PERCEPCIONES PARENTALES, SOBRE
VIOLENCIAS HACIA DERECHOS HUMANOS DE
HIJAS/OS CON DISCAPACIDAD, EN CONTEXTO
ESCOLAR ESPECIAL
PARENTAL PERCEPTIONS REGARDING VIOLENCE AGAINST THE
HUMAN RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN A SPECIAL
EDUCATION SCHOOL SETTING
María de los Ángeles López Morales
Universidad Autónoma del Estado de México
Martha Elizabeth Zannata Colín
Universidad Autónoma del Estado de México
pág. 5673
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26418
Percepciones Parentales, sobre Violencias hacia Derechos Humanos de
Hijas/os con Discapacidad, en Contexto Escolar Especial
María de los Ángeles López Morales1
gboulouf@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-5489-9339
Universidad Autónoma del Estado de México
México
Martha Elizabeth Zannata Colín
mezanattac@uaemex.mx
https://orcid.org/0000-0001-5978-7854
Universidad Autónoma del Estado de México
México
RESÚMEN
El artículo analiza las percepciones de padres y madres respecto a las violencias ejercidas contra los
derechos humanos de sus hijas e hijos en condición de discapacidad. La investigación se enmarca en un
estudio sobre la identidad juvenil según el dispositivo social e identifica el tipo de violencias
reconocidas en un entorno escolar con discurso inclusivo. Basado en la tipología de violencia de
Galtung (estructural, cultural y directa), el estudio empleó un diseño cuantitativo mediante una encuesta
aplicada a 33 madres y padres de una escuela de educación especial en el Estado de México (ciclo 2024-
2025). El análisis de datos se realizó con el software libre R, determinando porcentajes de percepción
con tendencia positiva o negativa. Los resultados muestran que las percepciones reflejan creencias
condicionadas por el contexto escolar: destacan violencias hacia las necesidades identitarias y de
educación continua, así como violencia cultural sustentada en modelos del déficit, prejuicios de género
relacionados al sexo, y vulneración de derechos reproductivos. Se concluye que el contexto escolar
moldea jerarquías e interacciones específicas, señalando como reto urgente el diseño, práctica y difusión
de políticas públicas orientadas a la educación a lo largo de la vida para jóvenes y adultos en condición
de discapacidad.
Palabras clave: percepción parental, violencias, derechos humanos, educación especial, discapacidad
1
Autor Principal
Correspondencia: gboulouf@gmail.com
pág. 5674
Parental Perceptions Regarding Violence Against the Human Rights of
Children with Disabilities in a Special Education School Setting
ABSTRACT
This article analyzes parents' perceptions regarding human rights violations against their children with
disabilities. The research is framed within a study on youth identity in relation to social structures and
identifies the types of violence recognized in a school environment that promotes an inclusive discourse.
Drawing on Galtung’s typology of violence (structural, cultural, and direct), the study employed a
quantitative design using a survey administered to 33 parents from a special education school in the
State of Mexico (2024–2025 academic year). Data analysis was conducted using the open-source
software R to determine perception percentages indicating positive or negative trends. The results show
that perceptions reflect beliefs conditioned by the school context; notable findings include violence
affecting identity-related needs and continuing education, as well as cultural violence rooted in deficit
models, gender prejudices, and the infringement of reproductive rights. The study concludes that the
school environment shapes specific hierarchies and interactions, highlighting an urgent need to design,
implement, and disseminate public policies focused on lifelong education for young people and adults
with disabilities.
Keywords: parental perception, violence, human rights, special education, disability
Artículo recibido 15 agosto 2026
Aceptado para publicación: 22 setiembre 2026
pág. 5675
INTRODUCCIÓN
Desde la década de 1960 y 1970, se ha gestado un cambio de paradigma en torno a la discapacidad,
concebida no solo como experiencia vital, sino también como categoría de estudio en las ciencias
sociales y humanas. Esto ha propiciado la transformación de los servicios de atención, que han
transitado de un enfoque asistencialista hacia el reconocimiento de la persona con discapacidad (PCD)
como un sujeto político y de derechos. Dicho cambio ha impactado profundamente en el ámbito
educativo al reconfigurar la educación especial, la organización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, la socialización del alumnado, y cuestionando incluso, la existencia de algunos de estos
espacios escolares.
Actualmente, los derechos humanos de las PCD se asumen como un principio normativo, en los
servicios educativos especiales. Por ello, resulta relevante conocer las percepciones de los padres y
madres de familia respecto al ejercicio de dichos derechos y a las situaciones de violencia que enfrentan
sus hijos. Esto permite acercarnos de acuerdo con Barreiro (2018), a la “norma común que determina
qué es verdadero o falso para un grupo social, construyendo así la realidad colectiva” (p.12) mediante
la aplicación de una encuesta, con el fin de reflexionar sobre la convivencia escolar e inferir la influencia
del contexto en las percepciones de la comunidad.
En este contexto, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿cuáles son los tipos de violencia
que identifican los padres y madres de familia hacia sus hijas e hijos con discapacidad en el marco de
los derechos humanos? Para responderla, se elaboró y aplicó una encuesta en un Centro de Atención
Múltiple (CAM) del Estado de México. Los resultados se interpretan como tendencias de percepción
positiva o negativa, analizadas desde las relaciones de poder presentes en el entorno escolar y sus
consecuencias para favorecer o impedir la inclusión de las PCD en la propia escuela de educación
especial y en otros contextos (familiar y sociocultural). Estos espacios resultan fundamentales para
transformar la calidad de vida de las PCD y garantizar un trato digno.
El artículo presenta los antecedentes de investigación en intersección con las dimensiones violencia y
discapacidad, en contraste con la tipología de Galtung (2003) y los contextos escolares, de salud, social
y de investigación. El marco teórico rescata la visión de la violencia de Galtung (2003) como privación
o disminución de los derechos humanos de las PCD, y analiza brevemente los modelos hegemónicos
pág. 5676
de atención a la discapacidad: social, biopsicosocial y de derechos humanos.
Asimismo, se detalla la metodología cuantitativa empleada, especificando el diseño del instrumento de
valoración y el proceso de levantamiento de información. Los resultados muestran las tendencias de
percepción positiva o negativa para cada dimensión de la encuesta en relación con la violencia
estructural, cultural y directa percibida por los participantes. En la sección de discusión se analizan los
hallazgos a la luz de los derechos humanos y los referentes teóricos. Finalmente, las conclusiones
exponen los principales descubrimientos y ofrecen una serie de sugerencias para que la escuela de
educación especial propicie una mejor calidad de vida para los estudiantes con discapacidad y fomente
espacios escolares basados en sus derechos fundamentales.
ANTECEDENTES
La violencia, de acuerdo con Schewe (2022), no busca la eliminación de la persona, sino su
colonización; implica el control y la dominación de la voluntad ajena, observables en relaciones
jerárquicas de poder y dominio. Por su parte, Damiani Pellegrini (2023) refiere la existencia de una
violencia sistémica dirigida hacia determinados grupos por su pertenencia particular, como es el caso
de las personas con discapacidad (PCD). Dicha violencia se manifiesta en diversos ámbitos: escolar,
familiar, sociocultural, de investigación y de salud, a través de distintas formas, por ejemplo, ataques
físicos, verbales, sexuales y políticos. Para fundamentar los antecedentes de investigación en esta
materia, resulta pertinente contrastar la información con la tipología de Galtung (2003), la cual
comprende la violencia estructural, cultural y directa.
En el ámbito de la investigación, Schewe (2020) refiere violencia epistémica como la forma de vulnerar
los derechos humanos de las PCD por falta de accesibilidad en las metodologías de investigación
tradicionales, lo que ha provocado que sus voces sean invisibilizadas, acalladas y deslegitimadas. En la
misma línea, Schewe y Vain (2021) sostienen que esta vulnerabilidad obedece al capacitismo, ideología
configurada a partir de estándares de integridad corporal obligatoria que establecen una figura legítima
de lo humano mediante la validación de modelos específicos de racionalidad, salud y estética.
Asimismo, Damiani Pellegrini (2023) recupera el concepto de violencia simbólica de Bourdieu para
explicar las prácticas de dominio y sumisión asumidas por las PCD en complicidad con la comunidad,
al encontrarse naturalizadas socialmente desde el sentido común y las creencias. Este fenómeno
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evidencia que conceptualizar la discapacidad exclusivamente como una categoría médica basada en el
diagnóstico como déficit reduce a la persona a su carencia, constituyendo una forma de violencia
simbólica.
Dentro del contexto de la salud, Rodríguez (2024) identifica y analiza la violencia obstétrica en mujeres
con discapacidad como una manifestación de violencia de género desde una perspectiva de derechos
humanos, la cual vulnera sus derechos sexuales y reproductivos. Dicha problemática se encuentra
atravesada por el capacitismo, toda vez que las mujeres con discapacidad son invisibilizadas durante su
atención y reciben cuidados inadecuados. Al respecto, Gutiérrez et al. (2024) señalan que la violencia
sexual es la agresión experimentada con mayor frecuencia por mujeres con discapacidad intelectual en
el entorno familiar, ejercida por cuidadores o parejas y derivada de un sistema patriarcal traducido en
violencia estructural. Resultados consistentes son reportados por Mello et al. (2021), quienes visibilizan
que las principales víctimas de violencia registradas en los servicios de salud son mujeres con
discapacidad intelectual, agredidas físicamente de manera primordial por un miembro de la familia.
En el ámbito judicial y legal, Romero et al. (2022) constatan que las denuncias presentadas por PCD
enfrentan la desestimación de sus declaraciones, la desacreditación de sus relatos y una notable carencia
de acompañamiento institucional o familiar. Ello revela un sistema de justicia que violenta
estructuralmente a la PCD en su condición de víctima, evidenciando simultáneamente prácticas
capacitistas. En este sentido, Palacios (2020) advierte sobre la vulnerabilidad de este sector ante
escenarios de emergencia debido a las barreras de accesibilidad y de acceso a los sistemas de justicia.
Por su parte, Díaz (2021) sugiere que la infancia con discapacidad requiere una protección jurídica
específica frente a las diversas formas de violencia que enfrenta en los escenarios familiar y escolar.
En el contexto escolar, Acosta Daza y Sierra Forero (2020) identifican las agresiones verbales, tales
como sobrenombres, burlas, insultos, ridiculizaciones y gestos, como la principal forma de violencia
contra los estudiantes con discapacidad. Desde el marco conceptual de Galtung (2003), esto constituye
una manifestación de violencia directa, la cual, al igual que las agresiones sexuales, encuentra
justificación en la violencia cultural. Adicionalmente, las PCD experimentan violencia directa mediante
agresiones físicas (como empujones y robo de pertenencias personales), aislamiento, invisibilización y
violencia psicológica. Acosta Daza y Sierra Forero (2020) documentan también la resistencia del
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profesorado para acompañar los procesos educativos y sociales del alumnado, situación explicada por
la ausencia de políticas inclusivas para la gestión de conflictos y violencias dirigidas hacia las PCD, así
como por discursos que legitiman la exclusión y la segregación sociocultural. Este panorama expone
una violencia estructural institucional sustentada en la falta de políticas y de una organización
fundamentada en los derechos humanos, la cual se entrelaza con contextos de pobreza y desigualdad
socioeconómica.
Finalmente, en el ámbito de la educación especial, Díaz y Hannz (2021) analizan la violencia estructural
operante durante los procesos de evaluación y certificación de estudiantes con discapacidad intelectual
leve en el nivel medio superior. Sus hallazgos evidencian inequidad en las trayectorias educativas de
este sector, escasez de accesibilidad y de ajustes razonables en las evaluaciones de acreditación, así
como la persistencia de prácticas de homogeneización y estandarización poblacional.
El modelo social de la discapacidad y la teoría de los derechos humanos, como expone Damiani
Pellegrini (2023), fundamentan teórica y conceptualmente la visión de los derechos de las personas con
discapacidad (PCD). En 2016, mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se consolidó
un marco jurídico e internacional para caracterizar a los sujetos de la discapacidad, reconocidos
actualmente como sujetos políticos y de derecho. La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad se posiciona como el referente hegemónico para validar la discapacidad y señalar las
violaciones a los derechos humanos de este colectivo. Sin embargo, resulta factible problematizar y
enriquecer esta perspectiva desde los estudios críticos de la discapacidad. Por ejemplo, Schewe y Vain
(2021) amplían dicha concepción al rescatar las subjetividades e intersubjetividades de la PCD; es decir,
validan sus experiencias personales y sus relaciones interpersonales en un contexto espacio-temporal
determinado.
De acuerdo con el modelo social y de derechos humanos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), 2020), discapacidad implica la interacción del sujeto con algún tipo de deficiencia orgánica o
psíquica, en un contexto que oprime de distintas maneras: social, político, cultural, económico,
enfrentando barreras para su participación social, y en el caso del contexto escolar enfrentando también,
barreras para su aprendizaje. Desde un enfoque cultural, Damiani Pellegrini (2023) sostiene que la
discapacidad constituye una manifestación de la diversidad humana expuesta a la discriminación, la
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segregación y la estigmatización; en suma, a múltiples formas de violencia. Así, la discapacidad se
comprende como una experiencia singular que se transforma históricamente a lo largo del tiempo
(Schewe & Vain, 2021; Damiani Pellegrini, 2023).
En el marco de los estudios para la paz, y siguiendo la perspectiva de Galtung (2003), las violencias
que enfrentan las PCD se entienden como la privación o vulneración de sus derechos humanos, lo que
atenta contra la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilita su participación en los entornos
escolar, familiar y sociocultural. Se retoma la tipología de Galtung (2003), violencia directa, estructural
y cultural, debido a que aporta una dimensión social para examinar el fenómeno al equilibrar la relación
individuo-sociedad; asimismo, brinda elementos para consolidar una cultura que valore la diversidad
individual y su riqueza colectiva, favoreciendo lazos de empatía, solidaridad y comunidad.
En este marco, la violencia estructural se expresa en las dinámicas que vulneran los derechos humanos
de las PCD e impiden la satisfacción de sus necesidades básicas. Por su parte, la violencia cultural
abarca los prejuicios y estereotipos internalizados en la sociedad que legitiman o justifican los otros
tipos de violencia. Finalmente, la violencia directa se refiere al acto o suceso discriminatorio que vulnera
los derechos humanos de las PCD. Una de las necesidades básicas consideradas por Galtung (2003) es
la identidad, la cual adquiere particular relevancia en el colectivo de PCD. Siguiendo a Goffman (2009),
opera un proceso de estigmatización o construcción de una "identidad deteriorada" hacia la alteridad,
configurando una identidad heterónoma presente en la conceptualización de la discapacidad desde los
diversos modelos de atención que disputan el poder-saber. Desde la perspectiva de Toledo (2012), la
configuración identitaria constituye un proceso dinámico y en permanente construcción, el cual abre la
posibilidad de reconocer la autonomía, la libertad de opinión, la toma de decisiones y la independencia
de las PCD para garantizar un trato digno.
Para profundizar en la violencia cultural, Allport et al. (2022) conciben el estereotipo como una imagen
compartida hacia un grupo social en la que confluyen componentes cognitivos (actitudes) y afectivos
vinculados a los prejuicios (juicios de valor negativos estructurados en función del estereotipo y la
percepción del entorno). Los autores señalan que el estereotipo homogeneiza al grupo a partir del déficit,
minimizando la heterogeneidad individual y esencializando a la persona mediante etiquetas cargadas
de valoraciones negativas que atentan contra su dignidad.
pág. 5680
Uno de los principales desafíos para los modelos sociales y de derechos humanos consiste en trascender
el enfoque diagnóstico individualista heredado de las tradiciones médica y biopsicosocial. Por ello,
resulta indispensable abordar la discapacidad tanto desde la vivencia personal y la violencia directa,
como desde las dimensiones sociopolíticas de las violencias estructural y cultural emergentes en el
sistema económico capitalista. A pesar de que el modelo biopsicosocial favorece una mirada
interrelacional de la PCD en su entorno, se le critica por mantener un énfasis individual: "En este marco,
la discapacidad sigue siendo, más que un asunto político, un asunto de salud" (Barnes, 2009, p. 106).
En conclusión, aun con los avances normativos en derechos humanos, prevalecen estructuras de
violencia que impactan de manera cotidiana la vida de las PCD en los ámbitos escolar, familiar y
sociocultural.
METODOLOGÍA
Se empleó una metodología cuantitativa mediante el diseño y aplicación de una encuesta dirigida a
madres y padres de familia de un Centro de Atención Múltiple (CAM), con el propósito de obtener
evidencia empírica respecto a su percepción sobre las violencias hacia los derechos humanos de sus
hijas e hijos con discapacidad (Muñiz, 2019).
Tras la revisión de la literatura sobre violencia en el marco de los estudios para la paz, tomando como
base la tipología de Galtung (2003): violencia directa, cultural y estructural, complementada con los
aportes de Martínez (2016), se operacionalizó la dimensión teórica de violencia comprendida como la
negación del otro. Con base en ello, se estructuró un cuestionario integrado por cuatro secciones
correspondientes a la conceptualización general de la violencia, así como a sus manifestaciones directa,
estructural y cultural, descritas previamente en el marco teórico.
Posteriormente, el instrumento fue sometido a validación por juicio de expertos y a una prueba piloto
con 10 madres y padres de familia pertenecientes a un colectivo de arte incluyente, cuyos hijos e hijas
presentan síndrome de Down y condición del espectro autista. A partir de la prueba piloto se realizaron
ajustes al instrumento: se incorporaron reactivos sobre educación superior, se reforzó el apartado de
ajustes razonables y se modificó la escala de respuesta debido a que las y los participantes señalaron la
necesidad de incluir una opción para manifestar la no vivencia de la situación expuesta.
Instrumento de medición
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La escala de respuesta tipo Likert contempló cuatro opciones: 1 = No lo he vivido, 2 = Totalmente en
desacuerdo, 3 = Medianamente de acuerdo y 4 = Totalmente de acuerdo.
El cuestionario se estructuró en las siguientes dimensiones y variables:
Primera dimensión (Percepción de la violencia a los derechos humanos): Evalúa la percepción en tres
entornos específicos:
• Entorno escolar: Compuesto por 5 reactivos que indagan la percepción sobre la gestión de las
autoridades educativas para promover condiciones de igualdad en el acceso, permanencia y egreso
de los niveles básico y superior.
• Entorno sociocultural: Conformado por 10 reactivos que exploran las políticas públicas orientadas
a la vida adulta, el trabajo, el arte y la salud; la valoración e inclusión cultural de las personas con
discapacidad (PCD) en instituciones; la igualdad de oportunidades para la cobertura de necesidades;
la libertad de expresión y elección, y las representaciones sociales hacia este colectivo.
• Entorno familiar: Integrado por 4 reactivos referidos a la promoción del respeto a la libertad de
elección del futuro laboral, la valoración de la diversidad como enriquecimiento de la dinámica
familiar y la percepción de la identidad, evaluando si se considera a las e hijos capaces de
autodefinirse y adscribirse a un grupo de pertenencia.
Segunda dimensión (Violencia cultural): Evalúa la percepción de la violencia cultural hacia los
estudiantes del CAM a través de dos variables principales: prejuicios y estereotipos.
Tercera dimensión (Violencia estructural): Examina los procesos institucionales y organizacionales
que vulneran el ejercicio de los derechos humanos en tres ámbitos:
• Educativo: 4 reactivos.
• Laboral: 2 reactivos.
• Sociocultural: Dividido en tres subvariables: presencia de políticas fundamentadas en derechos
humanos (5 reactivos), pertinencia de los servicios ante las necesidades de la población (5 reactivos)
y trato digno a las PCD (4 reactivos).
Cuarta dimensión (Violencia directa): Integra 19 reactivos formulados en sentido positivo (donde a
mayor puntuación percibida corresponde menor discriminación) y 16 reactivos orientados a situaciones
de vulneración (donde a mayor puntuación corresponde una mayor percepción de discriminación).
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Procedimiento
El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo bajo estrictos criterios éticos de investigación.
Se obtuvo la autorización del supervisor de la zona escolar del Centro de Atención Múltiple (CAM), y
se invitó a participar de manera voluntaria a las madres y padres de familia, con el apoyo de la dirección
y el cuerpo docente de la institución. El instrumento se administró de forma individual mediante la
plataforma Google Forms, garantizando la confidencialidad de los datos e incluyendo un
consentimiento informado aceptado previamente por las y los participantes.
Caracterización de la población
La muestra estuvo conformada por 33 madres y padres de estudiantes con discapacidad asistidos en la
escuela de educación especial (CAM), ubicados en municipios aledaños a la ciudad de Toluca, en la
región centro del Estado de México. Siendo de relevancia el contexto, dada la centralidad de los recursos
destinados tradicionalmente a los servicios educativos en tanto presupuesto e infraestructura, para poder
inferir, que si en las zonas que cuentan con mayor concentración de recursos y servicios persisten las
violencias estructurales, culturales y directas, se evidencia de forma más contundente la presencia de
una violencia estructural e institucional sistémica. Demostrando que la vulneración de derechos no
obedece únicamente a la "ausencia" de servicios en zonas periféricas o rurales, sino a cómo están
concebidas y gestionadas las políticas públicas en el núcleo urbano, regional.
En cuanto a las características sociodemográficas de los informantes, la distribución por grupos de edad
comprendió: entre 20 y 30 años (n = 5), entre 31 y 40 años (n = 10), entre 41 y 50 años (n = 10) y
mayores de 51 años (n = 8). Respecto al sexo, el 81.8 % (n = 27) correspondió a mujeres y el 18.2 % (n
= 6) a hombres.
En el nivel educativo, 2 participantes cursaron educación primaria, 13 secundaria, 5 educación media
superior (preparatoria), 5 educación técnica (concluida o trunca) y 8 educación superior universitaria
(concluida o trunca).
En relación con la ocupación, los datos se agruparon en dos categorías principales: empleados o
profesionales ejerciendo su disciplina, que representaron el 57.6 % (n = 19), y personas sin empleo
formal (labores del hogar y jubilados), correspondientes al 42.4 % (n = 14).
Por su parte, la población infantil y juvenil (hijas e hijos de los informantes) estuvo integrada por 10
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mujeres (30.3 %) y 23 hombres (69.7 %). En cuanto a la distribución por nivel educativo y rangos de
edad, 4 alumnos pertenecían a maternal (0 a 4 años), 6 a preescolar (4 a 6 años), 18 a primaria (6 a 12
años) y 5 a secundaria (12 años en adelante). Con base en las clasificaciones diagnósticas del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), los participantes reportaron los siguientes
diagnósticos: trastorno del desarrollo intelectual (n = 11), trastorno del espectro autista (n = 9), trastorno
del desarrollo motor (n = 3), déficit sensorial por hipoacusia (n = 3), trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad (n = 2), parálisis cerebral (n = 2), trastorno de la comunicación (n = 1), trastorno
específico del aprendizaje (n = 1) y un caso no especificado (n = 1).
Procesamiento de la información
Para la sistematización de la información, las opciones de respuesta se categorizaron en dos tendencias
analíticas: percepción positiva (respuestas "medianamente de acuerdo" y "totalmente de acuerdo") y
percepción negativa (respuestas "totalmente en desacuerdo" y "no lo he vivido". En algunos
indicadores, interpretando la ausencia de la situación o vivencia como una falta de atención institucional
o vacíos en la inclusión). Se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante frecuencias y
porcentajes para identificar las tendencias de percepción, facilitar la comparación de datos e integrar
los hallazgos con el marco teórico correspondiente. El estudio es de tipo descriptivo, por lo que el uso
de porcentajes al trabajar con una muestra pequeña y un grupo específico, permiten condensar la
información, sin violar supuestos estadísticos, y facilita la comparación entre variables bajo una misma
escala del 0 al 100%, pudiendo identificar patrones de percepción.
RESULTADOS
Primera dimensión: La violencia como privación o disminución de los derechos humanos de las PCD
En el entorno familiar, como se muestra en la Tabla 1, la percepción de las y los participantes mostró
una tendencia positiva hacia el respeto de los derechos humanos de sus hijas e hijos, valorando su
condición como un elemento de enriquecimiento de la dinámica familiar y manifestando respeto, en el
seno del hogar, hacia la libertad de elección respecto a su futuro laboral. No obstante, se observó una
mayor prevalencia de percepción negativa en los aspectos relativos a la construcción identitaria, como
la adscripción a un grupo de pertenencia entre pares, y a las competencias para el autocuidado y la vida
autónoma. De manera general, se identificó un sesgo en la distribución de las respuestas hacia
pág. 5684
puntuaciones elevadas, lo que sugiere la presencia del fenómeno de deseabilidad social, es decir, las
percepciones reflejan creencias condicionadas por el contexto escolar.
Tabla 1. Primera dimensión: violencia como disminución o privación de los derechos humanos,
variable “entorno familiar”.
Primera
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia: Como privación o
disminución de los Derechos
Humanos de las PCD.
Entorno Familiar
EF1
9.09%
90.90%
EF2
9.09%
90.90%
EF3
18.18%
81.81%
EF4
30.30%
69.69%
Total
16.67%
83.33%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario
En el entorno escolar, de acuerdo con la tabla 2, muestra la tendencia en la percepción de los
participantes resultó positiva respecto a la promoción de condiciones de igualdad para el acceso a la
educación básica y superior. Asimismo, señalaron la presencia de acciones escolares que favorecen los
derechos culturales y la participación en actividades recreativas mediante el deporte y las artes. No
obstante, se observó un contraste al indagar sobre las condiciones para la permanencia y egreso, rubros
en los que se incrementó el porcentaje de percepción negativa; adicionalmente, destacaron situaciones
de aislamiento o marginación experimentadas por sus hijas e hijos al interior del Centro de Atención
Múltiple (CAM).
Tabla 2. Primera dimensión: Violencia como disminución o privación de los derechos humanos,
variable “entorno escolar”.
Primer
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia: Como privación
o disminución de los
Derechos Humanos de las
PCD.
Entorno Escolar
EE1
15.5%
84.84%
EE2
18.18%
81.81%
EE3
3.03%
96.96%
EE4
21.21%
78.78%
EE5
81.88%
18.18%
Total
15.21%
84.79%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
La tabla 3, registró la percepción el entono sociocultural, con una percepción positiva por parte de las
madres y padres de familia del CAM respecto al acceso equitativo a la vida artística comunitaria, al
señalar que la sociedad favorece dichas condiciones y que sus hijas e hijos tienen la posibilidad de elegir
actividades acordes con sus intereses en las instituciones donde participan.
pág. 5685
En contraste, la tendencia de percepción fue marcadamente negativa al evaluar la existencia de políticas
públicas que promuevan condiciones de igualdad para el desarrollo de la vida adulta de este colectivo,
constituyendo una de las demandas prioritarias identificadas en esta variable. Este hallazgo guarda
congruencia con la percepción de inequidad para el acceso al mercado laboral en las organizaciones.
Asimismo, destacan como aspectos críticos la escasa apertura para la libre expresión de sus hijas e hijos
en espacios públicos y la falta de garantías en condiciones de igualdad para la atención médica en el
sistema de salud pública.
Tabla 3. Primera dimensión: Violencia como disminución o privación de los derechos humanos,
variable “entorno sociocultural”.
Primera
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia: Como privación o
disminución de los Derechos
Humanos de las PCD.
Sociocultural
ESC1
27.27%
72.72%
ESC2
21.21%
78.78%
ESC3
9.09%
90.90%
ESC4
21.21%
78.78%
ESC5
12.12%
87.87%
ESC6
15.15%
84.84%
ESC7
15.15%
84.84%
ESC8
24.24%
75.75%
ESC9
3.03%
96.96%
ESC10
15.15%
84.84%
Total
16.36%
83.63%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
Segunda dimensión: Violencia cultural
En lo referente a la variable de prejuicios, la tabla 4 registró una tendencia de percepción negativa en
torno a la autonomía de las personas con discapacidad (PCD) para la toma de decisiones. Asimismo, se
identificó la creencia de que, ante situaciones de emergencia humanitaria o desastres naturales, su
integridad peligraría debido a una presunta incapacidad para ponerse a salvo, percibiéndose el sexo
femenino como un factor que demanda mayores cuidados.
En contraste, se observó una tendencia de percepción positiva respecto a las habilidades de las PCD en
el ámbito artístico, la viabilidad de su acceso a la educación superior y su idoneidad para desempeñarse
en empleos remunerados. Finalmente, en lo concerniente a la transición hacia la vida adulta, las madres
y padres de familia reconocen la relevancia de brindar los apoyos necesarios para favorecer la
autorrealización de sus hijas e hijos, posibilitando la consolidación de su identidad.
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Tabla 4. Segunda dimensión: violencia cultural hacia las PCD, variable “prejuicio”.
Segunda
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia
Cultural
Prejuicio
P1
33.33%
66.66%
P2
48.48%
51.51%
P3
72.72%
27.27%
P4
78.78%
21.21%
P5
45.45%
54.54%
P6
54.54%
45.45%
P7
69.69%
30.30%
P8
60.60%
39.39%
P9
72.72%
27.27%
Total
59.60%
40.40%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
En cuanto a los estereotipos, la tabla 5 muestra una percepción negativa al colectivo de personas con
discapacidad (PCD), estos se vinculan con la noción de requerir supervisión permanente para realizar
actividades lúdicas; concepción que tiende a perpetuarse a lo largo del ciclo vital bajo el supuesto de
que su condición exige cuidado continuo, asistencia permanente y condiciona un desempeño limitado.
En contraste, dentro de la tendencia de percepción positiva sobresale la idea de que estas personas
cuentan con la capacidad para habitar de forma independiente.
Asimismo, como tendencia positiva, se identificó la aceptación de que las PCD puedan establecer
relaciones de noviazgo y ejercer su vida sexual. No obstante, se registraron mayores niveles de
percepción negativa respecto a la posibilidad de contraer matrimonio o ejercer la maternidad y
paternidad. Finalmente, persiste una tendencia negativa asociada a la concepción de la discapacidad
desde un enfoque rehabilitador tradicional, supeditando la inclusión social a un proceso previo de
rehabilitación médica.
pág. 5687
Tabla 5. Segunda dimensión: violencia cultural hacia las PCD, variable “estereotipo”.
Segunda
dimensión
Variable
Ítems
Percepción
negativa
Percepción
positiva
Violencia
Cultural
Estereotipo
E1
45.45%
54.54%
E2
78.78%
21.21%
E3
69.69%
30.30%
E4
78.78%
21.21%
E5
63.63%
36.36%
E6
39.39%
60.60%
E7
66.66%
33.33%
E8
57.57%
42.42%
E9
69.69%
30.30%
E10
51.51%
48.48%
Total
62.12%
37.88%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
Tercera dimensión: violencia estructural
En el ámbito educativo de la violencia estructural, como se muestra en la tabla 6, se registró una
percepción positiva respecto a los procesos orientados a garantizar los derechos humanos de las hijas e
hijos de los participantes. Esto se refleja en la consideración de que la institución promueve el desarrollo
creativo e intelectual de las personas con discapacidad (PCD), así como en el reconocimiento del cuerpo
docente por tomar en cuenta sus características al diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. No
obstante, como tendencia de percepción negativa, las madres y padres de familia destacaron la urgente
necesidad de implementar modificaciones o ajustes curriculares, así como de fortalecer el apoyo
psicopedagógico.
Tabla 6. Tercera dimensión: violencia estructural, variable “Ámbito Educativo”.
Tercera
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia
Estructural
Ámbito
Educativo
VESE1
9.09%
90.90%
VESE2
27.27%
72.72%
VESE3
24.24%
75.75%
VESE4
12.12%
87.87%
Total
18.18%
81.82%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
En el ámbito laboral, resulta indispensable consultar la opinión de las personas con discapacidad (PCD)
durante el diseño de políticas y acciones orientadas a su inclusión, para posteriormente implementar los
ajustes razonables que garanticen su participación en igualdad de condiciones, como se muestra en la
pág. 5688
tabla 7.
Tabla 7. Tercera dimensión: Violencia estructural, variable “Ámbito Laboral”.
Tercera
Dimensión
Variable
Ítems
Percepción
negativa
Percepción
positiva
Violencia
Estructural
Ámbito
Laboral
VESL1
21.21%
78.78%
VESL2
36.36%
63.63%
Total
28.79%
71.21%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
Respecto a la instrumentación de políticas orientadas a cubrir las necesidades de las personas con
discapacidad (PCD), de acuerdo con los resultados de la tabla 8, se registró una tendencia de percepción
negativa. Las madres y padres de familia perciben la ausencia de grupos deportivos adaptados en su
comunidad, así como la falta de espacios de apoyo mutuo que favorezcan la participación social de sus
hijas e hijos. Asimismo, señalaron la inexistencia de servicios artísticos dirigidos a desarrollar los
talentos de este sector. Además, destacaron la urgencia de destinar los recursos económicos necesarios
para garantizar los derechos humanos de este colectivo y universalizar la accesibilidad en los servicios
de salud pública.
En cuanto a la pertinencia de los servicios, los resultados indican que aún es necesario implementar
adecuaciones en las actividades y en la infraestructura de los espacios deportivos y artísticos, a fin de
responder a las características y necesidades de las PCD. De igual manera, se requiere la incorporación
de señalética e información en formatos accesibles que garanticen el uso independiente de dichas
instalaciones. En contraste, se identificó una tendencia positiva en la percepción sobre la adaptación de
los espacios públicos para el desplazamiento sin barreras. También se valoró favorablemente la labor
de las asociaciones que trabajan en pro de las PCD fuera del ámbito escolar, al considerar que cuentan
con personal docente especializado capaz de potenciar el desarrollo creativo de sus hijas e hijos.
Finalmente, en relación con los reactivos que abordan la falta de trato digno como un factor que vulnera
los derechos humanos, las madres y padres de familia reportaron una tendencia positiva, dado que
perciben que sus hijas e hijos son tomados en cuenta durante la planeación de actividades y que se
valora su libre expresión. Sin embargo, se observó una tendencia negativa vinculada a la escasa solicitud
de asesoría para la defensa de los derechos de sus descendientes, lo que sugiere una falta de iniciativa,
así como una nula o limitada participación en foros y eventos organizados por el sector gubernamental.
pág. 5689
Tabla 8. Tercera dimensión: Violencia estructural, variable “Ámbito Sociocultural” y subvariables.
Tercera
Dimensión
Variable
Subvariable
Ítems
Percepción
negativa
Percepción
positiva
Violencia
Estructural
Ámbito
Sociocultural
Instrumentación
de políticas
basadas en los
Derechos
Humanos
VESSCP 1
36.36%
63.63%
VESSCP 2
15.15%
84.84%
VESSCP 3
69.69%
30.30%
VESSCP 4
57.57%
42.42%
VESSCP 5
66.66%
33.33%
Total
49.09%
50.91%
Pertinencia del
Servicio a las
Necesidades
VESC1
18.18%
81.81%
VESC2
24.24%
75.75%
VESC3
27.27%
72.72%
VESC4
33.33%
66.66%
VESC5
18.18%
81.81%
Total
24.24%
75.76%
Trato digno para
la PCD
VESD1
30.30%
69.69%
VESD2
15.15%
84.84%
VESD3
42.42%
57.57%
VESD4
63.63%
36.36%
Total
37.88%
62.12%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
Cuarta dimensión: violencia directa
A continuación, se exponen los resultados de la tabla 9, que expresa sucesos y acciones prioritarios de
discriminación que propician la exclusión por condición de discapacidad. Al respecto, la tendencia de
percepción negativa evidencia la persistente carencia de programas recreativos dirigidos a las personas
con discapacidad (PCD), las limitadas oportunidades para la interacción lúdica en el entorno vecinal y
la apremiante necesidad de reconocimiento social.
pág. 5690
Tabla 9.Cuarta dimensión: violencia directa, variables a “Mayor puntaje, menos discriminación”.
Cuarta
Dimensión
Variable
Subvariable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia
Directa
Discriminación
Mayor puntaje
Menor
discriminación
D1
18.18%
81.81%
D2
9.09%
90.90%
D3
45.45%
54.54%
D4
21.21%
78.78%
D5
12.12%
87.87%
D6
12.12%
87.87%
D7
12.12%
87.87%
D8
18.18%
81.81%
D9
12.12%
87.87%
D15
9.09%
90.90%
D19
12.12%
87.87%
D20
39.39%
60.60%
D21
18.18%
81.81%
D22
78.78%
21.21%
D25
39.39%
60.60%
D26
36.36%
63.63%
D27
21.21%
78.78%
D28
45.45%
54.54%
D30
42.42%
57.57%
Total
26.48%
73.52%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
Respecto al siguiente grupo de reactivos, la tabla 10 evidencia mayor percepción de discriminación
asociada a factores socioeconómicos. Las madres y padres de familia consideran que los gastos
derivados de la educación de sus hijas e hijos superan su capacidad económica. Asimismo, reportan una
percepción negativa al señalar que a sus descendientes se les ha negado la libertad de elección y la
oportunidad de desarrollar su independencia.
Por otro lado, los informantes perciben que la discriminación persiste en el ámbito escolar, manifestada
principalmente mediante el uso de sobrenombres o apodos y, en menor medida, a través de agresiones
físicas; adicionalmente, se documentaron casos en los que las personas con discapacidad (PCD) han
sido objeto de burlas en su comunidad. En materia de protección civil, se advierte que este colectivo ha
enfrentado situaciones de vulnerabilidad ante desastres naturales debido a la falta de capacitación e
información sobre los protocolos de actuación. Finalmente, en menor grado, las familias reportaron
experiencias de discriminación social en espacios públicos, tales como la negación de acceso a
establecimientos de consumo alimenticio, y destacaron la ausencia de incidentes relacionados con abuso
pág. 5691
sexual.
Tabla 10. Cuarta dimensión: Violencia directa, variables a “Mayor puntaje, mayor Discriminación”.
Cuarta
Dimensión
Variable
Subvariable
Ítems
Percepción
Negativa
Percepción
Positiva
Violencia
Directa
Discriminación
Mayor puntaje,
Mayor
discriminación
D10
60.60 %
39.39 %
D11
81.81 %
18.18 %
D12
66.66 %
33.33 %
D13
78.78 %
21.21 %
D14
84.84 %
15.15 %
D16
87.87 %
12.12 %
D17
93.93 %
6.06 %
D18
93.93 %
6.06 %
D23
84.84 %
15.15 %
D24
78.78 %
21.21 %
D29
30.30 %
69.69 %
D31
84.84 %
15.15 %
D32
87.87 %
12.12 %
D33
78.78 %
21.21 %
D34
93.93 %
6.06 %
D35
93.93 %
6.06 %
Total
80.11%
19.89%
Nota: Elaboración propia, resultado del análisis estadístico del cuestionario.
DISCUSIÓN
De acuerdo con Galtung (2003) y Martínez (2016), la violencia, comprendida como la negación de la
alteridad, está estrechamente relacionada con las necesidades identitarias. En términos de Damiani
Pellegrini (2023), esto constituye una violencia sistémica al dirigirse a la persona únicamente por su
pertenencia al colectivo de personas con discapacidad (PCD). Asimismo, representa una violencia
simbólica al asociar la discapacidad exclusivamente con el déficit personal, reduciéndola a un asunto
individual e invisibilizando el fenómeno desde la dimensión sociocultural. La percepción en mayor
grado de violencias hacia la identidad individual, seguida de la identidad colectiva, refleja el menoscabo
de los principios generales establecidos en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad: autonomía, libertad de opinión, elección e independencia. En términos
generales, se identificó una tendencia de percepción positiva por parte de las madres y padres de familia
hacia los derechos humanos de sus hijas e hijos, lo que sugiere un efecto de deseabilidad social y
creencias condicionadas por el contexto escolar. Este hallazgo contrasta con los estudios de Gutiérrez
et al. (2024) y Mello et al. (2021), quienes documentan que los cuidadores y miembros de la familia
pág. 5692
fungen como los principales agresores en episodios de violencia directa. De este modo, existe una
tendencia familiar a valorar positivamente el ámbito individual, la cual discrepa significativamente de
las percepciones hacia el colectivo de PCD en general, donde los índices de percepción negativa son
mayores.
En el contexto escolar, la violencia se manifiesta en situaciones de aislamiento y marginación. En
congruencia con Acosta Daza y Sierra Forero (2020), resulta fundamental señalar que el aislamiento
vulnera el derecho de las PCD a una vida independiente y restringe su adscripción a grupos sociales;
esto obstaculiza la construcción de comunidad y afecta negativamente la configuración de sus
identidades individual y colectiva. Por otra parte, se advierte una tendencia de percepción negativa
respecto a la permanencia y el egreso en la educación básica y superior, lo cual evidencia la necesidad
de fortalecer y dar seguimiento a los principios rectores de inclusión, accesibilidad y ajustes razonables.
Adicionalmente, el uso de apodos y burlas (tanto dentro como fuera de la escuela), así como la falta de
capacitación para actuar ante emergencias naturales o sociales, constituyen manifestaciones de
violencia directa. Por consiguiente, promover la libertad de opinión, la toma de decisiones, la autonomía
y la inclusión entre pares representa una prioridad de intervención en la educación especial.
En el entorno sociocultural, las familias perciben una falta de respeto a la libertad de expresión, lo que
transgrede el artículo 29 de la Convención (referente a la participación en la vida política y pública).
De igual manera, se identifican obstáculos frente al artículo 8 (toma de conciencia), específicamente en
el ámbito laboral. Este escenario refleja una violencia directa y cultural de carácter capacitista, donde
las voces de las PCD no son escuchadas ni legitimadas (Schewe, 2020; Schewe & Vain, 2021). Tal
marginación contrasta drásticamente con los preceptos del artículo 25, el cual establece el derecho a
gozar del más alto nivel posible de salud, basado en el acceso, la asequibilidad de los servicios, su
descentralización y una atención fundamentada en la ética y la sensibilidad.
En este sentido, la violencia cultural permite visibilizar prejuicios relativos a la supuesta incapacidad e
indefensión de las PCD frente a emergencias, así como su intersección con el género, relacionado al
sexo femenino como condicionante de mayores cuidados. Tal como señalan Allport et al. (2022),
persisten etiquetas negativas hacia la discapacidad que, según Damiani Pellegrini (2023), operan como
una violencia simbólica heredada del modelo médico-rehabilitador tradicional. Asimismo, se observan
pág. 5693
claras contradicciones en los estereotipos identificados: por un lado, se aboga por brindar oportunidades
de independencia (como la posibilidad de habitar de forma autónoma); por otro, se asume que las PCD
requieren supervisión y cuidados permanentes debido a las limitaciones de su condición. Esta paradoja
evidencia la falta de orientación comunitaria sobre los apoyos y ajustes razonables requeridos para
fomentar una vida independiente. Finalmente, aunque existe cierta apertura hacia el ejercicio de sus
derechos sexuales (como sostener relaciones de noviazgo), se constata una limitación restrictiva hacia
sus derechos reproductivos, prevaleciendo estereotipos sobre su presunta incapacidad para ejercer la
maternidad o paternidad y sostener una familia.
Como manifestación de la violencia estructural en el ámbito educativo, destaca la percepción negativa
respecto a la implementación de ajustes razonables y la carencia de apoyo psicopedagógico para el
alumnado. Este hallazgo coincide con Acosta Daza y Sierra Forero (2020) en torno a las resistencias
del personal escolar para consolidar procesos educativos centrados en los derechos humanos. En la
esfera sociocultural, la violencia estructural se evidencia en la escasez de políticas públicas orientadas
a los rubros deportivo y artístico; esto vulnera los derechos culturales y recreativos e impacta
severamente en la configuración identitaria de las PCD, un proceso que, siguiendo a Toledo (2012), se
encuentra en constante construcción y requiere complementar las acciones de la escuela especial para
erradicar las violencias sistémicas. Otras expresiones de violencia estructural incluyen la insuficiencia
de recursos económicos familiares para sostener los proyectos de vida del colectivo, así como la falta
de accesibilidad física y señalética adecuada en los servicios extraescolares. Para concluir, se revela una
nula solicitud de asesoría institucional por parte de las familias para la defensa de los derechos humanos,
aunada a la exclusión de las PCD en foros gubernamentales de consulta ciudadana. Estas prácticas
constituyen formas de violencia capacitista directa que, en términos de Schewe (2022), perpetúan el
control, la dominación y la invisibilización de sus voces.
CONCLUSIONES
La aplicación del instrumento proporcionó las condiciones objetivas para explorar las variables de
estudio. A partir de ello, se constató que la violencia sistémica hacia las personas con discapacidad
(PCD) se manifiesta a través de las dimensiones cultural, estructural y directa. Desde una perspectiva
sistémica, al operar como una forma de negación de la alteridad y como una limitante para la
pág. 5694
satisfacción de las necesidades identitarias, esta violencia adquiere un carácter simbólico, ya que asocia
la discapacidad con prejuicios y estereotipos culturales, reduciéndola a un problema individual
vinculado a la incapacidad. En el ámbito escolar, resulta viable implementar acciones orientadas a
fortalecer la identidad colectiva de las PCD mediante la promoción de la inclusión social entre pares
(como grupo de pertenencia); esto podría incidir en la mitigación de la violencia directa, expresada
mediante agresiones verbales como burlas o apodos. Respecto a la identidad individual, se sugiere
diseñar estrategias de comunicación e implementar ajustes razonables que permitan al alumnado
expresar el sentido de sí, así como promover actividades de exploración personal que faciliten la
configuración y reconfiguración de su identidad a lo largo del tiempo. En cuanto a las familias, se
recomienda brindar orientación, asesoría y acompañamiento específico para gestionar la
sobreprotección, práctica que restringe la autonomía, la libertad y la toma de decisiones de las PCD,
principios fundamentales de los derechos humanos que cimentan su identidad individual y colectiva.
Para abordar la violencia cultural subyacente en los prejuicios y estereotipos hacia las PCD, se
recomienda intervenir desde el contexto escolar con perspectiva de género y de derechos humanos. Esto
implica fortalecer los programas de autocuidado y los sistemas de apoyo, con el fin de evitar la
reproducción de prácticas capacitistas. Asimismo, es necesario promover la toma de conciencia sobre
la discapacidad desde un enfoque social y crítico, eludiendo las respuestas homogeneizadoras centradas
en el déficit y, en su lugar, propiciando la vida independiente de este sector. La implementación de
principios de accesibilidad y ajustes razonables en la escuela de educación especial contribuye a mitigar
la violencia estructural, al impulsar proyectos de vida con proyección futura en los ámbitos laboral y
social, reconociendo al alumnado con discapacidad como protagonista de su propia trayectoria. De igual
forma, los hallazgos evidenciaron la exigencia de concebir el proceso educativo como un continuo a lo
largo de toda la vida, responsabilidad que interpela a las instituciones y organizaciones dedicadas a la
atención de la discapacidad.
Por su parte, la violencia estructural percibida en el entorno escolar durante los procesos de atención
revela un trasfondo de violencia cultural de corte capacitista. Al invalidar la opinión de las PCD, se
transgreden sus derechos humanos fundamentales: dignidad, autonomía, libertad de expresión e
independencia. Esta situación impacta negativamente en su configuración identitaria —individual y
pág. 5695
colectiva—, evidenciando una violencia sistémica que, a su vez, propicia escenarios de violencia
directa. La mitigación de estas violencias depende de la provisión de orientación y acompañamiento
para el desarrollo de proyectos de vida, garantizando la escucha activa de las necesidades del alumnado.
De manera paralela, es fundamental gestionar los riesgos y concientizar a la comunidad educativa y a
los cuidadores acerca de las limitaciones impuestas por la sobreprotección. En la esfera gubernamental,
la principal demanda de las familias radica en la asignación de recursos económicos y la ampliación de
los servicios extraescolares. En este sentido, la región centro del Estado de México opera como un
"escenario testigo": la constatación de violencia estructural y cultural en el territorio con mayor oferta
institucional acentúa la urgencia de reestructurar las políticas de inclusión desde un genuino enfoque de
derechos humanos. Finalmente, se concluye que el contexto escolar moldea jerarquías e interacciones
específicas que deben ser transformadas estructuralmente para erradicar la marginación y garantizar la
plena participación ciudadana de las personas con discapacidad.
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