pág. 7824
“EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
EN MÉXICO: AJUSTES DE PROCEDIMIENTO,
INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS
MEXICANA Y DEBIDO PROCESO”
“ACCESS TO JUSTICE FOR PERSONS WITH HEARING
DISABILITIES IN MEXICO: PROCEDURAL
ACCOMMODATIONS, SIGN LENGUAJE INTERPRETERS,
AND DUE PROCESS”
Paola López Jiménez
Centro Universitario Continental, México.
pág. 7825
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26644
“El acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva en México:
ajustes de procedimiento, intérprete de Lengua de Señas Mexicana y debido
proceso”
Paola López Jiménez1
lojipa20d17@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0004-9784-3318
Centro Universitario Continental, México.
Hidalgo, México.
RESUMEN
La presente investigación aborda el acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva en
México, desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad procesal. Se analizará la necesidad de
implementar ajustes de procedimiento que permita garantizar su participación efectiva en los procesos
judiciales, así como la importancia de contar con intérpretes de Lengua de Señas (LSM) que faciliten
una comunicación adecuada entre las personas con discapacidad auditiva y las autoridades. Asimismo,
se estudiará la relación de estas medidas con el debido proceso, particularmente respecto del derecho de
audiencia, defensa, información y participación en condiciones de igualdad. La investigación empleará
una metodología jurídica de carácter dogmático, analítico y documental, mediante el estudio e
interpretación de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de criterios jurisprudenciales y
doctrinales relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Con ellos,
se pretende identificar los principales obstáculos jurídicos y procesales que enfrentan las personas con
discapacidad auditiva y analizar si el marco normativo mexicano contempla mecanismos suficientes
para garantizar un acceso efectivo e igualitario a la justicia.
Palabras clave; Lengua de señas mexicanas, Acceso a la justicia, Discapacidad auditiva
1 Autor principal
Correspondencia: lojipa20d17@redcuc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26644
“El acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva en México:
ajustes de procedimiento, intérprete de Lengua de Señas Mexicana y debido
proceso”
Paola López Jiménez1
lojipa20d17@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0004-9784-3318
Centro Universitario Continental, México.
Hidalgo, México.
RESUMEN
La presente investigación aborda el acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva en
México, desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad procesal. Se analizará la necesidad de
implementar ajustes de procedimiento que permita garantizar su participación efectiva en los procesos
judiciales, así como la importancia de contar con intérpretes de Lengua de Señas (LSM) que faciliten
una comunicación adecuada entre las personas con discapacidad auditiva y las autoridades. Asimismo,
se estudiará la relación de estas medidas con el debido proceso, particularmente respecto del derecho de
audiencia, defensa, información y participación en condiciones de igualdad. La investigación empleará
una metodología jurídica de carácter dogmático, analítico y documental, mediante el estudio e
interpretación de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de criterios jurisprudenciales y
doctrinales relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Con ellos,
se pretende identificar los principales obstáculos jurídicos y procesales que enfrentan las personas con
discapacidad auditiva y analizar si el marco normativo mexicano contempla mecanismos suficientes
para garantizar un acceso efectivo e igualitario a la justicia.
Palabras clave; Lengua de señas mexicanas, Acceso a la justicia, Discapacidad auditiva
1 Autor principal
Correspondencia: lojipa20d17@redcuc.edu.mx
pág. 7826
“Access to justice for persons with hearing disabilities in Mexico:
procedural accommodations, sign lenguaje interpreters, and due process”
ABSTRACT
This research examines Access to justice for peoble with hearing disabilities in Mexico from a human
rights and procedual equality perspective. It analyzes the need to implement procedural accommodations
to ensure their effective participation in judicial proceedings, as well as the importance of providing
Mexican Sign Language (LSM) interpreters tofacilitate effective communication between peoble with
hearing disabilities and public authorities. Furthermore, it explores the relationship between these
measures and due process, particularly with regard to the rights tobe Heard, to a defense, to information,
and to participate under equal conditions. The research employs a dogmatic, analytical, and
documentary legal methodology through the study and interpretation of applicable legal provisions, as
well as relevant case law and legal scholarship concerning the protection of the rigghts of persons with
disabilities. The aim is to identify the main legal and procedural barriers faced by people, with hearing
disabilities and to assess whether the Mexican legal framework provides sufficient mechanisms to
guarantee effective and equal Access to justice.
Keywords: Mexican Sign Language, Access to justice, Hearing disability,
Artículo recibido 06 septiembre 2026
Aceptado para publicación: 10 octubre 2026
“Access to justice for persons with hearing disabilities in Mexico:
procedural accommodations, sign lenguaje interpreters, and due process”
ABSTRACT
This research examines Access to justice for peoble with hearing disabilities in Mexico from a human
rights and procedual equality perspective. It analyzes the need to implement procedural accommodations
to ensure their effective participation in judicial proceedings, as well as the importance of providing
Mexican Sign Language (LSM) interpreters tofacilitate effective communication between peoble with
hearing disabilities and public authorities. Furthermore, it explores the relationship between these
measures and due process, particularly with regard to the rights tobe Heard, to a defense, to information,
and to participate under equal conditions. The research employs a dogmatic, analytical, and
documentary legal methodology through the study and interpretation of applicable legal provisions, as
well as relevant case law and legal scholarship concerning the protection of the rigghts of persons with
disabilities. The aim is to identify the main legal and procedural barriers faced by people, with hearing
disabilities and to assess whether the Mexican legal framework provides sufficient mechanisms to
guarantee effective and equal Access to justice.
Keywords: Mexican Sign Language, Access to justice, Hearing disability,
Artículo recibido 06 septiembre 2026
Aceptado para publicación: 10 octubre 2026
pág. 7827
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las personas
en condiciones de igualdad y sin discriminación. Sin embargo, para las personas con discapacidad
auditiva, el ejercicio efectivo de este derecho puede verse limitado por diversas barreras de
comunicación que se presentan durante los procedimientos judiciales y ministeriales. Entre ellas
destacan la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), la ausencia de ajustes de
procedimientos adecuados y las dificultades para garantizar que la persona comprenda de manera
efectiva las actuaciones en las que participa.
En México, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y el principio de igualdad exigen
que las autoridades adopten medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad
puedan participar plenamente en los procedimientos de los que formen parte. En este contexto, los
ajustes de procedimiento adquieren especial relevancia, pues permiten eliminar las barreras que impiden
una participación efectiva y garantizan que derechos como la defensa adecuada, la información, la
participación procesal y el debido proceso sean ejercidos en condiciones de igualdad.
La problemática se centra en determinar sí, en la práctica, las instituciones encargadas de procurar y
administrar justicia cuentan con mecanismos suficientes para garantizar a las personas con discapacidad
auditiva una participación efectiva dentro de los procedimientos, particularmente mediante la utilización
de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la implementación de ajustes de procedimientos
adecuados. La ausencia o insuficiencia de estas medidas puede generar una situación de desigualdad
procesal y afectar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia.
Y es por eso que surge la pregunta; ¿En qué medida los ajustes de procedimiento y la intervención
de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana garantizan el acceso efectivo a la justicia y el debido
proceso de las personas con discapacidad auditiva en México?
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se empleará una metodología jurídica de carácter dogmático,
analítico y documental, mediante el estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, legislación
nacional, criterios jurisprudenciales y precedentes relevantes. Asimismo, se realizará un análisis jurídico
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las personas
en condiciones de igualdad y sin discriminación. Sin embargo, para las personas con discapacidad
auditiva, el ejercicio efectivo de este derecho puede verse limitado por diversas barreras de
comunicación que se presentan durante los procedimientos judiciales y ministeriales. Entre ellas
destacan la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), la ausencia de ajustes de
procedimientos adecuados y las dificultades para garantizar que la persona comprenda de manera
efectiva las actuaciones en las que participa.
En México, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y el principio de igualdad exigen
que las autoridades adopten medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad
puedan participar plenamente en los procedimientos de los que formen parte. En este contexto, los
ajustes de procedimiento adquieren especial relevancia, pues permiten eliminar las barreras que impiden
una participación efectiva y garantizan que derechos como la defensa adecuada, la información, la
participación procesal y el debido proceso sean ejercidos en condiciones de igualdad.
La problemática se centra en determinar sí, en la práctica, las instituciones encargadas de procurar y
administrar justicia cuentan con mecanismos suficientes para garantizar a las personas con discapacidad
auditiva una participación efectiva dentro de los procedimientos, particularmente mediante la utilización
de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la implementación de ajustes de procedimientos
adecuados. La ausencia o insuficiencia de estas medidas puede generar una situación de desigualdad
procesal y afectar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia.
Y es por eso que surge la pregunta; ¿En qué medida los ajustes de procedimiento y la intervención
de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana garantizan el acceso efectivo a la justicia y el debido
proceso de las personas con discapacidad auditiva en México?
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se empleará una metodología jurídica de carácter dogmático,
analítico y documental, mediante el estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, legislación
nacional, criterios jurisprudenciales y precedentes relevantes. Asimismo, se realizará un análisis jurídico
pág. 7828
de los conceptos de acceso a la justicia, discapacidad, ajustes de procedimientos, interpretación de
Lengua de Señas Mexicanas, igualdad, no discriminación y debido proceso, con la finalidad de
determinar obligaciones que tienen las autoridades mexicanas para garantizar una participación efectiva
de las personas con discapacidad auditiva.
La discapacidad desde un modelo social y de derechos humanos
El modelo social de la discapacidad representa un cambio de paradigma en la compresión de las
condiciones que limitan la participación de las personas en las sociales, al establecer que las dificultades
que enfrentan no derivan exclusivamente de sus características individuales, sino también de las barreras
sociales, culturales e institucionales que obstaculizan el ejercicio de sus derechos. Desde esta
perspectiva, la situación de las personas con discapacidad auditiva debe analizarse a partir de las
condiciones de comunicación accesibilidad e inclusión que ofrece el entorno, particularmente cuando
participan en espacios institucionales en los que predomina el uso de lengua oral. En el ámbito de los
derechos humanos, este modelo reconoce a las personas con discapacidad auditiva como titulares de
derechos, cuya dignidad, autonomía e igualdad deben ser respetadas sin discriminación. Por
consiguiente, la sordera no debe constituir un motivo para restringir su participación en la sociedad ni
para limitar su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida.
Esta perspectiva adquiere especial relevancia en el acceso a la justicia, entendido como el derecho de
toda persona a acudir ante las autoridades para hacer valer sus derechos, denunciar hechos que puedan
constituir delitos, defenderse de las acusaciones formuladas en su contra y obtener una respuesta
conforme a la ley. Sin embargo, este derecho no se satisface únicamente con permitir que una persona
se presente ante el Ministerio Público o un órgano jurisdiccional, sino que requiere garantizar
condiciones que le permitan comprender las actuaciones, expresar sus ideas y participar efectivamente
en el procedimiento. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, estas condiciones pueden
verse afectadas cuando las instituciones utilizan exclusivamente la comunicación oral y no cuentan con
medios adecuados para atender sus necesidades comunicativas.
En este sentido, el principio de igualdad implica reconocer que todas las personas tiene los mismos
derechos, pero que, en determinadas circunstancias, es necesario adoptar medidas específicas para que
puedan ejercerlos en condiciones equivalentes. Por ello, brindar un trato idéntico a todas las personas
de los conceptos de acceso a la justicia, discapacidad, ajustes de procedimientos, interpretación de
Lengua de Señas Mexicanas, igualdad, no discriminación y debido proceso, con la finalidad de
determinar obligaciones que tienen las autoridades mexicanas para garantizar una participación efectiva
de las personas con discapacidad auditiva.
La discapacidad desde un modelo social y de derechos humanos
El modelo social de la discapacidad representa un cambio de paradigma en la compresión de las
condiciones que limitan la participación de las personas en las sociales, al establecer que las dificultades
que enfrentan no derivan exclusivamente de sus características individuales, sino también de las barreras
sociales, culturales e institucionales que obstaculizan el ejercicio de sus derechos. Desde esta
perspectiva, la situación de las personas con discapacidad auditiva debe analizarse a partir de las
condiciones de comunicación accesibilidad e inclusión que ofrece el entorno, particularmente cuando
participan en espacios institucionales en los que predomina el uso de lengua oral. En el ámbito de los
derechos humanos, este modelo reconoce a las personas con discapacidad auditiva como titulares de
derechos, cuya dignidad, autonomía e igualdad deben ser respetadas sin discriminación. Por
consiguiente, la sordera no debe constituir un motivo para restringir su participación en la sociedad ni
para limitar su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida.
Esta perspectiva adquiere especial relevancia en el acceso a la justicia, entendido como el derecho de
toda persona a acudir ante las autoridades para hacer valer sus derechos, denunciar hechos que puedan
constituir delitos, defenderse de las acusaciones formuladas en su contra y obtener una respuesta
conforme a la ley. Sin embargo, este derecho no se satisface únicamente con permitir que una persona
se presente ante el Ministerio Público o un órgano jurisdiccional, sino que requiere garantizar
condiciones que le permitan comprender las actuaciones, expresar sus ideas y participar efectivamente
en el procedimiento. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, estas condiciones pueden
verse afectadas cuando las instituciones utilizan exclusivamente la comunicación oral y no cuentan con
medios adecuados para atender sus necesidades comunicativas.
En este sentido, el principio de igualdad implica reconocer que todas las personas tiene los mismos
derechos, pero que, en determinadas circunstancias, es necesario adoptar medidas específicas para que
puedan ejercerlos en condiciones equivalentes. Por ello, brindar un trato idéntico a todas las personas
pág. 7829
no siempre garantiza una igualdad efectiva, especialmente cuando alguna de ellas enfrentan barreras de
comunicación. Desde esta perspectiva, proporcionar medios accesibles a una persona con discapacidad
auditiva no constituye un privilegio, sino una medida necesaria para que pueda participar en el
procedimiento en condiciones de igualdad. Por su parte, el principio de no discriminación exige que
ninguna persona sea excluida, limitada o colocada en una situación de desventaja por razón de su
discapacidad, ya sea mediante decisiones expresas o a través de prácticas institucionales que, aunque
parezcan generales, dificulten el ejercicio de sus derechos.
Para hacer efectivos estos principios, adquieren importancia los ajustes de procedimientos, entendidos
como las modificaciones y adaptaciones necesarias dentro de una actuación jurídica para que las
personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva. Estos ajustes deben responder a las
necesidades particulares de cada persona y pueden comprender la adaptación de las formas de
comunicación, la explicación accesible de las actuaciones, la utilización de recursos visuales y la
intervención de intérpretes cuando resulte necesario. En consecuencia, las autoridades encargadas de la
procuración y administración de justicia deben identificar las barreras existentes y adoptar las medidas
pertinentes para evitar que la discapacidad se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos
procesales.
Entre estas medidas destaca la Lengua de Señas Mexicanas (LSM), reconocida en México como una
lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico de nuestro país. Para las personas con discapacidad
auditiva que ocupan esta lengua, la intervención de un intérprete competente puede ser fundamental para
comprender las consecuencias jurídicas de las actuaciones en las que participan. No obstante, debe
considerarse que no todas las personas con discapacidad auditiva ocupan la LSM, por lo que las
autoridades deben identificar previamente sus necesidades y preferencias de comunicación, en lugar de
asumir que existe una única forma de interacción adecuada para todas ellas, De esta manera, la
interpretación no debe entenderse como una formalidad, sino como un medio para favorecer una
comunicación efectiva entre la persona y las autoridades.
La falta de mecanismos adecuados de comunicación también puede repercutir en el debido proceso,
entendido como el conjunto de garantías que deben respetarse para que toda persona participe en un
procedimiento conforme a la ley y tena una oportunidad real de ejercer sus derechos. En el ámbito penal,
no siempre garantiza una igualdad efectiva, especialmente cuando alguna de ellas enfrentan barreras de
comunicación. Desde esta perspectiva, proporcionar medios accesibles a una persona con discapacidad
auditiva no constituye un privilegio, sino una medida necesaria para que pueda participar en el
procedimiento en condiciones de igualdad. Por su parte, el principio de no discriminación exige que
ninguna persona sea excluida, limitada o colocada en una situación de desventaja por razón de su
discapacidad, ya sea mediante decisiones expresas o a través de prácticas institucionales que, aunque
parezcan generales, dificulten el ejercicio de sus derechos.
Para hacer efectivos estos principios, adquieren importancia los ajustes de procedimientos, entendidos
como las modificaciones y adaptaciones necesarias dentro de una actuación jurídica para que las
personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva. Estos ajustes deben responder a las
necesidades particulares de cada persona y pueden comprender la adaptación de las formas de
comunicación, la explicación accesible de las actuaciones, la utilización de recursos visuales y la
intervención de intérpretes cuando resulte necesario. En consecuencia, las autoridades encargadas de la
procuración y administración de justicia deben identificar las barreras existentes y adoptar las medidas
pertinentes para evitar que la discapacidad se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos
procesales.
Entre estas medidas destaca la Lengua de Señas Mexicanas (LSM), reconocida en México como una
lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico de nuestro país. Para las personas con discapacidad
auditiva que ocupan esta lengua, la intervención de un intérprete competente puede ser fundamental para
comprender las consecuencias jurídicas de las actuaciones en las que participan. No obstante, debe
considerarse que no todas las personas con discapacidad auditiva ocupan la LSM, por lo que las
autoridades deben identificar previamente sus necesidades y preferencias de comunicación, en lugar de
asumir que existe una única forma de interacción adecuada para todas ellas, De esta manera, la
interpretación no debe entenderse como una formalidad, sino como un medio para favorecer una
comunicación efectiva entre la persona y las autoridades.
La falta de mecanismos adecuados de comunicación también puede repercutir en el debido proceso,
entendido como el conjunto de garantías que deben respetarse para que toda persona participe en un
procedimiento conforme a la ley y tena una oportunidad real de ejercer sus derechos. En el ámbito penal,
pág. 7830
estás garantías comprenden, entre otros aspectos, el derecho a conocer los hechos que se investigan,
declarar o guardar silencio, contar con una defensa adecuada y participar en las actuaciones que pueden
afectar la situación jurídica de la persona. Cuando una persona con discapacidad auditiva no comprende
las preguntas que se le formulan, desconoce el alcance de sus derechos o no puede expresar
adecuadamente su voluntad, su participación puede volverse meramente formal, lo que pone en riesgo
la efectividad de dichas garantías.
Esta problemática no se limita a las personas con discapacidad auditiva que tienen calidad de imputados,
sino que también comprende a quienes participan como víctimas, testigos o denunciantes. En cualquiera
de estos supuestos, las barreras comunicativas pueden dificultar la presentación de una denuncia, la
narración de los hechos, la aportación de información y la compresión de las decisiones de las
autoridades. Por ello, garantizar el acceso a la justicia exige considerar las necesidades de comunicación
de cada persona desde el primer contacto de las instituciones, incluyendo las entrevistas ministeriales,
las diligencias de investigación y las autoridades judiciales.
Desde esta perspectiva, el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad
auditiva debe traducirse en acciones concretas que permitan su ejercicio efectivo. La disponibilidad de
intérpretes competentes, la capacitación de los servidores públicos, la adaptación de los procedimientos
y la eliminación de barreras comunicativas constituyen medidas relevantes para avanzar hacia una
justicia accesible e incluyente. En consecuencia, el modelo social y derechos humanos permiten
comprender que la igualdad ante la ley no consiste únicamente en reconocer los mismos derechos, sino
también en garantizar las condiciones necesarias para ejercerlos. Así, la atención adecuada a las
necesidades comunicativas de las personas con discapacidad auditiva representa un elemento esencial
para proteger su dignidad, evitar la discriminación y asegurar que su participación en los procedimientos
jurídicos sea real, informada y compatible con las garantías del debido proceso.
estás garantías comprenden, entre otros aspectos, el derecho a conocer los hechos que se investigan,
declarar o guardar silencio, contar con una defensa adecuada y participar en las actuaciones que pueden
afectar la situación jurídica de la persona. Cuando una persona con discapacidad auditiva no comprende
las preguntas que se le formulan, desconoce el alcance de sus derechos o no puede expresar
adecuadamente su voluntad, su participación puede volverse meramente formal, lo que pone en riesgo
la efectividad de dichas garantías.
Esta problemática no se limita a las personas con discapacidad auditiva que tienen calidad de imputados,
sino que también comprende a quienes participan como víctimas, testigos o denunciantes. En cualquiera
de estos supuestos, las barreras comunicativas pueden dificultar la presentación de una denuncia, la
narración de los hechos, la aportación de información y la compresión de las decisiones de las
autoridades. Por ello, garantizar el acceso a la justicia exige considerar las necesidades de comunicación
de cada persona desde el primer contacto de las instituciones, incluyendo las entrevistas ministeriales,
las diligencias de investigación y las autoridades judiciales.
Desde esta perspectiva, el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad
auditiva debe traducirse en acciones concretas que permitan su ejercicio efectivo. La disponibilidad de
intérpretes competentes, la capacitación de los servidores públicos, la adaptación de los procedimientos
y la eliminación de barreras comunicativas constituyen medidas relevantes para avanzar hacia una
justicia accesible e incluyente. En consecuencia, el modelo social y derechos humanos permiten
comprender que la igualdad ante la ley no consiste únicamente en reconocer los mismos derechos, sino
también en garantizar las condiciones necesarias para ejercerlos. Así, la atención adecuada a las
necesidades comunicativas de las personas con discapacidad auditiva representa un elemento esencial
para proteger su dignidad, evitar la discriminación y asegurar que su participación en los procedimientos
jurídicos sea real, informada y compatible con las garantías del debido proceso.
pág. 7831
Concepto Fundamento jurídico
Acceso a la justicia Artículo 13° de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y
artículo 17° constitucional
Discapacidad y modelo social Artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Igualdad y no discriminación Artículo 1°. De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 5 de la
Convención.
Ajustes de procedimiento Artículo 13° de la Convención
Lengua de Señas Mexicana Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad.
Debido proceso Artículos 14° y 20° constitucionales, según el
supuesto procesal.
Intérprete y ajustes de procedimientos en los procesos judiciales
A. Ajustes de procedimiento
Este criterio es particularmente importante porque se hace la distinción entre ajustes razonables y ajustes
de procedimientos.
La Primera Sala explica que los ajustes de procedimiento están específicamente dirigidos a garantizar
la igualdad de las personas con discapacidad dentro del acceso a la justicia y constituyen un derecho
instrumental relacionado con el debido proceso.
Registro digital: 2025638
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materia(s): Civil, Constitucional
Tesis: 1a./J. 163/2022 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 852
Tipo: Jurisprudencia
Concepto Fundamento jurídico
Acceso a la justicia Artículo 13° de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y
artículo 17° constitucional
Discapacidad y modelo social Artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Igualdad y no discriminación Artículo 1°. De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 5 de la
Convención.
Ajustes de procedimiento Artículo 13° de la Convención
Lengua de Señas Mexicana Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad.
Debido proceso Artículos 14° y 20° constitucionales, según el
supuesto procesal.
Intérprete y ajustes de procedimientos en los procesos judiciales
A. Ajustes de procedimiento
Este criterio es particularmente importante porque se hace la distinción entre ajustes razonables y ajustes
de procedimientos.
La Primera Sala explica que los ajustes de procedimiento están específicamente dirigidos a garantizar
la igualdad de las personas con discapacidad dentro del acceso a la justicia y constituyen un derecho
instrumental relacionado con el debido proceso.
Registro digital: 2025638
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materia(s): Civil, Constitucional
Tesis: 1a./J. 163/2022 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 852
Tipo: Jurisprudencia
pág. 7832
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DIFERENCIA ENTRE AJUSTES
RAZONABLES Y AJUSTES DE PROCEDIMIENTO.
Hechos: Una mujer y sus dos hijas, en un juicio oral familiar, demandaron del esposo y padre,
respectivamente, diversas prestaciones del orden familiar. En contra de la sentencia de primera instancia
únicamente las actoras interpusieron recurso de apelación. Al ser condenado en ambas instancias, el
demandado –una persona con discapacidad física (motriz en específico)– promovió juicio de amparo
directo, el cual le fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito para el efecto de reponer el
procedimiento hasta la audiencia preliminar, para que el quejoso decidiera si requería el nombramiento
de un representante especial, dada su condición de discapacidad física y motriz, y su falta de
interposición del recurso de apelación. Inconformes, las terceras interesadas (parte actora en el juicio
ordinario) interpusieron recurso de revisión.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, si bien
las figuras de ajustes de procedimiento y ajustes razonables comparten la característica de ser medidas
encaminadas a lograr la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, los ajustes de
procedimiento se encuentran reservados específicamente para referirse al establecimiento de
condiciones de igualdad en el acceso a la justicia; esto es, son un derecho instrumental para acceder a
otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y, por tal razón, no pueden denegarse al no estar
sujetos a un criterio de proporcionalidad. Por su parte, los ajustes razonables son medidas para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas,
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en un caso particular, por lo que
constituyen medidas individualizadas casuísticamente y sujetas a un criterio de proporcionalidad.
Justificación: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asume la
accesibilidad tanto en su vertiente de principio (artículo 3), como de derecho (artículo 9). Así, la
accesibilidad es una condición previa para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de
forma independiente, participar plenamente en la sociedad y disfrutar de todos sus derechos y libertades
de manera efectiva y en igualdad de condiciones con las demás personas. Por lo que la accesibilidad
constituye un medio para lograr la igualdad sustantiva de todas las personas con discapacidad. Una de
las formas de satisfacer la accesibilidad es el "diseño universal", que se refiere al diseño de los entornos,
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DIFERENCIA ENTRE AJUSTES
RAZONABLES Y AJUSTES DE PROCEDIMIENTO.
Hechos: Una mujer y sus dos hijas, en un juicio oral familiar, demandaron del esposo y padre,
respectivamente, diversas prestaciones del orden familiar. En contra de la sentencia de primera instancia
únicamente las actoras interpusieron recurso de apelación. Al ser condenado en ambas instancias, el
demandado –una persona con discapacidad física (motriz en específico)– promovió juicio de amparo
directo, el cual le fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito para el efecto de reponer el
procedimiento hasta la audiencia preliminar, para que el quejoso decidiera si requería el nombramiento
de un representante especial, dada su condición de discapacidad física y motriz, y su falta de
interposición del recurso de apelación. Inconformes, las terceras interesadas (parte actora en el juicio
ordinario) interpusieron recurso de revisión.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, si bien
las figuras de ajustes de procedimiento y ajustes razonables comparten la característica de ser medidas
encaminadas a lograr la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, los ajustes de
procedimiento se encuentran reservados específicamente para referirse al establecimiento de
condiciones de igualdad en el acceso a la justicia; esto es, son un derecho instrumental para acceder a
otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y, por tal razón, no pueden denegarse al no estar
sujetos a un criterio de proporcionalidad. Por su parte, los ajustes razonables son medidas para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas,
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en un caso particular, por lo que
constituyen medidas individualizadas casuísticamente y sujetas a un criterio de proporcionalidad.
Justificación: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asume la
accesibilidad tanto en su vertiente de principio (artículo 3), como de derecho (artículo 9). Así, la
accesibilidad es una condición previa para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de
forma independiente, participar plenamente en la sociedad y disfrutar de todos sus derechos y libertades
de manera efectiva y en igualdad de condiciones con las demás personas. Por lo que la accesibilidad
constituye un medio para lograr la igualdad sustantiva de todas las personas con discapacidad. Una de
las formas de satisfacer la accesibilidad es el "diseño universal", que se refiere al diseño de los entornos,
pág. 7833
productos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor proporción, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. Sin embargo, el diseño universal no siempre abarca
las situaciones de absolutamente todas las personas. Es aquí cuando operan los "ajustes razonables", los
cuales están definidos en el artículo 2 de la Convención como "... las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales". Por lo tanto,
los ajustes razonables implican una respuesta personalizada a fin de que la persona con discapacidad
pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Por otra parte, los
"ajustes de procedimiento" constituyen una manera de lograr la igualdad de condiciones específicamente
en el marco del derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 13 de la Convención. Las personas
con discapacidad con gran frecuencia encuentran importantes obstáculos en el acceso a la justicia, desde
la inaccesibilidad del entorno físico y de las comunicaciones durante los procesos, hasta la denegación
de la legitimación procesal y las garantías durante los mismos. La denominación «ajustes de
procedimiento» no es gratuita, ya que en los trabajos y negociaciones de la Convención
intencionalmente se optó por descartar el término "ajustes razonables" –que sí se utiliza en otros
preceptos de la propia Convención– y preferir "ajustes de procedimiento" en relación con el derecho de
acceso a la justicia. En suma, si bien los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento comparten la
característica de ser medidas fundadas en el principio de igualdad y no discriminación e implementadas
ex post (pues no se trata de medidas ex ante como las de accesibilidad mediante el diseño universal), los
ajustes de procedimiento difieren de los ajustes razonables en que son un medio para garantizar
efectivamente el derecho de acceso a la justicia y, por tal motivo, no proporcionarlos durante un proceso
judicial constituye una forma de discriminación. Así, los ajustes de procedimiento son un derecho
instrumental para acceder a otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y, por eso, no
pueden denegarse al no estar sujetos a un criterio de proporcionalidad. En cambio, los "ajustes
razonables", conforme al texto de la propia Convención, son medidas que se implementan en un caso
particular para garantizar el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
productos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor proporción, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. Sin embargo, el diseño universal no siempre abarca
las situaciones de absolutamente todas las personas. Es aquí cuando operan los "ajustes razonables", los
cuales están definidos en el artículo 2 de la Convención como "... las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales". Por lo tanto,
los ajustes razonables implican una respuesta personalizada a fin de que la persona con discapacidad
pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Por otra parte, los
"ajustes de procedimiento" constituyen una manera de lograr la igualdad de condiciones específicamente
en el marco del derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 13 de la Convención. Las personas
con discapacidad con gran frecuencia encuentran importantes obstáculos en el acceso a la justicia, desde
la inaccesibilidad del entorno físico y de las comunicaciones durante los procesos, hasta la denegación
de la legitimación procesal y las garantías durante los mismos. La denominación «ajustes de
procedimiento» no es gratuita, ya que en los trabajos y negociaciones de la Convención
intencionalmente se optó por descartar el término "ajustes razonables" –que sí se utiliza en otros
preceptos de la propia Convención– y preferir "ajustes de procedimiento" en relación con el derecho de
acceso a la justicia. En suma, si bien los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento comparten la
característica de ser medidas fundadas en el principio de igualdad y no discriminación e implementadas
ex post (pues no se trata de medidas ex ante como las de accesibilidad mediante el diseño universal), los
ajustes de procedimiento difieren de los ajustes razonables en que son un medio para garantizar
efectivamente el derecho de acceso a la justicia y, por tal motivo, no proporcionarlos durante un proceso
judicial constituye una forma de discriminación. Así, los ajustes de procedimiento son un derecho
instrumental para acceder a otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y, por eso, no
pueden denegarse al no estar sujetos a un criterio de proporcionalidad. En cambio, los "ajustes
razonables", conforme al texto de la propia Convención, son medidas que se implementan en un caso
particular para garantizar el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
pág. 7834
igualdad de condiciones con las demás personas y deben concederse siempre que no impongan una carga
desproporcionada o indebida.
Amparo directo en revisión 1533/2020. 27 de octubre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma
Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero en contra de algunas
consideraciones y efectos, y reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez
de Sollano.
Tesis de jurisprudencia 163/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada de treinta de noviembre de dos mil veintidós.
Y es por eso que la Primera Sala estableció que lo justes de procedimiento son un derecho
instrumental para garantizar el acceso a la justicia y que su falta puede constituir una forma de
discriminación.
Análisis de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A. Derecho de acceso a la justicia y ajustes razonables
Registro digital: 2018615
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLV/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación.
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página
294
Tipo: Aislada
igualdad de condiciones con las demás personas y deben concederse siempre que no impongan una carga
desproporcionada o indebida.
Amparo directo en revisión 1533/2020. 27 de octubre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma
Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero en contra de algunas
consideraciones y efectos, y reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez
de Sollano.
Tesis de jurisprudencia 163/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada de treinta de noviembre de dos mil veintidós.
Y es por eso que la Primera Sala estableció que lo justes de procedimiento son un derecho
instrumental para garantizar el acceso a la justicia y que su falta puede constituir una forma de
discriminación.
Análisis de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A. Derecho de acceso a la justicia y ajustes razonables
Registro digital: 2018615
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLV/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación.
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página
294
Tipo: Aislada
pág. 7835
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA
REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN MODO DE SALVAGUARDARLO.
En todas aquellas actuaciones o decisiones de los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la
aplicación e interpretación de las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad
deben tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma objeto de interpretación puede tener una
dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce
indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no contemplar la diversidad
funcional. En estos supuestos es especialmente importante la realización de ajustes razonables
necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer
sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera Sala advierte
enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera releva a las autoridades de la
obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de
audiencia. Admitir lo contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en
relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña también un
quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 13 de la Convención en
relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre otros aspectos, impide que puedan defender sus
derechos ante los tribunales.
Amparo en revisión 1043/2015. Blanca Estela González Escamilla. 29 de marzo de 2017. Unanimidad
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló
voto concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.
CONCLUSIONES
El análisis realizado permite identificar que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
auditiva en México no depende únicamente del reconocimiento formal de sus derechos, sino también de
las condiciones que las instituciones ofrecen para garantizar su ejercicio efectivo. Desde el modelo social
y de derechos humanos, las barreras de comunicación, la falta de intérpretes de Lengua de Señas
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA
REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN MODO DE SALVAGUARDARLO.
En todas aquellas actuaciones o decisiones de los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la
aplicación e interpretación de las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad
deben tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma objeto de interpretación puede tener una
dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce
indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no contemplar la diversidad
funcional. En estos supuestos es especialmente importante la realización de ajustes razonables
necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer
sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera Sala advierte
enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera releva a las autoridades de la
obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de
audiencia. Admitir lo contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en
relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña también un
quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 13 de la Convención en
relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre otros aspectos, impide que puedan defender sus
derechos ante los tribunales.
Amparo en revisión 1043/2015. Blanca Estela González Escamilla. 29 de marzo de 2017. Unanimidad
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló
voto concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.
CONCLUSIONES
El análisis realizado permite identificar que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
auditiva en México no depende únicamente del reconocimiento formal de sus derechos, sino también de
las condiciones que las instituciones ofrecen para garantizar su ejercicio efectivo. Desde el modelo social
y de derechos humanos, las barreras de comunicación, la falta de intérpretes de Lengua de Señas
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Mexicanas y la ausencia de ajustes de procedimiento adecuados pueden generar situaciones de
desigualdad que dificultan la participación de estas personas en los procedimientos ministeriales y
judiciales.
En este sentido, los ajustes de procedimiento y la interpretación en Lengua de Señas Mexicanas
constituyen mecanismos relevantes para favorecer una participación informada y efectiva, siempre que
respondan a las necesidades particulares de cada persona. Su importancia radica en que permiten
comprender las actuaciones, expresar la propia voluntad y ejercer los derechos procesales en condiciones
de igualdad. Por tanto, estas medidas no deben considerarse privilegios, sino instrumentos para eliminar
barreras y hacer efectivos los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia.
Asimismo, la falta de mecanismos adecuados de comunicación puede comprometer las garantías del
debido proceso, particularmente cuando una persona no comprende sus derechos, las actuaciones en las
que interviene o las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas. Esta problemática puede afectar
tanto a las personas imputadas como a las víctimas, testigos y denunciantes, por lo que las medidas de
accesibilidad deben contemplarse desde el primer contacto con las autoridades y mantenerse durante las
distintas etapas del procedimiento, según las necesidades de cada caso.
En consecuencia, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tienen la
responsabilidad de identificar las barreras comunicativas y adoptar los ajustes necesarios para garantizar
una participación efectiva. Para ellos, resulta relevante fortalecer la disponibilidad de intérpretes
competentes, capacitar a los servidores públicos en materia de discapacidad y derechos humanos,
establecer mecanismos institucionales de atención accesible y verificar que la comunicación permita a
la persona comprender y expresar adecuadamente sus manifestaciones. Estas acciones deben considerar
que no todas las personas con discapacidad auditiva utilizan la Lengua de Señas Mexicanas, por lo que
las medidas deben adecuarse a sus circunstancias y preferencias comunicativas.
Finalmente, la investigación permite sostener que una justicia verdaderamente accesible requiere
superar la concepción de igualdad entendida exclusivamente como un trato idéntico ante la ley, es decir,
tratar a todas las personas exactamente de la misma manera no siempre garantiza que todas pueden
ejercer sus derechos en igual de condiciones. La igualdad efectiva exige reconocer las barreras que
enfrentan las personas con discapacidad auditiva y adoptar medidas que les permitan ejercer sus
Mexicanas y la ausencia de ajustes de procedimiento adecuados pueden generar situaciones de
desigualdad que dificultan la participación de estas personas en los procedimientos ministeriales y
judiciales.
En este sentido, los ajustes de procedimiento y la interpretación en Lengua de Señas Mexicanas
constituyen mecanismos relevantes para favorecer una participación informada y efectiva, siempre que
respondan a las necesidades particulares de cada persona. Su importancia radica en que permiten
comprender las actuaciones, expresar la propia voluntad y ejercer los derechos procesales en condiciones
de igualdad. Por tanto, estas medidas no deben considerarse privilegios, sino instrumentos para eliminar
barreras y hacer efectivos los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia.
Asimismo, la falta de mecanismos adecuados de comunicación puede comprometer las garantías del
debido proceso, particularmente cuando una persona no comprende sus derechos, las actuaciones en las
que interviene o las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas. Esta problemática puede afectar
tanto a las personas imputadas como a las víctimas, testigos y denunciantes, por lo que las medidas de
accesibilidad deben contemplarse desde el primer contacto con las autoridades y mantenerse durante las
distintas etapas del procedimiento, según las necesidades de cada caso.
En consecuencia, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tienen la
responsabilidad de identificar las barreras comunicativas y adoptar los ajustes necesarios para garantizar
una participación efectiva. Para ellos, resulta relevante fortalecer la disponibilidad de intérpretes
competentes, capacitar a los servidores públicos en materia de discapacidad y derechos humanos,
establecer mecanismos institucionales de atención accesible y verificar que la comunicación permita a
la persona comprender y expresar adecuadamente sus manifestaciones. Estas acciones deben considerar
que no todas las personas con discapacidad auditiva utilizan la Lengua de Señas Mexicanas, por lo que
las medidas deben adecuarse a sus circunstancias y preferencias comunicativas.
Finalmente, la investigación permite sostener que una justicia verdaderamente accesible requiere
superar la concepción de igualdad entendida exclusivamente como un trato idéntico ante la ley, es decir,
tratar a todas las personas exactamente de la misma manera no siempre garantiza que todas pueden
ejercer sus derechos en igual de condiciones. La igualdad efectiva exige reconocer las barreras que
enfrentan las personas con discapacidad auditiva y adoptar medidas que les permitan ejercer sus
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derechos en condiciones equivalentes a las de las demás personas. Por ello, el reto para el sistema
jurídico mexicano consiste no solo en contar con disposiciones que reconozcan sus derechos, sino
también en asegurar que estas se traduzcan en prácticas institucionales accesibles, incluyentes y
respetuosas de la dignidad humana. De esta manera, los ajustes de procedimiento y la interpretación
adecuada se consolidan como elementos fundamentales para fortalecer el acceso a la justicia, prevenir
la discriminación y garantizar el debido proceso.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No title. (s/f-a). Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025638
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(S/f). Www.un.org. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Ley General para la Inclusión De las Personas con Discapacidad
De Diputados, C., Congreso De, D. H., & Unión, L. A. (s/f). LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026,
de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De Diputados, C., Congreso De, D. H., Unión, L. A., General, S., De, S., Parlamentarios, S., Primer, E.
C., Del, J., Constitucionalista, E., & Ejecutivo, D. P. (s/f). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
derechos en condiciones equivalentes a las de las demás personas. Por ello, el reto para el sistema
jurídico mexicano consiste no solo en contar con disposiciones que reconozcan sus derechos, sino
también en asegurar que estas se traduzcan en prácticas institucionales accesibles, incluyentes y
respetuosas de la dignidad humana. De esta manera, los ajustes de procedimiento y la interpretación
adecuada se consolidan como elementos fundamentales para fortalecer el acceso a la justicia, prevenir
la discriminación y garantizar el debido proceso.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No title. (s/f-a). Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025638
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Ley General para la Inclusión De las Personas con Discapacidad
De Diputados, C., Congreso De, D. H., & Unión, L. A. (s/f). LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026,
de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De Diputados, C., Congreso De, D. H., Unión, L. A., General, S., De, S., Parlamentarios, S., Primer, E.
C., Del, J., Constitucionalista, E., & Ejecutivo, D. P. (s/f). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Gob.mx. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf