El déficit estructural del sistema penitenciario ecuatoriano: hacinamiento, gobernanza y crisis del modelo de rehabilitación social (2019–2026)

Resumen

El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una crisis que desborda la noción convencional de hacinamiento y se configura como un déficit estructural de carácter multidimensional. Esta investigación tuvo como objetivo analizar críticamente el déficit del sistema carcelario ecuatoriano durante el período 2019–2026, articulando tres dimensiones interdependientes: la brecha material entre capacidad instalada y población privada de libertad, el déficit de gobernanza expresado en la pérdida de control estatal efectivo sobre los centros de privación de libertad, y el incumplimiento sistemático del mandato constitucional de rehabilitación social consagrado en el artículo 201 de la Constitución de 2008. Se empleó un diseño cualitativo de revisión documental con análisis jurídico-crítico, mediante triangulación de datos estadísticos oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), informes de organismos internacionales de derechos humanos, normativa nacional e internacional y literatura académica arbitrada publicada entre 2019 y 2026. Los resultados evidencian que la sobrepoblación penitenciaria escaló de 21,31% en enero de 2025 a 39,85% en mayo de 2026, con un déficit de 11.012 plazas; que la relación operativa alcanza 40,23 personas privadas de libertad por cada servidor de seguridad penitenciaria; y que entre 35% y 40% de la población recluida permanece sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Se concluye que el déficit no constituye una disfunción coyuntural susceptible de corrección mediante ampliación de infraestructura, sino la manifestación de una política criminal expansiva que produce encarcelamiento a mayor velocidad que la capacidad institucional de absorberlo, gestionarlo y dotarlo de sentido rehabilitador.