cumpliendo una
finalidad primordial de carácter resarcitorio aun cuando la acción penal haya
prescrito. Siendo así, continúa siendo un instrumento que garantiza la
compensación de los perjuicios ocasionados y restablecer, en la medida de lo
posible, los derechos afectados de la víctima.
García &
Maguregui
(2021)
México La investigación identifica una antinomia: mientras que el CNPP (art. 211)
sostiente que el ejercicio de la acción penal inicia desde la solicitud de citatorio
para audiencia inicial, orden de comparecencia o aprehensión, el Código Penal
local (art. 114) aún exige la comparecencia física del imputado ante el juez para
interrumpir la prescripción.
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Juma et al.
(2021)
Ecuador La prescripción de la acción penal en el sistema ecuatoriano opera como un
mecanismo de contrapeso fundamental al poder punitivo del Estado (ius
puniendi), garantizando los principios del Estado de Derecho.
Naldos (2024) Perú Si bien la prescripción de la acción penal en el Perú cumple una función legítima
de limitar el ius puniendi estatal y garantizar la seguridad jurídica, su aplicación
práctica enfrenta graves tensiones en los delitos cometidos por funcionarios
públicos.
Noronha
(2024)
Perú La nueva modificación del artículo 84 del Código Penal peruano mediante la
Ley N.° 31751, al fijar un límite temporal absoluto de un año, resulta más
favorable para el imputado y debe aplicarse retroactivamente por ser una ley
penal más benigna, en virtud del principio pro homine, ya que limita el poder
punitivo del Estado
Peña (2023) Perú Con la regulación introducida por la Ley N.° 31571, la suspensión solo procede
cuando existe una cuestión prejudicial que deba resolverse en otra vía
(extrapenal) y no puede exceder de un año, lo que introduce un límite temporal
razonable.
Perot (2023) Argentina El autor identifica dos posturas antagónicas en la jurisprudencia: la “estrategia
de la prescripción”, que defiende la aplicación de la ley vigente al momento del
hecho (principio de legalidad y derecho a un plazo razonable para el imputado),
y la “estrategia de la tutela judicial”, que prioriza el derecho constitucional de
las víctimas a la justicia.
Ruiz et al.
(2026)
Ecuador El vacío normativo del artículo 642 del Código Orgánizo Integral Penal ha
impactado de forma directa y crítica en el cómputo de los plazos para la
prescripción de la acción penal, generando una indeterminación que provoca
inseguridad jurídica para las partes.
Wilenmann
von Bernath
(2020)
Chile La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Suprema chilena, establecen que no deben aplicarse los efectos de la
prescripción de la acción penal en casos de denegación interesada de justicia con
origen sistemático
Conforme a la Tabla 1, los estudios analizados fueron publicados entre 2019 y 2026, con una mayor
concentración durante el período 2023-2026, lo que evidencia un creciente interés por el fenómeno de
estudio en respuesta a las recientes reformas legislativas y a los cambios jurisprudenciales. En conjunto,
las investigaciones abordan principalmente aspectos relacionados con la suspensión, interrupción e
imprescriptibilidad de la acción penal, así como los desafíos que estas figuras plantean para las garantías
judiciales y la eficacia de la persecución penal.
Juma et al.
(2021)
Ecuador La prescripción de la acción penal en el sistema ecuatoriano opera como un
mecanismo de contrapeso fundamental al poder punitivo del Estado (ius
puniendi), garantizando los principios del Estado de Derecho.
Naldos (2024) Perú Si bien la prescripción de la acción penal en el Perú cumple una función legítima
de limitar el ius puniendi estatal y garantizar la seguridad jurídica, su aplicación
práctica enfrenta graves tensiones en los delitos cometidos por funcionarios
públicos.
Noronha
(2024)
Perú La nueva modificación del artículo 84 del Código Penal peruano mediante la
Ley N.° 31751, al fijar un límite temporal absoluto de un año, resulta más
favorable para el imputado y debe aplicarse retroactivamente por ser una ley
penal más benigna, en virtud del principio pro homine, ya que limita el poder
punitivo del Estado
Peña (2023) Perú Con la regulación introducida por la Ley N.° 31571, la suspensión solo procede
cuando existe una cuestión prejudicial que deba resolverse en otra vía
(extrapenal) y no puede exceder de un año, lo que introduce un límite temporal
razonable.
Perot (2023) Argentina El autor identifica dos posturas antagónicas en la jurisprudencia: la “estrategia
de la prescripción”, que defiende la aplicación de la ley vigente al momento del
hecho (principio de legalidad y derecho a un plazo razonable para el imputado),
y la “estrategia de la tutela judicial”, que prioriza el derecho constitucional de
las víctimas a la justicia.
Ruiz et al.
(2026)
Ecuador El vacío normativo del artículo 642 del Código Orgánizo Integral Penal ha
impactado de forma directa y crítica en el cómputo de los plazos para la
prescripción de la acción penal, generando una indeterminación que provoca
inseguridad jurídica para las partes.
Wilenmann
von Bernath
(2020)
Chile La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Suprema chilena, establecen que no deben aplicarse los efectos de la
prescripción de la acción penal en casos de denegación interesada de justicia con
origen sistemático
Conforme a la Tabla 1, los estudios analizados fueron publicados entre 2019 y 2026, con una mayor
concentración durante el período 2023-2026, lo que evidencia un creciente interés por el fenómeno de
estudio en respuesta a las recientes reformas legislativas y a los cambios jurisprudenciales. En conjunto,
las investigaciones abordan principalmente aspectos relacionados con la suspensión, interrupción e
imprescriptibilidad de la acción penal, así como los desafíos que estas figuras plantean para las garantías
judiciales y la eficacia de la persecución penal.
pág. 4851
Respecto al contexto geográfico, las investigaciones se desarrollaron en Perú (4), Chile (3), Ecuador
(2), México (1) y Argentina (1), evidenciando un predominio de estudios realizados en países
latinoamericanos. En tal sentido, los hallazgos reconocen que la prescripción actúa como una garantía
que limita el ius puniendi del Estado, no obstante, también identifican problemas de interpretación y
aplicación normativa que continúan siendo objeto de debate jurídico.
Ahora bien, el análisis de la literatura incluida evidencia que la categoría de estudio ha evolucionado
hacia una concepción predominantemente garantista, en la que esta institución es entendida no solo
como una causa de extinción de la acción penal, sino como un límite del ius puniendi del Estado. Bajo
tal idea, Juma et al. (2021) y Caamaño (2025) coinciden en reconocer que la interpretación de las normas
sobre prescripción debe incidir en el respaldo de los derechos fundamentales del imputado, aunque
desde puntos de vista diferente, puesto que el primero enfatiza su función como garantía del Estado de
Derecho, mientras que el segundo centra su análisis en la interpretación restrictiva de las causales de
suspensión.
En el ámbito peruano, Peña (2023) sostiene que la modificación introducida por la Ley N.° 31571
permitió superar la suspensión indefinida que anteriormente afectaba la coherencia del sistema procesal
penal, fortaleciendo el principio de razonabilidad mediante la incorporación de un límite temporal
objetivo. En cambio, Noronha (2024) amplía ese análisis al destacar que dicha reforma representa la
aplicación del principio de favorabilidad y debe proyectarse retroactivamente por tratarse de una norma
penal más benigna. No obstante, esta visión resulta matizada por Naldos (2024), quien advierte que la
posterior declaración de inaplicabilidad de la reforma por parte de la Corte Suprema ha generado un
escenario de inseguridad jurídica caracterizado por la coexistencia de criterios jurisdiccionales
incompatibles.
Desde el contexto mexicano, García y Maguregui (2021) identifican una contradicción entre la
legislación sustantiva y procesal respecto del momento en que debe interrumpirse la prescripción de la
acción penal, mientras que Ruiz et al. (2026) evidencian que la ausencia de una regulación expresa
sobre el inicio del procedimiento expedito en Ecuador genera interpretaciones dispares entre los
operadores jurídicos. A pesar de tratarse de ordenamientos jurídicos diferentes, ambas investigaciones
coinciden en que la falta de precisión normativa afecta directamente la seguridad jurídica y dificulta la
Respecto al contexto geográfico, las investigaciones se desarrollaron en Perú (4), Chile (3), Ecuador
(2), México (1) y Argentina (1), evidenciando un predominio de estudios realizados en países
latinoamericanos. En tal sentido, los hallazgos reconocen que la prescripción actúa como una garantía
que limita el ius puniendi del Estado, no obstante, también identifican problemas de interpretación y
aplicación normativa que continúan siendo objeto de debate jurídico.
Ahora bien, el análisis de la literatura incluida evidencia que la categoría de estudio ha evolucionado
hacia una concepción predominantemente garantista, en la que esta institución es entendida no solo
como una causa de extinción de la acción penal, sino como un límite del ius puniendi del Estado. Bajo
tal idea, Juma et al. (2021) y Caamaño (2025) coinciden en reconocer que la interpretación de las normas
sobre prescripción debe incidir en el respaldo de los derechos fundamentales del imputado, aunque
desde puntos de vista diferente, puesto que el primero enfatiza su función como garantía del Estado de
Derecho, mientras que el segundo centra su análisis en la interpretación restrictiva de las causales de
suspensión.
En el ámbito peruano, Peña (2023) sostiene que la modificación introducida por la Ley N.° 31571
permitió superar la suspensión indefinida que anteriormente afectaba la coherencia del sistema procesal
penal, fortaleciendo el principio de razonabilidad mediante la incorporación de un límite temporal
objetivo. En cambio, Noronha (2024) amplía ese análisis al destacar que dicha reforma representa la
aplicación del principio de favorabilidad y debe proyectarse retroactivamente por tratarse de una norma
penal más benigna. No obstante, esta visión resulta matizada por Naldos (2024), quien advierte que la
posterior declaración de inaplicabilidad de la reforma por parte de la Corte Suprema ha generado un
escenario de inseguridad jurídica caracterizado por la coexistencia de criterios jurisdiccionales
incompatibles.
Desde el contexto mexicano, García y Maguregui (2021) identifican una contradicción entre la
legislación sustantiva y procesal respecto del momento en que debe interrumpirse la prescripción de la
acción penal, mientras que Ruiz et al. (2026) evidencian que la ausencia de una regulación expresa
sobre el inicio del procedimiento expedito en Ecuador genera interpretaciones dispares entre los
operadores jurídicos. A pesar de tratarse de ordenamientos jurídicos diferentes, ambas investigaciones
coinciden en que la falta de precisión normativa afecta directamente la seguridad jurídica y dificulta la
pág. 4852
aplicación uniforme de la institución. Esta similitud permite advertir que una de las principales
problemáticas no radica únicamente en la duración de los plazos prescriptorios, sino en el asegurar
reglas que resulten ser claras y sistemáticamente articuladas que reduzcan la discrecionalidad
interpretativa y garanticen mayor previsibilidad en la actuación judicial.
Respecto a la imprescriptibilidad, los resultados muestran posiciones doctrinales divergentes que
reflejan la complejidad del debate contemporáneo, como por ejemplo, Cabezas (2019) cuestiona la
ampliación de los supuestos de imprescriptibilidad por considerar que responde a una tendencia
neopunitivista, mientras que Wilenmann von Bernath (2020) la justifica en casos de graves violaciones
a los derechos fundamentales conforme a los estándares internacionales. Por su parte, Perot (2023)
propone una solución intermedia basada en la ponderación de los derechos de la víctima y del imputado
en cada caso concreto. La comparación de estas investigaciones evidencia que el debate contemporáneo
ha dejado de centrarse en la dicotomía entre prescripción e imprescriptibilidad para orientarse hacia la
búsqueda de criterios constitucionales que permitan armonizar intereses jurídicos igualmente
protegidos, reflejando una evolución doctrinal caracterizada por soluciones cada vez más flexibles y
fundamentadas en el principio de proporcionalidad.
Mientras que, Castro et al. (2025) amplían el análisis al demostrar que la reparación civil posee su
autonomía frente a la prescripción de la acción penal, evidenciando que los efectos de esta institución
trascienden el ámbito estrictamente penal. En consecuencia, los estudios revisados muestran que el
estado del conocimiento científico se orienta hacia una comprensión cada vez más integral de la
prescripción, aunque persisten desafíos relacionados con la armonización normativa, la uniformidad
jurisprudencial y el equilibrio entre la persecución de carácter penal y el respaldo a los derechos
constitucionales.
Finalmente, las principales limitaciones de esta investigación giran en torno la búsqueda de datos
seleccionadas (Web of Science y SciELO), la heterogeneidad de los contextos jurídicos y los
ordenamientos legales analizados, lo cual dificulta realizar comparaciones homogéneas entre los
estudios. Sin embargo, estas limitaciones no afectan los hallazgos obtenidos, ya que la adecuación de
criterios de selección rigurosos y del protocolo PRISMA permitieron obtener una síntesis consistente y
representativa del estado actual del conocimiento sobre el fenómeno de estudio.
aplicación uniforme de la institución. Esta similitud permite advertir que una de las principales
problemáticas no radica únicamente en la duración de los plazos prescriptorios, sino en el asegurar
reglas que resulten ser claras y sistemáticamente articuladas que reduzcan la discrecionalidad
interpretativa y garanticen mayor previsibilidad en la actuación judicial.
Respecto a la imprescriptibilidad, los resultados muestran posiciones doctrinales divergentes que
reflejan la complejidad del debate contemporáneo, como por ejemplo, Cabezas (2019) cuestiona la
ampliación de los supuestos de imprescriptibilidad por considerar que responde a una tendencia
neopunitivista, mientras que Wilenmann von Bernath (2020) la justifica en casos de graves violaciones
a los derechos fundamentales conforme a los estándares internacionales. Por su parte, Perot (2023)
propone una solución intermedia basada en la ponderación de los derechos de la víctima y del imputado
en cada caso concreto. La comparación de estas investigaciones evidencia que el debate contemporáneo
ha dejado de centrarse en la dicotomía entre prescripción e imprescriptibilidad para orientarse hacia la
búsqueda de criterios constitucionales que permitan armonizar intereses jurídicos igualmente
protegidos, reflejando una evolución doctrinal caracterizada por soluciones cada vez más flexibles y
fundamentadas en el principio de proporcionalidad.
Mientras que, Castro et al. (2025) amplían el análisis al demostrar que la reparación civil posee su
autonomía frente a la prescripción de la acción penal, evidenciando que los efectos de esta institución
trascienden el ámbito estrictamente penal. En consecuencia, los estudios revisados muestran que el
estado del conocimiento científico se orienta hacia una comprensión cada vez más integral de la
prescripción, aunque persisten desafíos relacionados con la armonización normativa, la uniformidad
jurisprudencial y el equilibrio entre la persecución de carácter penal y el respaldo a los derechos
constitucionales.
Finalmente, las principales limitaciones de esta investigación giran en torno la búsqueda de datos
seleccionadas (Web of Science y SciELO), la heterogeneidad de los contextos jurídicos y los
ordenamientos legales analizados, lo cual dificulta realizar comparaciones homogéneas entre los
estudios. Sin embargo, estas limitaciones no afectan los hallazgos obtenidos, ya que la adecuación de
criterios de selección rigurosos y del protocolo PRISMA permitieron obtener una síntesis consistente y
representativa del estado actual del conocimiento sobre el fenómeno de estudio.
pág. 4853
CONCLUSIONES
Se concluye en que la prescripción de la acción penal se ha constituido como un mecanismo jurídico
propio del enfoque garantista y como un límite a la práctica del ius puniendi estatal, resultando relevante
para la protección de la seguridad jurídica, el debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable. Sin
embargo, la evidencia analizada demuestra que persisten diferencias significativas en la regulación y
aplicación de la prescripción entre los distintos ordenamientos jurídicos, especialmente en aspectos
relacionados con la suspensión, interrupción e imprescriptibilidad de la acción penal. Asimismo, se
identificó una tendencia creciente a incorporar enfoques constitucionales y convencionales en el análisis
de esta institución, lo que refleja una transformación doctrinal orientada a armonizar la eficacia de la
persecución penal con la tutela de los derechos constitucionales involucrados en el proceso penal.
También se ponen de manifiesto que, pese al desarrollo alcanzado por la literatura especializada, aún
existen vacíos que limitan la consolidación de criterios uniformes sobre la prescripción de la acción
penal, particularmente frente a las recientes reformas legislativas, las divergencias jurisprudenciales y
los nuevos estándares internacionales. En consecuencia, resulta pertinente que futuras investigaciones
profundicen en estudios comparados entre diferentes sistemas jurídicos, analicen el impacto práctico de
las reformas normativas y evalúen la incidencia de la jurisprudencia en la interpretación de esta
institución.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Anguera, M. T. (2023). Revisitando las revisiones sistemáticas desde la perspectiva metodológica.
RELIEVE - Revista Electrónica De Investigación Y Evaluación Educativa, 29(1).
https://doi.org/10.30827/relieve.v29i1.27758
Bernales Rojas, G. (2007). La Imprescriptibilidad de la Acción Penal en Procesos por Violaciones a los
Derechos Humanos. Ius et Praxis, 13(1), 245-265. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
00122007000100009
Caamaño, F. (2025). Sobre el hecho o hechos que suspenden la prescripción de la acción penal.
Interpretación de la ley y límites. Revista De Derecho De La Universidad Católica De La
Santísima Concepción, 47, 108-127. https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2025.n47.06
CONCLUSIONES
Se concluye en que la prescripción de la acción penal se ha constituido como un mecanismo jurídico
propio del enfoque garantista y como un límite a la práctica del ius puniendi estatal, resultando relevante
para la protección de la seguridad jurídica, el debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable. Sin
embargo, la evidencia analizada demuestra que persisten diferencias significativas en la regulación y
aplicación de la prescripción entre los distintos ordenamientos jurídicos, especialmente en aspectos
relacionados con la suspensión, interrupción e imprescriptibilidad de la acción penal. Asimismo, se
identificó una tendencia creciente a incorporar enfoques constitucionales y convencionales en el análisis
de esta institución, lo que refleja una transformación doctrinal orientada a armonizar la eficacia de la
persecución penal con la tutela de los derechos constitucionales involucrados en el proceso penal.
También se ponen de manifiesto que, pese al desarrollo alcanzado por la literatura especializada, aún
existen vacíos que limitan la consolidación de criterios uniformes sobre la prescripción de la acción
penal, particularmente frente a las recientes reformas legislativas, las divergencias jurisprudenciales y
los nuevos estándares internacionales. En consecuencia, resulta pertinente que futuras investigaciones
profundicen en estudios comparados entre diferentes sistemas jurídicos, analicen el impacto práctico de
las reformas normativas y evalúen la incidencia de la jurisprudencia en la interpretación de esta
institución.
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pág. 4854
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09502019000100275
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con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Revista Especializada en Investigación
Jurídica, 5(9). https://doi.org/10.20983/reij.2021.2.1
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contra los actos de corrupción. Ius Vocatio, 6(7), 17-33.
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Juma Cuenca, J., Verdesoto Gallegos, M., & Vilela Pincay, E. (2021). Análisis de la prescripción del
ejercicio de la acción penal en el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Polo del
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funcionarios públicos. DERECHO, 14(14), 24 – 42.
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